La seguridad ciudadana se convirtió en una preocupación prioritaria para la sociedad costarricense. Las estadísticas de homicidios, que en menos de cinco años ascendieron a niveles históricos, modificaron radicalmente la sensación de convivencia en un país que durante décadas se había destacado por bajos índices de violencia en Centroamérica.
Este fenómeno no sólo marcó la percepción pública, sino que también fue el tema central que movilizó a la ciudadanía costarricense durante las elecciones presidenciales de febrero de 2026, en las que la inseguridad figuró como la principal preocupación de los votantes y se colocó en el centro de los programas electorales de todos los candidatos en contienda.
Datos oficiales reportan que este país registró 906 homicidios en 2023, la cifra más alta de su historia reciente. En 2024 se contabilizaron 880 homicidios y en 2025 la cifra se aproximó a los 900 casos. La tasa alcanzó 16.6 homicidios por cada 100 000 habitantes, ubicando a Costa Rica como la segunda más alta de Centroamérica, detrás de Honduras.
De acuerdo con Evelyn Villarreal Fernández, coordinadora de investigaciones del Programa Estado de la Nación –observatorio académico que evalúa el desempeño del país en áreas como desarrollo humano, economía, democracia, justicia y seguridad– la actual crisis de violencia homicida en Costa Rica responde – en parte– al deterioro sostenido de los servicios y bienes públicos.
“Combinado con la incapacidad de ejecutar una política pública de seguridad con visión de Estado en cooperación con los tres poderes. A este peligroso caldo de cultivo, se aúna la geopolítica del narcotráfico, que recientemente hizo de Costa Rica un centro de diversas operaciones, ya dejó de ser únicamente puente, ahora incluso es un mercado final”, señaló al ser consultada por este medio.
https://e.infogram.com/js/dist/embed.js?zHZLa nueva presidenta ante la crisis de seguridad
En ese contexto, la presidenta electa Laura Fernández, asumirá el 8 de mayo de 2026 con el reto de reducir los niveles de violencia y recuperar la sensación de seguridad en el país. Durante su campaña propuso medidas firmes contra el crimen organizado, incluyendo la posibilidad de declarar estados de excepción en zonas con alta concentración de homicidios.
Estas medidas permiten suspender temporalmente ciertas garantías como la libertad de circulación o reunión, con el fin de facilitar operativos de seguridad y ampliar facultades policiales en situaciones consideradas graves o extraordinarias.
Fernández argumentó que estas herramientas permitirían intervenir territorios controlados por estructuras criminales y facilitar detenciones en contextos donde las dinámicas delictivas superan la capacidad operativa ordinaria. También prometió fortalecer la infraestructura penitenciaria, aislar líderes criminales y reforzar la cooperación internacional contra el narcotráfico.
Su administración enfrentará un desafío complejo. Deberá reducir los homicidios, sin debilitar el Estado de derecho ni los controles democráticos que distinguen a Costa Rica. Esos principios han sido cuestionados en el modelo de seguridad aplicado en El Salvador bajo el mando de Nayib Bukele, marcado por un régimen de excepción y detenciones masivas señaladas por organismos internacionales como una abierta violación a las libertades civiles.
Encuestas realizadas durante la campaña electoral mostraron que cerca de cuatro de cada diez personas identifican la inseguridad como el problema más urgente del país. En el centro de San José, Carlos Mora, conductor de autobús desde hace 18 años, resume el sentimiento de muchos costarricenses. “Costa Rica no era así hace diez años. Uno trabajaba tranquilo. Ahora todos los días se escucha de balaceras, ajustes de cuentas, muertos en barrios que antes eran tranquilos. Se siente que la delincuencia ha ido en aumento y uno vive con miedo”, expresó el ciudadano.
En Alajuela, Daniela Rivera, comerciante de 42 años, cuenta que cambió sus rutinas para evitar salir de noche. “Antes el temor era que te asaltaran, ahora el miedo es quedar en medio de un tiroteo”, dijo.
El peso del crimen organizado en la violencia letal
De acuerdo con la clasificación oficial del Organismo de Investigación Judicial, los homicidios se agrupan por móvil en categorías como ajuste de cuentas o venganza, profesional o sicariato, violencia doméstica y comisión de otro delito. En los últimos años, la mayoría de casos se concentra en la categoría de ajuste de cuentas, lo que evidencia el peso del crimen organizado en la violencia letal.
El capítulo especial del Informe Estado de la Nación 2024 sobre Seguridad ciudadana y violencia homicida con datos del OIJ, señala que el 71 por ciento de los homicidios corresponde a casos clasificados como ajuste de cuentas o venganza, categoría que incluye disputas relacionadas con drogas y estructuras criminales organizadas.
El estudio vincula el aumento reciente de homicidios con el avance de estructuras del crimen organizado y el incremento del sicariato, en un contexto donde Costa Rica se consolida como un territorio estratégico dentro de las rutas internacionales del narcotráfico.
Concentración territorial y desigualdad estructural
La violencia homicida en Costa Rica no se distribuye de manera homogénea. El estudio Patrones territoriales de los homicidios en Costa Rica y factores asociados, elaborado para el Informe Estado de la Nación 2024, demuestra que la tasa de homicidios funciona como un indicador de estabilidad social y que su incremento tiene efectos que trascienden la seguridad pública, impactando sectores estratégicos como turismo, comercio e inversión.
El documento identifica que en 2022, la tasa nacional alcanzó 12.8 homicidios por cada 100 000 habitantes, marcando el inicio del salto hacia niveles récord en 2023. Ese repunte, según el análisis, está vinculado a disputas por control territorial entre estructuras criminales, particularmente en cantones costeros y corredores estratégicos para el narcotráfico.
La violencia no está dispersa por igual en todo el país. Se concentra en zonas específicas. El estudio identifica altos niveles de homicidios en cantones del Caribe como Limón y Pococí, en el Pacífico Central como Puntarenas y Quepos, en áreas urbanas como San José y Desamparados, y en la zona norte, en Los Chiles y Upala. Estas concentraciones responden a disputas entre grupos criminales y a condiciones sociales que facilitan la expansión del delito.
!function(e,n,i,s){var d=”InfogramEmbeds”;var o=e.getElementsByTagName(n)[0];if(window[d]&&window[d].initialized)window[d].process&&window[d].process();else if(!e.getElementById(i)){var r=e.createElement(n);r.async=1,r.id=i,r.src=s,o.parentNode.insertBefore(r,o)}}(document,”script”,”infogram-async”,”https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js”);Factores como desempleo, pobreza, baja escolaridad y alta proporción de población joven se asocian con mayores tasas de homicidio. El estudio señala que cuando hay debilidad institucional, menos oportunidades económicas y menor presencia del Estado, aumentan las condiciones que favorecen la violencia.
Además, la investigación destaca que los cantones con alta incidencia tienden a presentar también mayores niveles de informalidad laboral y menor presencia institucional sostenida. La violencia, por tanto, no solo responde a disputas criminales, sino que se inserta en territorios con problemas de fondo persistentes.
Impacto económico del crimen y costo para el desarrollo
El Estado de la Nación en sus estudios advierte que el aumento de la criminalidad afecta la percepción de seguridad, deteriora la confianza institucional y genera efectos directos sobre inversión y turismo, dos pilares de la economía costarricense. La violencia letal no solo implica pérdidas humanas. Tiene un costo macroeconómico.
El análisis estima que el crimen genera costos directos como gasto en seguridad pública, sistema judicial y sistema penitenciario. También produce costos indirectos, entre estos reducción de la productividad, menor inversión privada y desplazamiento de actividad económica hacia territorios considerados más seguros.
Investigaciones citadas en el mismo estudio evidencian que mayores tasas de accionamiento de armas de fuego tienen un efecto negativo sobre los salarios del sector comercio formal. Asimismo, se ha documentado desplazamiento de negocios desde cantones con alta incidencia delictiva hacia zonas con menor exposición a violencia.
El Programa Estado de la Nación incorporó la seguridad ciudadana como eje transversal en su edición 2024 precisamente por su impacto sobre desarrollo humano, cohesión social y sostenibilidad económica. La conclusión del estudio es que la violencia homicida no es únicamente un problema de orden público. Es un factor que condiciona el crecimiento, la inversión y la competitividad territorial.
Presión sobre el sistema penal
El Informe Estado de la Justicia 2025, señala que el país ha vivido una crisis de inseguridad debido al aumento de la criminalidad organizada. El documento advierte que la incidencia delictiva repercute directamente en la institución judicial, debido al incremento y la complejidad de los casos. La etapa de investigación, a cargo del Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial, es señalada como una fase crítica y vulnerable en términos de tutela efectiva de derechos
El sistema penal, compuesto por fiscalía, tribunales, defensa pública y órganos auxiliares, enfrenta una presión creciente que obliga a ampliar capacidades y proyectar escenarios futuros de demanda institucional
El estudio regional Determinantes de la violencia homicida en Centroamérica una mirada desde lo local, elaborado por FLACSO, identifica factores institucionales, geográficos y sociales que inciden en la fluctuación de las tasas de homicidio en municipios de la región.
Entre los factores analíticos destacan la presencia de rutas de narcotráfico internacional, grupos de narcomenudeo, conflictos de pandillas y debilidad institucional en prevención primaria.
Destaca que la violencia homicida no es un fenómeno homogéneo, sino que responde a combinaciones específicas de variables locales, lo que obliga a diseñar respuestas diferenciadas y basadas en evidencia.
Un desafío estructural para la democracia costarricense
El capítulo 6 del Estado de la Nación 2024 plantea una pregunta central que resume el momento actual del país. Cómo detener y revertir las tendencias de la violencia homicida y abordar las condiciones que las impulsan.
El análisis reconoce que la violencia homicida es la manifestación más extrema de la inseguridad y que su incremento afecta no solo la convivencia sino la percepción internacional, la inversión, el turismo y la confianza institucional.
Costa Rica enfrenta así una crisis compleja que combina crimen organizado transnacional, desigualdades territoriales, debilidades institucionales y presión sobre el sistema penal. Los datos oficiales del Programa Estado de la Nación y del Estado de la Justicia muestran que el país no solo experimenta un aumento cuantitativo en los homicidios sino una transformación cualitativa en la naturaleza de la violencia.
El reto no es únicamente reducir la cifra anual de asesinatos sino fortalecer la capacidad estatal para prevenir, investigar y sancionar, sin comprometer derechos fundamentales ni erosionar su tradición democrática. Los informes coinciden en que las respuestas deben ser integrales, basadas en evidencia y con enfoque territorial.