Esta semana se espera que continúen los despidos en varias instituciones del Estado, luego de que el régimen hizo pública la continuidad en evaluación por cartera. La medida está orientada a “generar mayor disponibilidad de recursos del Presupuesto General de la República”, pero también optimizar el capital humano.
El régimen ordenó la congelación de todas las plazas vacantes y la suspensión de nuevas contrataciones de personal en todos los poderes del Estado, días después que anunciara un plan de austeridad en el gasto y la gestión pública, informaron el pasado 8 de agosto las autoridades.
La medida, que entró en vigor a partir del 7 de agosto de 2024, fue anunciada por el ministro nicaragüense de Hacienda y Crédito Público, Bruno Gallardo, a través de una circular dirigida a los presidentes de los cuatro poderes del Estado, así como a los titulares de entes descentralizados, instituciones financieras y empresas públicas.
“Quedan congeladas todas las plazas vacantes y nueva contratación de personal a partir del 7 de agosto de 2024 de todas las nóminas de las entidades y organismos del sector público integrado en el Sistema de Nómina Fiscal, así como las que se encuentran fuera de este”, señala la circular de Hacienda, bajo el asunto “Lineamientos para contratación de personal”.
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Cuando sea necesario contratar nuevo personal, se deberá remitir solicitud fundada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Función Pública, debidamente acompañada con la documentación conforme el marco normativo, de acuerdo con la información. La cartera de Hacienda gestionará la autorización con Presidencia de La República, agrega.
El plan de “austeridad”
El pasado 2 de agosto, el régimen Ortega-Murillo anunció que implementará “ordenamiento, restructuraciones y rediseños, a fin de promover el ahorro y la eficiencia en el gasto y la gestión pública”, tras realizar una evaluación de los programas al cerrar el primer semestre de este año.
El Ejecutivo explicó que esa “medida está orientada a generar mayor disponibilidad de recursos del Presupuesto General de la República, para fortalecer la atención directa y propiciar mayores avances en cada una de las propuestas en desarrollo, para atender y resolver retos pendientes”.
“Esta revisión nos permitirá movilizar más recursos del ahorro obtenido, para agilizar respuestas en todas las gestiones pendientes. Igualmente, optimizará nuestro capital humano con estabilidad, calidad, profesionalización y más altos rendimientos en el servicio público”, indicaron.
Asimismo, el régimen dijo que emprenderá el segundo semestre de 2024 “con más fortaleza y capacidad de acción rápida frente a las tareas que reclaman mayor prontitud y eficacia”.
La principal crítica hacia la nueva medida: generará más desempleo
La opositora Concertación Democrática Nicaragüense (CDN-Monteverde) criticó el jueves pasado la política de austeridad implementada por Daniel Ortega, y advirtió que la misma traerá más desempleo y pobreza.
“Primero te robaron tu derecho a la liquidación y ahora amenazan con quitarte tu empleo con la excusa de que necesitan optimizar los recursos del Estado. El régimen Ortega Murillo paga la lealtad de los empleados públicos de Nicaragua con despidos”, señaló en la red social X el movimiento opositor nicaragüense en el exilio, en un mensaje dirigido a los trabajadores del Estado.
Según CDN-Monteverde, el Gobierno sandinista no ofrece estabilidad a nadie, y que, como oposición, luchan para construir una administración pública eficiente en Nicaragua, con oportunidades para todos.
En una entrevista con el programa Esta Noche, el economista Enrique Sáenz resaltó la “contradicción” que existe entre una campaña oficial triunfalista, sobre supuestos éxitos en materia económica, y el anuncio de una “reestructuración”.
“El régimen orteguista habla de reservas internacionales récord en el Banco Central, finanzas sanas, crecimiento robusto, depósitos del Gobierno en córdobas en el Banco Central también en cifras récord. Y si esto es así, ¿por qué se están planteando este tipo de medidas?”, se preguntó Sáenz, investigador de la Fundación Puentes para el Desarrollo.
Agregó que, en siete de los ocho trimestres de 2022 y 2023, el Gobierno aplicó un “cierto tipo de ajustes, al reducir la inversión pública y el gasto corriente”. “La pregunta es, si ya lo venían haciendo, qué es lo que se proponen hacer (ahora) como para anunciarlo, de una forma tal que evoca las llamadas compactaciones”, sostuvo.
Para el economista y excarcelado político Juan Sebastián Chamorro, los motivos de la medida son dos: “purgar a todas aquellas personas que no sean 100% leales al partido (FSLN)” y un mayor “control de todas las contrataciones públicas”.
El número de empleados públicos en cifras
En sus primeros 14 años en el poder, la Administración del Frente Sandinista ensanchó anualmente la planilla del Poder Ejecutivo hasta alcanzar los 113 634 empleados en 2021, según datos del Banco Central de Nicaragua.
Desde 2022 el número de empleados públicos ha caído cada año. Las cifras oficiales indican que en promedio, hasta junio de 2024, había 111 652 empleados en el Gobierno central, aunque esta cifra se podría elevar —según cálculos independientes— hasta los 170 000 o 200 000 si se suman los trabajadores de las alcaldías, empresas públicas y entes descentralizados.
Cuando el FSLN volvió al poder, en enero de 2007, la planilla del Gobierno central era de 39 140 trabajadores, pero al final de ese mismo año ya la había elevado a 60 702 empleados.