Las cartas credenciales de la abogada salvadoreña de derechos humanos Ruth López son incuestionables. Como jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, una organización que hoy opera desde el exilio, destapó más de 50 casos de corrupción vinculados al entorno del presidente Nayib Bukele y señaló de forma directa los abusos de poder del mandatario. Denunció, además, el uso de fondos públicos para espiar con Pegasus a periodistas y reveló irregularidades en la adjudicación de contratos durante la pandemia de la COVID-19. Su labor de denuncia constante terminó por convertirla en objetivo del Gobierno.
Primero fue hostigada y atacada en redes sociales; luego recibió amenazas de personas allegadas al gobierno. Al no ser silenciada, entraron en escena los cuerpos de seguridad, que la perfilaron y finalmente, la criminalizaron. A las 11 de la noche del 18 de mayo de 2025, funcionarios de la Fiscalía General de la República de El Salvador, bajo control de Bukele, acompañados de policías armados, se presentaron en su casa.
La arrestaron sin informarle por qué. Solo después de la detención las autoridades la acusaron de peculado, pero cambiaron el cargo por el de “sustracción de fondos de las arcas del Estado”, vinculado a su labor como exasesora en el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador. Su proceso también fue decretado como secreto.
Esas irregularidades en el caso de la abogada salvadoreña reflejan la degradación e instrumentalización de la justicia en El Salvador. Cristosal ha identificado tres patrones en su informe más reciente: persecución política extrajudicial, persecución judicial no penal y criminalización penal.
Debilitamiento de la democracia
Estas prácticas, sin embargo, no son exclusivas del pequeño país centroamericano. Se repiten en Nicaragua y en Guatemala, con matices de distinta intensidad. Las detenciones arbitrarias y los juicios sin garantías al debido proceso provocaron que la justicia deje de funcionar como contrapeso al poder y se convierta en un instrumento de control político, han documentado organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) dice que en la región centroamericana, la pérdida de independencia judicial va de la mano con el retroceso democrático. Cuando los tribunales dejan de funcionar como contrapeso al poder, la democracia misma se debilita.
En Guatemala, por ejemplo, el Poder Judicial mantiene cierta autonomía, pero está cooptado por redes de corrupción, generando lo que Jiménez llama un “autoritarismo judicial”, que bloquea la transición democrática y lesiona el Estado de derecho.
En cambio, en El Salvador y Nicaragua, la justicia está totalmente subordinada al ejecutivo y funciona como un brazo de la represión, formulando cargos y ejecutando detenciones arbitrarias contra opositores y críticos.
“Cuando un país pasa a un estado mayor autoritarismo, el poder judicial se vuelve un actor represor. Al perderse la posibilidad de contrapesos, se pierde la democracia”, apunta Jiménez.
Guatemala: justicia con “vida propia”
En Guatemala, la justicia pasó de ser un modelo de lucha contra la corrupción y el crimen organizado a convertirse en un brazo represivo. Durante más de 12 años, el país contó con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un mecanismo creado mediante un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que impulsó investigaciones de corrupción que derivaron en acusaciones contra altos funcionarios del Gobierno.
Sin embargo, en 2018, el entonces mandatario Jimmy Morales, señalado de corrupción, decidió poner fin al mandato de este organismo. La expulsión definitiva de la CICIG se concretó de manera abrupta en los primeros días de enero 2019, marcando un retroceso en la autonomía y eficacia del sistema judicial guatemalteco.
En paralelo a las tensiones por la continuidad de la CICIG, en 2018 ocurrió otro hecho que desvirtuó la justicia. El nombramiento de Consuelo Porras como Fiscal General de la República marcó también el inicio de una etapa de cooptación de la Fiscalía y consolidación del autoritarismo judicial, en la que la independencia de los operadores de justicia se vio comprometida, y los procesos contra funcionarios vinculados al Poder Ejecutivo fueron limitados, o bloqueados.
En mayo de 2022, el entonces presidente Alejandro Giammattei, en un hecho inédito, decidió renovar el mandato de Porras por cuatro años más, pese a que en 2021 fue incluida por el Departamento de Estado de Estados Unidos en su lista de “actores corruptos y no democráticos”. Sobre ella pesan sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido.
Desgracia comenzó con la expulsión de la CICIG
La exfiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, antecesora de Porras, considera que la desgracia de la justicia comenzó con la expulsión de la CICIG y el primer nombramiento de Porras.
“Esa combinación fue determinante para la instrumentalización de la justicia, para criminalizar a operadores de justicia anticorrupción, defensores de derechos humanos, pueblos indígenas y prensa independiente”, dice a DIVERGENTES desde su exilio en Washington. Aldana fue clave para revelar casos de corrupción que llevaron a la cárcel al expresidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta Roxana Baldetti.
En un intento de continuar su lucha contra la corrupción y la impunidad, la exfiscal Aldana se presentó a las elecciones generales de 2019. Pero, para sacarla de la contienda electoral, fue acusada de malversación, mentiras y fraude fiscal. Posteriormente se giró una orden de captura en su contra, forzándola a exiliarse en Estados Unidos.
Desde este año, más de 80 operadores de justicia han tenido que dejar Guatemala, según organizaciones de derechos humanos. La Fiscalía también ha perseguido a periodistas y líderes comunitarios, reforzando así un clima de hostigamiento y criminalización.
En 2021, la CIDH denunció esos graves retrocesos en la lucha contra la impunidad y la corrupción, derivados de la intensificación de ataques e injerencias contra la independencia de órganos judiciales que, desde la salida de la CICIG, destacaban por su trabajo independiente, como la Corte de Constitucionalidad (CC), la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y los juzgados con competencia penal en procesos de mayor riesgo.
Constató que el hostigamiento y la criminalización se dirigían no sólo a operadores de justicia, sino también a defensores de derechos humanos y periodistas. “Estas injerencias afectan gravemente el acceso a la justicia”, reza un informe.
El caso de Guatemala difiere de los gobiernos totalitarios de Nicaragua y El Salvador, ya que la justicia no está directamente subordinada al Ejecutivo de Bernardo Arévalo, sino controlada por “una estructura delincuencial” de jueces y fiscales en torno a la figura de Porras.
“Controlan redes políticas y económicas ilícitas incrustadas en el Estado guatemalteco y que, a partir de 2016, se transformaron en el pacto de corruptos”, explica Aldana. Este pacto es un acuerdo entre sectores políticos, económicos y del poder judicial para garantizar impunidad y que prosperó durante los períodos de Morales y Giammattei, consolidando un sistema que bloquea el fortalecimiento democrático.
Mientras el gobierno de Arévalo intenta impulsar perfiles independientes, el sistema “corrupto” ha demostrado su fuerza para evitarlo. La Corte Suprema y el Congreso reeligieron para la Corte de Constitucionalidad (2026-2031) a magistrados señalados de favorecer la impunidad, como Dina Ochoa y Roberto Molina Barreto, asegurando un tribunal de continuidad. Simultáneamente, la Comisión de Postulación para Fiscal General avanza bajo intensa presión, con la actual fiscal Porras buscando un tercer mandato, que le permitiría mantener el control de la persecución penal hasta 2030.
Arévalo calificó las intenciones de Porras como una “burla” al pueblo de Guatemala y reiteró que será removida del cargo en mayo de 2026. La cuestión es si eso ocurrirá y si los guatemaltecos podrán recuperar la justicia.
“La alianza criminal quedó demostrada en el Congreso. Y el presidente Arévalo tiene nula posibilidad de rescatar el sistema de justicia, porque existe todo un andamiaje construido para que prevalezca la impunidad y la corrupción. El sistema necesita una reforma estructural, porque el daño es estructural”, apunta Aldana.
La justicia como brazo represor de dictadores
El sistema de pesos y contrapesos, ideado por el pensador francés Montesquieu, dejó de existir en Nicaragua y El Salvador. En ambos países, la justicia ya no es un contrapeso al poder y se transformó en un instrumento de represión política.
En El Salvador, el Gobierno de Bukele ha seguido prácticas que recuerdan al modelo del dictador sandinista Daniel Ortega en Nicaragua, convirtiendo tribunales y fiscalías en mecanismos para silenciar a opositores, defensores de derechos humanos y críticos.
El abogado salvadoreño René Valiente, director de investigación de Cristosal, observa en ambos países “un poder totalitario manifestarse de manera absoluta”. “Las dictaduras son iguales, utilizan la justicia para perseguir a la disidencia”, agrega, subrayando la similitud en el uso del sistema judicial como herramienta de control político.
Desde que Ortega llegó al poder en 2007 empezó a socavar la débil justicia nicaragüense. Uno de los primeros episodios ocurrió en 2009, cuando una Corte Suprema de Justicia, ya plegada a sus intereses emitió, una polémica sentencia que declaró “inaplicable” la prohibición constitucional de la reelección. Aquella decisión fue un golpe de Estado judicial que le permitió perpetuarse en el poder y sentó las bases para lo que hoy ocurre en el resto de la región.
En Nicaragua, la independencia de poderes quedó sepultada en 2025, cuando Rosario Murillo, copresidenta de Ortega, asumió la coordinación de los poderes Legislativo y Judicial tras una reforma a la Constitución.
La barrida del Bukele en el Poder Judicial
En El Salvador, el control del sistema judicial se consolidó en 2021, cuando el oficialismo obtuvo la mayoría en la Asamblea Legislativa y, en una decisión sin precedentes, destituyó ese mismo día a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que hasta entonces había funcionado como contrapeso al poder.
Los cinco jueces fueron removidos y sustituidos por perfiles afines al Ejecutivo. Desde entonces, la nueva Sala ha respaldado las decisiones del Gobierno, incluyendo la habilitación de la reelección presidencial, y ha validado medidas cuestionadas por organismos internacionales, evidenciando un alineamiento del poder judicial con el Ejecutivo.
La organización Cristosal documenta este proceso en su informe El precio de disentir: criminalización y persecución política en El Salvador, en el que concluye que desde la llegada de Bukele al poder en 2019, se ha acelerado el deterioro democrático y la concentración del poder, con un punto de inflexión en 2021 tras la captura de las principales instituciones de justicia.
“Desde entonces, la institucionalidad judicial y fiscal ha estado sujeta a una influencia política indebida y sistemática, limitando su capacidad de controlar al poder político y de garantizar los derechos humanos”, señala el documento.
Como ocurre en Nicaragua, la estrategia de persecución combina acciones judiciales, extrajudiciales y mediáticas contra personas identificadas como disidentes. La diferencia es de grado: en El Salvador se consolida un modelo de control institucional y en Nicaragua el régimen de Ortega ha llevado estas prácticas al extremo, con el encarcelamiento de precandidatos presidenciales, el cierre total de los espacios cívicos y la supresión de las libertades civiles.
Al respecto, la CIDH advierte que esta situación ha erosionado gravemente el acceso a la justicia y los derechos fundamentales, situando a Nicaragua entre los casos más extremos de criminalización judicial en Centroamérica.
“En Nicaragua y El Salvador veo difícil que haya un proceso de transformación de la justicia porque hay autoritarios establecidos”, plantea Jiménez, al evaluar la situación de la justicia en la región.
En el caso salvadoreño, este control se ha profundizado con el Régimen de excepción, vigente desde 2022, que ha permitido detenciones masivas, limitaciones al debido proceso y un uso intensivo del sistema penal.
Esta crisis de la justicia en Centroamérica no responde a dinámicas aisladas, sino a una tendencia regional de debilitamiento institucional que se empezó a profundizar con la llegada de Ortega al poder.
Un informe conjunto del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Fundación para el Debido Proceso, la Plataforma Internacional contra la Impunidad y el programa ACTuando Juntas Jotay, publicado en mayo de 2025, ya advertía de que la independencia judicial enfrentaba “retos significativos” en la región, impulsados por grupos de poder que buscan garantizar impunidad y debilitar el Estado de derecho.
El documento, titulado Independencia Judicial en Centroamérica: un anhelo todavía lejano, identifica patrones comunes pese a las diferencias entre países. En Nicaragua y El Salvador, documenta un proceso de desmantelamiento y captura del sistema de justicia por parte de gobiernos autoritarios, donde los tribunales dejaron de funcionar como contrapeso al poder político.
En Guatemala, en cambio, alerta sobre la instrumentalización del sistema penal para perseguir a operadores de justicia independientes, periodistas y defensores de derechos humanos, en un contexto de cooptación de las altas esferas judiciales.
Honduras y Costa Rica con síntomas preocupantes
En Honduras, pese a avances en transparencia, persisten debilidades estructurales como la falta de una carrera judicial consolidada, lo que mantiene al sistema vulnerable a presiones políticas. Sobre Costa Rica, el informe advierte sobre el surgimiento de narrativas que deslegitiman la labor judicial, y decisiones que podrían afectar su funcionamiento, como recortes presupuestarios.
Pero más allá de los contextos nacionales, el documento subraya que los ataques a la independencia judicial tienen un impacto directo en la democracia y los derechos humanos, una lectura en la que coinciden expertas como Jiménez Sandoval y Aldana.
Jiménez, por su lado, sostiene que aún existen márgenes para revertir el deterioro institucional, si se aprovechan todos los espacios disponibles. Sin embargo, advierte que en países como Nicaragua y El Salvador cualquier transformación profunda pasa, primero, por el fin de los regímenes autoritarios. “Luego será necesario un proceso de depuración interna para identificar qué jueces y fiscales participaron en la represión y quiénes actuaron en defensa de principios democráticos”, señala.
Como referencia menciona a los operadores de justicia guatemaltecos que resistieron hasta verse obligados al exilio, un ejemplo de que, incluso en contextos adversos, persisten focos de resistencia dentro de los sistemas judiciales.
Para que la región pueda garantizar el acceso a derechos y la vigencia del Estado de derecho, coinciden expertos, será imprescindible reconstruir sistemas de justicia independientes. Pero para ello se requiere reformas estructurales para que casos como el de la abogada salvadoreña Ruth López no vuelvan a repetirse.