Ana García de Hernández, exprimera dama de Honduras y esposa del expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), fue quien lo anunció primero en su cuenta X. “Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre” (sic), escribió y luego agradeció al hombre que había hecho posible esa libertad: Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos.
Todo es alegría en la casa Hernández. Sus dos hijas, Daniela e Isabela, celebraron con sonrisas y lágrimas de agradecimiento. Daniela ofreció su más “profundo agradecimiento” a Trump en sus redes sociales. También celebró Tomás Zambrano, el jefe de bancada del Partido Nacional de Hernández y uno de sus más fieles herederos políticos.
Todos ellos han repetido las mismas líneas al hablar del juicio que terminó con la condena a Hernández por delitos de narcotráfico y, luego, con la sentencia a 45 años de cárcel dictada en junio de 2024 por el juez Kevin Castel. Ese juicio, dicen, estuvo amañado; ahí, reclaman, no hubo pruebas contundentes ni dejaron a Hernández presentar prueba de descargo, como su excelente relación con funcionarios estadounidenses durante las administraciones de Joe Biden y la primera de Trump.
Nada de eso es cierto.
Cubrí el juicio de JOH, como se conoce en Honduras al expresidente por sus iniciales, desde que empezó a en febrero de 2024. Estuve ahí hasta el final, cuando el jurado leyó su veredicto el 8 de marzo. Tuve acceso, como lo tuvieron dos docenas de colegas hondureños presentes, a todos los interrogatorios y a los documentos presentados por ambas partes. Puedo decir esto: sí había prueba, el juicio se desarrolló con absoluta corrección y JOH tuvo todos los recursos que necesitó para defenderse, incluidos dos abogados de primer nivel pagados en parte por los contribuyentes estadounidenses. No hubo amaño.
Uno de los argumentos preferidos de la defensa durante el juicio fue que la mayor parte de los testigos presentados por la fiscalía son narcotraficantes. Y es cierto, contra JOH ofrecieron testimonio criminales como Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los jefes de la banda Los Cachiros y responsable de 78 asesinatos. Alex Ardón, exalcalde narco y socio político de Hernández… o Alexander Monroy Murillo, un colombiano que fue el principal operador de Sinaloa en Honduras y Guatemala cuando Hernández ascendió al poder. Sobre los reparos de la defensa respecto a estas personas, una fiscal contestó así en la corte neoyorquina: “Para hablar de un narcotraficante no trajimos a niñas scout o a niños del coro, trajimos a los criminales sanguinarios con quienes el acusado conspiró”.
Monroy, el operador de Sinaloa, explicó que él era el enviado personal a Centroamérica de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, la década pasada, y que había enviado un soborno de un millón de dólares a Hernández para garantizar el acceso del cártel a los principales puertos hondureños.
En sus gestiones con Trump, JOH volvió sobre sus quejas en una carta de cuatro páginas en la que le pedía que le extendiera el perdón presidencial. Esa carta, según el periodista del New York Times Kenneth Vogel, la entregó Roger Stone a Trump. Stone es un cabildero que se hizo famoso en Washington por representar a dictadores sanguinarios como Mobutu Sese Seko de Zaire o Ferdinand Marcos de las Filipinas, y es muy cercano al presidente republicano. En su misiva, Hernández se refiere a sí mismo como “perseguido político” y se compara a Trump quien, dice, sufrió de lo mismo.
“Fui procesado sin evidencia sólida, con base en testimonios de traficantes violentos, mentirosos profesionales…”, insiste Hernández en su carta a Trump. Y añade otra cosa que es mentira, o al menos es una verdad a medias: quien lo persiguió, asegura, fue la administración de Joe Biden. No: buena parte de la evidencia que el Departamento de Justicia presentó en Nueva York fue recopilada entre 2017 y 2020, cuando Trump fue presidente por primera vez y, más importante, los fiscales armaron el caso contra JOH en esos años, luego de que arrestaron a Antonio “Tony” Hernández, un exdiputado, hermano del expresidente hondureño y él también condenado al final por narcotráfico.
Pero hubo otros testigos, no solo los narcos con los que Hernández pactó y de los que recibió dinero. Un contador que explicó cómo su jefe, un empresario asociado a narcotraficantes en el norte de Honduras, había financiado las campañas de JOH. Este testigo, el contador, también dijo que había entregado archiveros electrónicos con pruebas en contra del expresidente a una fiscal a la que luego asesinaron. Marlene Banegas se llamaba esa mujer; su muerte sigue impune.
Los fiscales también presentaron en el juicio fotos de Juan Orlando Hernández con narcotraficantes, una de ellas en un partido del Mundial de fútbol Sudáfrica 2010. Y una libreta decomisada a un narcotraficante en el que aparece el nombre del expresidente.
Juan Orlando Hernández (tercero de la izquierda) junto a Miguel Arnulfo Valle (derecha), capo hondureño. Foto presentada como evidencia en el juicio por narcotráfico en Nueva York.
Hubo, además, muchas cosas que no se dijeron en el juicio de Nueva York pero están escritas en decenas de investigaciones hechas por cuerpos de inteligencia policial, por investigadores y por fiscales hondureños que enfrentaron destierros, cárcel e incluso fueron asesinados por meterse con “el hombre”, como se dice en Honduras.
Antes del juicio, recorrer toda Honduras
Antes de cubrir el juicio de Nueva York cubrí la presidencia de Hernández, con más cercanía desde que se reeligió de forma irregular en 2017. Recorrí todos los rincones de Honduras en los que la huella de JOH era palpable y en los que su nombre se decía en voz baja cuando se hablaba del narco.
En las montañas de Copán, al occidente del país, en la frontera con Guatemala, conocí la historia de Sherill Yubissa Hernández Mancía, una agente fiscal a la que asesinaron cuando empezaba a investigar negocios de Tony Hernández con Alexander Ardón, un narcoalcalde que fue aliado político del presidente y su hermano, así como los vínculos del narcotráfico con las pandillas de la zona. A esta mujer la mataron en 2018, cuando tenía 28 años. Un cuerpo de investigación fiscal y el Ministerio Público, controlado entonces por los hombres de JOH, intentó hacer pasar la muerte como un suicidio, pero las denuncias de la jefa de forenses del país los delataron: a Sherill Yubissa la habían matado.
Fue en las montañas de Copán, en El Espíritu y El Paraíso, pueblos que fueron base de operaciones de los clanes de narcos más poderosos del país, que conocí cómo los Hernández traicionaron a los capos con los que se habían asociado para hacerse ellos con todo el negocio. Esa historia me la contaron policías, oficiales del ejército y los mismos narcos.
En San Pedro Sula, la capital industrial del país, me contaron por primera vez la historia de Marlene Banegas, la fiscal a la que mataron después de que recibió una USB con evidencia que incriminaba al presidente con Giovanni Fuentes, un narco que pagó sobornos a Hernández en la mismísima Casa Presidencial, según lo demostró la fiscalía estadounidense durante el juicio en Nueva York.
Cerca de Catacamas, en Olancho, policías y activistas ambientales me explicaron cómo Tony Hernández usó una pista militar llamada El Aguacate para mover cocaína.
En Tegucigalpa, un exjefe de inteligencia policial me explicó la relación entre la muerte violenta de Said Lobo, hijo del también expresidente Porfirio “Pepe” Lobo, en una discoteca de la capital en julio de 2022, y la posibilidad de que Fabio, otro hijo de Pepe, condenado por narcotráfico en Nueva York, testificará contra Hernández. Esto me dijo aquella fuente: “Quedó claro que había una vinculación entre esa masacre y los juicios en Nueva York. Hubo actos preparatorios a los asesinatos, un trabajo de sicariato especializado. Nada se dejó al azar. Hubo gente de adentro que les dio la información… El análisis de los videos (levantados en la escena del crimen) deja claro que se trata de comandos y las investigaciones nos llevaron a que eran fuerzas especiales al servicio del crimen organizado”.
Y en Gracias, Lempira, la ciudad en la que Hernández nació, reconstruí la historia de un narcolaboratorio que administraba Tony, el hermano de JOH, el cual fue allanado y descubierto por la policía en 2014, y cómo fiscales del Ministerio Público protegieron a los hermanos de aquella investigación.
Durante más de una década, decenas de uniformados, detectives y fiscales hondureños investigaron con sus pares estadounidenses, los de la DEA y los del FBI, para descubrir toda la maraña del narco en Honduras. A partir de 2018, cuando los norteamericanos capturaron a Tony en el aeropuerto de Miami, una convicción empezó a crecer entre los fiscales de Estados Unidos: Honduras era un narcoestado y su jefe no era otro que el presidente del país, Juan Orlando Hernández Alvarado.
En el invierno de 2024, durante catorce días, doce ciudadanos estadounidenses residentes escucharon solo algunas de las pruebas recabadas durante aquellas investigaciones y llegaron a la conclusión, unánime, que Hernández era culpable de narcotráfico. Hoy, por obra de Donald Trump, JOH está libre y perdonado, pero la sentencia no ha cambiado: el expresidente sigue siendo un narcotraficante oído y vencido en juicio. En Honduras, a donde JOH aún no puede regresar porque aún pesa sobre él una orden de captura por delitos de corrupción, siguen enterrados los muertos que su empresa dejó.