La nueva crisis en el Parlamento hondureño, que no celebra sesiones ordinarias desde hace dos meses y medio, sigue sin visos de solución por las posiciones cerradas entre las bancadas del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre) y los opositores Nacional, Liberal y Salvador de Honduras.
La situación se complicó el 1 de noviembre pasado, cuando la Junta Directiva, bajo el control del oficialista Partido Libre, nombró una Comisión Permanente y ésta a su vez eligió de manera interina a Johel Zelaya y Mario Alexis Morazán como fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público, respectivamente. Mientras, la oposición aprobó la extensión de sesiones ordinarias y calificó de abusiva e ilegal la actuación del oficialismo.
Los diputados de oposición y organizaciones de sociedad civil coinciden en que la designación de ambos fiscales es ilegal y violatoria de la Constitución de la República, puesto que deben ser electos con 86 votos de los 128 de los congresistas y no por los nueve que integran la comitiva.
En contexto, Honduras tiene dos Parlamentos, uno que rige la recién creada Comisión Permanente, conformada por nueve diputados de Libre, y otro compuesto por 74 de las tres principales bancadas de oposición, que convocan a sesiones —fuera del Legislativo— para rechazar lo que aprueban los oficialistas.
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La fallida designación de los fiscales
Para la elección del nuevo fiscal general y del fiscal adjunto se requiere mayoría calificada (86 votos), pero el partido oficialista solo tiene 50 votos y los cinco partidos de la oposición suman 78, por lo que es necesario un consenso para nombrar a los dos funcionarios por un período de cinco años, con derecho a una sola reelección.
Los diputados tenían hasta el 31 de agosto para elegir entre una nómina de cinco profesionales; conformada por Jenny Gabriela Almendares, Mario Alexis Morazán, Marcio Cabañas Cadillo, Johel Antonio Zelaya y Pablo Emilio Reyes. A falta de acuerdos y luego de cuatro votaciones fallidas, el Congreso Nacional tiene dos meses sin legislar.
Al filo de terminar el período anual de sesiones el 31 de octubre, más de 70 diputados de oposición se autoconvocaron para extender la jornada legislativa anual hasta el 24 de enero de 2024, pero el oficialismo calificó la acción de “ilegal”.
Mientras se disponían para ingresar al hemiciclo, tres legisladores resultaron heridos por simpatizantes del partido oficialista Libre. Esa misma noche, Luis Redondo instaló una Comisión Permanente, que ahora preside, a la que se le facultó para realizar el nombramiento de forma interina de las nuevas cabezas del Ministerio Público, amparándose del artículo 208 de la Constitución de la República, en su numeral 11. Al día siguiente, el 1 de noviembre, el titular del Congreso Nacional presentó la moción nominativa para nombrar a Zelaya y Morazán como fiscales.
La semana pasada, tres diputados opositores fueron denunciados ante el Ministerio Público por el supuesto delito de usurpación de funciones en perjuicio de la junta directiva que dirige Luis Redondo, después de haber realizado al menos tres reuniones extraordinarias.
En estas, se desconocieron el nombramiento de los fiscales interinos y además interpelaron al titular de la Secretaría de Seguridad, Gustavo Sánchez, y a las autoridades de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), con más de 65 votos.
Los fiscales salientes
El 3 de septiembre, tres días después de terminar su período como fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla, salió rumbo a Nicaragua a través de la aduana de Guasaule, Choluteca, zona sur de Honduras.
El exfuncionario asumió el 21 de septiembre la vicepresidencia de la Corte Centroamericana de Justicia, con sede en Managua, función que culminará el 30 de junio de 2024, aunque continuará siendo magistrado de este órgano judicial hasta 2027, luego de que la Corte Suprema de Honduras lo designara por 10 años.
En una carta pública emitida el 1 de noviembre, la Comisión Permanente del Congreso Nacional dijo que Chinchilla “ha cometido delitos por acción y por omisión, que son de conocimiento público nacional e internacional, que ha permitido la violación del territorio hondureño, de la soberanía, de la forma de gobierno, ha permitido la reelección presidencial, los fraudes electorales, ha permitido el narcotráfico y el crimen organizado”.
Por su parte, el exfiscal general adjunto, Daniel Sibrián, venía desempeñándose de manera interina desde el 1 de septiembre como fiscal general de la República. Horas antes de darse la designación de los fiscales interinos, pidió que se le aplicará un juicio político al titular del Legislativo, Luis Redondo, “por atentar contra la Constitución”.
Más de 70 diputados opositores, que se autoconvocaron el 1 de noviembre por la noche, dijeron que aún reconocen a Sibrián, amparados del artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 18 de la Ley del Ministerio Público, “hasta en tanto no se elija el Fiscal General y Fiscal Adjunto de conformidad con el artículo 233 de la Constitución de la República con el voto favorable de al menos las dos terceras partes”.
Las distintas crisis del Congreso Nacional de Honduras
El Congreso Nacional 2022-2026 comenzó en polémica, cuando dos facciones, dominadas por el oficialismo, pretendían asumir la junta directiva del Legislativo; una encabezada por Luis Redondo, y la otra por Jorge Cálix.
El 23 de enero de 2022, Cálix fue elegido presidente del Congreso Nacional con el voto de 79 diputados titulares en una sesión que tuvo lugar en un club campestre a las afueras de la capital, porque simpatizantes de Libre convocados por la presidenta Xiomara Castro se hallaban aglutinados en las inmediaciones de la sede del Poder Legislativo. En paralelo, la facción de Redondo hizo una ceremonia en el Congreso a la que no asistieron la mayoría de diputados propietarios.
Tras la toma de posesión de Castro, Redondo continuó actuando como titular del Ejecutivo, y su junta directiva hizo votaciones y aprobó leyes con una minoría de diputados propietarios y algunos suplentes. El 28 de enero, se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la directiva de Jorge Cálix y otro de amparo a favor de él mismo para hacer valer su presidencia, los cuales no fueron admitidos.
Los primeros dos años de la presente legislatura, que se cumplirán el 25 de enero de 2024, han sido marcados por muchas sesiones que terminaron con violencia por el rechazo de la oposición a algunas iniciativas de Libre, como la polémica elección de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La elección de los magistrados debió ser el 25 de enero de este año, pero fue posible hasta el 16 de febrero.
La oposición sale a las calles
Centenares de manifestantes de la oposición, aglutinados en el Bloque de Oposición Ciudadana (BOC), llegaron el pasado sábado a la Casa Presidencial para rechazar lo que ellos consideran “un giro” hacia ideologías como la de Nicaragua, Cuba y Venezuela.
Algunos destacados asistentes de la manifestación fueron dirigentes del Partido Nacional (PN) como David Chávez, el excandidato presidencial Nasry Asfura, Salvador Nasralla del Partido Salvador de Honduras (PSH) y el general Romeo Vásquez Velásquez, autor material del golpe de Estado de 2009.
Las consignas del BOC giraron en torno a la “defensa de la democracia”, argumentando que Honduras, con el “socialismo democrático de Xiomara Castro, se dirige a ser una dictadura como Nicaragua o Venezuela”.
El llamado al diálogo por la comunidad internacional
Tras los acontecimientos suscitados en el Congreso Nacional, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, enfatizó la importancia de buscar consensos y fomentar el diálogo entre los diputados.
La diplomática estadounidense escribió en su cuenta de X -antes Twitter- “Observamos con preocupación la violencia que ha surgido en el Congreso Nacional. Confiamos en que los partidos políticos puedan reducir la tensión, prevenir actos violentos y garantizar la seguridad de todos”.
El llamado al diálogo y la calma de la embajadora Dogu fue respaldado por el subsecretario de Estado para Asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, quien pidió se elija las nuevas autoridades del Ministerio Público “con los votos requeridos”, es decir, 86 votos, que de acuerdo a la legislación hondureña conforman la mayoría calificada en un Congreso integrado por 128 diputados.
De igual manera, la Organización de Naciones Unidas manifestó su preocupación ante la situación actual en el Congreso Nacional “llamamos a las partes a mantener un diálogo respetuoso, en paz y acorde al Estado de Derecho en el país”.