Hoy lunes 3 de abril, los nicaragüenses que deseamos un camino hacia la verdad y la justicia, iniciamos el día con una buena noticia que afirma la esperanza de esa ruta de derechos humanos y respeto a la memoria: El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó una nueva resolución con 21 votos a favor, cinco en contra y 21 abstenciones. La resolución extiende por dos años el mandato del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (Group of Human Rights Experts on Nicaragua, Ghren por sus siglas en inglés). 

El Ghren ya había determinado en su primer informe responsabilidades penales de Daniel Ortega y Rosario Murillo en las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado en el contexto de las protestas del 2018 y años subsiguientes. Con el nuevo mandato les corresponderá profundizar en sus investigaciones y recomendaciones. 

En el contundente reporte de marzo de este año, el Ghren determinó que el régimen Ortega-Murillo (Ormu) está cometiendo violaciones generalizadas de derechos humanos que equivalen a crímenes de lesa humanidad contra civiles. El informe pide a la comunidad internacional que imponga fuertes sanciones a las instituciones o personas involucradas. Además, señala que los graves abusos incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país. Estas graves violaciones son el resultado directo del “desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y la destrucción de los derechos cívicos y de los espacios democráticos”, dice el informe. 

La extensión del mandato del Ghren tendrá implicaciones de gran importancia para aquellas víctimas y sus familiares, que en el futuro deseen iniciar procesos de búsqueda de la verdad, como efectivamente lo venimos recomendando las organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), en el libro “Guía para la búsqueda de la verdad”, de mayo de 2018. En aquella oportunidad, los autores—Uriel Pineda y Félix Maradiaga—recomendamos concentrar todos los esfuerzos de documentación de las graves violaciones del régimen a los derechos humanos, en instancias internacionales, dado la inviabilidad de obtener justicia, en el corto plazo, en el marco del sistema nacional de justicia.

Para quienes conocemos el complejo espacio del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sabemos que es una resolución histórica que además se aprobó gracias a un intenso cabildeo. Gran parte de los países que pudieron haber votado en contra, más bien se abstuvieron, lo que ratifica el mayor aislamiento del régimen de Daniel Ortega. Esta resolución sigue abriendo aún más el camino para una ruta de verdad, justicia, memoria y no repetición, que tanto han exigido las víctimas sobrevivientes y los familiares de las personas asesinadas extrajudicialmente. Pero además, es una resolución que tendrá un impacto en la doctrina de la ONU con relación al Consejo de Derechos Humanos, que cada vez pierde más prestigio y efectividad. 

La resolución indica que a pesar de las posiciones arcaicas y moralmente incoherentes de varios de los países miembros de ese Consejo—y cuya mera presencia es incompatible con el espíritu de defensa de los derechos humanos de esa instancia—sigue siendo una instancia de gran valor estratégica para perseguir a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. 

Ciertamente la resolución siempre pudo ser más fuerte. No obstante, durante mi reciente gira a Ginebra en el contexto de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos, para la delegación nicaragüense que logramos reunirnos con docenas de delegaciones acreditadas en la ONU, era claro que no sería fácil. La posición contundente de los países que patrocinaban la resolución chocaba con otras posiciones que aún consideran que la misión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe enfocarse en la promoción del diálogo y la resolución de conflictos a nivel global, y no en la recomendación de sanciones. Esa discusión es, en esencia, una discusión sobre el futuro del Consejo más allá de un posicionamiento específico hacia Nicaragua. Existen además, posiciones ya conocidas de las autocracias como China, Rusia e Irán, que trabajan como compinches en defensa de sus aliados tiránicos. En medio de ese difícil contexto, la resolución es un triunfo para los derechos humanos.

Quisiera expresar mi gratitud a los países amigos, especialmente a Estados Unidos, Costa Rica, Chile, Argentina, Alemania, Francia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Lituania, Bélgica, República Checa, Finlandia, Gambia, Georgia, Ucrania, Rumanía, Montenegro, México, Sudáfrica, Marruecos, Malawi y Paraguay, por patrocinar esta resolución. También a los activistas de derechos humanos, nicaragüenses en Ginebra y el mundo, y a las personas que hicieron posible esta importante resolución. 

A la par de ello, mi mayor agradecimiento es para las víctimas sobrevivientes y sus familias que con tanta valentía y en medio del trauma y del dolor, contaron persuasivamente sus desgarradores testimonios con valentía y con transparencia, una y otra vez, hasta ir convenciendo una a una a cada persona responsable de votar en esa resolución. Para mí fue esperanzador saber que la diplomacia puede ser despertada de su letargo, y que es posible tocar el corazón de quienes actúan en esas burocracias. 

El camino es largo y es complejo, pero hay esperanza. Abril nos recuerda que ningún invierno es eterno.