Fuentes allegadas a la familia de Bayardo Arce en el exilio habló por primera vez con el diario El País de España para denunciar lo que califican como su “secuestro”, su aislamiento en prisión y el temor por su vida. A seis meses de su captura, aseguran que permanece incomunicado, sin cargos judiciales y con un preocupante deterioro de salud.
Según reconstruye la publicación a partir del testimonio de fuentes allegadas a la familia en el exilio, cuatro días antes de que un operativo policial de las fuerzas de operaciones especiales irrumpiera en su vivienda la madrugada del 30 de julio de 2025, Arce intentó comunicarse de manera insistente con los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo. Utilizó una y otra vez los canales establecidos para entender qué estaba ocurriendo, pero nunca obtuvo respuesta.
El operativo se ejecutó con alrededor de 25 oficiales encapuchados y armados con fusiles, que ingresaron rompiendo las puertas de la vivienda. Arce fue sacado de su cama, en pijama, esposado y tirado al piso, donde fue encañonado durante varios minutos, antes de ser trasladado a un paradero desconocido para su familia.
“De esta manera, uno de los nueve comandantes históricos que gobernó Nicaragua en los años ochenta como parte de la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y una figura clave en el engranaje económico del actual régimen de Daniel Ortega, “cayó en desgracia” en medio de una purga comandada por Rosario Murillo contra figuras consideradas críticas de su proceso de sucesión dinástica”, recoge El País.
Arce, uno de los pocos miembros de la vieja guardia sandinista que aún respaldaba al caudillo, fue engullido por una maquinaria represiva que se activó en su contra desde el 26 de julio, a través de la Procuraduría General de la República (PGR). Ese día, sus oficinas en Managua fueron allanadas y su asistente ejecutivo, Ricardo Bonilla, fue citado a la PGR para entregar documentación requerida.
Tras cumplir con la diligencia, Bonilla desapareció y, según el relato familiar recogido por el diario español, fue “secuestrado” en ese mismo momento. En paralelo, en la vivienda de Arce se registraron “movimientos raros” en el esquema de seguridad asignado a altos funcionarios del régimen.
Fue en ese contexto cuando Arce intentó comunicarse con la copresidencia, particularmente con Ortega, con quien mantenía menos fricciones que con Murillo, a quien la familia identifica como su principal antagonista. Horas antes de su captura, la PGR emitió un comunicado acusándolo de “transacciones y negociaciones” al margen del marco legal vigente y de falta de cooperación.
En declaraciones a El País, la familia desmintió esas acusaciones. “Es mentira que nunca quiso cooperar con la Procuraduría. De manera incansable intentó comunicarse con la copresidencia para entender qué pasaba, para ponerse a disposición, para cooperar. Mandó mensajes y mensajes por los canales establecidos, pero nunca hubo respuesta de los copresidentes”, afirmaron.
A seis meses de lo que califican como un “secuestro”, la familia decidió hablar por temor a un deterioro irreversible de la salud del exasesor económico presidencial, de 76 años, quien padece diabetes crónica y presenta la sospecha del inicio de un melanoma. Según relataron al diario español, Arce permanece aislado en una celda del sistema penitenciario La Modelo, ha sido interrogado solo en tres ocasiones y no tiene contacto con otros reclusos ni con custodios. Denuncian además que ha sido sometido a inmovilización forzada, que no recibe atención médica especializada y que ha perdido casi 20 libras de peso.
La familia también denunció que, desde el “secuestro”, su núcleo cercano ha sido objeto de una “persecución dura, cruel, explícita y sostenida”, lo que explica el prolongado silencio. “Bayardo Arce es un preso político, está aislado y tememos por su vida”, resumieron.
El temor se ve reforzado por precedentes recientes: bajo custodia policial murieron el comandante Humberto Ortega Saavedra, hermano del actual mandatario, y el general en retiro Hugo Torres. Entre 2019 y 2025, al menos seis presos políticos han muerto bajo custodia del régimen.
Según el testimonio recogido por El País, durante los seis meses de reclusión sólo se autorizaron cinco visitas, todas bajo estrictas condiciones de control. La primera ocurrió dos meses y medio después de su captura, y la última en diciembre de 2025. Desde entonces, la familia asegura no haber recibido información alguna sobre su estado. “Ha vuelto a estar desaparecido ante nuestros ojos”, afirmaron.
Sin cargos judiciales
Pese a las acusaciones públicas del régimen, la familia sostiene que Arce no enfrenta ningún cargo judicial ni ha sido presentado ante un juez. “No se ha presentado ni un solo cargo en su contra. No hay proceso legal, es absolutamente nulo. Se han vulnerado todos sus derechos: no ha habido debido proceso, ni presunción de inocencia, ni derecho a la defensa. Fue un secuestro, tal cual”, reclamaron.
El caso de Arce se produce en paralelo al acoso judicial contra su esposa, Amelia Ybarra Brogden, y su cuñado, Amílcar Ybarra Brogden, quienes fueron señalados por presunto lavado de dinero y recientemente se vieron forzados a salir al exilio. La propaganda oficial ha comenzado a calificarlos de “prófugos”, incluso sugiriendo la pena de muerte para los “corruptos como en China”.