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“Indemnizar a Nicaragua”, la nueva narrativa engañosa de Ortega

Dos mujeres observan el último discurso del presidente Daniel Ortega. El gobernante frente sandinista de liberación nacional (FSLN), da por iniciada formalmente su campaña de cara a los comicios generales del 7 de noviembre próximo. EFE/Jorge Torres

El último discurso de Daniel Ortega, más allá de promesas electorales, fue una gran lista de acusaciones a “terroristas”, entre ellos los “yanquis”, término que utiliza para referirse al gobierno de Estados Unidos. Ortega repitió otra vez que la guerra ocurrida luego de la victoria del 79 “fue impuesta por los yanquis”, que ocurrieron “prácticas terroristas completamente”, por las cuales la Corte Internacional de Justicia de La Haya falló a favor de Nicaragua. “Tienen que cumplir con lo que manda la Corte Internacional de Justicia: indemnizar a Nicaragua”, finalizó Ortega. 

Pero, ¿qué tanto sentido tiene este pedido de Ortega? El equipo de Fact-Checking de DIVERGENTES te explica los hechos y las opiniones de dos especialistas en el tema. Las afirmaciones realizadas por el mandatario sandinista han sido clasificadas como engañosas.

Un nueve de abril de 1984, en el Palacio de la Paz, en La Haya, Nicaragua introducía ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), órgano judicial principal de las Naciones Unidas, una demanda en contra de los Estados Unidos. Se iniciaba así el juicio más polémico de los conocidos por la CIJ y el más famoso de los ventilados ante un tribunal internacional. Incluso considerado el juicio más trascendental para el futuro desarrollo del Derecho Internacional.

El Gobierno de Nicaragua solicitó abrir proceso judicial contra Estados Unidos por actividades violatorias del derecho internacional en su contra. La solicitud además pidió a la Corte dictar medidas provisionales de protección, específicamente, que la Corte ordenara el cese inmediato de todo apoyo de Estados Unidos a la Contra.

La petición fundamental de Nicaragua fue que la Corte declarase ilegales todas las actividades encubiertas patrocinadas por el gobierno de los Estados Unidos para contribuir al derrocamiento del gobierno nicaragüense. El nombre completo del caso fue Actividades militares y paramilitares contra el Gobierno de Nicaragua (Nicaragua contra Estados Unidos).

Destacaron el ataque perpetrado por unos 6 000 contras en territorio nicaragüense en marzo de 1984, el minado de los principales puertos de Nicaragua con el objetivo de aislar económicamente al país, en el que resultaron dañados buques de propiedad holandesa, panameña, soviética, japonesa y británica. Además del abierto esfuerzo de la administración del expresidente republicano Ronald Reagan para obtener 21 millones de dólares para apoyar las actividades de los Contras.

Las alegaciones de los sandinistas fueron que todas estas actividades violaban el derecho internacional y las cartas de la ONU y la OEA, en particular los principios de: 

  • No recurrir a la fuerza o a la amenaza de la fuerza en las relaciones con otros Estados.
  • No violar la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de cualquier otro Estado.
  • No violar la libertad de los mares o impedir el comercio marítimo pacífico.

La trascendencia de la acción nicaragüense se debía no sólo al objeto mismo de la demanda –una política en curso de intervención y de amenaza y uso de la fuerza, caso sin precedentes en la CIJ– sino también a los protagonistas del caso, un pequeño Estado, Nicaragua, y una superpotencia, miembro permanente del Consejo de Seguridad y uno de los artífices de la creación de la Organización de las Naciones Unidas y del órgano judicial internacional, los Estados Unidos.

La sentencia de la CIJ dio la razón a Nicaragua y condenó a Estados Unidos. La decisión de la Corte, razonada en 291 numerales y concretada en 16 puntos resolutivos, desmenuzó uno por uno todos los argumentos presentados por las partes. Aunque Estados Unidos se retiró del juicio después de la sentencia del 26 de noviembre de 1984, durante su participación en las dos primeras etapas del juicio hizo abundante uso de todos los argumentos posibles, los argumentos básicos que habría utilizado si, respetando el Estatuto de la CIJ, hubiera continuado en el juicio. De ese modo, la CIJ pudo contrastar los argumentos de Nicaragua y los de Estados Unidos y sacar sus propias conclusiones. La Corte se procuró también sus propios medios de prueba. Un porcentaje de ellos fue aportado por el juez norteamericano ante la CIJ, Schwebel.

Después de la derrota electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la Asamblea Nacional aprobó el cinco de abril de 1990 la ley número 92, denominada Ley de Protección de los Derechos de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia, con la que intentaron preservar el histórico juicio y su consecuencia más directa, el derecho de Nicaragua a ser indemnizada por los Estados Unidos. Posteriormente, la ley fue derogada en julio de 1991, bajo la ley número 130. 

La suma que Nicaragua reclamaba a Estados Unidos como reparación ascendía a la cantidad de 12. 216 600 dólares. Esta cantidad abarcaba los daños sufridos por Nicaragua entre el primero de diciembre de 1981 hasta la fecha de su presentación. Sin embargo, en septiembre de 1992, durante el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, Nicaragua retiró sus reclamaciones ante la Corte y perdonó la deuda del Gobierno de los Estados Unidos con el país.

El primer intento de Ortega 

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (i), la premio Nobel de la Paz de 1992 Rigoberta Menchú (c), y el fallecido Tomás Borge durante la celebración del 32 aniversario de la Revolución Sandinista. EFE/Nelson Marenco

Durante la celebración del 32 aniversario de la Revolución Sandinista –también en año electoral que dio paso a su primera reelección– Ortega realizó una propuesta de someter a referendo la decisión ‘de cobrar o no’ una indemnización de 17. 000 millones de dólares que Estados Unidos ‘adeuda’ al país. En esa época causó revuelo, sobre todo en sus opositores, actualmente presos políticos del régimen. 

El excanciller y entonces candidato a la vicepresidencia por el opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Francisco Aguirre Sacasa, dijo que la idea de Ortega era “demagógica y populista”, ya que no prosperaría en Washington, que no reconoce esa deuda.

Hugo Torres Jiménez, general retirado miembro del opositor Movimiento Renovador Sandinista (MRS), ahora llamado Unión Democrática Renovadora (Unamos), y actual preso político de Ortega como Aguirre Sacasa, declaró que Ortega hizo ese anuncio como parte de su “retórica antiimperialista para alimentar a sus bases más radicales”.

Ante la multitudinaria concentración en Managua, Ortega afirmó que “en su momento” convocaría a un referéndum, sin precisar fecha, para “que sea el pueblo nicaragüense el que decida”. Una mentira más, otro hecho que nunca sucedió. 

El análisis actual 

El doctor en sociología, José Alcázar, asegura que Ortega se está queriendo presentar al sandinismo, al pueblo de Nicaragua como una víctima de los Estados Unidos, y “supuestamente hacernos creer o querer hacer creer a sus bases que tiene una causa común en contra de los Estados Unidos, que tiene un historial enorme de agresiones contra Nicaragua, queriendo reforzar su posición de jefe de la manada”. 

El especialista explica que a partir de ese mensaje simple y primitivo parte de un montón de falsificaciones. El primer punto que expone es que es un hecho cierto, indiscutible que los Estados Unidos financiaron la resistencia armada. “No hubiese existido una resistencia armada si no hubiera habido quien financiara las municiones, el armamento”, dice. Sin embargo, afirma que “tampoco hubiera existido una resistencia de ese tipo si el FSLN no hubiera cometido una serie de errores y atropellos en el agro”. 

Uno de los principales hechos fue el retraso de la reforma agraria. La reforma tuvo avances pero muy limitados hasta muy avanzados los años 80. Inicialmente, el proyecto era estatizar el agro y que las propiedades que habían sido confiscadas se manejaran dentro de la llamada Área Propiedad del Pueblo (APP), eso produjo un malestar; aparte de eso, hubo confiscaciones a pequeños, medianos productores que no debían ser confiscados. Se conocieron muchos casos de abusos, decomisos, cada vez que el ejército necesitaba plátanos, vacas, etc. También maltrato y violaciones. “Esta serie de abusos que fueron abonando a que se gestara una base humana de la resistencia al Frente Sandinista, esa parte la oculta, eso es lo que no dice, la simplificación, la presentación de este relato, simple y primitivo, oculta que aquí hubo una base social de gente decepcionada y maltratada”, señala Alcázar. 

“La otra verdad incompleta, es que es cierto que Nicaragua ganó un caso de La Haya en 1986 contra el gobierno de Estados Unidos, pero no dice ninguna palabra de que el Estado de Nicaragua, representado en ese momento por Violeta Barrios de Chamorro, renunció a esa indemnización”. “Ahí hubo un triunfo moral y ese triunfo moral no se borra con ese acto, porque lo que se hizo fue renunciar a la indemnización, no decir que esa indemnización no debía tener lugar, que son dos cosas distintas”, continúa el especialista. También afirma que hubo un cálculo político, porque era el momento de demostrar que querían una apertura comercial y que Nicaragua volviera a tener acceso a los préstamos. 

La politóloga y economista, Edipcia Dubón, coincide con Alcázar, considera que Ortega no tiene fundamentos, señalando un hecho que sucedió hace 35 años. “Para el pueblo de Nicaragua no significó una decisión que pudo haber cambiado la historia del país, pero que al final la ciudadanía no se opuso a la decisión que tomó el gobierno de doña Violeta”, señala. “Es cierto que había un acuerdo de indemnización pero también hemos tenido una alianza de cooperación importante de fondos, de recursos con bajas tasas de interés, Nicaragua es uno de los países que más cooperación internacional ha recibido en el mundo”. 

Dubón afirma que “este es un tema que tiene 35 años de desfase”, agregando que “pareciera ser que Daniel Ortega está bastante irritado por las sanciones que han promovido Estados Unidos, Inglaterra, Suiza y otros países”, y de alguna manera responde “por donde le sangra la herida”. 

Alcázar resalta que si Ortega decidiera reabrir el caso, el FSLN como partido en el poder tendría que indemnizar igualmente a todas las víctimas de todos los abusos y asesinatos que cometieron. “Una cantidad de asesinados, que incluyen a su propia gente, de sus propias filas, a gente del Ministerio del Interior, en las memorias de Moisés Hassan ahí está citado, casos de agentes del Ministerio del Interior a los que asesinaron”.

“Eso es lo que él no cuenta. Deja de lado todo eso, esa guerra no fue solo un asunto de Estados Unidos, fue un asunto entre nicaragüenses, fue una guerra civil que obtuvo financiamiento. Fue una guerra que nació además de los errores del Frente Sandinista porque el FSLN pudo haber enfrentado ese problema con una estrategia política y no con una estrategia militar, haberla enfrentado como una estrategia militar agravó el problema”. 

“No es solamente la indemnización al país, sino también a todas las víctimas del FSLN, revisar y hacer unos procesos de justicia transicional, no solo indemnización financiera sino también penal”, recalca Alcázar.

“Cuando le conviene saca a relucir todo aquello que pueda avivar inadversiones pero la verdad que no es cierto de que tenga ni fundamento legal, ni condiciones económicas para desarrollar una acción de ese tipo”, finaliza Dubón. 

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