Una junta de hasta siete integrantes asumiría temporalmente las funciones de jefatura de Estado y de Gobierno, tendría facultades ejecutivas y legislativas limitadas y conduciría a Nicaragua durante un período máximo de 24 meses hacia una nueva Constitución y elecciones generales. Ese es el núcleo de una propuesta de transición elaborada por un sector de la oposición nicaragüense que busca poner sobre la mesa una hoja de ruta para el eventual fin de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sobre todo en un contexto de presión internacional sobre los copresidentes encabezado por Estados Unidos a través de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El documento propone liberar de inmediato a los presos políticos, restituir derechos a exiliados y desnacionalizados, reorganizar el Poder Judicial y el sistema electoral, desmontar estructuras represivas y reestructurar los altos mandos de la Policía y el Ejército. También plantea elegir una Asamblea Nacional Constituyente a los 180 días, someter la nueva Constitución a referéndum y celebrar elecciones generales en el mes 22 de la transición, con el traspaso del poder dos meses después.
Aunque la iniciativa surgió de sectores identificados con la centroderecha, sus promotores sostienen que deliberadamente evitaron darle una definición ideológica y, que eso, ha calado bien. Juan Sebastián Chamorro explica a DIVERGENTES en esta entrevista cómo nació la propuesta, qué busca y cómo imaginan una transición en un país con sus instituciones democráticas desmanteladas.
¿En qué contexto nace y de quién es esta iniciativa de transición?
Hace casi un año varios políticos, liderazgos, empezamos a hablar de la importancia de la generación de un plan de transición. En 2024 incluso tuvimos una visita a Santiago de Chile, como Monteverde, y ahí hablamos con Sergio Bitar, que jugó un papel fundamental en la transición chilena. Hablamos con don Sergio para que nos diera un poco su input. Y yo creo que con esa reunión empezó a crearse esa semilla de la importancia de trabajar un plan de transición realista, realizable.
Luego, algunos juristas empezaron a trabajar. Han pedido anonimato, pero son personas con mucha experiencia en el ámbito legal, jurídico. Fueron acumulando distintas leyes, propuestas, etcétera. Y luego se ha empezado a presentar en distintos espacios el proyecto.
La propuesta de una junta de transición viene de un sector de la oposición de la centroderecha, pero quisimos evitar cualquier mención ideológica. Hemos querido que la connotación ideológica no esté en el texto de la propuesta. Es evidente de dónde viene, pero hemos querido evitarlo. El documento no tiene ni siquiera la palabra “liberal”, por ejemplo, y eso fue adrede, en el sentido de que se sienta, digamos, algo más técnico. Y la reacción ha sido bastante positiva, en el sentido de concentrarnos un poco más en el contenido, en la letra de la propuesta.
Es decir, ¿ustedes esta propuesta la están poniendo a circular entre otras expresiones opositoras para ver qué causa, si la arropan, si la cogen o no? ¿Cuál es su pretensión?
Sí. Por ejemplo, ahorita está en conversación dentro de Monteverde mismo. O sea, Monteverde tiene tres bloques. El proceso se atascó un poco ahí por razones que no vienen al caso, pues, pero ya se reactivó. E igual hemos hecho presentaciones y vamos a hacer más presentaciones a quien quiera conocerla en detalle. La propuesta es bastante extensa. Entonces, básicamente, lo que en realidad estamos haciendo acá es poner una propuesta que yo creo que integra muchos de los elementos de las otras que se han presentado hasta ahora. Porque, al final, es el mismo país, son los mismos problemas. No puede ser muy diferente a las otras propuestas, ¿verdad?
Por ejemplo, UNAMOS hizo uno de diez puntos que se llama El tiempo de la libertad llegó, que dice que es indispensable avanzar en la transición democrática. Eso lo leímos, lo analizamos, pero era una especie de proclama de diez puntos.
Luego, el Espacio de Diálogo y Confluencia de Actores Nicaragüenses tiene un documento de cuatro páginas, mucho más pequeño aún, Hacia una transición democrática con justicia social y verdad. Ese es otro documento que hemos visto. La UNAB tiene una proclama por la memoria, pero nosotros hemos planteado, con base en todo eso, algo con más nivel de detalle.
En esta propuesta siempre hay un elemento de justicia, siempre hay un tema de presos políticos, restitución de derechos, regreso seguro a los exiliados, medios de comunicación, devolución a los medios de comunicación y todo lo demás…
Entonces, lo que se trató de hacer aquí es darle un poquito más de estructura, y es lo que ha llamado, creo yo, más la atención, que es precisamente el objetivo de la propuesta, con la mención, digamos, de la junta transicional.
El solo nombre “junta” ha generado bastantes tensiones. Entonces, si te fijás ahí en el resumen, hemos dicho “junta o equipo transicional”. El nombre es irrelevante, pues, para no levantar suspicacias ni recuerdos que para unos pueden ser positivos y para otros no. Pero sí creemos que es importante que el poder recaiga en alguien durante el proceso de transición.
¿Ustedes aspiran a que, de alguna manera, esta propuesta sea una especie de catalizador o logre esa unión opositora en torno a algo, convertirse en una alternativa que hasta ahora no ha existido?
Bueno, a ver, yo creo que en la Asamblea General de la OEA en Panamá y la votación del Consejo Permanente la semana pasada se ha demostrado que, en la acción, estamos trabajando bien coordinadamente. Pero, digamos, no está pensado para hacer un documento sobre el que se unan todos. Eso sería, creo yo, como muy arrogante de nuestra parte. Pero lo que queremos es compartirlo, que se vea, que se discuta el contenido, independientemente de quién lo presenta, y a ver si hay cosas que puedan ser debatidas, discutidas.
Por ejemplo, hay cierta oposición a las funciones de la junta; por ejemplo, si la junta debería tener demasiado poder legislativo o mínimo poder legislativo, porque prevalece… Me estoy desviando de tu pregunta, pero la ilustración es importante.
Hay gente, digamos, que no quiere una nueva Asamblea Nacional tipo 1990, donde los que la vivieron creen que la transición hacia la democracia sufrió mucho por esas divisiones que había en una Asamblea. Pero igual puede pasar también en el Ejecutivo transicional.
Entonces, son ya temas puntuales sobre la propuesta. Pero, es decir, no lo hemos pensado como que sea el documento unificador de la oposición. Realmente es una propuesta.
Hay otros temas que son importantes. Recordemos que este es un plan y esto es también otra crítica que se le hace: “¿Por qué estamos hablando de un plan del día que caiga la dictadura si no ha caído? Hay que buscar un plan para que caiga”.
Bueno, es que vamos por partes. Es importante tener un plan del Día D para adelante. Y del Día D para acá tenemos, estamos elaborando un plan y lo estamos ejecutando, pero son dos instrumentos diferentes, pues.
Yo más bien lo veo como una necesidad. Nos preguntan mucho: “¿Tienen un plan? ¿Qué ley van a reformar?”. Incluso en la OEA, algunos representantes, con toda la buena intención y todo, dicen: “Sería grave una reforma a la Constitución”.
Nosotros no creemos, pues, que sea grave [reformar] la Constitución. La Constitución en sí misma no sirve para nada. Estoy hablando de la Chamuca. Entonces, menciono esto porque creo yo que la refundación, a través de una Constituyente, es el elemento importante de fijar la conversación. Que haya un renacimiento constitucional.
Entonces estamos proponiendo tener una Asamblea y esa Asamblea luego lo somete a un referéndum, un plebiscito, y la población vota sobre esa Constitución. Entonces, sería lo ideal, pues. Sería algo muy, muy bueno que ocurriera. Entonces es un plan en ese sentido.
Ahora, ¿qué tendría que pasar, en el contexto actual como está configurado, para que Ortega y Murillo pierdan el poder real sobre el Ejército, la Policía, el sistema judicial y dejen el poder? ¿Cómo lo están previendo ustedes con base en todos los elementos que hay en el ambiente?
Me encantaría tener una respuesta única y certera de lo que va a pasar. Lo que podemos hacer nosotros es seguir trabajando en el ámbito internacional, ejerciendo la presión, y en el ámbito nacional.
Si vos lo notás también en la propuesta, que es una propuesta también con una intencionalidad política, hace un llamado a los funcionarios públicos, al Ejército, a la Policía, de que si no han cometido delitos, hay un espacio en la transición.
Entonces, esto no es una declaración ingenua. Eso es una propuesta política, a decirles a los oficiales: “Miren, si ustedes no están de acuerdo con esto y no lo están haciendo por limpiarse o para que no los acusen de delito, lo cual, pues, no es negociable, pero si no han cometido delitos y pueden pasarse, serán bienvenidos”.
Pues no es ese argumento de colgarlos en un palo a todos ellos. Eso creo yo que es otro aporte de la propuesta.
Pero, de pronto, ¿ustedes tampoco se plantean, en algún eventual momento, no sé, tener que lidiar con figuras estilo Gustavo Porras o alguien que, en una eventual caída del matrimonio, pueda quedar con una especie de influencia dentro del país?
Pues no sería lo más agradable, ¿verdad?, lidiar con sujetos de esa naturaleza. Pero, de nuevo, los procesos de transición son procesos horrorosamente complicados.
Entonces, donde hay sapos que tragarse, y eso implica a ambos lados, pues. Estoy seguro de que muchos de ellos tampoco estarían dispuestos a sentarse con alguno de nosotros. Pero los procesos de transición a veces buscan personalidades, liderazgos, que puedan servir de puente.
Entonces, evidentemente, Porras no es referente de nada. Pero quizás podría haber algún otro elemento del régimen saliente que pudiera tener algún espacio. Y creo que es lo más, digamos, audaz de la propuesta: decir que se contemplarían elementos del régimen saliente.
Ustedes hablan de una Constituyente para demoler un Estado de derecho que ha sido destruido —valga la redundancia— por la dictadura con la imposición de una Constitución que ya conocemos. ¿Por qué?
Porque el pueblo es el constituyente, al final del día. La Asamblea Constituyente solamente es un instrumento para redactar el proyecto, aprobarlo entre ellos, para que la letra sea la más adecuada.
Y hay una oportunidad muy importante de hacer una Constitución que perdure y luego someterla a votación del pueblo. Eso, que yo recuerde, nunca se ha hecho en la historia de Nicaragua.
Entonces, en eso insistían mucho los abogados constitucionalistas, que sería algo posible. A ver, si vos, para reformar la Constitución —la Constitución, por ejemplo, la de los 80— tenías que, de alguna manera, usar dos legislaturas, y para reformas mayores estaban los instrumentos estos del referéndum y el plebiscito, con mucha más razón para una nueva Constitución tenés que hacer un proceso de votación.
Se puede hacer en 45 días, según los expertos. Y la redacción de la Constitución, en nueve meses.
Claro, porque el calendario que ustedes plantean dice: “180 días, nueva Constitución; referéndum; elecciones generales en el mes 22”. Mi pregunta es: un país, no sé, institucionalmente destruido, exiliados, desnacionalizados, partidos políticos cancelados, todo lo que conocemos, ¿es un plazo realista o busca más bien enviar una señal política de que pueden tener ustedes un cronograma ejecutable?
Hay un cronograma. ¿Qué tan ejecutable? Esa es la pregunta. Inicialmente lo teníamos en 30 meses. Lo vimos demasiado largo, porque tampoco creemos que el poder temporal ilimitado esté por mucho tiempo y se sienta la junta, como quien dice, muy confortable en el sillón, porque ya sabemos que las transiciones a veces se desvían. Entonces esa es una preocupación.
Por ejemplo, estábamos viendo el análisis de las elecciones en 1990. ¿Y por qué de 1990? Porque no había estructura. O sea, no existía padrón, ni siquiera había cédula de identidad. Y los que trabajaron ahí recuerdan que se organizó en seis meses.
Entonces nosotros decimos: “Con la tecnología que hay ahora, se podría hacer en seis meses”. Pero en la propuesta está prevaleciendo un poco más la visión más tecnicista de los expertos en la materia. Es decir, la limpieza del padrón electoral no la podés hacer en menos de seis meses.
Entonces existe la premura, pero también existe la necesidad de que el proceso tenga un control de calidad adecuado. Y a veces la premura puede ser enemiga de lo bueno.
Ahora, haciendo de abogado del diablo: ustedes proponen esta junta de transición con esta facultad ejecutiva, legislativa, bien amplia. Pero si viene alguien y les pregunta de dónde sale la legitimidad política y jurídica, si no nace de una elección previa ni de una institucionalidad existente, ¿qué le podrían responder ustedes?
En primer lugar, no existe posibilidad alguna de elección el día siguiente del Día D, por lo segundo de tu pregunta: que no existe institucionalidad alguna.
Lo ideal sería, efectivamente, que la estructura estuviera y se convocara… Pero es que, además, para hacer una elección tenés que darle tiempo a los candidatos a hacer sus campañas y toda la cuestión.
Entonces, inmediatamente, incluso la junta va a ser muy difícil de ser electa en un proceso con un Consejo Supremo Electoral. Y eso lo pensamos bastante: cómo llenar ese vacío. Entonces ahí es donde entra el tema del concurso de la comunidad internacional, ¿verdad?
Claro.
Y la OEA. Por eso es que también para nosotros es importante esta conversación de la transición en este momento, a la luz de lo que está pasando en la OEA.
Acordate que la reunión de cancilleres del 79 hizo un llamamiento a la renuncia de Anastasio Somoza y al restablecimiento de un nuevo gobierno democrático y pluralista.
Entonces, en esa otra colilla, “pluralista y democrática”, es que estamos concentrados nosotros, para que, digamos, lo que salga sea, al menos en el plan, un proceso democrático. Por eso las elecciones, por eso la Constituyente.
¿Sería este el primer plan sobre la mesa, real y concreto, que se conoce hasta ahora en ese sentido?
Creo que sí. Porque hay otros documentos, como te decía. Pero no quiero dejar suelta la pregunta de la legitimidad, porque es importante. La comunidad internacional puede jugar un papel clave. O sea, se habla mucho de la dificultad que tiene la OEA de tener colmillo en política. Y eso es cierto en la etapa en que estamos ahorita. ¿Qué tipo de presión tiene? Es muy difícil.
Pero en temas de transición, en temas de observación electoral, tiene todo el colmillo que ha demostrado. Entonces, ahí vemos nosotros un mayor rol de la OEA y, sobre todo, jugando un papel en la transición, dándole legitimidad a este proceso.
Si mañana la OEA o la comunidad internacional les dicen a ustedes: “Estamos de acuerdo con esta junta de transición, con este plan, pero necesitamos saber quién lo va a ejecutar y cómo empieza”, ¿cuál sería el primer paso concreto y verificable que no se inscriba dentro de un marco declarativo de esta hoja de ruta?
Los procesos de transición en la práctica ocurren con conversaciones, ¿verdad?, que no hay en este momento. Y no estoy hablando de la comunidad internacional. Estoy hablando de elementos del régimen saliente.
Siempre hay, en los procesos de transición, un acercamiento de elementos que no ven solución de continuidad y dicen: “Hombre, hay que sentarse con esta gente porque esto ya se está acabando, o se acabó, se murió o lo que sea”.
Entonces, para mí, el disparador son este tipo de conversaciones. No los diálogos así con grandes reflectores y las mesas y todo. No. Sino acercamientos.
El papel de los diplomáticos puede jugar un papel importante, etcétera, para que, de alguna manera, se vaya estructurando. Ahí es donde empiezan las transiciones.
¿Nadie del régimen se les ha acercado hasta ahora?
El problema es que, si decimos que sí, estaríamos, digamos, quemando posibilidades.