Un grupo de organizaciones señalaron este martes que el gobierno de Nayib Bukele, en El Salvador, buscaría reformar una cláusula pétrea de la Constitución relacionada con la reelección presidencial. El vicepresidente, Félix Ulloa, encabeza un grupo de abogados que preparó el anteproyecto de reformas constitucionales para entregarlo al presidente de “Nuevas Ideas” el próximo 15 de septiembre.
“La jurisprudencia constitucional ya estableció que el tiempo de espera para la reelección presidencial no puede reducirse de dos a un periodo después de terminar el primer periodo para ejercer la presidencia. El Gobierno pretende modificar esa cláusula pétrea”, apuntaron en un comunicado.
La Constitución salvadoreña señala que no puede ser candidato a presidente quien haya ejercido el cargo por más de seis meses “durante el periodo inmediato anterior”. La Sala de lo Constitucional indicó en un fallo de 2014 que esto significa que un presidente debe esperar 10 años a partir del final de su mandato para buscar la Presidencia nuevamente.
La reforma propuesta establece esta prohibición a quien haya sido presidente por más de seis meses “durante el periodo anterior al inicio de aquel al que aspira a ser electo”.
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Las organizaciones también señalaron que, a su parecer, la propuesta de reformas constitucionales se formuló con “poca transparencia”. “El anteproyecto de reforma constitucional se preparó con poca transparencia y sin una verdadera participación de la sociedad”, señalaron las organizaciones en un comunicado. Agregaron que “toda la reforma está sujeta a la aprobación exclusiva del presidente, ratificando el origen vertical de esta iniciativa”.
A su juicio, para la aprobación de este paquete de reformas “deben existir condiciones democráticas” y “restaurarse el orden constitucional roto por el golpe de Estado del 1M (1 de mayo)”.
En dicha fecha, la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista tomó posesión y su primera acción fue remover a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esta acción fue criticada por la comunidad internacional por suponer un golpe a la separación de poderes y Bukele, a pesar de que no está entre sus facultades, aseguró que era irreversible.
El mandatario se había enfrentado con los magistrados destituidos durante 2020 a raíz de sus fallos sobre el manejo de la pandemia de la covid-19. Entre las reformas que se presentarán se encuentra la inclusión del referéndum, plebiscito y la revocatoria de mandato, además de ampliar el periodo presidencial a 6 años, cuando actualmente es de 5 años.
La redacción propuesta establece que estos mecanismos no podrán utilizarse para “prorrogar el mandato presidencial o para permitir la reelección inmediata de quien ejerza la Presidencia”.
Las entidades no gubernamentales indicaron que, “mientras no se generen condiciones democráticas”, no participarán en las discusiones porque “existe el riesgo de que nuestra participación se use solo para dar una apariencia de legitimidad a un proceso que no la tiene”.
Entre estas organizaciones se encuentran la Asociación Nacional de la Empresa Privada de El Salvador (ANEP), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derechos (Fespad) y Acción Ciudadana, entre otras.
Reelecciones indefinidas no son un derecho humano
A propósito, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) publicó el pasado viernes una opinión consultiva en la que determinó que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano y que atenta contra los principios democráticos.
“La reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni por el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos”, estableció la CorteIDH en la opinión consultiva solicitada desde 2019 por el Estado de Colombia.
El documento, emitido con cinco jueces a favor y dos en contra, agrega que “la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”.
“Este tribunal concluye que la habilitación de la reelección presidencial indefinida obstaculiza que otras fuerzas políticas distintas a la persona a cargo de la Presidencia puedan ganar el apoyo popular y ser electas, afecta la separación de poderes y, en general, debilita el funcionamiento de la democracia”, expresa el pronunciamiento.
La Corte advirtió en el documento que “el mayor peligro actual para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional, sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario, incluso si este es electo mediante elecciones populares”.
“En consecuencia, las salvaguardas democráticas deberían prever la prohibición de la reelección presidencial indefinida. Lo anterior no implica que se deba restringir que otras personas, distintas al presidente en ejercicio, pero de su mismo partido o fuerza política, puedan postularse al cargo de la Presidencia”, dijo la CorteIDH.
La CorteIDH aclaró que el objeto de esta opinión “no es restringir la reelección presidencial en general, sino aclarar que la ausencia de limitación razonable a la reelección presidencial, o la implementación de mecanismos que materialmente permitan el irrespeto de las limitaciones formales existentes y la perpetuación directa o indirectamente de una misma persona en el ejercicio de la Presidencia, es contraria a las obligaciones establecidas en la Convención Americana”.
Esta opinión consultiva fue solicitada por el Estado colombiano en octubre de 2019 y desde entonces a Corte Interamericana realizó un proceso abierto en el que recibió opiniones al respecto de personas y organizaciones de diferentes países.
La consulta de Colombia tenía como principal punto la pregunta: ¿Es la reelección presidencial indefinida un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos?.
Colombia también consultó sobre los efectos en los derechos humanos en el caso de que un Estado modifique o busque modificar su ordenamiento jurídico para asegurar, promover, propiciar o prolongar la permanencia de un gobernante en el poder mediante la reelección presidencial indefinida.