La advertencia es clara para los guineenses, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur de Nicaragua. “Vuelven los calendarios de Payolines a la Ciudad de Nueva Guinea”.
En redes sociales las denuncias sobre la forma de operar de este grupo de trabajadores del sector de juegos de azar son de asombro y repudio. Según los denunciantes, operan bajo el permiso de la Alcaldía y la Policía Nacional, “estafando” a los campesinos que llegan al pueblo a vender sus cosechas. “Gente humilde e ingenua”, dicen algunos usuarios, “pero nadie los obliga a jugar”.
Una página de noticias locales indicó que estos “supuestos negocios” fueron denunciados por personas que aseguraron haber sufrido pérdidas económicas. La publicación también generó decenas de comentarios de usuarios que afirmaron haber visto operar a estos grupos en municipios de Matagalpa, Muy Muy, Santo Tomás y otras localidades del occidente del país, donde, según sus testimonios, también fueron retirados. Sin embargo, en Nueva Guinea, los “calendarios de Payolines” están de regreso.
Aunque los juegos de azar son legales en Nicaragua, no pueden operar de cualquier forma. La Ley Especial para el Control y Regulaciones de Casinos y Salas de Juegos de Azar (Ley No. 766) establece los requisitos para su funcionamiento, los lugares autorizados y las obligaciones que deben cumplir. Sin embargo, las denuncias ciudadanas evidencian que el cumplimiento y la fiscalización de estas disposiciones no siempre son efectivos.
Te explicamos cómo operan según las denuncias ciudadanas estos trabajadores del azar en Nueva Guinea y qué dicen las regulaciones vigentes.
Así funcionan los juegos de azar denunciados por los pobladores
Lo primero es que se ubican en puntos estratégicos y saben seleccionar sus víctimas. “Amo me la quisieron hacer no dicen la verdad y a pena ví el cosito ése de la chibola salí a perderme, pero una cuñada le quitaron y otras señoras de comarcas”, dice Damaris Soza.
Según los denunciantes se ubican en zonas concurridas o esquinas específicas como una cuadra antes de la micro financiera Fundeser, por la esquina de Eko Moda, en la terminal de buses. Aunque también operan puerta a puerta en los barrios de la ciudad.
Después de ubicar el punto, empieza la búsqueda de los blancos vulnerables. Pobladores de la zona indican que “le montan persecución hasta aburrirlos” e incluso les impiden el paso a las personas mayores, campesinos de otras comunidades y jóvenes hasta convencerlos de interactuar con ellos.
Luego de “corretear” a la gente, empiezan los pretextos inofensivos o tentadores que obligan a las víctimas a intercambiar palabras. Ofrecen regalos de cortesía como tarjetas para reclamar calendarios, fichas de inauguración de la tienda, tarjetas con saldo para celular. En otros casos, muestran los electrodomésticos y teléfonos móviles que, aseguran, pueden ganarse si participan en una dinámica o una rifa.
Los testimonios recopilados muestran el mismo patrón: “A mi hermano que acaba de venir de Costa Rica le ofrecieron el iPhone 18 pro Max”, “ayer uno hasta de la mano me agarró ..y me dio una ruedita ..y me dijo que estaban inaugurando una tienda …y que esa ruedita era para una rifa. . le dije que andaba rápido…”, “casualmente hoy por la mañana iba en la moto y el tipo se me metió para ofrecerme el calendario… Si provocan un accidente luego la culpa es de uno…”.
“Se sofocan para engañarlo a uno a mí no es una vez que me han salido tratando de arrastrarme a ese lugar pero no les pongo mente hasta de la mano lo quieren agarrar a uno esos sin penas”, relata otro denunciante.
Es decir, los testimonios coinciden en que la insistencia y el contacto físico forman parte del mecanismo con el que intentan captar los clientes. Incluso cuando las personas manifiestan que tienen prisa o intentan ignorarlos, persisten. Y si no logran detenerlos con su insistencia verbal, algunos denunciantes aseguran que recurren al contacto físico, sujetándolas del brazo o del a mano para conducirlas hacia el establecimiento donde, supuestamente, recibirán el premio. “Ayer uno hasta de la mano me agarró y me dio una ruedita…”, escribió otro poblador.
Según los relatos, estas personas no actúan de manera individual, y es que, mientras unos interceptan, otros permanecen en los alrededores para persuadirlos e ingresar al local.
Una vez dentro, comienzan las dinámicas sencillas. Según testimonios, lanzan chibolas o participan en rifas para generar la impresión de que obtener un premio es fácil. En las primeras rondas, los participantes reciben pequeños incentivos para creer que están más cerca de ganarse un electrodoméstico o dinero en efectivo.
Otros aseguran que primero les hacen creer que ya obtuvieron un electrodoméstico o un teléfono celular, pero luego les exigen nuevos pagos para reclamar el supuesto premio.
Este mecanismo responde a una estrategia conocida como efecto del costo hundido. Después del primer pago, aparecen nuevas condiciones: otra ronda, un impuesto, una cuota o un trámite adicional. La víctima continúa entregando dinero porque espera recuperar lo que ya invirtió o conseguir finalmente el premio prometido. Al final, según los testimonios, termina perdiendo el dinero y sin recibir el premio. En otros casos, aunque entregan un electrodoméstico, las personas denuncian que terminan pagando un monto superior a su valor comercial mediante cobros adicionales.
¿Qué dice la ley sobre estos juegos?
Según la Ley No. 766, cualquier persona o empresa que desee operar un casino, una sala de juegos o importar máquinas tragamonedas debe contar con una licencia y un permiso de funcionamiento emitido por la autoridad gubernamental. En este caso la autoridad competente es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).
Pero la disposición establece diferencias claras con este tipo de establecimientos, y es que, no cualquier juego de apuestas o de azar puede operar. Deben de tramitar una licencia y permisos, y hasta deben aprobar el “catálogo de juegos” inscritos en el MHCP. Esto significa que cualquier juego de apuestas o azar que opere de forma clandestina, que no cuente con una licencia y que sus juegos no estén dentro del catálogo oficial es clasificado como un “juego prohibido”, y está sujeto a sanciones.
El artículo 3 de la Ley No. 766 expresa que “todo juego de apuesta que opere en Nicaragua debe desarrollarse en un Casino y/o Salas de Juegos de Azar, excepto aquellos que mediante Ley se encuentren expresamente regidos bajo otro régimen jurídico específico”, lo que significa que debe de contar con un establecimiento físico, no en la calle ni acorralando a las personas.
La Ley también se refiere a los “juegos prohibidos”, en el artículo 3 y 2 inciso 6, y prohíbe que estos no garantice la aleatoriedad y seguridad, es decir, los juegos no deben estar amañados, tampoco deben de ser contrarios al orden público y que no causen perjuicios a terceros, preservando la transparencia, la honestidad y el trato igualitario en el desarrollo del juego para evitar fraudes, según el artículo que se refiere al “catálogo de juegos”.
Aunque la legislación establece que si bien existe un “catálogo de juegos”, permite que los operadores autorizados desarrollen distintas modalidad de juegos de azar o promociones que invitan a la población a jugar, pero es claro en enfatizar que estas actividades deben ajustarse a los estándares establecidos por las autoridades y realizarse dentro de los establecimientos autorizados.
¿Qué hacer si sospecha de un juego de azar irregular?
Si una persona considera que un establecimiento o grupo operan juegos de azar de manera irregular, puede presentar una denuncia ante el Consejo de Control y Regulación de Casinos, órgano encargado de supervisar y fiscalizar esta actividad en Nicaragua.
Este Consejo está integrado por el ministro del MHCP o el viceministro que se designe, el director de la Dirección General de Ingresos (DGI), de la Policía Nacional, de la Unidad de Análisis Financiero y de la oficina de Casinos y Salas de Juegos. Estas autoridades tienen la obligación de intervenir por el delito de estafa (que pertenece al Código Penal), y por mandato directo bajo esta ley específica para desmantelar, decomisar los equipos y detener a quienes operen juegos de azar no autorizados.
Toma en cuenta que según la Ley Especial para el Control y Regulaciones de Casinos y Salas de Juegos de Azar y su Reglamento (Decreto Ejecutivo No. 06-2015) establece que todo casino o sala de juegos legal está obligada a mostrar:
- El permiso de funcionamiento emitido por el Ministerio de Hacienda y su reglamento interno debe estar expuesto a la vista del público que frecuenta estos espacios.
- Los casinos y salas de juego de azar categoría A (que cuenten con 71 máquinas tragamonedas en funcionamiento o más, y/o tres mesas de juego o más” y la B (que tengan en funcionamiento de 25 a 70 máquinas tragamonedas y al menos dos mesas de juego” deben de contar con guardas de seguridad interna y externas las 24 horas del día, personal uniformado y debidamente identificado con su respectivo carnet visible, según el artículo 16 del Reglamento. Este guarda debe estar acreditado por la Policía Nacional.
- La legislación aunque permite que existan modalidad de juegos de azar o promociones que invitan a la población a jugar, no contempla la figura del “casino callejero” ni de “promociones en las esquinas”. Es decir, todo juego de azar autorizado debe realizarse exclusivamente dentro de una infraestructura aprobada.
- Para proteger a las personas que frecuentan estos establecimientos, la ley obliga a estos negocios a colocar carteles visibles y grandes en la entrada que prohiban la entrada a menores de 18 años de edad, personas en estado de ebriedad y armados. Además, mandata que deben tener carteles con mensajes que se refiera a la prevención de delitos de trata de personas y de explotación, de no cumplirse con esta normativa, incurrirá multas.
Las denuncias sobre este tipo de operaciones, que hoy los pobladores de Nueva Guinea denuncian y alertan a la población de no caer en estos juegos, no son nuevas en Nicaragua.
En mayo de 2026, medios oficialistas informaron que la Policía Nacional detuvo a 14 personas señaladas de integrar una presunta red de estafadores que operaba mediante juegos de azar durante una feria en Siuna, en la Costa Caribe Norte. En febrero de 2021, en Ocotal también denunciaron que campesinos fueron objeto de estafas a través del juego de una tómbola.
Esa recurrencia hace necesario que la población permanezca alerta, verifique que estos establecimientos cuenten con las autorizaciones exigidas por la ley y denuncie cualquier irregularidad ante las autoridades competentes.
