Tres meses después que Nicaragua reportó el primer caso de coronavirus, el Ministerio de Salud compró de emergencia, entre junio y septiembre de 2020, más de diez millones de dólares en medicinas y materiales de reposición.
La diligencia en la contratación fue atípica para un gobierno que ha minimizado la peligrosidad de la pandemia, convocando a manifestaciones de empleados públicos y manteniendo fronteras y escuelas abiertas. Como reportó luego Confidencial, la acción se debía a un requisito para acceder a un financiamiento de 185,3 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Mientras las altas esferas del gobierno le restan importancia al virus y algunas instituciones, como la Policía, incluso han arrestado a vendedores informales por comercializar hojas de eucalipto como tratamiento a la enfermedad, aduciendo que “la covid-19 no existía”, personas allegadas al partido de gobierno han ganado con la contratación.
Dos empresas relacionadas con funcionarios, la Distribuidora Cruz Azul y la Universal Marketing Associates (Unimark), obtuvieron contratos por casi dos millones de dólares. Los otros ocho millones fueron adjudicados a las empresas: Bühler Pharma SA, Neoethical SA, Generic Pharma GP SA, Farmacéuticas de Nicaragua SA, Yale Healthcare, Cam International Nicaragua, Textiles Saddam International SA, Seven Pharma, Más Publicidad, Inversiones Ayatal SA, Logística Ecológica SA e Importaciones Farmacéuticas SA.
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La historia de Cruz Azul y Unimark permite explicar la opacidad con la que funciona el sistema de compras públicas en Nicaragua, en la que las instituciones no explican el crecimiento de empresas, en las que participan funcionarios públicos como socios y tampoco se puede recabar información actualizada sobre los cambios de accionistas en las mismas debido a las restricciones en el Registro Mercantil, o en los juzgados donde pueden realizarse cambios en el pacto constitutivo como ocurre cuando hay un aumento de capital.
Según contratos con el Ministerio de Salud, el representante ante los acuerdos de Cruz Azul es un ex viceministro de esta entidad durante este gobierno, Napoleón Antonio Ortega Balladares, quien trabajó también en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Ortega Balladares es la punta del iceberg de un entramado formado por funcionarios gubernamentales, sobre los que permanece la duda si participan en el negocio de las medicinas en su calidad personal o como representantes del INSS.
De acuerdo con información fiscal obtenida para esta investigación, la distribuidora Cruz Azul tenía hasta 2014 como accionista mayoritario (60 por ciento de las acciones) a Roberto López Gómez, actual presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
Los otros socios eran entonces Rafael Martín Rivas Ramírez (20 por ciento de las acciones), Lester Roberto Luna Raudes (19 por ciento) y Silvio Romeo Morales Parajón (uno por ciento). Rivas Ramírez es el subdirector general de Operaciones Financieras del Seguro Social, Luna Raudes es el asesor legal y Morales Parajón es el director del Hospital “La Fraternidad”, una Institución Proveedora de Servicios de Salud (IPPS) en el departamento de León, al occidente de Nicaragua.
CONNECTAS llamó a Cruz Azul e identificaron como representante legal a Napoleón Ortega, exviceministro de Salud.
El expresidente de la Comisión de Justicia entre 2007 y 2012, el opositor José Pallais, asegura que si la participación es individual los funcionarios pueden violar la restricción que tienen de contratar con el Estado. En el caso que fuera a nombre del INSS, el cuestionamiento es otro: ¿De qué manera le resultan beneficiosas estas inversiones a esta institución, cuyas finanzas tienen un un déficit de 182.3 millones de dólares para este año y uno proyectado de 229.1 millones para 2021?
Las dudas posibles sobre el caso de Cruz Azul no fueron aclaradas por el presidente del INSS. El asesor legal del Seguro, Luna Raudes, quien es accionista de la empresa beneficiada por el Minsa, dijo brevemente por teléfono: “¿Y por qué no llama a la gente de Cruz Azul? los que están a cargo ahí de eso”.
Luna Raudes se negó a confirmar si se trataba de una empresa del Seguro y recomendó hablar con el presidente de la institución.
El Seguro Social hace parte del sector farmacéutico a nivel nacional desde 2008, luego que fundó otra distribuidora de medicinas, Farmacéuticos y Conexos (Farcosa) en sociedad con el Ejército y la Policía, compró laboratorios Ramos en 3,1 millones de dólares, igual que Laboratorios Rarpe en un monto no revelado a la opinión pública, mientras aportó 7,3 millones de dólares a la fundación del Instituto Mechnikov con Rusia, cuyas autoridades dijeron el año pasado estaban en capacidad de producir la vacuna Sputnik contra la covid-19 en Nicaragua.
La sombra de una ex viceministra en negocios con el Estado
Universal Marketing Association (Unimark), la otra empresa beneficiada con los contratos estatales durante la pandemia, fue creada en 2006 como un centro de llamadas y un año después se convirtió en una distribuidora de medicinas. Su acta constitutiva muestra que su socia fundadora es Alicia Saénz Marenco, ex vicepresidenta del INSS a inicios de este gobierno, y el señor Álvaro Saénz Galo.
Saénz Marenco ha tenido un vínculo histórico como asesora con el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, quien durante décadas fue el enlace del FSLN para ver el tema de salud y seguridad social desde su cargo de presidente de la Comisión de Salud.
Durante más de una década de funcionamiento, a Unimark se le ha señalado en los medios de Nicaragua por sus contrataciones millonarias tanto con el Ministerio de Salud y el INSS, las que sumaron cinco millones de dólares entre 2009 y 2017. Con el tiempo, la empresa ha afirmado que Saénz Marenco ya no es socia y únicamente la compañía está en manos del otro socio fundador, quien reside en Estados Unidos. Sostienen también que participan de licitaciones en las cuales hay competencia sin que medie ningún factor político.
CONNECTAS intentó realizar una entrevista con las autoridades de Unimark, encabezadas por su gerente Francisco Sánchez, que aceptaron recibir a un equipo periodístico. Sin embargo, ya en sus instalaciones, no aceptaron ningún cuestionamiento posterior a un temario que se les hizo llegar antes. Reiteraron su posición ante la opinión pública.
En el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (Siscae), donde se pueden encontrar información sobre contrataciones estatales y en otros casos no, se confirma que hubo siete contrataciones a Cruz Azul y Unimark entre junio y septiembre de 2020 durante la emergencia sanitaria.
En el caso de Cruz Azul obtuvo tres contratos —la suma de los tres es 1.2 millones de dólares— y, a diferencia de su discurso en que aseguran compiten con otros empresarios, en dos de ellos no hubo licitación. El tercer contrato es el de menor valor y fue producto de una licitación para abastecer al Minsa de forma regular.
Proveyeron desde cloroquina hasta batas quirúrgicas para el abastecimiento de las unidades de salud. Lo más llamativo de estas contrataciones es que Cruz Azul en dos de ellas compró medicamentos a Laboratorios Ramos que también es propiedad del INSS.
Unimark recibió también tres contratos que ascienden a 597.508 dólares, uno de ellos tampoco fue licitado. Existe un último contrato por 14.000 dólares fue adjudicado a la empresa Innova Industrias S.A., pero el dinero fue a parar a la misma distribuidora como importador directo del producto. En este caso también hay vacíos de información. Aunque las contrataciones fueron publicitadas en el Siscae, no fueron colgados todos los contratos como sí se hace con otras empresas.
La experta en contrataciones Dayra Valle, del colectivo Transparencia Nicaragua, advierte que la modalidad de contratación simplificada que utilizó el Minsa para adjudicar parte de estos contratos, aunque es legal en situaciones de emergencia, da lugar a “que se beneficie a cierto grupo de proveedores”. En estos casos “se hace la invitación a un solo proveedor”, pero en algunos casos, como la misma se hace a través del sitio web Nicaragua Compra, se presentan varios proveedores y la adjudicación se hace por lotes.
Un negocio de 260 millones de dólares
Aunque Nicaragua tiene una inversión per cápita de menos de sesenta centavos de dólar mensuales para compra de medicinas, el negocio de la importación de productos farmacéuticos en general movió 258,8 millones de dólares hasta agosto 2020 y con una tendencia de crecimiento durante la pandemia.
Las estadísticas del Banco Central de Nicaragua (BCN) indican que hasta agosto pasado el negocio de las medicinas creció el 14 por ciento en comparación con los 222.6 millones de dólares importados en igual período de 2019. La estadística, sin embargo, no brinda información desagregada sobre los importadores y los productos con que se está abasteciendo el mercado local, lo que desde ese sector contribuye a la opacidad.
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un centro de pensamiento del sector privado en Nicaragua, realizó un análisis cualitativo sobre la “Situación y Perspectivas del Sector Comercio y Servicios”, donde señalan que, hasta el segundo semestre de 2020, el sector farmacéutico fue el que tuvo mayor crecimiento durante la pandemia. Con un impulso del 27,5 por ciento, seguido del sector agropecuario con 17,8 por ciento, mientras que los otros sectores del comercio se han contraído hasta en un 56 por ciento.
Mientras las empresas del sector salud se favorecen de la coyuntura, los ciudadanos sufren para asegurarse las condiciones más mínimas de sanidad. René Dávila fue despedido de su trabajo cuando sus empleadores se enteraron de que se contagió del virus. Para él fue difícil hasta adquirir los productos más básicos, como las mascarillas quirúrgicas. “Cada caja nosotros la compramos en 800 córdobas (23 dólares)”, explica. Pero la recomendación del médico fue que “todos en la casa tenían que usarlas”, eso causó que “se nos acababan rápido porque somos seis personas en esta casa”.
Dávila es uno de tantos nicaragüenses que enfermaron, pero no fueron a los hospitales del sistema de salud porque, valora, “ahí me hubiera muerto”. Es por esta razón que gastó todos sus ahorros pagando un médico privado, medicinas, materiales de reposición y productos de limpieza. Su caso no ameritó hospitalización, pero asegura que en tres semanas “gasté como 12.000 córdobas (345 dólares)”, un monto que está por encima de los 7.861 (226 dólares) del salario mínimo en Nicaragua.
Los precios de medicamentos como: Paracetamol, Ibuprofeno, Antigripales, Azitromicina, Aspirina comenzaron a elevarse sin que el Ministerio de Fomento Industria y Comercio (Mific), que es el ente autorizado para regular los precios, interviniera en el comportamiento de este negocio. CONNECTAS escribió otra solicitud de entrevista con el ministro Orlando Solórzano para este reportaje, pero nunca fue respondida.
El director del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor (Indec), Marvin Pomares, aseguró que la especulación en el precio de medicamentos es algo que continuaba hasta julio pasado, ya que en su última inspección, realizada el 09 de ese mes, visitaron 125 de 2.000 farmacias del país encontrando que medicamentos como Azitromicina, que antes de la pandemia costaba cinco córdobas, ahora se vende en sobres de 40 córdobas y las Aspirina, cuyo costo era de un córdoba, ahora se venden en sobres de cuatro por 25 córdobas. “Cuando hablamos con los dueños de las farmacias (ellos) decían que tenían que dar ese precio porque el producto así les estaba llegando de caro”, explica Pomares.
Sin embargo, el presidente de la Asociación de Farmacias Unidas de Nicaragua, Felipe Gurdián, afirmó que sí hubo un incremento en los precios de algunos medicamentos durante el inicio de la pandemia, pero que hasta el momento se estabilizaron y algunos tienen un aumento mínimo de un córdoba. “Lo que sucedió en los momentos críticos de la pandemia es que hubo cosas que se escasearon, las distribuidoras vendían un poco más caro y teníamos que vender un poco más caro. Pero solo metiendo el margen de utilidad, no es que las farmacias estuvieran alterando precios como salía en las redes sociales”, dijo Gurdián.
La entonces presidenta de la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Productos Farmacéuticos (Andiprofa), Rossana Terán, dijo en marzo pasado a medios locales que la escasez de materiales de reposición se debió a que hubo “una gran demanda” y como estos productos usualmente son importados desde China, “los fabricantes primero tiene que suplir ese mercado antes de exportar”. Terán tampoco respondió a una solicitud para conversar sobre este tema, la cual fue realizada por este equipo periodístico.
En julio pasado el entonces presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, la principal patronal de Nicaragua, José Adán Aguerri, denunció que el gobierno gravó con el Impuesto de Valor Agregado la importación de mascarillas, ventiladores y oxímetros, necesarios para atender a los pacientes.
Para el exdiputado Armando Herrera, quien se desempeñó como vicepresidente de la Comisión de Salud entre 2012 y 2016, la forma en que procedió el Minsa para hacer las contrataciones públicas en el contexto de la pandemia “es totalmente contradictoria”. “¿Cómo es posible que a los medicamentos que usamos para atender a la COVID los hayan gravado con impuestos y por otro lado dejan de licitar?”, se pregunta.
Herrera dice que el Estado de Nicaragua favorece a algunas empresas importadoras de medicamentos “porque ahí están metidos todos ellos (los funcionarios del Gobierno)”. Critica también el doble rasero: de facilitar estos negocios y arrestar en cambio a los vendedores de hojas de eucalipto, lo que “no tiene nombre, es mucha crueldad”.
Dada la falta de transparencia en el sistema de compras de Nicaragua, no hay manera de corroborar de manera independiente que las contrataciones realizadas cumplieron con la máxima de que se trataba de la mejor opción para la sociedad y no solo fueron una receta lucrativa.
*Nota de la Redacción de CONNECTAS:
Una versión anterior de esta nota decía que la representante legal de Cruz Azul hasta 2016 era la exministra de Trabajo Jeanette Chávez. La confirmación de los datos, mostró que se trataba de una homónima. La persona que figura en los documentos es Jeanette Chávez Vásquez, y la exfuncionaria es Jeanette Chávez Gómez. El texto actual fue corregido el 12 de febrero aclarando esta situación.
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