El 5 de febrero de 2007 elPeriódico publicó un reportaje titulado «Irregularidades en el Banco de los Trabajadores», una investigación que salpicó a los entonces directivos de esa entidad bancaria, quienes para «aclarar la situación», buscaron una reunión con José Ruben Zamora, el fundador y presidente del medio.
Dieciséis años después, los detalles de ese encuentro se discutieron en el juicio que se sigue contra Zamora acusado de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. Ronald García Navarijo, uno de los tres banqueros que estuvo en la reunión, declaró bajo juramento que a partir de ese día el banco se vio «obligado» a pagar pauta de publicidad anual para no aparecer en las notas del diario y que desde allí habría iniciado un chantaje.
Sin embargo, el testigo no aclaró por qué esperó más de una década para denunciarlo, ni por qué si estaba siendo chantajeado buscó a Zamora para pedirle apoyo para contactarse con los investigadores de su caso y convertirse en colaborador eficaz.
Entre los últimos testigos que se presentaron al juicio también estaba Heidi Maricruz Muñoz Samayoa, la fiscal y exjefa de Samari Gómez, exauxiliar fiscal juzgada por supuesta revelación de información confidencial. También un hombre que aseguró que fue víctima de un tumor cerebral por aparecer en elPeladero, la sección de chismes de elPeriódico; también lo hicieron peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Recibe nuestro boletín semanal
«¿Quién es usted?»
Los últimos días del juicio contra Zamora han sido intensos.
El periodista se quedó sin sus dos abogados de confianza, uno renunció por el estrés que le causaba el debate y la otra fue despedida tras constantes tensiones con el Tribunal.
Después, el periodista pidió que le nombraran una defensora pública que ya conocía su caso, la Fundación contra el Terrorismo denunció esa petición y a la abogada asignada, lo que provocó que esta ni siquiera se presentara a la sala de audiencias y que en su lugar, el Instituto de la Defensa Pública Penal enviara a otra persona.
Esto sucedió el jueves 18 de mayo. Zamora acaba de llegar a la sala de audiencias cuando un hombre de estatura baja, lentes, bigote gris y un bolso de cuero se sentó a la par de él. Era un completo desconocido. El hombre se presentó como su nuevo abogado, nombrado por el IDPP. El momento tomó por sorpresa al periodista porque dos días antes, el IDPP había designado a Fidencia Orozco como su defensora pública, luego de que Zamora prescindiera de los servicios de la abogada Patricia Guillermo de Chea.
Orozco ya conocía el expediente, pues lo acompañó en una audiencia; además, y a partir de su nombramiento había tenido comunicación con la familia del empresario y recibió documentos clave para tomar el juicio. Sin embargo, la Fundación contra el Terrorismo denunció la designación de Orozco por supuesto tráfico de influencias al pedir Zamora que ella lo defendiera.
El periodista trató de explicarle al Tribunal que no comprendía dónde estaba Orozco y quién era su nuevo abogado, pero la respuesta de la jueza Oly González fue que no podía hacer nada.
Así, Zamora se sentó junto a un desconocido hasta ese momento. En su primer intercambio de palabras, el periodista le pidió que solicitara los cinco días hábiles que por derecho tenía para estudiar el expediente antes de tomar su defensa. El abogado se negó y dijo que había sido asignado para tomar el caso de inmediato.
Su nombre es Joél Iván Reyes Guzmán, quien se postuló para ser magistrado de la Corte de Apelaciones. En el curriculum que presentó para aspirar al cargo dijo que brindaba servicios profesionales en el IDPP como coordinador de derechos humanos.
Durante el juicio, la primera prueba que tuvo a la vista fue la fotocopia del reportaje que elPeriódico publicó en 2007. Reyes rechazó ser entrevistado para esta nota, por lo que se desconoce cuál es su trayectoria profesional en casos penales y cuál será su estrategia de defensa.
Zamora y Navarijo, cara a cara
García Navarijo es el denunciante y testigo clave del juicio contra el periodista y fundador de elPeriódico. Contador público y auditor, trabajó en el Banco de los Trabajadores durante 25 años, donde llegó a ser parte de la junta directiva; este fue su primer y último trabajo.
En este caso, García Navarijo es testigo y en otro está por enfrentar juicio por una acusación de lavar dinero en el mismo banco, cargos por los que permaneció prófugo durante más de un año y, al ser capturado, se recluyó en un hospital para evitar la cárcel. La jueza Yassmin Barrios es la presidenta del tribunal que conocerá este juicio.
Zamora dijo que llegó a convertirse en su amigo y en una de sus principales fuentes de información. Ahora, el exbanquero es cliente de Raúl Falla, abogado de la Fundación contra el Terrorismo, quien lo representa en el juicio.
En julio de 2022, el denunciante se coordinó con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) para montar un operativo; uno de los testigos, Martín Lorenzo Godoy, relató que fue el agente policial asignado esa misma mañana para ir a la oficina del exbanquero a hacer la vigilancia y documentación del encuentro con los trabajadores del medio que llevaban el dinero y los documentos.
En el juicio el MP presentó una conversación grabada por García Navarijo donde dijo a Zamora que le bancarizaría 300,000 quetzales —unos 38,400 dólares— y que enviara el efectivo y una factura a su oficina; en el lugar uno de los allegados de García Navarijo, Luis Humberto Chinchilla Estrada, testificó ante el Tribunal que se inventó un nombre para recibir el dinero y entregar un cheque mientras todo era grabado. Al día siguiente, Zamora fue capturado.
En el día 7 del juicio, García Navarijo testificó frente al Tribunal Octavo a petición del Ministerio Público. Su declaración llegó cuando Zamora se encontraba en lo más débil de todo el debate; cambió de abogados casi una decena de veces y el más reciente de sus defensores fue nombrado una noche antes por el Estado. Esto le permitió a la fiscal Cinthia Monterroso interrogar al testigo largo y tendido, sin que nadie de la defensa objetara sus preguntas.
En dos horas de interrogatorio, García Navarijo respondió que el supuesto chantaje denunciado era «su percepción de que podría ser afectado» si no llegaba a un acuerdo para pautar; reconoció además que buscó a Zamora para que le ayudara a llegar a un acuerdo con la fiscalía.
Las contradicciones del testigo
En 2007, después de su primera reunión con el presidente de elPeriódico, García Navarijo dijo que el banco llegó a la decisión de pagar pautas anuales y comprar periódicos impresos para sus inversionistas, y que para eso presupuestaban hasta 800,000 quetzales anuales —unos 102,500 dólares—. García Navarijo dijo que percibió que fue un chantaje para que dejaran de publicar notas sobre el banco. Más adelante dijo que cada año se reunía con «todos los medios de comunicación» para presupuestar publicidad.
A partir de allí aseguró que ni él ni el banco volvieron aparecer en las páginas de investigación del diario. Los pagos en publicidad se hacían en cheque y todo se complicó hasta que la antigua Feci pidió la captura de García Navarijo. Según su relato, al ser detenido sufrió de hipertensión y fue internado en un hospital privado, donde lo visitaron dos funcionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) para discutir si podía convertirse en un colaborador eficaz del caso.
Acá inician los señalamientos cruzados entre el acusado y el testigo. Según el exbanquero, ambos funcionarios llegaron por su cuenta al hospital, mientras que Zamora insiste en que García Navarijo le pidió apoyo para hablar con los investigadores y llegar a un acuerdo.
Mientras eso ocurría, García Navarijo también estaba haciendo las gestiones para que la Feci desistiera de extinguirle una cifra millonaria, que originalmente se dijo que fueron 33 millones de quetzales —unos 4.2 millones de dólares—. El exbanquero insiste en que el dinero era producto de sus sueldos en el banco y que todavía está en trámites legales para recuperarlos.
Para esto, el denunciante dijo bajo juramento que habló con Zamora para pedir su apoyo para que le liberaran los fondos. También señaló directamente a la exauxiliar fiscal Gómez de haberle dicho que el acuerdo de colaboración y la entrega del dinero sería rápida si cedía sus acciones del banco; sin embargo, dicha conversación no la grabó como lo hizo con el resto de reuniones con Zamora, y su único testigo, uno de sus abogados, no fue propuesto para declarar en el juicio, por lo que ese extremo no se pudo comprobar.
García Navarijo aseguró que entregar esas acciones le permitiría a quien las adquiriera tener el control político del banco. Sin embargo, minutos más tarde se contradijo.
Cuando la defensa de Gómez le cuestionó sobre el tema, el testigo dijo que el Banco de los Trabajadores tiene 200 millones de capital autorizado —25.6 millones de dólares— y que sus acciones suman 20,000 —unos 2,500 dólares—, una suma que equivale a menos del 0.1%.
«No tiene un peso significativo dentro del banco como tal, sí tengo 2,000 acciones pero en función a la materialidad del capital del banco, es totalmente inmaterial».
García Navarijo declaró en el juicio que por recomendación de su abogado solicitaba reuniones en una oficina anexa de la Feci para hablar de su posible colaboración eficaz. También dijo que se reunía en la casa de Zamora junto a Juan Francisco Sandoval. Entre sus objetivos principales estaban recuperar el dinero congelado, algo que todavía está tratando de lograr.
El caso contra Zamora nace de una denuncia que García Navarijo presentó porque supuestamente le solicitó «bancarizar 1 millón de quetzales en varias etapas, la primera por 300,000».
La principal prueba de esa aseveración es la captura de pantalla en la que intercambian tres mensajes en los que lee que Zamora le dice al exbanquero: «Necesitamos un millón para hoy y solo he conseguido 150,000 quetzales, el martes de la semana entrante me dijeron que tienen 250,000, el miércoles 200 y el viernes 300,000, pero la gente está muy ofuscada, necesitan ya su Bono 14».
Dentro de las pruebas no se incluye el contexto de la conversación, tampoco los mensajes intercambiados antes o después. En el juicio, García Navarijo dijo que era la primera vez que Zamora le hablaba del tema y del monto. Mientras que el periodista asegura que nunca le mencionó la frase «lavar dinero».
El testigo dijo en el juicio que sabía que los 300,000 en efectivo estaban relacionados a una venta de publicidad, y que su apreciación fue que si era dinero de orígen lícito, «otra persona solo lo hubiera depositado en el banco».
A la pregunta de si Zamora lo chantajeó para bancarizar ese dinero, García Navarijo dijo que el periodista «es una persona que es amigo o enemigo, y yo estaba claro que si no accedía a eso iba a salir en los medios de comunicación y así fue, nuevamente empecé mencionado en elPeriódico».
Esas menciones, dijo el testigo, ocurrieron después de que Zamora fue capturado, es decir, cuando ya se sabía que la denuncia la presentó él. El exbanquero también dijo que consideraba que los acercamientos que el periodista hizo con el exfiscal Juan Francisco Sandoval, eran con el objetivo de quedarle debiendo un favor.
«No sé si es chantaje, si es chantaje emocional o presión psicológica o si es alguna otra palabra que pueda configurarse en esta relación; sin embargo, yo estaba claro que en la medida que yo me negara podría estar en riesgo de ser atacado, o podría ser que no, pero mi percepción era esa”.
En conclusión, el principal testigo del MP no aportó detalles que evidenciaran que el dinero que recibió de Zamora fuera ilícito, reconoció que buscó al periodista y que se reunió con él para pedirle apoyo para resolver su situación jurídica, negó haber buscado acercamientos con la Cicig para recuperar el dinero congelado y acusó a Gómez de pedirle sus acciones del banco pero no presentó ni una denuncia formal, ni una grabación, ni al abogado que supuestamente atestiguó el chantaje.
Lo que viene
Mientras que la Fiscalía presentó casi a una treintena de peritos y testigos, a Zamora un juzgado le autorizó solo ocho pruebas de descargo para presentar en el juicio, entre ellas está su documento de identificación, su certificado de nacimiento y sus antecedentes penales. Ningún testigo declaró a su favor, ya que a quien propusieron, Juan Carlos Marroquín Godoy, fue capturado días antes de que iniciara el debate.
La única testigo propuesta por Samari Gómez fue Heidi Maricruz Muñoz Samayoa, su exjefa en la Feci, quien al ser interrogada declaró que Gómez trabajaba bajo autorización de Juan Francisco Sandoval, extitular de esa fiscalía, y que cuando este fue destituido, la dinámica de trabajo cambió. Ahora los auxiliares fiscales como Gómez se comunican solo con su jefe inmediato, y son ellos quienes coordinan con el jefe de la unidad.Rafael Curruchiche,estaba en la sala de audiencias tomando notas mientras Muñoz, quien todavía trabaja para el MP, declaraba.
El fiscal Curruchiche dijo a Plaza Pública que la declaración de Muñoz probaría que él no trata directamente con auxiliares fiscales.
“Yo me entiendo directamente con los agentes fiscales, yo no trato con los auxiliares fiscales respetando ese nivel de jerarquía que hay”, señaló. Para la actual Feci, Gómez se habría sobrepasado a su autoridad, su jefa directa, la agente fiscal, al consultar sus casos cuando Juan Francisco Sandoval dirigía la fiscalía.
Gómez respondió a Plaza Pública que la jefatura de Sandoval era una “política de puertas abiertas para fiscales, auxiliares y usuarios. Cualquiera podía llegar a la oficina y hablar con él”.
“Si algún agente fiscal no estaba y necesitábamos algo urgente, íbamos con él y se le explicaba qué estaba sucediendo y él nos decía haga eso, diga esto, vaya…Cuando llegó el fiscal Curruchiche a nosotros se nos instruyó que teníamos que ir primero con el agente fiscal y él directamente hablaría con el fiscal de sección porque él quería que se respetaran las jerarquías”, dijo Gómez.
La exauxiliar fiscal es acusada de supuestamente filtrar información de sus casos a Sandoval cuando él ya no trabajaba en la Feci, sin embargo, en el juicio el MP no aclaró qué, cómo y cuándo lo habría hecho.
Se espera que esta semana, las partes inicien con la presentación de sus conclusiones, es decir, lo que interpretan que revelan las pruebas expuestas, el paso previo a que se emita una sentencia.
Publicado originalmente en Plaza Pública.