Un fallo de la Sala Constitucional se convirtió al cierre de julio en la primera piedra en el camino que pretende recorrer el presidente Rodrigo Chaves para llevar a Costa Rica a su segundo referendo nacional en la historia del país, una propuesta que al mandatario de discurso agitador le sería útil para medir su capacidad de llevar a urnas el apoyo popular reflejado en las encuestas en medio de constantes conflictos con instituciones ajenas al Ejecutivo, partidos opositores y sectores críticos.
El equipo de Chaves tuvo que correr en sólo horas esta semana para improvisar una versión sustituta del proyecto de ley presentado con bombos y platillos el cinco de junio pasado con el propósito de celebrar un referendo sobre reformas legales para reducir los controles administrativos que el mandatario señala como obstáculos para sus proyectos de infraestructura. El plan original, llamado “ley jaguar” como un símbolo propagandístico de poder popular aguerrido, contenía numerosas violaciones a la Constitución Política al pretender acotar competencias de la Contraloría General de la República, entidad auxiliar de la Asamblea Legislativa pero con poder autónomo para ejercer controles al aparato gubernamental.
Esos vicios que obligaron al retiro inmediato del expediente legislativo después de la sentencia de los magistrados de la Sala Constitucional, órgano que el Ejecutivo también señala como adversario y parte de una supuesta red institucional de protección de las élites. Es la “institucionalidad”, un concepto que el presidente menciona con menosprecio.
Pese a retirar el proyecto original sobre referendo, Chaves prefirió usar en su discurso inmediato la palabra “triunfo” para referirse lo que su principal diputada, Pilar Cisneros, había calificado horas antes como “un día de luto” al culpar a los magistrados de negar al pueblo la posibilidad de tomar una decisión “en este momento histórico del país”, como insisten ambos.
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Según el presidente, el criterio judicial sólo depuró la propuesta inicial y dejó en pie su idea esencial de fijar límites a las potestades de la Contraloría General de la República y su jefa, Marta Acosta, a quien acusa de cogobernar y de tener especial ensañamiento con su gobierno. Por eso Chaves y Laura Fernández, ministra de la Presidencia y señalada en corrillos políticos como probable candidata oficialista para 2026, dijeron que el objetivo permanece idéntico y que debería derivar en una consulta nacional en los próximos meses.
“El jaguar está vivo”
“El jaguar está vivo”, animó Chaves hablándole al “pueblo amado” en una conferencia de prensa transmitida en redes sociales en que también alzó la voz para mandar a callar a un periodista que con documento en mano rebatía la interpretación de Fernández sobre la sentencia constitucional.
El ambiente está ahora más revuelto y hostil. Las bancadas opositoras que conforman una mayoría legislativa parecen menos dispuestas a conceder el respaldo y pueden plantear consultas adicionales sobre asuntos ya revisados u otros ante la Sala Constitucional.
También podría hacerlo el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que en paralelo al trámite de proyectos de ley atiende solicitudes para activar la recolección de firmas de al menos 5% de los costarricenses en favor de realizar el referendo. Los analistas señalan que Chaves intenta por todos los medios el escenario de campaña política con un referendo que anunció desde su discurso de mitad de cuatrienio, este 9 de mayo, aunque en ese momento hablaba de varias propuestas de hondo calado y ahora su empeño va por organizar una votación nacional que costaría casi 6 millones de dólares y sólo cambiaría unas reglas de control administrativo.
Pero para Chaves esto no es cosa menor; es un símbolo en su plan de modificar el Estado costarricense. Él habla de ir hacia un sistema institucional más ágil, centralizado y libre de las influencias políticas de los partidos tradicionales y sus élites económicas que llama “la casta”. Predica un Estado al servicio de los ciudadanos que él compara con jaguares cada vez que puede, pronunciando un acento sobreactuado de la gente del campo, no como sus vecinos del condominio de lujo al este de San José.
Un escenario político a la medida de Chaves
Los críticos de Chaves, en cambio, ven en él a un hombre deseoso de crear un nuevo escenario político alrededor suyo en un entorno polarizado más allá del cuatrienio presidencial que acaba en 2026. Ya ha mencionado interés en una posible reelección posterior y pide a la población ayudar a que los próximos comicios deparen una mayoría legislativa suficiente para cambiar la Constitución Política que data de 1949 y que ha representado también una tara en su gobierno.
Y para todo esto ve necesario el referendo como un primer paso, o al menos este clima de discusión electoral que calentó desde mayo y que esta semana se elevó más. El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, pidió abandonar la idea del referendo para trabajar en atender problemas como la criminalidad por narcotráfico y el deterioro del sistema de salud y educación, por medio de negociación entre ambos poderes, pero a Chaves no le agradó eso de negociar y más bien arremetió contra él.
“Este es el ocaso de la monarquía Arias Sánchez, de ambos, ellos gobernaron este país de manera directa e indirecta a través de la red de cuido, que ellos tejieron con sus partidos y los opositores que tuvieron que eran socios”, dijo el mandatario aludiendo también al hermano mayor, Óscar, quien presidió Costa Rica en dos períodos, obtuvo el Nobel de la Paz en 1987 y representa a la élite tradicional política.
“Él es el capo del ecosistema del cambalache, eso es lo que él llama negociar”, añadió Chaves sobre el presidente del Congreso después de llamarlo “árbol caído”. A Chaves le genera más rentas la confrontación, a juzgar por las encuestas que le acreditan el respaldo de la mitad de la población mientras los partidos opositores lucen dispersos y confundidos. Para ello el ambiente del referendo se ofrece ideal, como mostró la semana anterior durante cuatro días de gira por Guanacaste, la provincia del noroeste del país que en las elecciones del 2022 se volcó en apoyo para él.
Ahí fue donde mencionó la posibilidad de liderar protestas de la gente contra instituciones que obstaculicen el plan de referendo, algo que no ocurrió el lunes cuando la Sala Constitucional tumbó el proyecto original. Ahí también expresó su deseo de que en el 2026 se forme una mayoría legislativa suficiente para modificar la composición de altos tribunales del Poder Judicial y hacer reformas profundas a la Constitución Política, con el argumento de que la actual está condicionada por el poder de las élites de mitad del siglo XX.
“Este es el proyecto político de Rodrigo Chaves y sus acólitos, tomar el poder absoluto (…) así se construyen las dictaduras”, reaccionó el diputado y excandidato presidencial Eliécer Feinzaig, tocando una fibra que el presidente ya había pulsado cuando en junio se atrevió a decir que Costa Rica ha sido “una dictadura perfecta” de siete décadas y que conviene avanzar a una democracia auténtica pasando por un referendo. Entonces contestaron enfadados los expresidentes, a quienes Chaves desdeña con frecuencia como representantes de los tres partidos que, según su discurso, han sido instrumentos de las élites colocando en puestos de poder a personas favorables, incluida la Contralora y los del Tribunal Constitucional.