La ‘Nueva’ Fuerza Armada de Nayib Bukele

Bukele es el presidente de El Salvador que ha destinado más recursos, ha otorgado más poder político y ha dirigido más alabanzas al Ejército desde el final de la guerra civil, en 1992. Con esta estrategia ha logrado plegar a la Fuerza Armada a su proyecto político. Entre los militares entrevistados para este reportaje reina el miedo a las represalias y algunos ya dan por hecho que, aunque la Constitución del país prohíbe la reelección, Bukele comenzará su segundo mandato en 2024


“El 9F no fue el primer acto de sometimiento de la Fuerza Armada a Bukele; eso pasó el propio día que recibió el bastón de mando”, musita un oficial superior del Ejército salvadoreño que permitió ser entrevistado bajo la premisa de no publicar su nombre. Por miedo.

En El Salvador, la sigla alfanumérica 9F no necesita explicaciones, pero se refiere a lo ocurrido el 9 de febrero de 2020, cuando el presidente Nayib Bukele lideró a un grupo de soldados armados con fusiles M-16 en la toma de la Asamblea Legislativa, imágenes que dieron la vuelta al mundo. Ocho meses antes, el 11 de junio de 2019, cuando Bukele apenas cumplía su undécimo día como presidente, dijo algo que entonces pasó desapercibido. Escuchado ahora, resuena premonitorio. Aquel día, en la cancha de fútbol de la Escuela Militar y ante cientos de soldados y oficiales, Bukele recibió el bastón de mando como comandante general de la Fuerza Armada. Y no desaprovechó la oportunidad

“Ahora quiero saltarme el protocolo y sé que no han practicado para esto –les dijo–, pero como su comandante general les voy a dar una orden, y les pido que hagan un juramento (…). ¿Juran cumplir las órdenes de su comandante general y juran ser leales y tener disciplina y honor hacia este servidor y hacia nuestra patria, así como yo les juro tenerles lealtad y honor hacia ustedes y hacia nuestra patria? ¿¡Juráis!?”.

Sin previo aviso, Bukele les hizo jurar lealtad a él y a la patria, en ese orden. Y, aunque el artículo 211 de la Constitución salvadoreña obliga a la Fuerza Armada a ser “apolítica y no deliberante”, los militares juraron.

Bukele ha plegado la institución a su proyecto político, el bukelismo, según valoran la práctica totalidad de las fuentes consultadas para este reportaje.

Esa relación simbiótica ha favorecido a Bukele, pero también a la Fuerza Armada, que con la actual administración está gozando de dineros, responsabilidades y adulaciones que ningún otro presidente se había atrevido a dar desde el final de la guerra civil, en 1992.

En el Latinobarómetro 2018, El Salvador fue el tercer país latinoamericano que menos confianza expresó en su Ejército, con apenas el 27 %, sólo por detrás de venezolanos y nicaragüenses. En el Latinobarómetro 2021, los salvadoreños fueron los ciudadanos que mostraron un mayor respaldo a su Fuerza Armada, con un nivel de confianza en la institución del 65 %. Ese vuelco cuasi surrealista no puede explicarse sin la centralidad que los militares ocupan en la deriva autoritaria del presidente Bukele.

“Yo diría que, hoy por hoy, no hay muchas razones para que haya insatisfacción en la Fuerza Armada hacia el presidente. ¿Por qué no estarían satisfechos? ¿Por qué no estarían plegados al presidente?”, se pregunta Luis Enrique Amaya, investigador y consultor especializado en seguridad pública.

Más fondos que nunca

Con la actual administración de Nayib Bukele, la Fuerza Armada está gozando de presupuestos, responsabilidades y lisonjas que ningún otro presidente se había atrevido a dar desde el final de la guerra civil, en 1992.

Antes de Bukele, el presupuesto más alto que la Fuerza Armada de El Salvador había recibido fueron los 153.3 millones de dólares del año 2013. Para 2019, la asignación había menguado hasta los 145.1 millones. Pues bien, en 2020, en el primer presupuesto general del Estado que elaboró la administración Bukele, el Ministerio de Defensa recibió 220.3 millones de dólares, un aumento del 52 %. El presupuesto aprobado para 2022 aún es mayor, y asciende a 256.5 millones.

“A partir de junio de 2019, nuestra querida Fuerza Armada ha venido teniendo una transformación muy importante, una profesionalización que es muy bien querida por toda la población salvadoreña, y eso no habría sido posible sin el apoyo de nuestro comandante general, el señor presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortez”, dijo el ministro de Defensa, el vicealmirante René Merino Monroy, a la tropa que escuchaba su discurso en la celebración del Día del Soldado Salvadoreño, el 7 de mayo.

Nacido en 1963, Merino Monroy es parte de la LXI promoción de oficiales, cuya graduación formal tuvo lugar en mayo de 1990, cuando la guerra civil salvadoreña daba sus últimos coletazos. Su carrera militar se ha desarrollado en la Fuerza Naval, que históricamente ha tenido un peso mínimo en el Estado Mayor Conjunto. Son dos datos relevantes para el mensaje de ruptura al que le apostó el presidente. 

“El ministro actual es el primero sin experiencia de guerra”, dice otro oficial, compañero en la LXI promoción, que también aceptó conversar bajo condición de anonimato. Por miedo.

El presupuesto ensanchado ha permitido que los salarios aumenten con una generosidad desconocida en la institución armada, con las alzas más sensibles para la tropa. Un soldado asignado a labores de seguridad pública promedia ahora unos 700 dólares mensuales, más del doble que lo que se devengaba hace apenas cinco años. Si el empresario respeta la ley, un salvadoreño gana 243 dólares al mes por recolectar café o cuidar una granja de cerdos.

La bonanza también ha permitido invertir en formación y en equipamiento “en unos niveles no vistos en los últimos 15 años, incluyendo la adquisición de tecnología sofisticada, como drones y tecnología de espionaje para inteligencia militar”, dice José Marinero, presidente de la Fundación Democracia Transparencia Justicia (DTJ), una oenegé que desde 2011 trabaja por el respeto a la institucionalidad.

Pero el apoyo de Bukele a su Fuerza Armada no se ha limitado a espolvorearla con millones. El peso de los militares en el gabinete de seguridad ha crecido, en detrimento de la Policía Nacional Civil (PNC). “Ahorita la Fuerza Armada no sólo respalda en labores de seguridad pública, sino que está participando en la conducción de la estrategia”, agrega Amaya, el experto en seguridad pública.

El número de efectivos militares involucrados en la seguridad pública ha saltado de 7,900 en 2017 a casi 18,000 en mayo de 2022. Los soldados, sus uniformes camuflajeados y sus M-16 han devenido pura cotidianidad en El Salvador.

Hay, además, otros dos incentivos que Bukele está dando a la Fuerza Armada, tan importantes o más que los ya citados. El primero sería el apoyo entusiasta, firme y persistente a la institución, alimentado por el propio presidente –en sus redes sociales, en sus discursos–, y amplificado hasta el cansancio por el poderoso y bien aceitado aparato propagandístico del bukelismo. La figura del soldado está siendo promovida como un héroe nacional, y el propio Bukele es el principal promotor.

“Para el militar juegan mucho el simbolismo, el corazón, el sentimiento y el arraigo que tiene el militar en la sociedad, en tanto que después de la guerra se sintió un tanto como… traicionado por los distintos gobiernos, que nunca nos dieron el espacio que anteriormente teníamos”, dice otro oficial que accedió a la entrevista sólo si era off the record. Por miedo.

Y el último incentivo de Bukele está destinado al grupo de oficiales superiores y generales seleccionado para conducir la Fuerza Armada, encabezado por el ministro Merino Monroy. Es la seducción de sentirse cerca, parte del poder político. “Para un general es muy importante estar dentro de un grupo de privilegio y haberlo alcanzado por méritos propios”, razona el mismo oficial que apeló a la importancia del simbolismo.

A Bukele, por cierto, le gusta llamar Nueva Fuerza Armada a la Fuerza Armada.

Bukele y su Nueva Fuerza Armada

En el año 2021, un total de 3,124 jóvenes –2,791 hombres, 333 mujeres– se incorporaron como soldados en la Fuerza Armada de El Salvador, y desde el propio día de su juramentación pasaron a realizar labores de seguridad pública.

Cumplidos ya tres de los cinco años para los que fue elegido en 2019, Bukele goza de una popularidad que para sí quisieran la totalidad de mandatarios del continente y del mundo. Según la encuesta que el diario La Prensa Gráfica publicó el 1 de junio –día en el que arrancó el cuarto año–, el 87 % de los salvadoreños aprueba la gestión del actual presidente. Nueve de cada diez.

Un pilar fundamental de su popularidad es que Bukele ha sabido venderse como la alternativa real a las dos siglas clave de la guerra civil: ARENA, el partido de derecha que gestionó el final de la guerra; y FMLN, la antigua guerrilla que devino partido político. Areneros y efemelenistas dominaron la posguerra salvadoreña, con 20 años de gobierno los primeros, y otros 10 los segundos. Tres décadas salpicadas de corrupción.

Los Acuerdos de Paz firmados entre ARENA y el FMLN restaron poder y presencia social a la Fuerza Armada –responsable, dicho sea de paso, de las mayores atrocidades cometidas durante el conflicto–, pero hay consenso entre académicos, políticos y activistas en que el Ejército cumplió sin mayores sobresaltos el rol que se le asignó en 1992.

“Yo no soy promilitarista, pero hay que ser absolutamente honrados con la realidad, y es que a los militares, desde los Acuerdos de Paz y hasta la actual administración, no hay mucho que achacarles; o sea, ¿qué se puede criticar con seriedad a la Fuerza Armada?”, se pregunta Amaya, el experto en seguridad pública.

“Los salvadoreños tenemos inclinaciones autoritarias, y eso explica que, en las encuestas, la Fuerza Armada aparezca como una institución respetada”, dice José Marinero, de la Fundación DTJ.

Ruth López, jefa del área de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, una de las oenegés más activas del país, agrega que la Fuerza Armada no ha generado grandes escándalos de corrupción, y lo atribuye “a sus muchas regulaciones internas, a su naturaleza jerarquizada, y al escaso margen de maniobra, porque era una institución con recursos limitados”.

En las últimas décadas, matiza Ruth López, el Ejército sí se ha visto involucrado “en asuntos de abuso de autoridad y de vulneración de derechos humanos, y es posible que, con los recursos que están manejando ahora, dentro de un tiempo veamos casos de corrupción”.

Son públicas las obstaculizaciones de la Fuerza Armada a las investigaciones abiertas para aclarar masacres ocurridas durante la guerra civil, con ARENA, con el FMLN y también con Bukele. Pero no tiene sustento estadístico que la masiva incorporación de militares a tareas de seguridad pública se haya traducido en un aumento en las denuncias ciudadanas por violaciones de los derechos humanos.

Un ejemplo: en todo el año 2021, y en un departamento clave como es La Libertad –el segundo más poblado del país–, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) registró seis denuncias ciudadanas contra la Fuerza Armada, mientras que la PNC sumó 23. En el departamento de La Unión, la PDDH recibió 32 denuncias contra la PNC por cinco contra la Fuerza Armada. La tendencia es similar en los 14 departamentos que integran la República.

Adiestramiento en entredicho

El número de efectivos militares involucrados en la seguridad pública ha saltado de 7,900 en 2017 a casi 18,000 en mayo de 2022.

En el año 2021, un total de 3,124 jóvenes –2,791 hombres, 333 mujeres– se incorporaron como soldados en la Fuerza Armada de El Salvador, y desde el propio día de su juramentación pasaron a realizar labores de seguridad pública.

El Estado somete a esos jóvenes a un proceso formativo bautizado como ‘PAR-15’. PAR es la sigla de Período de Adiestramiento Regular; y 15, el número de semanas que dura. Así, un joven que ni siquiera ha finalizado sus estudios primarios pasa, en poco más de 100 días, a pasear por las calles y cantones del país con un fusil de asalto M-16 al hombro.

El PAR-15 no es un invento de la administración Bukele. De hecho, existe también un PAR-12. Y ninguno de los oficiales de la Fuerza Armada entrevistados para este reportaje –ni los críticos ni los entusiastas del bukelismo– vio problema alguno en la duración de la formación. “En 12 semanas un ciudadano puede ser convertido en un elemento al servicio del Estado, para tareas de acompañamiento en grupos que estén a cargo de un policía o de otro elemento militar con más experiencia”, dijo uno de ellos.

Este entusiasmo no es compartido por los civiles. Amaya, el experto en seguridad pública, cree “desde un punto de vista técnico” que, aunque la gente lo quiera y lo pida, que existan más retenes militares que policiales “entraña riesgos”.

Desarrolla la idea con estas palabras: “Para un policía, lo que tiene enfrente son ciudadanos, que algunos cumplen y otros incumplen la ley, y esos que incumplen la ley deben ser llevados ante un juez; un soldado, por su formación, no tiene necesariamente a ciudadanos ante sí, sino que, dependiendo del caso, ve a enemigos ante sí, enemigos que tienen que ser no sólo neutralizados, sino eliminados”.

Es un tema que preocupa sobremanera al activismo organizado. “Están capacitándolos en un tiempo corto y es bien complejo enviar a personas con fusiles a regular la seguridad pública”, dice Wendy Morales, directora de la oenegé Azul Originario. “Las tareas de seguridad no son ni la competencia ni el ámbito de trabajo de los militares”, dice Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, otra de las oenegés referenciales en materia de derechos humanos.

Reyna va más allá en su cuestionamiento: “La decisión de Bukele de duplicar la Fuerza Armada responde a la necesidad de contar con un brazo armado leal, ante un posible crecimiento del descontento social”.

Régimen de excepción

En 2020, en el primer presupuesto general del Estado que elaboró la administración Bukele, el Ministerio de Defensa recibió 220.3 millones de dólares, un aumento del 52 %.

Este reportaje se publica mientras El Salvador está bajo un régimen de excepción, tres palabras con reminiscencias militaristas. La Asamblea Legislativa –controlada desde el 1 de mayo de 2021 por el bukelismo– la aprobó el 27 de marzo, por 30 días, y ya ha sido prorrogada en dos ocasiones.

Bukele exigió ese marco jurídico tras un violento fin de semana, el sábado 26 de marzo fue el día con más homicidios (62) desde el final de la guerra civil. La pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) quiso enviar un mensaje perverso al gobierno por diferencias en la negociación que desde finales del año 2019 la administración Bukele ha mantenido con la MS-13 y las dos facciones del Barrio 18, negociación que el oficialismo sigue negando ante sus bases.

El régimen de excepción se tradujo en la detención de 34,000 presuntos pandilleros sólo en los dos primeros meses, con incontables reportes de detenciones arbitrarias, falta de garantías judiciales e incluso la muerte de una veintena de detenidos en centros penales.

La medida, que amplía la detención provisional a 15 días y suspende derechos como el de asociación y reunión o la inviolabilidad de las comunicaciones, ha sido cuestionada por la modesta pero ruidosa oposición y también por actores de peso de la comunidad internacional, como el gobierno de Estados Unidos. Amnistía Internacional presentó el 2 de junio un informe en el que acusa a Bukele de “sumergir el país en una crisis de derechos humanos”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un comunicado, urgió a la administración Bukele a “respetar los derechos humanos”.

Sin embargo, y a pesar de los excesos documentados, la totalidad de encuestas publicadas por el tercer aniversario coinciden en un respaldo masivo de la ciudadanía al régimen de excepción. Puede resultar chocante si esto se lee desde latitudes con mayor cultura democrática, pero “los salvadoreños tenemos inclinaciones autoritarias”, ya lo dijo José Marinero, de DTJ.

Bajo el régimen de excepción, mayo de 2022 se ha convertido, con 30 homicidios contabilizados por la PNC, en el mes con menos asesinatos desde que hay registros confiables. Desde que inició el siglo XXI y hasta que Bukele asumió al poder, se promediaban 300 homicidios cada mes en un país de apenas 6.3 millones de habitantes, con picos terroríficos, como los 918 asesinatos en agosto de 2015.

“Si el régimen de excepción aprobado para combatir a las maras termina generando una sensación de seguridad –analiza uno de los oficiales consultados–, el presidente, la Policía y la Fuerza Armada van a salir fortalecidas, el sentimiento de patriotismo de cada militar se incrementará, y eso supondrá aún más apoyo al comandante general”.

El ministro Merino Monroy apuntala esa hipótesis. “En la pandemia estuvimos acuartelados muchos meses, y con el régimen de excepción estamos haciendo el mismo esfuerzo; pero vale la pena porque la población está gozando de mayor tranquilidad. Por esa razón, reiteramos al señor presidente de la República todo nuestro apoyo, aún a costa de nuestras vidas”, dijo en su discurso por el Día del Soldado Salvadoreño.

De momento, Policía Nacional Civil y Fuerza Armada comparten reflectores, pero Bukele ya tomó partido: mientras el número de policías en las calles continúa menguando (en mayo se aprobó un decreto que obliga al retiro de 3,000 de sus empleados), la Fuerza Armada está inmersa en un ambicioso plan para duplicar sus efectivos en cinco años –de 20, 000 a 40, 000–, anunciado por el propio Bukele en un tuit el 19 de julio de 2021. 

Salvo reculada, el presupuesto asignado al Ministerio de Defensa seguirá creciendo en los próximos años.

“Hay algunas personas que piensen diferente, como pasa en todas partes, pero como institución está totalmente alienada con Bukele”, dice Ruth López, de Cristosal, quien cree que el anuncio de duplicar el número de soldados es una amenaza.

“La Fuerza Armada se ha convertido en un apéndice del proyecto político del presidente”, remacha José Marinero, de DTJ.

La Constitución es clara: “La seguridad pública estará a cargo de la Policía Nacional Civil, que será un cuerpo profesional e independiente de la Fuerza Armada”. Así reza el artículo 159, agregado en la reforma constitucional pactada en los Acuerdos de Paz. Y si bien es cierto que los distintos gobiernos comenzaron a ningunear ese artículo desde los noventa, con Bukele la remilitarización se ha desbocado: hoy hay soldados con M-16 en retenes, en patrullajes, en los centros de vacunación, en los cajeros del bitcóin, custodiando y manejando buses del transporte público, fumigando langostas y un largo etcétera.

“Claro que hay algunos oficiales disconformes con este nuevo rol, pero saben que les conviene el silencio”, dice otro de los oficiales que condicionó la entrevista a ocultar su nombre. Por miedo.

Mucha propaganda, poca información

Son públicas las obstaculizaciones de la Fuerza Armada a las investigaciones abiertas para aclarar masacres ocurridas durante la guerra civil, con ARENA, con el FMLN y también con Bukele.

Haciendo a un lado la Presidencia y a su titular, por supuesto, la Fuerza Armada seguramente sea la institución estatal más y mejor publicitada, la consentida de la maquinaria propagandística del bukelismo. En sintonía con esta estrategia, el ministro Merino Monroy es uno de los funcionarios con mayor proyección, un habitual en los programas de preguntas y respuestas en televisión y radio.

Sin embargo, esas entrevistas sólo las concede a medios controlados directamente por la Secretaría de Prensa, y a algunos de gestión privada pero que optaron por la sumisión al oficialismo. Los medios, programas y periodistas críticos –o los simplemente no alineados al milímetro con el discurso oficial– son ignorados.

Para este reportaje se gestionó ante la Secretaría de Comunicaciones una entrevista con el ministro Merino Monroy, para conversar “sobre el rol que ha pasado a ocupar la Fuerza Armada en la administración del presidente Nayib Bukele”. Se solicitó por escrito el 21 de abril, con disponibilidad absoluta para el día, hora y lugar, con recordatorios durante tres semanas, y con apertura para que, si la agenda del ministro lo imposibilitaba, la entrevista fuera con el viceministro, o con el jefe del Estado Mayor Conjunto, o con el subjefe. Nada.

Esa animadversión a cualquier cuestionamiento de la narrativa oficial no es exclusiva de la Fuerza Armada, sino un rasgo identitario del bukelismo, pero en el caso de los militares el control del discurso es más abrumador. No hay que olvidar que desde el propio día en el que recibió el bastón de mando –seguramente desde antes–, es una institución clave para el proyecto político de Bukele.

Por eso el miedo. Ni uno solo de los altos oficiales que aceptaron ser entrevistados para este reportaje aceptaron ser identificados; ni siquiera los convencidos de que la era Bukele está sentándole bien a la Fuerza Armada de El Salvador. Hay miedo a represalias.

—¿Por qué ese miedo a hablar, coronel? –pregunté al último de los altos militares que se dejaron entrevistar, cuando el enfoque de este reportaje estaba ya más o menos claro.

—No debe confundirse miedo con prudencia, pero es cierto que hay oficiales que ya han tenido problemas y algunos incluso se han tenido que ir del país.

—¿Pero por qué ese miedo a hablar, coronel? Ni los militares en situación de retiro han querido identificarse –insistí.

—Es que el curso que la política nacional ha tomado y las acciones que se han venido viendo con este gobierno… Yo te digo que todo mundo está… tú lo has visto… y no es que sea miedo… pero hay que tratar de mantener a la familia alejada de problemas.

En la Fuerza Armada de El Salvador ocurre con demasiada frecuencia que los hijos de coroneles y generales sean tenientes o capitanes. Hay miedo a que el desquite sea con ellos, un miedo lógico si se tiene en cuenta cómo hace frente el bukelismo a las disidencias y voces críticas.

—Aquí lo que se ha ido creando –reflexiona el coronel– es una sensación de que nadie quiere meterse en problemas; ya se sabe que quien se mete a redentor sale crucificado.

El quinquenio para el que Bukele fue electo finaliza el 1 de junio de 2024. La reelección está prohibida en la Constitución, pero los magistrados de la actual Sala de lo Constitucional –impuesta por el bukelismo el 1 de mayo de 2021– ya han abierto la puerta a que el presidente pueda competir en las próximas presidenciales. Bukele guarda un silencio estratégico sobre el tema, pero su reelección está en boca de todos: políticos, activistas, casas encuestadoras, analistas y, por supuesto, también los militares. 

El coronel comparte que es ilegal. Está convencido de que el 2 de junio de 2024 otra persona debería ocupar la Presidencia, pero apela a un tecnicismo para inferir que la Fuerza Armada de Nayib Bukele no moverá un dedo por evitarlo. La Constitución de 1962 obligaba expresamente al Ejército a “velar especialmente para que no se viole la norma de la alternabilidad en la Presidencia de la República”; en la Constitución vigente, no.

—¿Y usted quién cree que va a ser el presidente en 2024?

—Nayib Bukele –responde el coronel, sin siquiera dar tiempo a terminar la pregunta.