Chacarita es un distrito pobre cercano al puerto de Puntarenas que en otros tiempos fue el balneario de los costarricenses del centro del país. Ahora van menos por razones como esta: dos hombres en moto mataron con más de 10 balazos a un hombre que iba en bicicleta un sábado a las 10 de la mañana muy cerca de la plaza donde los muchachos del barrio jugaban fútbol, a una cuadra de la sede policial. Ocurrió diez días después de que una madre de 22 años, que hacía sus ejercicios en un gimnasio, murió asesinada por más de ocho balazos que le propinaron dos hombres vestidos de payasos. Ambos crímenes parecen venganzas por asuntos del narcotráfico, ataques que han dejado de ser una rareza en la Costa Rica de la última década.
Ahora la provincia Puntarenas registra una tasa de homicidios casi igual que la de Colombia, pero no es la más grave. Limón, la provincia del Caribe que colinda con Nicaragua y Panamá, presenta una tasa de 33, superior a la de México y cercana a la de los países del Triángulo Norte centroamericano. También ha empeorado la situación en municipios de Guanacaste, la provincia del norte de la costa pacífica, y en zonas periféricas de Alajuela hacia el norte del país. Coinciden muchos estos territorios en poseer bajos niveles de desarrollo y, al mismo tiempo, en recibir a cientos de miles de turistas extranjeros atraídos por las bellezas naturales.
Son distintas formas de paraísos. Lo son también para las organizaciones criminales narcotraficantes a las que las autoridades atribuyen más de la mitad de los asesinatos del país que, en promedio nacional, roza la tasa de 12 y se acerca a su peor año, el 2017, con índices propios de “epidemia”, según las mediciones internacionales. Costa Rica, la nación que ha sabido desarrollar condiciones de bienestar y sigue siendo destino de miles de migrantes, ahora está enferma de violencia y sin claridad sobre las medicinas, sufriendo del deterioro de las condiciones sociales que han empujado a cientos de jóvenes a las bandas criminales o que los llevan a buscarse la vida con asaltos en las ciudades.
El problema habita también en las ciudades y distritos del centro del país, donde hay mejoras en la tasa de homicidios pero no condiciones para que las personas caminen tranquilas al volver de sus trabajos, como evita Diego, un hombre de 44 años que prefiere tomar un Uber que arriesgarse que le roben la computadora del trabajo, o que lo hieran para robársela. “Nunca me ha pasado, pero sé que puede pasar en cualquier momento; es mejor gastarse una plata más que ir a pie a la estación del bus”, cuenta. Vive solo en un residencial con guardia de seguridad privada y su casa tiene dos portones de hierro. “Tampoco ha pasado nada antes, pero no quiero que pase”, explica.
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Las cifras de delitos de robo o asaltos no han subido en los últimos años, pero sí otros registros como el de violación, con 15% más denuncias en 2021 respecto al 2020. Es claro que el mayor peligro lo sienten las mujeres, como mostró una encuesta publicada este mes por la oficina local del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): un 72% de ellas se sienten expuestas al crimen frente a un 58% de los hombres. Varios casos de asesinatos de mujeres se han procesado judicialmente en el 2022 y elevan el miedo en mujeres como Daniela, una maestra que se trasladó en 2020 a trabajar a una zona rural de Limón. “Voy de la casa a la escuela y de la escuela a la casa. Ni siquiera voy al supermercado, le pago a un señor que me hace las compras. Jamás salir sola de noche”, cuenta por teléfono.
“Poco o nada seguro”
A fin de cuentas, dos tercios de la población contesta que Costa Rica es poco o nada segura. Eso cambia los modos de vida, impide la cercanía en las comunidades, eleva costos de los hogares y tampoco ayuda a la necesaria recuperación económica del país donde el 23% es pobre, aunque hay un pequeño segmento de la población que más bien ha elevado sus ingresos en los últimos años, que viven en residenciales cerrados y en las calles circulan con vehículos lujosos con vidrios polarizados hasta arriba. “El problema es que a veces son personas buenas que solamente lo hacen para cuidarse y a veces más bien generan sospechas”, dice un policía motorizado de Fuerza Pública que habla a cambio de no revelar su nombre. “Llevo 15 años patrullando y le puedo asegurar que las cosas han cambiado mucho y la Policía tampoco tiene recursos infinitos”, añade en alusión a un problema presupuestario que repiten las autoridades.
El grado de violencia también ha cambiado, decía a diputados el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza: “Hemos visto quemados, decapitados, personas a las que le han sacado los ojos en vida y luego son asesinados”, dijo mostrando imágenes de un caso en que la cantidad de trozos de cuerpos dificultó a los investigadores saber cuántas eran las víctimas. Es quizás a lo que se refería el presidente Rodrigo Chaves después de una reunión con presidentes de otros poderes para buscar soluciones a la inseguridad: “nos propusimos unir fuerzas para actuar sobre el problema de la violencia y la inseguridad, males que ya, para ser sincero y franco con el pueblo de Costa Rica, ya se nos salieron de las manos y que son inconsistentes con la patria que queremos”.
El problema es social y de desarrollo económico, del sistema educativo también, pero las consecuencias revelan un faltante presupuestario y los resultados señalan deficiencias en el sistema judicial, que desbordado por los casos tarda en procesar a los sospechosos y deja espacios de impunidad. Se han visto casos de vecinos que vapulean a ladrones, pero son excepcionales. La mayoría de la población aún cree en llamar a la Policía y denunciar ante la Justicia, aunque no faltan las críticas a su funcionamiento.
“Aún las personas muestran confianza en un actor fundamental como la Fuerza Pública, que es preventiva y no coercitiva. Eso es un factor valioso”, decía Randall Brenes, oficial de Gobernabilidad Democrática en la sede de PNUD, sin mencionar que Costa Rica carece de Ejército y no puede echar mano de él para combatir el crimen, como sí han hecho otras naciones. Tampoco son muchas las personas que deciden armarse o que apoyan esa opción, pues el 89% las considera un factor de peligro en los hogares, más que una herramienta de protección. A pesar de eso, cuando un asaltante es baleado por supuestas víctimas o inocentes, en las redes sociales suele haber exaltación de la posibilidad de la autodefensa.
Las autoridades insisten en que ha habido algún éxito en estrategias policiales específicas y abordajes intensivos focalizados, pero admiten que a los delincuentes les resulta fácil desplazar y que a veces las bandas quedan en manos de los que no cayeron presos, si no es que otros compiten a balazos por el control de territorios donde cayó el líder. “Cambiar esto nos puede llevar muchos años si empezamos ya con medidas adecuadas, pero no las tenemos y por supuesto no estamos aplicándolas. Como sociedad hemos cambiado, pero uno quiere pensar que todavía hay esperanzas”, añadió el policía experimentado, lamentándose.
“¿Legalizar la marihuana? Puede ser”, dijo sobre la propuesta de reforma legal que presentó Rodrigo Chaves con el argumento de desinflar el negocio criminal. Pero advierte: “no será la solución, solo hará que podamos dedicarnos a cosas más importantes que perseguir a un mae que lleva cinco puchos o que vende galletas de esas”. Los diputados, en cualquier caso, parecen reacios a la regulación de la marihuana porque dicen que es la puerta a otras drogas y que puede crear adicción, lo cual también incide en los delitos en las calles.
De momento Costa Rica insiste en la persecución tradicional, salvo por la insistencia de Chaves en controlar los puertos por donde los narcotraficantes sacan la droga hacia Europa mezclada con piñas o plantas. El Gobierno mantiene la apuesta por el patrullaje conjunto con Estados Unidos para vigilancia marítima y son frecuentes los decomisos de embarcaciones con paquetes de cocaína, aunque expertos como Osvaldo Henderson, exfiscal de crimen organizado, insisten en que eso de poco sirve para mejorar la seguridad local.