El cierre total del espacio cívico, la persecución a los medios de comunicación y las diferentes formas de represión y violencia estatal contra la población civil, ubica a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en categorías similares a los regímenes de Corea del Norte e Irán, advirtió el notario Steve Schneck, durante la presentación de la investigación El silenciamiento de la democracia en Nicaragua.
“El Gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo mantienen una campaña de represión intensa contra sus ciudadanos. Hemos identificado que esta campaña ha tomado forma en tres formas específicas: arrestos y juicios; persecución sistemática y cierre de organizaciones civiles; y agresiones e intimidación contra líderes políticos, religiosos y sociales”, señala.
La investigación liderada por el parlamentario británico, David Alton, revela que existe una “abrumadora evidencia” sobre las medidas que ha tomado el régimen Ortega-Murillo para “silenciar la democracia y cerrar el espacio cívico”, medidas que ha realizado desde el año 2007, pero que se intensificaron con el estallido social ocurrido en 2018.
“El cierre de organizaciones de la sociedad civil y de medios de comunicación, y las restricciones a la libertad de expresión mediante vigilancia y regulaciones, están bien documentados y han tenido un efecto paralizador en todo el país”, consolida el reporte.
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Víctimas sin acceso a la justicia en Nicaragua
Entre las principales conclusiones de la investigación es que las víctimas de violaciones de derechos humanos en Nicaragua no tienen vías de recurso legal dentro del país. Al contrario, estas vías legales están siendo utilizadas para reprimir a la ciudadanía y a sus derechos humanos.
Ante esto, señaló que “si bien las opciones de recurso legal interno son limitadas, existen algunas oportunidades legales internacionales que ya se han aprovechado y pueden considerarse”, tales como la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
“En marzo de 2024, Nicaragua interpuso un proceso contra Alemania en virtud de la Convención sobre Genocidio (de Israel contra Palestina). Como tal, es claro que Nicaragua reconoce la jurisdicción de la CIJ”, destacó.
Funcionarios claves para la represión estatal
La investigación también identificó a 20 funcionarios orteguistas que han sido claves para la realización de las detenciones, juicios, destierros y persecuciones contra la población nicaragüense disidente del régimen, así como del cierre de organizaciones civiles, medios de comunicación e instituciones de educación superior.
Entre ellos se encuentra Ernesto Leonel Rodríguez Mejía, magistrado presidente de la Corte de apelaciones del distrito de Managua que anunció el despojo de la nacionalidad de 94 personas nicaragüenses el pasado 15 de febrero de 2023.
También se destaca a Wendy Carolina Morales Urbina, procuradora general de la república y recientemente sancionada por Estados Unidos, encargada de “robar bienes inmuebles” de medios de comunicación independientes, organismos internacionales y presos políticos, así como el despojo de las propiedades de las 222 personas expresas políticas que fueron desterradas y de sus familiares.
Gloria María Saavedra Corrales, jueza del décimo tribunal penal de distrito de Managua, y Maribel del Socorro Duriez González, presidente del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de Nicaragua, encargadas de la represión y confiscación de las universidades privadas, incluyendo acciones específicas contra la Universidad Centroamericana (UCA).
Relaciones peligrosas con Rusia y China
Los investigadores advirtieron que la relación entre Nicaragua, China y Rusia está creciendo exponencialmente, ya que otras relaciones diplomáticas con Nicaragua se han congelado como respuesta a las violaciones de los derechos humanos por parte del régimen.
De acuerdo con el especialista Ryan Berg, jefe de la Iniciativa Futuro de Venezuela en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y una de las personas entrevistadas para el estudio, señaló que Nicaragua “está tratando desesperadamente de reorientar la dirección de algunos de sus flujos comerciales”, especialmente a sus países aliados, para así evitar sanciones económicas y continuar con su política de represión.
“Ahora mismo, el régimen está tratando de construir más enlaces de transporte y redes más rápidas hacia China para reorientar parte de ese comercio fuera de Estados Unidos y así reducir una de sus mayores vulnerabilidades en términos del espacio comercial”, indicó.
Por su parte, Rusia es el mayor suministrador de armas al país con el 90% de las importaciones, según una investigación de Atlantic Council.
“Rusia ha apoyado a Ortega mientras su relación con Estados Unidos se ha deteriorado. Desde 2016, Rusia ha suministrado a Nicaragua equipo militar e infraestructura de monitoreo satelital. Los dos países también tienen un acuerdo de una década para que las fuerzas rusas entrenen en Nicaragua”, informó Robert Muggah, director del Grupo SecDev y cofundador del Instituto Igarapé.
“(En 2022), un decreto presidencial de Nicaragua otorgó a las tropas, aviones militares y buques de guerra rusos acceso temporal a Nicaragua. Por lo tanto, a Estados Unidos le preocupa que Rusia, junto con agentes militares de Cuba, Bolivia y Venezuela, esté ampliando la vigilancia en la región”, añadió.
Además, la influencia de China en Nicaragua no es sólo política y económica, sino también digital. “Como en muchos países, las cámaras de vigilancia conectadas a Internet en Nicaragua son suministradas en su abrumadora mayoría por proveedores chinos, en particular Hikvision y Dahua”, señaló.
De acuerdo con los expertos, estas relaciones en desarrollo son extremadamente preocupantes por la escala y la naturaleza de las violaciones de derechos humanos de las que son acusados los tres países.