Costa Rica atraviesa una crisis de seguridad que ya no puede considerarse coyuntural. La violencia homicida dejó de ser un fenómeno excepcional y se ha convertido en un rasgo persistente de esa realidad. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) cerró 2025 con 873 homicidios dolosos, apenas tres menos que en 2024, lo que consolida el segundo año más violento de la historia reciente. Solo entre enero y marzo de 2025 se registraron 232 asesinatos, lo que equivale a un homicidio cada 8,77 horas. A esto se suman 85 víctimas inocentes en 2025, personas que murieron como daño colateral en ataques dirigidos, un indicador de la creciente indiscriminación y de la impericia de los gatilleros.

Estas cifras no son simples estadísticas. Son el reflejo de un país que siente que perdió el control territorial y que observa a sus instituciones sobrepasadas. No sorprende, entonces, que la inseguridad se haya convertido en la principal preocupación nacional según las encuestas del CIEP-UCR. Lo que sí sorprende, y preocupa, es la pobreza del debate público en torno a las soluciones.

Durante la última campaña electoral, las propuestas oscilaron entre dos polos irreconciliables. Por un lado, la mano dura, inspirada en modelos como el salvadoreño, que promete resultados inmediatos mediante control territorial y represión intensiva. Por el otro, la visión estructural, que atribuye la violencia al aumento de la desigualdad, la exclusión juvenil y la debilidad institucional. Ambas perspectivas contienen elementos válidos, pero ninguna constituye por sí sola una respuesta integral. Y es precisamente esa integralidad lo que ha faltado en la discusión nacional.

Para entenderlo, resulta útil una metáfora más precisa que la de un paciente que llega a emergencias. La inseguridad en Costa Rica se parece a un paciente que llega a emergencias con una hemorragia activa. En ese escenario, el personal médico no inicia con exámenes profundos ni con debates sobre las causas. Lo primero es detener la hemorragia. Si no se controla la pérdida de sangre, el paciente no llega con vida al diagnóstico. La estabilización no es la cura, pero es la condición mínima para que cualquier tratamiento posterior sea posible.

Con la seguridad ocurre lo mismo. Mientras no se frenen homicidios, extorsiones y disputas territoriales, en su mayoría vinculadas al narcotráfico, cualquier discusión sobre soluciones profundas queda atrapada en la teoría. La contención inmediata es indispensable. No como un modelo permanente, sino como un puente para recuperar control territorial y proteger vidas. Negar esta necesidad es tan irresponsable como creer que la represión, por sí sola, resolverá el problema.

Una vez controlada la hemorragia, el siguiente paso es el diagnóstico. Y hoy Costa Rica no tiene un diagnóstico claro. Lo que tenemos son hipótesis que deben investigarse con rigor. Entre los factores que requieren análisis profundos destacan las debilidades del sistema de justicia, incluyendo tiempos de resolución, capacidad investigativa e impunidad. También la insuficiencia de mecanismos de represión del delito, desde recursos policiales hasta tecnología y coordinación interinstitucional. A esto se suman la desigualdad económica y la exclusión juvenil, que alimentan el reclutamiento por parte de organizaciones criminales. Los factores externos, como las redes transnacionales de narcotráfico y las rutas marítimas vulnerables, también deben ser considerados. Finalmente, la fragmentación institucional y la falta de continuidad estratégica impiden políticas sostenidas en el tiempo.

Costa Rica tiene una ventaja que otros países no poseen. Cuenta con institucionalidad democrática sólida, universidades con capacidad investigativa y una sociedad civil que exige soluciones. Pero mientras la inseguridad siga siendo un arma electoral, será imposible construir una política de Estado. La seguridad no puede seguir reducida a un eslogan de campaña ni a una competencia de promesas maximalistas.

Entre 2020 y 2025 se acumularon más de 4.400 homicidios. La tendencia no se revertirá con discursos, sino con una estrategia que combine dos dimensiones inseparables. La primera es la acción inmediata para contener la violencia, basada en evidencia, coordinación y control territorial. La segunda es un diagnóstico profundo y urgente que permita diseñar políticas sostenibles, no reactivas.

La mano dura puede detener la hemorragia, pero no cura. La visión estructural puede explicar el origen de la enfermedad, pero no protege vidas hoy. La solución real está en integrar ambos enfoques dentro de una política de Estado que trascienda gobiernos, ciclos electorales y discursos simplistas.

Costa Rica aún está a tiempo. Pero debe abandonar la lógica electoral y asumir la seguridad como lo que realmente es: una prioridad nacional que define su presente y su futuro.