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Las arbitrariedades migratorias de los Ortega-Murillo

El Gobierno de Nicaragua otorgó este viernes la nacionalidad nicaragüense al expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén, con lo que no podrá ser extraditado para responder por un caso de corrupción en su país. EFE / Jorge Torres

Daniel Ortega y Rosario Murillo han convertido a Nicaragua en el paraíso preferido para los corruptos. El último político a quien el régimen sandinista le abrió sus brazos es el expresidente Salvador Sánchez Cerén, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en El Salvador. El exmandatario se encuentra en el país desde noviembre de 2020 y este viernes recibió junto a tres miembros de su familia la nacionalidad nicaragüense en tiempo récord.

Sánchez Cerén es señalado específicamente por la justicia salvadoreña de recibir pagos irregulares o “sobresueldos” junto a otros nueve exfuncionarios del gobierno. De estos, cinco fueron capturados y guardan prisión preventiva a la espera que inicie el juicio correspondiente. Los demás huyeron alegando “persecución política” de parte del Gobierno del presidente Nayib Bukele.

Aunque los rumores de la huida de Sánchez Cerén sonaron con mucha fuerza a inicios de esta semana, fue hasta el viernes 30 de julio que el régimen sandinista confirmó que el exmandatario salvadoreño estaba en el país y había recibido, junto a su esposa, su hija y nieto, la nacionalidad nicaragüense. La información fue publicada en La Gaceta en su versión digital. 

Pero esta no es la primera vez que un expresidente de El Salvador, prófugo de la justicia, recibe la nacionalidad nicaragüense. El 30 de julio de 2019, los Ortega-Murillo otorgaron la ciudadanía al exmandatario salvadoreño Mauricio Funes, quien es acusado en su país de malversar más de 351 millones de dólares.

En el caso de Funes, también se le concedió la nacionalidad a su esposa, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, y a sus hijos Mauricio Funes Guzmán, Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco. Ambas resoluciones han sido refrendadas por la ministra nicaragüense de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch.

Expertos en temas migratorios aseguraron a DIVERGENTES que una de las razones por las que los políticos corruptos prefieren huir hacia Nicaragua y solicitar la ciudadanía, es porque al nacionalizarse no pueden ser extraditados. En el caso de Sánchez Cerén y Funes también está de por medio la amistad que tienen con el dictador Daniel Ortega.

Sánchez Cerén y Funes son miembros del partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aliado histórico del mandatario sandinista. El primero gobernó El Salvador entre 2014 y 2019. El segundo lo hizo desde 2009 hasta 2014.

Una decisión ilegal

La Ley 761, Ley General de Migración y Extranjería, establece en el artículo 54 que “los extranjeros naturales de España y los de origen centroamericano, podrán adquirir la nacionalidad nicaragüense cuando sean residentes permanentes en Nicaragua por un periodo continuo de dos años sin necesidad de renunciar a la de su país de origen. De igual manera el cónyuge por razón de matrimonio con nicaragüense podrá adquirir la nacionalidad nicaragüense con una residencia continua de dos años”.

Un experto en temas de migración consultado por este medio y que aceptó hablar bajo condición de anonimato, explicó que la decisión de nacionalizar a Cerén y su familia, es ilegal porque no cumplen con los requisitos que mandata la Ley 761.

“Y aunque la Asamblea Nacional hubiera otorgado la ciudadanía por méritos y servicios al país, tampoco sería legal. Apenas entraron al país el año pasado y no se han destacado en nada. Al contrario, son prófugos de la justicia”, explicó el experto.

Hace dos días, el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, tras la jornada de capturas realizadas en contra de varios exfuncionarios del gobierno del expresidente Mauricio Funes, y la difusión roja solicitada en contra del expresidente Salvador Sánchez Cerén; aseguró que habían tenido conocimiento de que estaba en Nicaragua “desde el año pasado”.

“De acuerdo a las autoridades de Migración tenemos entendido que el expresidente Sánchez Cerén salió en noviembre pasado hacia Nicaragua y ahí se encuentra”, indicó Villatoro.

El doble rasero: los sacerdotes católicos expulsados

El entonces obispo de la diócesis de Estelí, monseñor Abelardo Mata ha sido uno de los que ha denunciado los atropellos a los sacerdotes extranjeros. Foto: Carlos Herrera

A raíz de la crisis sociopolítica de 2018 se han denunciado varios casos de sacerdotes católicos extranjeros que han sido expulsados del país. El entonces obispo de la diócesis de Estelí, monseñor Abelardo Mata, informó en su momento de al menos dos religiosos extranjeros a los que se les redujo su permiso de permanencia en el país, y otros que eran víctimas de asedio constante de parte de la Dirección de Migración y Extranjería.

En octubre de 2020, la diócesis de Estelí denunció a través de sus redes sociales la cancelación de la residencia del sacerdote colombiano Luis Alirio Carrillo, quien pertenecía a la parroquia de San Judas Tadeo, en Condega. Carrillo había trabajado cuatro años en la Diócesis de Estelí, a cargo de Monseñor Abelardo Mata, y abandonó el país el 16 de octubre de 2020 por órdenes de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

El sacerdote explicó a La Prensa que a inicios de septiembre las autoridades le suspendieron su residencia permanente, que era válida por cinco años y que de acuerdo a la legalidad del documento su permiso de estancia vencía hasta el 15 de enero de 2022, pero este fue reducido a un mes.

“Se le ha retirado su residencia en Nicaragua, todo por pronunciarse en contra de las injusticias y la maldad humana”, señaló la diócesis de Estelí en una declaración.

El otro caso denunciado por Mata fue el del cura de origen salvadoreño Julio César Melgar, con más 40 años de vivir en Nicaragua y cuya residencia únicamente fue extendida solo por seis meses, no los cinco años que le otorgaba la residencia permanente. En septiembre de 2018, la DGME le había cancelado la residencia al padre.

El 31 de enero de 2021, las autoridades migratorias le impidieron el ingreso al Fray Santos Fabián Mejía, párroco y superior de la parroquia San Francisco de Asís de Juigalpa, Chontales. El fraile Mejía es de nacionalidad salvadoreña y tenía más de 12 años de laborar en parroquias nicaragüenses. El sacerdote Santos Fabián afirmó que le dijeron que no era “apto” para estar en el país. 

En febrero de 2021, el Ministerio de Gobernación de Nicaragua prohibió el ingreso a Nicaragua del sacerdote extranjero de la Orden Frailes Menores Franciscanos, Fray José Javier Lemus quien tiene 65 años de edad y tenía más de diez años de estar en Nicaragua, pero ahora fue nombrado en una parroquia en Honduras. 

El último caso es el de Fray Damián Cosme Muratori, encargado del Santuario Tepeyac, ubicado en San Rafael del Norte, Jinotega y vicepostulador de la causa de Beatificación del Siervo de Dios Odorico D’ Andrea.

El sacerdote de origen italiano tenía estatus de residente desde hace 45 años. Sin embargo, en abril fue informado que su residencia no había sido renovada y tenía un plazo de 90 días para abandonar el país. Esta vencía el 29 de julio, pero la DGME citó nuevamente al fraile para supuestamente entregar la residencia, pero nuevamente le extendió una prórroga por 90 días que vence el 27 de octubre de 2021.

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