El clima de inversión en Nicaragua se encuentra atrapado entre la estabilidad macroeconómica y la represión política comandada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Así lo advierte el más reciente Investment Climate Statement 2025 del Departamento de Estado de Estados Unidos, publicado en septiembre, que describe un escenario de alto riesgo para empresarios y potenciales inversionistas que deseen hacer negocios en el país.
La advertencia es tajante: “Los inversionistas no deben esperar reglas claras ni trato justo en Nicaragua”. El informe, que se actualiza cada año, detalla que el régimen copresidencial ha desmantelado por completo el Estado de derecho y consolidado un modelo económico basado en la arbitrariedad, la corrupción y el control político sobre las actividades empresariales.
Como colofón de la advertencia, el Departamento de Estado señala que el pasado 30 de enero de 2025 la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo ratificó una reforma constitucional que eliminó por completo la independencia judicial, sepultando los restos de la separación de poderes al supeditar todo el Estado al dictado de la pareja gobernante. Con ello, dice Washington, cualquier disputa empresarial puede resolverse a voluntad de la copresidencia y no de acuerdo con la ley. El documento señala que “los contratos son, en teoría, aplicables mediante el sistema judicial, pero en la práctica son factores extrajudiciales los que determinan el desenlace de los litigios”.
Esta reconfiguración institucional permite al régimen no solo controlar a jueces y fiscales, sino también usar el sistema legal como herramienta de intimidación política y económica. En ese contexto, la inversión extranjera está sometida a un escrutinio político que convierte cada decisión de negocio en una apuesta de alto riesgo.
A pesar de, Estados Unidos es aún el principal socio comercial
Pese al deterioro político, Estados Unidos sigue siendo el socio comercial más importante de Nicaragua. En 2024 representó el 48 % de las exportaciones y el 24 % de las importaciones. Además, continúa como la segunda fuente de inversión extranjera directa (IED), aunque —precisa el informe de Washington— la mayoría corresponde a utilidades reinvertidas y no a nuevas inyecciones de capital.
“Los flujos de inversión estadounidense son hoy más un reflejo de la resiliencia de empresas ya instaladas que de un interés renovado en el país”, apunta el reporte. La inversión de fuentes tradicionales, como Europa y Canadá, se ha reducido desde la crisis de 2018, mientras el régimen prioriza capitales ideológicamente afines, sobre todo de China.
Desde que Nicaragua rompió relaciones con Taiwán y reconoció a Pekín en 2021, la alianza con China se ha convertido en un pilar de la política exterior y económica del régimen Ortega-Murillo. El Tratado de Libre Comercio firmado en 2024 abrió la puerta a un influjo de productos chinos de bajo costo que han inundado el mercado local.
“El gobierno ha mostrado una clara preferencia por empresas estatales chinas y tecnología de ese país”, señala el informe. Los préstamos chinos suman ya alrededor de mil millones de dólares, y la proliferación de tiendas chinas ha desplazado a comerciantes locales.
La combinación de la dependencia de China y la hostilidad hacia organismos financieros internacionales ha dejado a Nicaragua con un margen de maniobra económico limitado, donde el capital político pesa más que la lógica del mercado.
El Departamento de Estado también alerta sobre un patrón de confiscaciones y expropiaciones en Nicaragua. Desde 2018, más de 5,700 organizaciones —incluyendo universidades privadas, cámaras empresariales, medios de comunicación y ONG— han sido despojadas de su personalidad jurídica y de sus bienes. Entre los casos más llamativos está la confiscación de la sede del INCAE, valorada en 20 millones de dólares, que el régimen anunció convertiría en un centro médico estatal.
La presión fiscal es otra herramienta de control. Empresas extranjeras y locales enfrentan auditorías simultáneas de hasta ocho instituciones estatales, multas infladas y amenazas de cárcel por supuestos impagos. “Las auditorías casi siempre concluyen que las empresas deben más impuestos de los reportados, acompañados de multas equivalentes al monto adeudado”, advierte el informe.
Estas prácticas no solo afectan a pequeñas compañías. Multinacionales y franquicias estadounidenses también han recibido millonarias liquidaciones fiscales que, de ejecutarse, podrían forzar su salida del país.
Estabilidad macroeconómica sostenida por remesas
Paradójicamente, Nicaragua mantiene indicadores macroeconómicos relativamente sólidos, apunta el mismo informe. Las reservas internacionales alcanzaron los 6,100 millones de dólares en 2024, el sistema bancario se encuentra bien capitalizado y la “deuda es manejable”.
Sin embargo, detrás de esa fachada se esconde la dependencia creciente de las remesas, que en 2024 llegaron a un récord de 5,200 millones de dólares, equivalentes al 29 % del PIB. El informe concluye que “Nicaragua es la economía más dependiente de remesas de todo el hemisferio occidental”.
Esa dependencia refleja no sólo la migración masiva -más de 600,000 nicaragüenses se han marchado en los últimos cinco años–, sino también la incapacidad del régimen para generar empleo formal.
Nicaragua ocupa el puesto 172 de 180 en el Índice de Percepción de Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, lo que la convierte en la segunda más corrupta de América Latina, sólo detrás de Venezuela.
“El Estado controla directa o indirectamente empresas en sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones, hidrocarburos y servicios básicos. Muchas de estas compañías fueron adquiridas a través de ALBANISA, una empresa mixta con Venezuela sancionada por Estados Unidos”, contextualiza el documento, que se une a otra andanada de advertencias y críticas emitidas por Washington contra Managua, como por ejemplo que Nicaragua es un país clave para el tránsito de droga.
“La falta de transparencia, el favoritismo político y el control empresarial mediante testaferros del régimen hacen imposible conocer el verdadero tamaño del sector estatal”, subraya el informe.
La represión sostenida
El documento dedica un amplio apartado a la represión política que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018. Desde entonces, más de 325 personas han sido asesinadas, centenares permanecen presas o han sido exiliadas, y más de 450 opositores fueron despojados de su nacionalidad y de sus propiedades.
“El entorno político sigue siendo altamente riesgoso. La represión sistemática y la inseguridad jurídica crean un clima de inversión plagado de riesgos reputacionales y regulatorios”, alerta el Departamento de Estado.
La persecución se ha extendido a la Iglesia católica, organizaciones de beneficencia y medios independientes, con cierres masivos y confiscaciones. La censura digital también se ha intensificado, con bloqueos a dominios de medios en el exilio y vigilancia ampliada bajo la nueva Ley de Telecomunicaciones.
En paralelo, el régimen suele promocionar la abundancia de mano de obra barata como atractivo para la inversión extranjera. Los salarios mínimos oscilan entre 162 y 362 dólares mensuales, muy por debajo del costo de la canasta básica de 554 dólares.
Pero la migración masiva y la falta de capacitación técnica han reducido la disponibilidad de trabajadores calificados. Según el informe, “la rotación de personal en sectores formales aumentó significativamente en 2024, y los empleadores dependen cada vez más de importar administradores o técnicos extranjeros”.
El Investment Climate Statement 2025 cierra con una advertencia a empresarios y gobiernos extranjeros: “Nicaragua ofrece recursos naturales, ubicación estratégica y cierta estabilidad macroeconómica, pero todo ello se ve socavado por la represión, la corrupción y la falta de Estado de derecho. Las decisiones empresariales en Nicaragua dependen de la cercanía con el régimen y no de la aplicación imparcial de la ley”, sentencia el documento.
En la práctica, el país se ha convertido en un espacio donde la inversión extranjera depende “de acuerdos políticos con el poder, mientras el grueso de la población sobrevive gracias al dinero enviado por familiares desde el extranjero”.