Samantha Jirón
19 de abril 2023

La cárcel interrumpió mi proyecto de vida

Samantha Jirón en una de las primera marchas de abril de 2018 en su natal Masaya.

Tengo 23 años, soy activista política, defensora de Derechos Humanos, feminista y artista. Estuve exiliada en Costa Rica como consecuencia de mi participación durante la crisis de abril, desde el 2018 hasta el 2020, cuando decidí continuar mi activismo político dentro del país. Me integré a la lucha cívica dentro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). No creí que ese empeño me llevaría a la cárcel a tan temprana edad. 

Hasta antes de mi captura, era estudiante universitaria de Periodismo y Ciencias Políticas. Fui presa política durante un año y tres meses en las cárceles de la dictadura de Nicaragua, acusada de los falsos delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad”. Además, me endilgaron “propagación de noticias falsas”. Delitos entrecomillas por los cuales fui sentenciada a 8 años de prisión y a pagar una multa de 30 mil córdobas, luego de un proceso ilegal y arbitrario desde mi detención, catalogada como un secuestro por su naturaleza, las condiciones del juicio y las condiciones de detención en la cárcel “La Esperanza’’. Fui excarcelada y desterrada con 221 presos políticos el 9 de febrero de este año y desde esa fecha me encuentro en los Estados Unidos. 

La cárcel, evidentemente, interrumpió mi proyecto de vida, que lo puedo resumir en tres aspectos: el primero, finalizar las dos carreras universitarias que estudiaba, el segundo, continuar trabajando como activista política estudiantil para aportar a la construcción de un país con justicia, paz, democracia y libertad, y el tercero, seguir siendo una defensora de los derechos humanos. La injusta prisión que sufrimos y nuestro desplazamiento evidencian que los derechos humanos han sido gravemente vulnerados por el régimen de Daniel Ortega, superando incluso precedentes históricos en América Latina. El exilio y el destierro no han disminuido mi voluntad de continuar en el camino que decidí emprender a partir de abril de 2018, cuando desde las calles de la ciudad en que nací, Masaya, salí a protestar de manera cívica y pacífica ante los desmanes del régimen totalitario.  

El 9 de febrero recibí en la cárcel la noticia de que nos trasladaban a otro lado, pero nunca nos dijeron hacia dónde nos llevaban… nos dimos cuenta del destino hasta que llegamos al aeropuerto de Managua. Nos entregaron pasaportes nuevos, los cuales al llegar a este país fueron desactivados, y nos obligaron a firmar un consentimiento de abandono “voluntario” de Nicaragua. Posteriormente, me di cuenta de que los 222 excarcelados habíamos sido desnacionalizados, es decir, nos declararon apátridas. Habían borrado nuestros datos en el Registro Civil de las Personas, lo que equivale a eliminar nuestra existencia legal en el país. Nos confiscaron nuestros bienes, intervinieron nuestras cuentas bancarias, y, por si fuera poco, perdíamos a perpetuidad nuestros derechos ciudadanos. Estábamos ante una nueva modalidad de venganza y represión gubernamental, ciega y absurda, como todo lo que ha hecho Daniel Ortega y Rosario Murillo a partir de abril de 2018. 

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En América Latina, en las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado proliferaron las dictaduras más terribles del Cono Sur, ninguna de ellas, a excepción de la dictadura chilena de Augusto Pinochet, arrebató masivamente la nacionalidad a sus opositores. En consecuencia, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo supera con creces a los dictadores argentinos, uruguayos, bolivianos, paraguayos, peruanos, venezolanos, dominicanos, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos de aquella época. Por eso el sandinismo es justamente equiparado ahora con el nazismo y se le atribuyen crímenes que ofenden a toda la humanidad. 

A la perdida de la nacionalidad de las 222 personas privadas de libertad por motivos políticos, se suman 94 nuevas víctimas de la política de terrorismo de Estado que implementa la dictadura, una nueva táctica de represión, venganza, y violación a sus nuestros derechos, el destierro, la confiscación y la desnacionalización son violatorias de la Constitución Política de Nicaragua, que ha sido reformada tantas veces y hecha como un traje a la medida de los intereses del tirano de turno. Tales medidas también son además violatorias de los derechos humanos universales, que en los artículos 9, 13, 15 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos contraviene todo lo actuado por los dictadores Ortega y Murillo. 

La respuesta de la comunidad internacional ante estas aberraciones jurídicas y atrocidades ha sido un excelente mecanismo de presión al régimen. Estados Unidos nos ha beneficiado con un parole humanitario que nos permite permanecer en el país por dos años, además de poder solicitar asilo político durante este periodo. España, Chile, Brasil, Argentina, Colombia y México nos han ofrecido la oportunidad de ser ciudadanos de estos países mencionados, lo cual agradezco profundamente. Sin embargo, el pueblo nicaragüense que se encuentra sufriendo el exilio y la persecución, dentro y fuera del país, desea que esta misma comunidad internacional tome medidas más audaces en contra de la dictadura. Hemos visto que la presión internacional rinde sus frutos. De los ocho años que había sido condenada, únicamente estuve un año y tres meses en la cárcel, y fue gracias a esa presión y al trabajo de distintos actores. 

Recientemente, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, (GHREN), mediante una investigación minuciosa llevada a cabo, ha declarado en su informe que el régimen ha cometido ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, incluyendo violencia sexual, deportaciones forzosas y persecución por motivaciones políticas, todo lo cual constituyen crímenes de lesa humanidad. Ortega se ha superado así mismo al consolidar una dictadura nefasta en América Latina, capaz de cometer los peores atropellos, con tal de perpetuarse en el poder. Además, hay que sumarle la terrible persecución que lleva a cabo en contra de la Iglesia Católica. Una docena de clérigos y laicos religiosos viajaron en el Vuelo de la Libertad que nos trajo a los Estados Unidos, quedando en prisión Monseñor Rolando José Álvarez, miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y obispo de la Diócesis de Matagalpa, junto a docenas de prisioneros políticos que purgan injustas condenas. 

Nicaragua vive en un SOS permanente. No solo es la grave situación a la violación a los derechos humanos de las y los nicaragüenses, sino también por el éxodo histórico, principalmente de jóvenes y mano de obra calificada. La dictadura que existe en Nicaragua además representa un problema para toda la región y la seguridad para Estados Unidos. Como víctima directa del régimen pido que se realicen acciones de mayor contundencia de parte de la comunidad internacional, acciones que permitan llevar a la justicia a los culpables directos e indirectos de todos estos crímenes. Que se continúe demandando sin descanso la libertad de todos los presos políticos, el cese del terrorismo de Estado, sin más muertos, sin más presos, sin más exiliados, con el fin de posibilitar una transición pacífica para Nicaragua.

ESCRIBE

Samantha Jirón

Era estudiante de Ciencias Políticas y Comunicación Social. Hizo activismo político en la Unidad Nacional en Nicaragua, UN, y la Alianza de Jóvenes y Estudiantes Nicaragüenses (AJEN). Es parte de la 7ma promoción de Formación de Liderazgo para personas jóvenes “Lidera y deja tu Huella” de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung; FLACSO COSTA RICA; Consejo de la persona joven, y Ministerio de Cultura y Juventud. Fue presa política de la dictadura Ortega-Murillo.