Las calles de Panamá, uno de los pocos países en la región centroamericana con un largo historial de convivencia y de crecimiento económico, convulsionan desde hace más de 20 días. Al calor de las hogueras, en las calles trancadas, se cruzan varios reclamos provenientes de diferentes organizaciones sociales. Le corresponde al Gobierno de Laurentino Cortizo tratar de aliviar las tensiones dejadas por la pandemia, la crisis económica y la corrupción de vieja data.
Pedro, 52 años, es “palanca”, como se les llama a los taxistas que conducen vehículos de los que no son propietarios. Hoy es lunes, su día libre. Son las nueve de la mañana y sale en busca de medicinas para su hijo, de ocho años, que sufre neumonía. Se dirige a la parada del bus. Intentará probar suerte en una de las clínicas del Seguro Social, donde el desabastecimiento ya era un problema crónico antes de la pandemia y del reciente estallido social que ha dificultado el suministro de insumos. Si las consigue, ahorrará hasta 80 dólares, que es lo que costaría en una farmacia privada. 80 dólares que le harán falta para llegar a la quincena en una casa en la que vive junto a su esposa, suegra y dos hijos. Por ahora sólo él trabaja.
Mientras espera la “chiva” en la entrada de la barriada se pasa la mano por el cabello, hirsuto y negro. Las protestas de las últimas dos semanas, a causa de la crisis mundial del combustible y agravada por la inflación más alta en el país, en 14 años, acentuaron la irregularidad del servicio de transporte público hasta llegar a interrumpirse, por momentos, en David y en algunas rutas en Ciudad de Panamá.
Finalmente aborda el bus, que se detiene un par de minutos después. Pedro saca su celular. Las redes están saturadas de videos de las manifestaciones: gente danzando, cantando, sonando tambores, cocinando en ollas comunes, expresando su malestar, retando al presidente Laurentino Cortizo o discutiendo airadamente, en medio de un cierre en la Vía Interamericana que conecta a la capital con el interior y al país con el norte del continente.
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Es la misma vía que nuevamente se encuentra cerrada, solo que, ahora, a la altura de la entrada de la ciudad de La Chorrera, capital de la provincia de Panamá Oeste. Es una situación que se ha repetido en las principales ciudades del país, desde la frontera con Costa Rica hasta la capital, y que ha producido desabastecimiento de combustible en las estaciones de gasolina de Chiriquí y ha repercutido en el funcionamiento de plantas eléctricas en Darién. Algunos supermercados se han quedado prácticamente sin legumbres y verduras, entre otros artículos de primera necesidad… Mientras que en el centro de la ciudad de David, capital de la provincia conocida como el “granero del país”, algunos productores han regalado parte de sus cosechas a sus paisanos.
El conductor gira el volante y el bus enfila hacia una salida que desemboca en la autopista que conecta las ciudades de Panamá y La Chorrera. El desvío aleja a Pedro de la clínica del Seguro. Le toca comprar los medicamentos en una farmacia privada flanqueada por las protestas, en Barrio Colón. Retorna a la calle con 80 dólares menos. En el lugar han coincidido educadores (las escuelas públicas se encuentran en paro desde hace más de diez días desde la publicación de este artículo), y obreros de la construcción, quienes han sido la punta de lanza de las movilizaciones, a las que se han sumado numerosos gremios, como campesinos o funcionarios públicos, a los que la crisis no ha dado tregua y expresan así su descontento.
“A eso cabe agregar la simpatía de amplios sectores de capas medias tan agobiadas por las deudas como exacerbados por el despilfarro de recursos públicos, el clientelismo político y el nepotismo imperante en múltiples entidades estatales”, destaca Guillermo Castro Herrera, académico de Ciudad del Saber, proyecto que integra a oenegés, científicos o entidades gubernamentales, entre otras organizaciones.
A pesar de todo, en las calles de La Chorrera, la marcha mantiene un tono festivo: murgas, bailes, tonadas de protesta. Una efervescencia que, poco a poco, va contagiando a personas como Pedro, que enfrenta también una rutina agobiante. Un par de jóvenes arrastran un taburete, con una pancarta pegada en su respaldo que dice: “Nito, te quedó grande el taburete del pueblo”, en referencia al simbólico taburete de madera que el presidente colocó junto a la silla presidencial, durante su investidura, con el compromiso de tomar decisiones cerca del pueblo trabajador. “Ahí está el taburete, para que no nos olvidemos de dónde venimos”, dijo Laurentino (Nito) Cortizo en aquel momento. Ganó con el 33% de los votos, estrecho margen que hoy en día no le deja mucha capacidad para maniobrar.
El primer estallido se dio en mayo, en la provincia de Colón, donde grupos sociales –docentes, transportistas, funcionarios públicos– agrupados en la Coalición Unidad por Colón (Cuco), sostuvieron enfrentamientos con fuerzas de la Policía. Se trata de un enclave combativo, en donde se han realizado protestas similares durante, por lo menos, los tres últimos gobiernos, con consecuencias que aún se recuerdan en la ciudad, como la brutal represión policial, bajo el mandato de Ricardo Martinelli.
En mayo, las manifestaciones afectaron la conexión entre el enclave logístico del Atlántico –compuesto por los puertos y la Zona Libre, el área franca más grande del continente– y a la capital, generando pérdidas millonarias.
En junio, los transportistas encargados de suplir a los mercados de la capital con productos procedentes de Chiriquí hicieron sentir su músculo al forzar un desabastecimiento. La escasez de verduras se evidenció en las unidades de almacenamiento de Merca Panamá, en la capital, adonde todas las semanas llegan los productos de las tierras altas chiricanas.
Aunque colonenses y chiricanos solicitaban prácticamente lo mismo (congelar los precios del combustible, en escalada desde la invasión rusa a Ucrania, y de la canasta básica), el gobierno negoció por separado con cada provincia, aprovechando la fragmentación de los grupos organizadores de las protestas. Hizo algunas concesiones y apagó los fuegos. Pero solo momentáneamente.
A principios de julio, los educadores, agrupados en gremios como la Asociación de Profesores (Asoprof) y la Asociación de Educadores Veragüenses (Aave), incluyeron otros reclamos, como la lucha contra la corrupción, el control del despilfarro en los gastos estatales, la bajada de los altos costos de las medicinas y la atención al debacle del sistema de pensiones públicas. Todos ellos temas postergados por anteriores gobiernos y que, a pesar de los compromisos que se acordaron en la hoja de ruta para superar la exclusión, el Pacto del Bicentenario de 2021, este gobierno también los ignoró.
A los docentes se les unieron indígenas, campesinos, pescadores, personal de enfermería, sindicatos de la construcción, movimientos estudiantiles, entre muchos otros sectores. El descontento convergió desde la periferia relegada por una de las economías que más crece en la región hacia el centro mismo del “hub”. Del interior a Ciudad de Panamá.
Desde inicios de este mes de julio, en Chiriquí, los indígenas han cortado el tráfico en varios puntos. Debido al paso de los días sin respuesta a sus reclamos, en medio del tranque, la leche se agria, los enfermos que necesitan llegar a un centro de salud se desesperan y los conductores pasan, en ocasiones, del intercambio verbal a la agresión física.
La situación es crítica para los viajeros. El traslado de Panamá a Chiriquí puede tomar más de un día. Los extranjeros enfrentan todo tipo de inconvenientes. Recientemente, veintiséis costarricenses fueron trasladados a su país por medio de tres vuelos humanitarios, tras haber quedado “atrapados” por varios días.
En Bocas del Toro, provincia donde cientos de indígenas fueron heridos durante las protestas de 2010, los cierres se dieron por tierra y por mar. En este archipiélago paradisíaco, el 15 de julio, los “lancheros” u operadores de botes bloquearon la entrada por mar a Isla Colón, uno de los principales destinos turísticos de la provincia. Esto mientras el gobierno busca reactivar el turismo con una serie de incentivos cuestionados por favorecer a grupos económicos que aportaron a la campaña del actual presidente. Una tentativa que se desvanece cuando algunos viajeros han tenido que arrastrar sus maletas por la carretera hasta el Aeropuerto Internacional de Tocumen, que también ha sufrido los múltiples cierres y protestas registrados en Ciudad de Panamá.
El brindis que prendió todo
Actualmente, los manifestantes continúan tomándose a diario algunas de las principales avenidas de la urbe: Transístmica, Vía España, Calle 50, Avenida Balboa, entre otras. Todas convergen en la Plaza Cinco de Mayo, donde se encuentra la Asamblea Nacional, un punto neurálgico para el transporte que viene de los suburbios de la provincia de Panamá Oeste a la capital. De las barriadas “dormitorio” del extrarradio a las oficinas y comercios.
Antes de que las protestas se tomaran todo el país, se viralizó un video donde diputados de la bancada oficialista brindaban con un whisky de marca, celebrando el inicio de otro periodo de sesiones. Esa imagen, que simbolizaba la gran cantidad de escándalos protagonizados por representantes políticos y por la propia Asamblea, estalló en la cara de un pueblo que aún enfrenta una inflación del 5.2%, alrededor de un 50% de informalidad en el empleo, y una tasa oficial de desempleo del 9.9%, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). Para Castro Herrera, las manifestaciones masivas de descontento social, esencialmente, “están motivadas por una acumulación de problemas de deterioro económico, inequidad, corrupción y pérdida de legitimidad de las instituciones estatales”.
Con un pie en la calle y otro en la negociación
El día después de conseguir las medicinas en La Chorrera –una compra que le descuadró la quincena–, Pedro encara nuevamente la crisis sentado frente al volante del taxi, manejando por las calles de Arraiján. Para él no es suficiente que el gobierno congele el precio del galón de gasolina en 3.95, 3.40, 3.30 o 3.25 dólares, como se ha propuesto en las mesas de diálogo establecidas para negociar el fin de los cierres, sino que lo debe bajar a 3 dólares. De esta forma podría enfrentar el aumento en el costo de la vida con lo que gana un “palanca”: 800 dólares al mes. Antes recogía más, lamenta. Y podía ir al supermercado con 20 dólares. Ahora con eso solo puede comprar un par de productos.
Se trata de la misma causa por la que grupos estudiantiles se echan a las calles en Ciudad de Panamá, desde hace aproximadamente dos semanas. A las piedras que lanzan los antimotines responden con ráfagas de perdigones. Ha habido heridos en ambos lados. También vandalismo y uso excesivo de la fuerza. Como cuando encapuchados secuestraron un pick up de la Policía frente a la Universidad Nacional y recorrieron las avenidas aledañas, algo que se viralizó de inmediato. O cuando un policía roció una lata de gas pimienta sobre un padre que cargaba a su hija en la Cinta Costera.
Mientras el gobierno hace llamados para retornar a la normalidad, sobre todo en el caso de los estudiantes, que pasaron gran parte de la pandemia encerrados y tratando de seguir su aprendizaje de modo virtual, el sector privado pone el foco en las pérdidas: el golpe a la industria supera los 87 millones de dólares. La Cámara de Comercio Industrias y Agricultura (Cciap) estima pérdidas de 533 millones de dólares en el comercio al por menor y al por mayor.
Sin embargo, la negociación debe superar muchas trabas. Una es la desconfianza de los sectores que protagonizan las protestas. Durante el inicio del diálogo, en la provincia de Veraguas, los gremios se sintieron burlados por la ausencia de un Ejecutivo que delegaba la gestión de esta crisis nacional a la ministra de Educación y al Defensor del Pueblo. El 11 de julio, la ministra abandonó la jornada de negociaciones mientras un grupo de manifestantes exigían que se presentase el presidente Cortizo. Esto motivó a las autoridades a organizar una mesa en la capital, en un ambiente más controlado. Sin embargo, se criticó la ausencia de la Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos (Anadepo) y la Alianza Pueblo Unido Por la Vida, que articulan a diferentes grupos, pero fueron excluidos de la mesa de negociación en Ciudad de Panamá. Igualmente, se han dado informaciones contradictorias de reuniones por parte de la vicepresidencia con un sector de los manifestantes, como con el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), el más poderoso del país.
La semana pasada, mientras el vicepresidente negociaba en Veraguas y en la capital, Cortizo visitó Chiriquí para dialogar con los indígenas sobre la situación en la Vía Interamericana, cuya reapertura es exigida por la Cciap.
En la madrugada del domingo, los medios de comunicación anunciaron un acuerdo fuera de las mesas con los manifestantes indígenas: congelar el precio del combustible a 3.30 dólares. Pero quienes lo firmaron fueron tildados de traidores por algunos miembros de su propia etnia, que mantuvieron el bloqueo en otros sitios. El lunes pasado se difundió la noticia de un nuevo acuerdo de precio a 3.25 dólares, pero al final fue rechazado.
Para el politólogo Richard Morales, el Gobierno intentó desmovilizar a los grupos y movimientos sociales organizados, sacarlos de las calles para frenar su empoderamiento, en vez de ofrecer “soluciones concretas para el desmantelamiento de los carteles que especulan con bienes fundamentales”. Según el docente universitario, un pueblo despertado por la magnitud de la coyuntura y dispuesto a valerse del aprendizaje de luchas pasadas exige más del modelo transitista (que caracteriza a Panamá), no solo “migajas y soluciones pírricas”.
En los programas de opinión, se critica el manejo mediático del gobierno por ser errático e incapaz de apaciguar los ánimos. Al contrario, cada vez que el presidente Cortizo, que pasó la primera semana de protesta fuera del país, se pronuncia, hace que las manifestaciones se multipliquen, o provoca reclamos tan numerosos como variados, como cuando anunció que el atún en lata, coditos y embutidos entrarían a la lista de productos de precios controlados. La reacción en las calles no se hizo esperar: era el malestar de quienes deben conformarse con esta humilde dieta mientras que otros disponen de un menú más variado.
El resultado de estas situaciones y las erráticas maniobras del gobierno ha sido una crisis sin precedentes. Es algo que no sorprende del todo al analista político José Stoute, quien lleva años alertando sobre la posibilidad de un estallido social. “Esta es la primera protesta de este calibre a nivel nacional, en la historia del país. Ni la Cruzada Civilista ni el 9 de enero salieron de las áreas centrales”, señaló, en una entrevista en el diario La Prensa. Se refería a que ya no estaban solo circunscritas , como antaño, a las provincias de Panamá y Colón, donde opera el “hub” logístico que tiene al Canal como eje principal.
Un reto formidable para un presidente que, recientemente, fue diagnosticado con Síndrome mielodisplásico, un tipo de cáncer. Aunque de bajo riesgo por el momento, la enfermedad aumenta la carga de un mandatario de 69 años con un gobierno desgastado por la pandemia y la corruptela, en un entorno social inflamado por la carestía.
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Al cierre de esta nota, la Vía Interamericana continuaba trancada luego de que la Policía intentara abrirla a la fuerza, con el uso de perdigones y gases lacrimógenos. La acción dejó por lo menos cinco heridos y una veintena de detenidos. También se han registrado disturbios en el centro de Ciudad de Panamá. Los grupos que lideran el movimiento social se encuentran reunidos, ahora en la provincia de Coclé.