La última tragedia migrante en México dejó un cifra de 39 muertos, 27 heridos y a decenas de organismos y activistas conmocionados. El incendio en un centro administrado por el Instituto Nacional de Migración (Inami) en Ciudad Juárez ha hecho cuestionar a todo el sistema migratorio de un país. Las preguntas pululan alrededor del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que el siniestro fue provocado por un grupo de personas detenidas en el Inami. Videos de cámaras de seguridad arrojan que ni los guardas de seguridad ni los funcionarios de la institución hicieron algo por abrir los cerrojos de la celda en la que estaban confinados hombres provenientes de Venezuela, Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador y Colombia.
Este viernes, el Consejo Ciudadano del Inami –un órgano de participación ciudadana que se encarga de orientar acciones a dicha institución– realizó una conferencia de prensa en la que solicitó el cierre de las estaciones migratorias. De igual forma, le pidieron al presidente que “no llame albergues” a los centros de detención. “Son prisiones en donde están detenidas las personas”, remarcó el Consejo.
Por su parte, el presidente López Obrador anunció en su “mañanera” de este viernes que está trabajando en una reforma migratoria. No detalló cuáles serían los cambios que buscaría su propuesta. Sin embargo, adelantó que ha sostenido reuniones con el padre Alejandro Solalinde, director del albergue para migrantes Hermanos en el Camino. Solalinde es un reconocido defensor de los derechos de las personas en movilidad.
Los ecos de una tragedia anunciada
Murieron asfixiados y calcinados, a pocos kilómetros de la frontera de Estados Unidos, el país al que aspiraban llegar. Las razones que ocasionaron el incendio son todavía difusas. López Obrador aseguró que inició luego de que un grupo de hombres bajo arresto “quemaron colchonetas” en forma de protesta ante la noticia de que serían deportados. Otras fuentes apuntan gubernamentales bajo anonimato han dicho a medios locales que lo hicieron cansados de recibir un trato inhumano. La Fiscalía General de la República (FGR), quien está a cargo de la investigación, continúa con sus investigaciones.
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Los migrantes llegaron a parar al centro de detención debido a un operativo que ejecutó el Inami, junto con las autoridades de la localidad, con el objetivo de sacarlos de las calles de Ciudad Juárez. En dicho centro suelen llegar los casos de personas que no cuentan con un documento que, según el Estado, les permite demostrar su estancia regular dentro del país.
La Secretaría de Seguridad Pública de México, y su representante Rosa Icela Rodríguez, confirmó que hubo negligencia. Durante el incendio nadie abrió la puerta para permitir la salida de los migrantes afectados. Tres funcionarios, cinco guardias privados y un migrante han sido identificados como posibles responsables y se solicitó la emisión de órdenes de captura.
Organismos exigen destitución de comisionados
Colectivos, organizaciones y activistas demandaron en Ciudad de México, Tapachula y Ciudad Juárez una investigación exhaustiva del hecho, así como la destitución de las autoridades del Inami en Chihuahua. Unas 50 personas, entre ellas migrantes ubicados en albergues de la capital, se manifestaron el miércoles –un día después de la tragedia– frente a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México.
July Rodríguez, una de las organizadoras de la manifestación y miembro de la iniciativa Apoyo a Migrantes Venezolanos, aseguró que los hechos del pasado martes son el culmen de “una constante de abusos” contra las personas en movilidad. “Desde septiembre las organizaciones de la sociedad civil estamos pidiendo al Gobierno de México que atienda y vea lo que está sucediendo en Chihuahua. Sin embargo, se han hecho de oídos sordos. Se le dijo al Gobierno lo que estaba pasando y se le advirtió que existía la posibilidad de que ocurriera una tragedia mayor. No nos escucharon. Aquí están los resultados, tristemente”, aseguró Rodríguez.
Los migrantes que se manifestaron tras los sucesos exigieron el cese de las estaciones migratorias. La mayoría de ellos provenían de Venezuela y se encuentran en albergues a cargo de organizaciones humanitarias. La protesta sirvió de ejemplo de lo complejo y variopinto que son en la actualidad los perfiles de las personas movilizadas. Un grupo de cuatro hombres afganos, junto a centroamericanos y venezolanos, llevaron carteles con mensajes en árabe y brindaron discursos en su idioma. Todos, conmocionados por la tragedia, tenían plena conciencia de que pudieron haber sido ellos.
“No son albergues, no son estancias, son cárceles. Cárceles en donde ponen a humanos, a nuestros compañeros migrantes. Somos un país expulsor, somos un país que se enriquece por las remesas, pero cuando estamos aquí, cuando transitamos sus calles no hay dinero para la población migrante que se mata la espalda para mandar y mantener a sus familias y países”, dijo por su parte la activista Leni Álvarez, integrante de Otros Dreams en Acción.