La periodista Sofía Montenegro y la abogada Azahálea Solís salieron de Nicaragua para preservar su libertad, después que la dictadura Ortega-Murillo las despojó de su nacionalidad, las declaró prófugas de la justicia y confiscó el departamento en el que vivían ambas intelectuales feministas en Managua.
Fuentes allegadas a las opositoras confirmaron a DIVERGENTES que salieron del país por “puntos ciegos”, poco tiempo después de conocerse la acusación sandinista contra ellas y otras 92 personas que también fueron desnaturalizadas como nicaragüenses.
La casa de Montenegro, ubicada en Condominio Amazonia, en Reparto San Juan, fue la primera propiedad confiscada por los Ortega-Murillo el pasado 17 de febrero. A pesar de que sólo la periodista fue acusada, la dictadura procedió a confiscar todos los apartamentos dentro del pequeño complejo residencial.
La Intendencia de la Propiedad entregó notificaciones a 16 viviendas de Amazonia para revisar sus casos por supuesta “ocupación de las viviendas”. En la reunión, les dijeron que los documentos de compraventas que tenían los propietarios quedaban anulados porque eran “irregulares”, y por lo tanto pasaba a su propietario anterior, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA).
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Ambas feministas no estaban en su departamento al momento de la ocupación. Meses antes de la confiscación del complejo de apartamentos Amazonia, el régimen envió a paramilitares a hacer labor de inteligencia y espionaje para conocer mejor a los propietarios de las viviendas, relataron fuentes policiales a DIVERGENTES.
Esta redacción también conoció que les informaron a los dueños de los 16 apartamentos que si quieren seguir viviendo en ellos deben pagar un canon de arrendamiento de 500 dólares al Estado. Los dueños de las propiedades tienen títulos individuales de las viviendas, inscritos en el Registro de la Propiedad, y revisados por las leyes de la propiedad en los gobiernos posteriores de Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán, Enrique Bolaños, e incluso hasta el segundo período de Daniel Ortega. Las propiedades fueron adquiridas a inicios de los años ochenta con una empresa vinculada al extinto Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA).
Estas fueron las primeras confiscaciones que se conocen luego de que el régimen Ortega-Murillo despojó de su nacionalidad a 94 personas, contra las que ordenó ocupación de sus bienes y los declaró prófugos de las justicia por ser “traidores a la patria”, sin que estos ciudadanos si quiera hayan tenido un juicio en su contra. Entre estas personalidades se encuentran los escritores Sergio Ramírez Mercado, Gioconda Belli; el obispo Silvio Báez, defensores de derechos humanos, como Vilma Núñez, periodistas, políticos, empresarios, religiosos, entre otros activistas.