Tras las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado desde abril de 2018, el país se enfrenta al enorme reto de evitar que esos crímenes queden impunes. Expertos consultados por Divergentes explican las implicaciones de la llamada justicia transicional y lo que se necesita para establecerla y de esta manera determinar qué pasó, reparar a las víctimas y juzgar a los responsables
Casi tres años han pasado desde la brutal represión del régimen de Daniel Ortega contra las protestas que en 2018 exigieron el fin de su mandato. Violaciones a los derechos humanos que incluyen más de 300 muertos, sin que haya aún justicia para las víctimas y sus familiares, a pesar de las pruebas, testimonios e informes de organizaciones nacionales e internacionales que documentan la responsabilidad del Estado. Los culpables, sin embargo, continúan en libertad. Tampoco hay programas de reparación y de no repetición para quienes han sufrido la violencia estatal en un país que tiene quebrado su estado de derecho, con una Policía, tribunales, jueces y fiscalía cooptados por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). ¿Qué opciones tienen para hallar justicia? Los expertos ponen sus ojos en la llamada justicia transicional.
Se trata de un proceso que se ha llevado a cabo en algunos países tras salir de dictaduras, como la que actualmente manda en Nicaragua, para esclarecer violaciones de derechos humanos. Se le ha llamado justicia transicional, porque se aplica en aquellas naciones que transitan hacia la democracia, aunque tampoco ofrece recetas o un marco exacto para seguirlo al pie de la letra. Todo depende de las condiciones políticas, culturales, y sociales de cada una de las naciones donde se ha utilizado.
En este artículo intentamos explicar de qué se trata la justicia transicional y si sería la ideal para aplicar en Nicaragua. Algunos expertos consultados afirman que podría ser un buen instrumento para utilizar por un nuevo gobierno en el poder, mientras que otros alegan que lo que se debería de buscar es la justicia convencional o universal. En el fondo se buscan los mismos objetivos: acceder a la verdad, reparar a las víctimas, buscar la admisión de violaciones de derechos humanos y abrir procesos de no repetición. ¿Cómo se podrían lograr en Nicaragua?
El abogado constitucionalista Gabriel Álvarez dijo que bajo la actual dictadura que existe en Nicaragua no hay posibilidades de acceder a la justicia transicional. Como mínimo debería de haber un nuevo gobierno que tenga las condiciones para impulsar un modelo de justicia para “superar la crisis de manera integral”.
Aunque Álvarez considera que la justicia transicional puede ser un “buen instrumento para llegar a la verdad y la reparación de las víctimas, que son aspectos que ineludiblemente se tendrán que resolver”, el nuevo gobierno decidirá si la impulsa. La otra opción, comenta, es “fortalecer el sistema institucional (Policía, Corte Suprema, Fiscalía, entre otros aparatos de justicia)”.
La justicia para las víctimas sólo podría llegar con un gobierno que transite hacia la democracia y genere los cambios en el sistema político y judicial: en la Constitución y los órganos que imparten justicia. Una de las primeras acciones que pudiera implementar un nuevo gobierno es adherirse al Estatuto de Roma, para que haya jurisdicción internacional y pueda intervenir la Corte Penal Internacional de Justicia de La Haya. De esta manera un violador de derechos humanos nicaragüense puede ser juzgado en otro país que no necesariamente sea el de su origen, como recientemente fue condenado en España a 133 años de cárcel el coronel retirado salvadoreño Orlando Montano.
Para el politólogo nicaragüense Silvio Prado, uno de los primeros pasos que se deben tomar es separar a la justicia de los acuerdos políticos, es decir que debe ser vista “como un valor cardinal” del sistema político. “En la historia de nuestro país se ha llegado a acuerdos y pactos para someter a la justicia y esto ha generado impunidad”, advierte.
puede ser transicional o convencional. Ambas implican el siguiente paso
para la depuración de los órganos de justicia: Policía, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía, Ejército, entre otros.
La Coalición por la Justicia en Nicaragua, un grupo de especialistas nacionales y extranjeros en este tema, en su propuesta para el acceso a la justicia sobre las violaciones de derechos humanos cometidas a partir de 2018, reivindica la importancia de la autonomía de la justicia y recomienda “tomar distancia de toda iniciativa que utilice la justicia como una herramienta de negociación en Nicaragua, porque esta aproximación siempre ofrece como resultado una justicia devaluada”.
Esto quiere decir que los jueces que se nombren encaren de forma independiente los conflictos del país, y que no sean los políticos, que se mueven por intereses determinados, los que tomen las decisiones sobre este tema.
Álvarez considera que puede haber una justicia convencional sin acuerdo político, pero para que ocurra debe haber un cambio drástico en las correlaciones de fuerzas políticas que existen en Nicaragua. El constitucionalista dijo que para que haya justicia transicional, al menos como concepto, debe existir un acuerdo político entre las partes, los sandinistas y antisandinistas. “Si un nuevo gobierno impone la justicia a los sandinistas, no sería una justicia transicional. Esto exige un acuerdo nacional, muy amplio, para que en realidad sea efectiva”, agregó Álvarez.
La comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, dijo que la justicia transicional surge como un intento de las sociedades por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos y graves violaciones como la situación que atraviesa Nicaragua. “La reconstrucción de la confianza ciudadana en la institucionalidad estatal tiene que ir acompañada de mecanismos que den garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición de violaciones de derechos humanos, y en este sentido la reparación en materia de justicia transicional es un elemento central para la reconstrucción de la confianza después de este pasado autoritario y de abuso”, agregó.
Los expertos consultados consideran que el nuevo gobierno debe buscar los cuatro principios que definen a la justicia: el reconocimiento de las violaciones de derechos humanos por parte del Estado, el acceso a la verdad, medidas de reparación y ofrecer garantías de que no se repitan, más allá de los modelos de justicia transicional, convencional o universal que decidan impulsar.
Además, se deben hacer reformas legales que permitan la conformación de comisiones internacionales, como la Comisión de Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y cuyo objetivo sea esclarecer la verdad y la judicialización.
Silvio Prado considera oportuno crear una instancia especial de judicialización, que implique la creación de tribunales especiales para que los responsables rindan cuentas. “Esto nunca ha ocurrido en el país, ni siquiera después del derrocamiento de la dictadura somocista. Los tribunales anti somocistas no dieron garantías a los acusados. Fueron mecanismos de vendettas políticas y revanchas”, dijo Prado. “Si se ve desde la revancha política, este modelo se dañó”, advierte el analista.
Ejemplos de justicia transicional existen varios y diversos en el mundo. Desde los acuerdos entre los guerrilleros colombianos y el gobierno, hasta la búsqueda de la verdad en los conflictos armados y de corrupción en El Salvador y Guatemala. “Yo miro largo este proceso. Tiene que haber una cultura y visión distinta de la que existe ahora, incluso en el liderazgo de la oposición”, dijo Álvarez, quien considera a la justicia transicional como “un instrumento que ofrece un gran valor para superar la crisis de 2018 y que sane las heridas”.
Otro de los puntos fundamentales de la justicia transicional son la reparación a las víctimas y la no repetición. En este sentido, Antonia Urrejola, quien es Relatora Especial para Nicaragua y fue integrante del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), que esclareció la masacre de abril de 2018, dijo que la reparación tiene un efecto no sólo para las víctimas, sino también hacia la sociedad como una medida de no repetición, lo cual genera un efecto colectivo. “Tiene un efecto hacia la sociedad toda porque cuando hablamos de reparación es importante entender que no estamos hablando de una reparación solo económica, la reparación también puede ser estructural”, agregó.
El reto en Nicaragua es enorme. La Coalición por la Justicia señala que “la impunidad pactada ya no es una opción como lo fue en el pasado”. Y aunque en el país aún no hay condiciones para un cambio democrático, porque no hay voluntad política de la pareja Ortega Murillo, los expertos tienen claro que el gobierno que tenga en sus manos la transición a la democracia tiene el deber de llevar ante los tribunales a quienes se hayan visto implicados en violaciones a los derechos humanos.