La fiscal Cinthia Monterroso, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) presentó al juez Jimi Bremer recortes de prensa de noticias sobre ella, jueces y Ronald García Navarijo, quien es testigo en el primer caso presentado contra Zamora. La fiscal argumentó que los periodistas que publicaron información pudieron cometer «obstaculización de la justicia».
En los últimos meses, elPeriódico hizo publicaciones relacionadas al caso de Zamora; al testigo que lo acusó, Ronald García Navarijo; los 30 millones de quetzales congelados por el Ministerio Público y que podían ser liberados a falta de oposición de la fiscalía a cargo; así como una investigación que evidenció cómo Monterroso utilizó su cargo pidiendo información privada para fines personales.
Según argumentó, las publicaciones «pudieron afectar la integridad física, el honor principalmente o los bienes con el fin de influir en su comportamiento u obstaculizar el cumplimiento de sus funciones».
La fiscal agregó que Zamora no podía actuar solo y por eso mencionó a los columnistas Edgar Gutiérrez y Gonzalo Marroquin Godoy. Además de la directora de elPeriódico Julia Corado; el exeditor, Gerson Ortiz. Además de los periodistas Alexander Valdez, Cristian Velix, Rony Ríos y Denis Aguilar.
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Monterroso fue más allá y pidió que se autorizara la investigación del financiamiento a «medios independientes» —sin mencionar alguno en específico— pues, asegura, se debe saber «cuáles son las instrucciones de investigar ilegalmente a jueces y fiscales. Seguirlos hasta sus casas. Porque pueden haber otros medios y reciben el mismo financiamiento», argumentó.
Según datos de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), en 2022 se reportaron 105 agresiones a periodistas y medios de comunicación. En diciembre del año pasado, producto de la captura de Zamora, elPeriódico redujo su plantilla en un 80% y su versión impresa dejó de circular.
El juez a cargo de esta audiencia fue Jimi Bremer, quien aceptó la petición de la fiscal Monterroso. Inició su argumentación diciendo que en Guatemala sí existe la libertad de expresión. «Censurar a los medios de comunicación en un estado democrático es impensable, es decir que tal reportero, tal periodista tenga que presentar a una entidad de gobierno y decir: esto es lo que voy publicar mañana en ningún Estado democratico se puede tener».
Sin embargo, aceptó «certificar lo conducente» (en palabras no técnicas significa iniciar una investigación) contra los periodistas. «¿Pensar que el Ministerio Público me esté utilizando procesalmente?…tengo la responsabilidad de resolver lo que está planteando el MP que me ha puesto a la vista publicaciones que no puedo considerar si es delito o no, pero sí ordenar si hay la comisión de un tipo penal que esté afectando maliciosamente a fiscales, operadores de justicia, jueces, magistrados o imputados», explicó Bremer. Agregó que sea otra fiscalía la que se haga cargo en la investigación contra los periodistas y medios.
Evaden tribunal de imprenta
El vicepresidente de la APG, Mario Recinos, indicó que la resolución del juez es un retraso en la libertad de expresión.
«Se está ampliando la judicialización de casos contra periodistas. La constitución es clara y establece que ninguna crítica a funcionarios o empleados de gobierno es delito. Por esto no deberían ni ser citados los periodistas. Estamos viendo una situación similar a la de Nicaragua» indicó Recinos.
La legislación guatemalteca contempla un mecanismo para juzgar, en caso así se considere, el actuar de los medios de comunicación. El mecanismo es el Tribunal de Imprenta y está establecido en la ley de Emisión del Pensamiento. Estos fueron establecidos para llevar casos donde las personas que crean haber sido ofendidos por publicaciones de Prensa puedan acudir con juez de primera instancia que ordenara la integración de un Tribunal de Imprenta.
No obstante, en los últimos años diferentes funcionarios han utilizado otros mecanismos legales para perseguir y criminalizar a periodistas. Figuras como la excanciller del gobierno de Jimmy Morales, Sandra Jovel; la candidata presidencial, Sandra Torres, o la directora del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo; utilizaron la Ley de Femicidio para evitar que medios como elPeriódico o La Hora hagan publicaciones que las mencionen.
Los argumentos presentados por el MP y avalados por el juez muestran un nuevo mecanismo para perseguir a periodistas.
Segundo caso contra Zamora
Este martes fue ligado a proceso el periodista José Rubén Zamora por un segundo caso por el posible delito de conspiración para la obstaculización de la justicia. El presidente de elPeriódico se encuentra detenido desde el 29 de julio del 2022 cuando fue capturado por un caso de lavado de dinero y chantaje.
Derivado de ese caso el MP presentó un segundo caso donde se le acusa que intentó obstruir la justicia para que no fuera investigado por el primer caso.
Según la acusación, Zamora habría recibido 200,000 quetzales los cuales intentó ingresar al sistema bancario con la ayuda del exbanquero Ronald Garcia Navarijo, pero este lo grabó y denunció ante la fiscalía.
En este caso la exgerente financiera de elPeriódico, Flora Silva, se declaró culpable al igual que el exabogado de Zamora, Mario Castañeda. Ambos solicitaron ser juzgados bajo la ley de aceptación de cargos para reducir su pena.
Publicado originalmente en Plaza Pública