Este martes la administración de Joe Biden publicó una proclamación y una norma final provisional restringiendo el derecho a solicitar asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. Una hoja informativa de la Casa Blanca afirma que “facilitará a los agentes de inmigración expulsar a quienes no tienen una base legal para quedarse y reducirá la carga de nuestros agentes de la Patrulla Fronteriza”.
La medida supone una ruptura con un protocolo con décadas de vigencia y prohibiría a los inmigrantes que cruzan la frontera ilegalmente solicitar asilo una vez alcanzado un umbral diario. La medida podría activarse y desactivarse y se levantaría cuando hubiera una media diaria de menos de 1500 encuentros entre los puertos de entrada.
La acción es un intento de abordar uno de los problemas políticos más urgentes del presidente Biden en su carrera hacia la reelección. El anuncio se produce pocas semanas antes del primer debate con su principal oponente político, el expresidente Donald Trump.
¿Qué hace la acción ejecutiva?
Este “cierre de asilo” negará, en la mayoría de los casos, el derecho a solicitar asilo a los migrantes detenidos en el lado estadounidense de la frontera con México. Entra en vigor a las 12:01 a.m. del 5 de junio y permanecerá vigente hasta dos semanas después de que el promedio semanal de detenciones de migrantes por parte de la Patrulla Fronteriza caiga por debajo de 1500 por día.
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Eso no sucedía desde julio de 2020, en los primeros días de la pandemia del Covid-19; de hecho, el 58% de todos los meses de este siglo (172 de 296) han tenido promedios diarios superiores a 1500 encuentros.
Incluso entonces, el “cierre de asilo” se reanudará si el promedio diario volviera a superar los 2500 por día. Actualmente son más de 3500 por día; de hecho, la frontera entre Estados Unidos y México ha cruzado ese umbral en 110 de los últimos 296 meses: el 37% de este siglo, según datos de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
Similar a la medida establecida por Donald Trump
Al crear umbrales numéricos tan difíciles de cumplir y excepciones muy estrechas, este nuevo “cierre de asilo” se asemeja al intento de la administración Trump en 2018 de prohibir el acceso al asilo entre puertos de entrada sin límites numéricos. Los tribunales anularon esa disposición porque la ley establece claramente que las personas en suelo estadounidense pueden solicitar asilo sin importar cómo llegaron.
La acción ejecutiva pide a las autoridades estadounidenses que deporten a los solicitantes de asilo de suelo estadounidense sin darles la oportunidad de buscar protección, haciendo excepciones para los niños no acompañados, las víctimas graves de trata y aquellos que puedan demostrar un umbral muy alto de temor a regresar.
Desde enero de 2023, además de sus propios ciudadanos, México ha acordado aceptar un total combinado de hasta 30 000 retornos transfronterizos de ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela cada mes.
Al momento de esta publicación, aún no se ha hecho ninguna mención sobre si el Gobierno de México permitirá retornos más allá de eso, aunque la administración de Biden aseguró que el presidente sostuvo una llamada con su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, para abordar este tema.
La violación al derecho de buscar asilo
La Ley de Refugiados de 1980 (consagrada como Sección 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, INA) establece que cualquier no ciudadano en suelo estadounidense tiene derecho a solicitar asilo, si teme por su vida o su libertad “por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política”. Deben recibir el debido proceso para su solicitud de asilo independientemente de cómo llegaron a los Estados Unidos.
Esta ley colocó a Estados Unidos en cumplimiento de la Convención sobre Refugiados de 1951, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones se comprometieron a no repetir nunca los trágicos regresos de personas que huían de campañas de exterminio de esa época.
La nueva acción ejecutiva cierra este derecho legal, basado no en las necesidades de protección de los migrantes que huyen, sino en un número diario. Al igual que la decisión Dobbs de 2022 de la Corte Suprema, se trata de una reversión de un derecho humano otorgado durante una generación anterior.
La nueva orden de Joe Biden perjudicará la salud de las personas
Avril Benoît, directora ejecutiva de Médicos Sin Fronteras en Estados Unidos, aseguró que “al firmar esta orden ejecutiva, el presidente Biden ha traicionado su promesa de construir un sistema de inmigración justo, seguro y humano. Esta orden no sólo es contraria a la ley estadounidense y al derecho internacional, sino que también pone en riesgo la vida y la salud de las personas”.
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) explica que a lo largo de la ruta migratoria, y particularmente en el norte de México, los equipos que brindan atención a migrantes y solicitantes de asilo han sido testigos de un aumento en el número de personas que buscan atención luego de secuestros, ataques y violencia sexual.
“Cerrar arbitrariamente el asilo en la frontera sur de Estados Unidos sólo exacerbará las necesidades humanitarias y expondrá a quienes buscan seguridad, a la inseguridad a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y en otros lugares de la ruta migratoria”.
“En lugar de promulgar medidas equivocadas que bloquean el asilo en la frontera de Estados Unidos y crean necesidades humanitarias en México, la administración Biden debería centrarse en dotar de recursos adecuados al procesamiento de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México para mejorar su eficiencia, coherencia y equidad”, finaliza Benoît.