El Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren, por sus siglas en inglés), del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), divulgó la mañana del jueves un informe en el que concluyen que Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como funcionarios de agencias y estructuras del régimen sandinista, “han cometido y siguen cometiendo graves y sistemáticas violaciones y abusos a los derechos humanos” y crímenes de lesa humanidad contra sectores de la población nicaragüense. La publicación hace un recuento de todas las acciones represivas que investigaron los expertos a lo largo de un año, desde la constitución del Grupo, cuya información podría abrir en un futuro investigaciones de tipo penal, ya sea desde la jurisdicción universal o la justicia de los países.
“El Grupo encuentra motivos razonables para creer que estas violaciones y abusos fueron perpetrados de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, y que, verificados en todos sus elementos, permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad”, sentencia la publicación presentada tras una conferencia de prensa.
El experto y presidente del Ghren Jan-Michael Simon, de Alemania, comparó la situación de Nicaragua con los hechos que marcaron la década de 1930 en Europa. “Todos los elementos que se ven en Nicaragua, desgraciadamente, se pueden ver en los juicios de Núremberg”, aseguró. Los expertos manifestaron que es necesario buscar el ejercicio de jurisdicción universal, es decir, que cualquier país podría empezar una acción penal contra el Estado de Nicaragua.
Según el informe, el Ghren aplicó el estándar de prueba de “motivos razonables para creer”. A pesar de que dicho umbral es inferior al que se requiere para determinar responsabilidades en un proceso penal, es “suficiente para justificar la realización de ulteriores investigaciones”.
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El Grupo de Expertos es un mecanismo de la ONU, creado expresamente con el fin de investigar abusos cometidos por la dictadura desde abril de 2018. Su mandato obtuvo la luz verde del Consejo de Derechos Humanos del organismo el 31 de marzo de 2022. La resolución que dio su origen fue presentada por Costa Rica, Chile, Colombia, Canadá, Ecuador, Perú, Brasil y Paraguay, la cual obtuvo una aprobación de 20 votos a favor y 7 en contra. Este 2 de marzo los hallazgos fueron presentados a medios de comunicación, y enlistan una serie de graves señalamientos hacia la dictadura Ortega-Murillo. Algunos de ellos reflejan la gravedad de la situación que atraviesa Nicaragua, a pocas semanas de cumplir cinco años de una dictadura consolidada a base de represión policial y paramilitar.
Los hallazgos
El Ghren, que recabó información a través de entrevistas confidenciales a funcionarios, víctimas, familiares y testigos; entre otros métodos, dividió sus hallazgos en tres principales puntos:
A. Ejecuciones extrajudiciales.
B. Violación sistemática a los derechos civiles y políticos.
C. Crímenes de lesa humanidad.
Por lo tanto, el mecanismo aseguró que existen “motivos razonables para creer que desde abril de 2018 y hasta el momento de cierre de este informe, en la República de Nicaragua existe un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una parte de la población nicaragüense, implementado a través de diversos medios y métodos prohibidos o inhumanos que se han ido desarrollando, implementando y complementado a lo largo del tiempo”, reafirmaron los expertos en el informe.
“El Ghren también concluyó con motivos razonables para creer que las violaciones, abusos y crímenes documentados en este informe fueron cometidos intencionalmente como parte de este ataque, y que los autores materiales e intelectuales tuvieron conocimiento del ataque y de que sus actos formaron parte de éste”, remarcó.
El informe señala a las esferas más altas del régimen de Ortega y Murillo como responsables de crímenes de lesa humanidad “contra parte de la población de Nicaragua, por motivos políticos, constituyendo prima facie, el crimen de lesa humanidad de persecución”. La ONU es el segundo organismo internacional en tachar la represión generada desde abril de 2018 como un crimen de lesa humanidad. Los primeros en hacerlo fueron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En diciembre del mencionado año publicaron un detallado reporte que investigó los crímenes cometidos entre abril y mayo. La divulgación de estas conclusiones llevó a que el GIEI fuera expulsado del país previo a una conferencia de prensa en un hotel capitalino.
Ahora, el Grupo del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU señaló a la Policía y a agrupaciones afines al gobierno de cometer ejecuciones extrajudiciales en el marco de las protestas. “El Ghren también documentó el papel que jugó el Ministerio de Salud en las protestas, mediante la denegación de atención a las personas heridas”, dictaminó. Sin embargo, los expertos acotaron que “el nivel de participación del Ejército de Nicaragua en los actos de represión de la protesta social merece una investigación adicional”.
Un llamado a la comunidad internacional
Los expertos recomendaron a la comunidad una serie de acciones para hacerle frente al régimen de Ortega y Murillo en su nueva etapa totalitaria. Una de ellas es la ampliación de sanciones sectoriales a instituciones e individuos “involucrados en la comisión de violaciones y crímenes en el derecho internacional”.
El Grupo propuso que, en proyectos de cooperación al desarrollo e inversión en Nicaragua, los Gobiernos y otros organismos multilaterales, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) incluyan garantías de derechos humanos y priorizar las acciones orientadas a mejorar la situación en el país. La mencionada institución bancaria ha sido tachada por sectores opositores y críticos al régimen de oxigenar a la dictadura. Hasta el segundo semestre de 2022, el BCIE mantiene en Nicaragua operaciones activas dirigidas al sector privado, con una cartera que asciende a US$119.28 millones en ocho instituciones financieras intermediarias.
Otra de las recomendaciones apunta a principio de justicia universal. Los expertos solicitan iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones, abusos y crímenes documentados, de conformidad con su legislación interna. “Es importante mencionar que hay unos compromisos que adquiere el Estado cuando suscribe una serie de convenios, tratados y acuerdos. Esto lo hace responsable a la comunidad internacional y, por lo tanto, pueden tomar acciones para que el Estado respete al derecho internacional”, remarcó Ángela Maria Buitrago, abogada, exfiscal colombiana y una de las expertas que presentó el informe.
Dictadura guardó silencio
El Grupo envió entre junio y diciembre de 2022 unas 11 cartas a las autoridades nicaragüenses en las que solicitó la cooperación del Estado para determinar las violaciones. “El Gobierno de Nicaragua envió una comunicación al Presidente del Consejo de Derechos Humanos en mayo de 2022, con copia al Secretario General de las Naciones Unidas, rechazando y desconociendo el mandato del Ghren. El Ghren lamenta la falta de cooperación del Gobierno de Nicaragua y, en especial, la falta de acceso al país. Asimismo, lamenta no haber podido reunirse con las autoridades nicaragüenses para recabar información pertinente y establecer un diálogo sobre la situación de derechos humanos en el país”, detalló el informe.El régimen de Ortega y Murillo obtuvo una copia de los hallazgos desde el 22 de febrero de 2023, en medio de una nueva etapa represiva de confiscaciones y destierros hacia críticos de la dictadura.