Jornada represiva de la dictadura ensombrece más el clima electoral

El régimen Ortega-Murillo elevó la parada esta mañana al confiscar las oficinas de Confidencial por segunda vez y montar acusaciones de lavado de dinero a Cristiana Chamorro, aspirante a la presidencia. La Policía detuvo a Leonel Gutiérrez, camarógrafo del programa Esta Semana, propiedad de Carlos Fernando Chamorro. Con este zarpazo, la dictadura pone en otro nivel el clima electoral, y perfila un ataque directo a los medios de comunicación.

La policía de la Dirección de Auxilio Judicial se lleva las pertenencias de la redacción de Confidencial. Carlos Herrera | Divergentes.

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desató este jueves una jornada represiva que pone en otro nivel el clima electoral, ya oscurecido desde inicios de mayo. Con el allanamiento de las oficinas de Confidencial, Esta Semana y Esta Noche –propiedad del periodista Carlos Fernando Chamorro– y las supuestas acusaciones de lavado dinero a Cristiana Chamorro, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y aspirante a la presidencia, se ha elevado una nueva fase de represión. De esta forma, el régimen Ortega-Murillo reafirma su intención de ir a un proceso viciado y sin ninguna legitimidad, según defensores y analistas consultados por DIVERGENTES

“Ortega está construyendo un escenario favorable a él. Eso demanda a todas las fuerzas de oposición tener más madurez y responsabilidad. Quiere legitimar su ilegitimidad”, explicó la socióloga e investigadora Elvira Cuadra. 

El régimen ha atacado a dos de los sectores más beligerantes: el periodismo y la oposición que planeaba enfrentarlo en un proceso electoral. Para Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos del Colectivo Nicaragua Nunca +, es la confirmación de que el país vive en una cruenta dictadura que tiene el control absoluto y empieza a elegir a sus opositores, eliminando a los que cuentan con mayor legitimidad. Cristiana Chamorro es considerada como una de las candidatas que mayor simpatía genera en la población, según los resultados de las encuestas. 

“El día de hoy está destinado a desmovilizar, a mantener reprimida a la gente y decepcionar al electorado con acciones represivas. El régimen sabe que solo puede ganar con una abstención masiva”, dijo Carrión. “La citatoria a Cristiana tiene un fin inhibitorio, porque ella representa un riesgo al poder. La dictadura sabe de quién es hija ella, y lo que representó para ellos la derrota electoral que encabezó su madre, doña Violeta Barrios de Chamorro”. 

Con las acusaciones de hoy, podría iniciarse el proceso para inhibir a Cristiana Chamorro de la contienda electoral. Sin duda, “es un golpe a la oposición”, aseguró también el jurista José Pallais, miembro de la Coalición Nacional, uno de los bloques opositores que ha quedado fuera del proceso tras el despojo de la personalidad jurídica del Partido Restauración Democrática (PRD), que sería su vehículo electoral. Dicha organización política fue impugnada por un grupo de pastores evangélicos bajo argumentos religiosos. Dijeron que el partido se había alejado de los principios cristianos y unido a personas con “antivalores”.

Ortega allanó, de esta forma, un camino limpio para continuar en el poder tras los comicios de noviembre próximo. “Estamos viendo una nueva fase donde incrementan los niveles de represión y los dos objetivos en este momento son las personas de la oposición que puedan representar un peligro para los Ortega-Murillo”, agregó Cuadra.

Allanamiento y acusaciones de lavado

Cristiana Chamorro al salir de una larga cita en el Ministerio de Gobernación. Carlos Herrera | Divergentes.

El Ministerio de Gobernación citó a Cristiana Chamorro, Walter Antonio Gómez Silva y Marco Antonio Fletes Casco para “responder por las inconsistencias encontradas en los reportes financieros de 2015-2019”. Chamorro fue esta mañana a las oficinas del Ministerio de Gobernación, en Managua, lugar donde pasó dos horas. Las autoridades del ministerio no dejaron entrar a su abogado.

Al salir de la oficina resguardada por policías de operaciones especiales, Chamorro aseguró que los funcionarios le dieron un plazo de 24 horas para presentar los requerimientos. La expresidenta de la Fundación solicitó una prórroga, porque “es imposible presentar todo a la carrera”. Ha tachado la acusación en su contra de “macabra” y sostiene que es una estrategia del régimen para “impedir a los nicaragüenses votar”.

“Seguramente que es un proceso no solamente para inhibirme a mí, sino para impedir que los nicaragüenses puedan ir a votar en libertad y puedan tener el derecho sagrado que nos permite la ley el próximo 7 de noviembre”, dijo al ser consultado sobre si la acusación es el inicio de una inhibición a su candidatura. “Yo no estoy inhibida y voy a dar toda la información que tenga que dar”, reiteró.

“Cristiana chamorro es vista y está considerada como un riesgo al poder. Como la dictadura lo sabe, ella representa temor para la dictadura”, agregó por su parte Gonzalo Carrión.

Tras los hechos ocurridos, el precandidato presidencial Félix Maradiaga y miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) convocaron a un plantón en un punto de Managua, pero la Policía Nacional impidió al aspirante salir de su casa. Los oficiales lo reprimieron con violencia, tomándolo por la cintura y los hombros para no dejarle ir a la actividad en rechazo a la jornada represiva de este jueves.

Camarógrafo desaparecido 

Tras estos hechos, ocurría en paralelo el allanamiento a las oficinas de Confidencial, cuyo director es Carlos Fernando, hermano de la aspirante presidencial. Esta sería la segunda vez que la dictadura orteguista ejecuta una confiscación sin ninguna orden judicial. La más reciente ocurrió el 15 de diciembre de 2018, cuando un contingente de Fuerzas Especiales tomó el edificio, alegando que ahí operaba la organización CINCO, cuya personería jurídica fue cancelada ese mismo año.

Dentro de las oficinas se encontraba el camarógrafo Leonel Gutíerrez, retenido por la Policía y luego trasladado. Durante la cobertura de los incidentes, los periodistas que estaban en el lugar fueron agredidos. Luis Sequeira, reportero gráfico de AFP, fue detenido, golpeado y requisado. Aunque luego fue liberado. Carlos Fernando Chamorro ha exigido la libertad de su reportero y el respeto a su integridad física.

“Aquí hay un asalto a la verdad”, dijo el periodista en una transmisión en vivo realizada en Radio Corporación. “Lo que estamos viendo el día de hoy no responde a ninguna ley, no podemos encontrar ninguna justificación racional. No está ocurriendo algo nuevo. No empezó hoy. Empezó muchas décadas atrás”, reiteró. 

Tras el segundo allanamiento, la redacción de Confidencial se asentó en un pequeño espacio en el edificio Invercasa, un complejo de oficinas ubicado en el centro financiero de la capital. La razones de la confiscación no han sido aclaradas por la Policía del régimen, pero Carlos Fernando Chamorro ha dejado claro que su medio no tiene ninguna relación con la Fundación Violeta Barrios, ni recibe ningún tipo de financiamiento. Por lo tanto, se ha tratado de “un acto ilegal”.

“Hay una especie de odio hacia el periodismo independiente y todo lo que lleve el símbolo de los Chamorro, por el legado de Pedro Joaquín –padre de Carlos Fernando y Cristiana, asesinado por la dictadura somocista– y doña Violeta Barrios de Chamorro, la mujer que derrotó a Ortega en las elecciones de 1990”, dijo Carrión.

Por su parte, Pallais asegura que se está construyendo un nuevo fraude electoral, consolidado mediante unas reformas a la Ley Electoral a la medida de la dictadura, y con magistrados afines en el Consejo Supremo. Ortega también es el verdadero dueño de los vehículos electorales donde la oposición planea correr. Esta semana la cancelación de uno de los partidos de oposición ha generado zozobra en los movimientos opositores. Por el momento, solo la Alianza Ciudadanos por la Libertad cuenta con el reconocimiento del régimen Ortega-Murillo, pero temen que en cualquier momento, o al cruzar alguna línea, también sea despojado de su representación legal, eliminando así toda participación de la oposición en Nicaragua.