Lo dicho:
“Unos cuantos norteamericanos que señalaban que le habían robado las elecciones se fueron al congreso a protestar; cinco, seis muertos… Tienen en la cárcel a 700 norteamericanos. ¿Qué esperan para poner en libertad a esos presos políticos?”
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El hecho ocurrido durante el seis de enero de 2021 en Estados Unidos dio lugar luego de que grupos partidarios a Trump se tomaran el Capitolio. El medio norteamericano The New York Times recientemente explicó que decir “los alborotadores detenidos son ‘prisioneros políticos’ es una afirmación improcedente” y por lo tanto, una de las falsedades que giran en torno a lo ocurrido ese día.
Los datos arrojan que más de una tercera parte de los Republicanos indicaron en una encuesta del Pew Research Center de septiembre, que las penalidades que enfrentaban los amotinados eran demasiado severas.
La mayoría de los que fueron arrestados más tarde fueron liberados mientras se llevan a cabo los juicios. Los detenidos enfrentan acusaciones graves, como atacar a agentes de policía. No se les señaló por sus creencias políticas. De los más de 700 arrestados, solo unas 71 personas han sido sentenciadas hasta el momento, 30 de los cuales recibieron penas de cárcel con una sentencia media de 45 días, según un análisis realizado por la revista Politico.
El asedio del seis de enero al Capitolio de los Estados Unidos no fue un acto espontáneo ni un evento aislado, ya que de los arrestados, 225 personas fueron acusadas de agresión o resistencia al arresto. Más de 75 de ellos fueron acusados de usar un arma mortal o peligrosa contra agentes de policía. La oficina dijo que 140 policías, incluidos oficiales del Capitolio y miembros del departamento de policía del Distrito de Columbia, fueron víctimas durante el ataque. Unas diez personas fueron acusadas de agredir a miembros de los medios o destruir su equipo.
Unas 640 personas fueron acusadas de ingresar a un edificio federal restringido o sus terrenos. Y otros 75 fueron acusados de ingresar a un área restringida con un arma mortal.
Los fiscales federales han estado trabajando con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), así como con fiscales en varios lugares del país. La oficina dijo que las personas arrestadas provienen de casi todos los 50 estados.
Según una estimación realizada en mayo por el arquitecto del Capitolio, el ataque causó daños al edificio por un valor aproximado de 1,5 millones de dólares.
Alrededor de 165 personas se han declarado culpables de una variedad de cargos federales, desde delitos menores hasta obstrucción de delitos graves.
One year ago, our democracy was attacked and our Constitution faced the gravest of threats. But We the People prevailed.
Now, it’s up to us to choose what kind of nation we’re going to be. pic.twitter.com/gqg3BT3vw1
— President Biden (@POTUS) January 6, 2022
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Hasta el momento, 70 acusados han recibido algún tipo de sentencia de un juez. De ellos, 31 personas fueron encarceladas y 18 fueron sentenciadas a prisión domiciliaria. Los 21 acusados restantes fueron puestos en libertad condicional.
A principios de diciembre de 2021, Robert Scott Palmer, de 54 años, de Largo, Florida, recibió la sentencia de prisión más larga hasta la fecha entre los condenados por el ataque. Un juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos lo condenó a más de cinco años de prisión.
En octubre, Palmer se declaró culpable de resistirse al arresto y agredir a los agentes con un arma peligrosa. Los fiscales dijeron que Palmer irrumpió en el edificio del Capitolio y, mientras estaba dentro, arrojó una tabla de madera a los agentes de policía; luego, dijeron, mientras estaba en la primera línea de los disturbios, roció y arrojó el extintor de incendios vacío a los policías. Ningún oficial, dijeron los fiscales, resultó herido.
Por otro lado, las protestas en Nicaragua fueron pacíficas, los más de 170 presos políticos se encuentran encarcelados por el simple hecho de tener una posición política diferente a la del régimen Ortega-Murillo. Un informe presentado en noviembre de 2021 por 15 organizaciones humanitarias de Nicaragua, y avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirma que en Nicaragua “se cometen crímenes de lesa humanidad” bajo responsabilidad del régimen de Daniel Ortega.
“En Nicaragua se cometen crímenes de lesa humanidad en el marco de un terrorismo de Estado y de un Estado Policial de Excepción”, señaló el denominado “Informe de la Verdad ‘Dictadura y Represión en Nicaragua: Lucha contra la Impunidad’”.