La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el oficialismo, aprobó este miércoles reformas a la Ley contra el Crimen Organizado para aumentar las penas para los cabecillas de pandillas y para la realización de procesos penales por estructura delictiva, es decir “juicios masivos”, lo que anularía los procedimientos individuales. La decisión oficializa una práctica que la justicia salvadoreña ya venía realizando de facto ante el elevado número de detenciones de pandilleros, entre ellos miles de ciudadanos que no tienen vínculos con estas estructuras delictivas.
La decisión ha generado alarma en un contexto bajo el cual, calculan organismos de derechos humanos, hay al menos 5 mil 490 “víctimas directas, inocentes” apresados por esta política de mano dura.
La primera reforma, aprobada con los votos de 67 parlamentarios de 84 en la Asamblea Legislativa, establece procedimientos penales por grupo o célula de pandilla, lo que supone que los detenidos en el contexto del régimen de excepción, implementado para combatir a las maras (pandillas), podrían ser agrupados en alguna de las estructuras para ser sometidos a un solo proceso penal.
Según el dictamen leído, durante la sesión plenaria de hoy, lo anterior “facilitaría a los jueces dictar sentencia de forma más rápida a los criminales y evitar que miembros de estas estructuras delictivas salgan en libertad”.
Recibe nuestro boletín semanal
El diputado de oposición Jaime Guevara señaló que la reforma aprobada representa “un riesgo y una amenaza para los presos inocentes que están en las cárceles a esperas de un procedimiento penal justo”. “Esto supondría que cualquier capturado sea incluido a un grupo de pandillas para que enfrente su proceso penal como estructura y no de manera individual, lo que violenta el debido proceso”, apuntó. La parlamentaria Claudia Ortiz, por su parte, señaló que la reforma “únicamente servirá para hacerle el trabajo más liviano a la Fiscalía, para que ya no tenga que investigar”.
Jueces “pasapapeles”
La presidencia de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia recibió el anteproyecto de ley tan solo 24 horas antes de ser aprobado para que pudieran emitir observaciones al respecto. Pese al corto tiempo, la magistrada Sandra Luz Chicas advirtió que la reforma tiene elementos “decorativos” hasta otros que podrían convertir a los jueces en “pasapapeles”.
“Pareciera que el juez va a ser solo pasapapeles y no va a poder valorar”, insistió Chicas. “La observación (sobre el aumento de penas a los cabecillas de las maras) es el principio de proporcionalidad, porque pudiera haber una crítica técnica de que se diga que se le está poniendo más pena al que dio la orden que al que directamente mató. Hoy por hoy, el autor directo, el coautor y el mediato tienen igual pena, ni más ni menos”, explicó la presidenta de la Sala de lo Penal.
Un grupo de expertos de Naciones Unidas (ONU) alertó en mayo pasado que durante las audiencias iniciales, en las que los jueces revisan la legalidad de un arresto y deciden sobre los cargos y la prisión preventiva, se celebran en grupos de hasta 500 personas. “A los defensores públicos se les ha dado de tres a cuatro minutos para presentar los casos de 400 a 500 detenidos a la vez. También se ha informado sobre juicios masivos. Estos procesos son, a menudo, realizados de manera virtual, socavan el ejercicio del derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los detenidos”, sostienen los expertos.
La cifra de personas detenidas en El Salvador en el contexto de un régimen de excepción asciende a más 71.770, según dijo recientemente el titular del Ministerio de Seguridad, Gustavo Villatoro. De acuerdo con las denuncias recabadas por organizaciones humanitarias divulgadas recientemente, la cifra de “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción llegó al menos a 5.490.
Las cifras compartidas por las organizaciones sociales indican que son unos 13.581 “hechos violatorios”, de los que el más denunciado es la detención arbitraria en el 95,32 %, entre el 27 de marzo de 2022 y el 30 de junio pasado. El régimen de excepción fue aprobado en marzo de 2022 por un periodo de un mes y ha sido ampliado en reiteradas ocasiones por los diputados. Si bien la agresiva política ha neutralizado el accionar de las maras, lo que ha reforzado la popularidad de Bukele –al punto de buscar la reelección contraviniendo la constitución de ese país–, los organismos de derechos humanos han documentado una ristra de vejámenes. Amnistía Internacional denunciaba en mayo pasado sobre la muerte de 132 personas bajo custodia del Estado, violaciones flagrantes al debido proceso y desapariciones forzadas.
Aumento de penas
Los diputados oficialistas y sus aliados en el Parlamento también aprobaron, con 67 votos y a petición del Gobierno del presidente Nayib Bukele, una reforma para aumentar la pena de cárcel para los líderes de pandillas. La sentencia máxima para los cabecillas pasará de 45 a 60 años de prisión.
En marzo de 2022, los legisladores establecieron penas de entre 40 y 45 años de cárcel para “los creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas”. Hasta antes de esta reforma, la pena para los cabecillas de maras eran de 6 a 9 años.