Con la reciente negativa del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de permitir el ingreso al país de monseñor Rodrigo Urbina, párroco de la iglesia San Juan Bautista, de Sutiaba, en el departamento de León, ya suman al menos cinco los religiosos a los que el oficialismo les impone el destierro como parte de las medidas represivas que ha venido realizando desde el 2018 en contra de la Iglesia Católica de Nicaragua. La expulsión de religiosos se combina ahora con el viraje de la persecución religiosa hacia el interior del país, donde los laicos son acosados y la vigilancia en templos por parte de los sandinistas es permanente.
El pasado viernes 27 de enero monseñor Urbina llegó al aeropuerto de Miami, Estados Unidos, para abordar el avión que lo llevaría a Managua. Sin embargo, los funcionarios de la aerolínea le notificaron que su ingreso no había sido permitido por las autoridades de su país. DIVERGENTES intentó conversar con el religioso afectado para conocer más a fondo sobre su situación, pero no atendió las llamadas hechas por esta redacción.
La abogada e investigadora Martha Patricia Molina advierte que el acoso en contra de religiosos continúa y se ha extendido a los laicos, sobre todo a aquellos que pertenecen a grupos parroquiales y viven en el interior del país. “Los policías les han detenido momentáneamente para preguntarles acerca de las actividades que ellos como laicos realizan”, afirma.
De hecho, este domingo también se conoció que dos sacerdotes matagalpinos huyeron de Nicaragua para salvaguardar sus vidas ante la persecución gubernamental. Se trata de Carlos Zeledón, párroco del municipio de San Dionisio, y Jorge Leonel Mairena Sánchez, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Lourdes de El Tuma-La Dalia.
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“Esta etapa de represión se está caracterizando en la criminalización, acoso, amenazas y prohibiciones a las actividades de piedad popular”, alertó Molina al respecto.
Según la base de datos de DIVERGENTES, desde el 2018 a la fecha el régimen también lleva en su cuenta unos diez religiosos, –entre ellos sacerdotes, obispos y diáconos– obligados al exilio por la persecución gubernamental, aparte de los desterrados. El caso más conocido es el de monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua.
Por su parte, Molina ha documentado desde 2018 a la fecha al menos 396 ataques contra el catolicismo por parte del régimen, de los cuales 140 se dieron en el año 2022.
Según un estudio llamado ‘Nicaragua: ¿una iglesia perseguida?’, presentado por Molina en diciembre pasado, los ataques registrados en contra de la Iglesia Católica incluyen ofensas, profanaciones de templos, insultos y amenazas de muerte, ataques armados, encarcelamientos, prohibición del culto y actividades religiosas, a lo que se suma el exilio.
“Obligar al destierro a cualquier persona es una grave vulneración de los derechos humanos. La Constitución Política de Nicaragua garantiza la entrada y salida de los nacionales libremente”, expone la investigadora, a DIVERGENTES, quien augura un 2023 más “nefasto” que el año anterior. “La dictadura no da tregua alguna a los religiosos”, añade Molina.
“Estado de terror”
El abogado Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, organización nacida en San José, capital de Costa Rica, señala que las detenciones arbitrarias, acompañadas de torturas, así como los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen, han desarrollado de manera “intensa” en el país un “Estado de terror”.
“Lo que vemos es un desplazamiento forzado de sacerdotes y personas relacionadas a la Iglesia Católica. Es la continuación de los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Esto ha dado pie al Estado de terror que se vive, perpetrado por un régimen totalitario que en 2022 aplicó cárcel a sacerdotes y privó de su libertad a un obispo”, señala el defensor.
En ese contexto de persecución que menciona Carrión fue secuestrado el obispo Rolando Álvarez, de la Diócesis de Matagalpa, el integrante de mayor rango de la Iglesia Católica, que hasta ahora ha sido sometido a un juicio político por cometer los supuestos delitos de “menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”.
Hasta antes de su encarcelamiento arbitrario, Álvarez era uno de los religiosos más críticos del régimen Ortega-Murillo dentro del territorio nacional, luego de los exilios forzados de monseñor Silvio Báez, obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, y Edwing Román, entonces párroco de la iglesia San Miguel Arcángel, en Masaya, quienes salieron del país en 2019 y 2021 respectivamente tras amenazas en su contra.
“El año pasado Nicaragua vivió un desplazamiento forzado nunca visto; miles y miles de ciudadanos de todos los territorios que se han ido hacia Estados Unidos y Costa Rica, entre ellos personas que se declaran exiliados. Los sacerdotes no han escapado de esta tragedia”, agrega el abogado Carrión.
Sumado a esto, el pasado 26 la justicia sandinista declaró “culpables” a cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un laico que fueron apresados junto al obispo Álvarez en agosto del año pasado. La Fiscalía pide una condena de 10 años de cárcel por el delito de “conspiración”.
A esto se incluye la expulsión de las monjas de la orden Madre Teresa de Calcuta y la confiscación de sus bienes; el encarcelamiento de varios sacerdotes, entre ellos los padres Manuel Salvador García de Nandaime y Leonardo Urbina de Boaco; así como el cierre de radios y canales católicos.
Sacerdotes piden salir de Nicaragua
Durante la misa dominical de este domingo 29 de enero, el cardenal Leopoldo Brenes, dijo desde la Catedral de Managua que, un grupo de neocatecúmenos extranjeros que fueron recientemente ordenados como sacerdotes pidieron regresar a sus países de origen. Aunque Brenes no especificó cuántos de ellos optaron por la excardinación, sostuvo que esa decisión “merma un poquito el número”.
“El cardenal no tiene que decir las razones, pero evidentemente esos hermanos recién ordenados no quieren prestar servicios bajo estas circunstancias”, dijo una fuente católica que pide anonimato.