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Las artimañas de la reforma electoral Ortega-Murillo

Daniel Ortega y Rosario Murillo votan en las cuestionadas elecciones municipales de 2017. EFE/Jorge Torres

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende desarrollar elecciones presidenciales en Nicaragua con “mano de hierro”, al imponer una reforma de la Ley Electoral (331) que, tal como está planteada, anularía por completo la posibilidad de comicios generales competitivos y transparentes. La propuesta apunta a inhibir a candidatos opositores, dificultar la labor de los fiscales, tener el control de las movilizaciones a través de la Policía Nacional, y premiar la participación de los partidos comparsas, mejor conocidos como zancudos.

La propuesta presentada por los diputados de la Asamblea Nacional tiene todo el rechazo de la oposición nicaragüense. Los aspirantes a la presidencia como Cristiana Chamorro indicaron que con esta reforma Daniel Ortega está cancelando las elecciones. Pero, ¿cuáles son esos artículos que la aplanadora de diputados sandinistas pretende aprobar para que las elecciones de noviembre sigan bajo el control de los Ortega-Murillo?

DIVERGENTES entrevistó a expertos constitucionales, miembros del Grupo Promotor de Reformas Electorales (GPRE) para exponer los principales artículos que el régimen pretende reformar y, al mismo tiempo, analizar cuál sería el impacto en las reglas del juego en una eventual elección.

Artículo 89: Ortega autorizará marchas o movilizaciones opositoras

El artículo número 89 señala que los partidos políticos o alianzas de partidos presentarán solicitud a la Policía Nacional, con copia al Consejo Electoral, para realizar manifestaciones o mítines políticos. Deben precisar fecha, hora, día, lugar y trayecto con una semana de anticipación como mínimo. La institución resolvería dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes la presentación de la solicitud.

El GPRE señala como grave este aspecto por una sencilla razón. Daniel Ortega es el jefe supremo, según la Constitución Política, de la policía, institución sancionada por Estados Unidos. Es decir que si Ortega también corre como candidato –todo parece indicar que así será–, además de contendiente será una especie de juez y parte, porque bajo su designio autorizará o no mítines electorales de la oposición, ya que la policía  le obedece ciegamente. Y si por la víspera se saca el día, la policía mantiene un estado policial en la actualidad enfocado a impedir la organización o actividades políticas de los opositores de cara al incierto proceso electoral. 

Sede del controvertido Consejo Supremo Electoral. Jorge Torres | EFE.

Artículo 81: Inhibiciones de candidatos por leyes punitivas

El artículo 81 establece que no pueden ser inscritos como candidatos o candidatas a los cargos de elección popular personas a quienes el gobierno les aplique la “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros” y la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”. La primera sanciona a personas naturales o jurídicas que reciban algún financiamiento extranjero y cuyos recursos se utilicen para “realizar actividades que deriven injerencia de gobiernos”. La segunda inhibe a quienes los Ortega-Murillo consideren “traidores a la patria” al “demandar y aplaudir sanciones contra el Estado de Nicaragua y financien un golpe de Estado”.

Para GPRE este es un mensaje intimidante y desesperanzador, porque pretende provocar y promover el abstencionismo. Otra vez, todo queda bajo los designios de Ortega. Si los opositores superan la barrera de sortear la ley de Derechos del pueblo, se enfrentarán a otra realidad: el régimen tratará de hacer lo posible para sacarlos de la contienda electoral con el tema del financiamiento.

Artículo 103: Régimen castiga financiamiento a opositores y beneficia a zancudos

Según este punto de la reforma electoral, los partidos políticos, alianzas de partidos o cualquiera de sus candidatos y candidatas “no podrán recibir donaciones ni de privados cuando sean estos extranjeros o de nacionales estando estos en el extranjero”. Tampoco podrán recibir donaciones de ningún tipo de entidades extranjeras para ningún fin.

La iniciativa de reforma electoral también contempla suprimir el requisito de obtención del 4% de votos válidos para el reembolso de la campaña electoral

El GPRE señala que esta maniobra, de castigar el financiamiento y retribuir con financiamiento a los partidos que no hayan tenido el 4% de votos válidos, propicia el colaboracionismo, el llamado zancudismo, para que participen partidos pequeños serviles a Ortega.

EFE/Jorge Torres

Artículo 16 conserva el bipartidismo 

Este artículo señala que el presidente o presidenta, con su respectivo suplente de cada Consejo Electoral y de Juntas Receptoras de Votos, “serán designados alternativamente entre los partidos políticos que hubiesen obtenido el primero y segundo lugar en las últimas elecciones generales que se hayan celebrado…”

El GPRE sostiene que el régimen conserva la integración bipartidista, originada en el pacto del año 2000, “de manera que se reparten una cucharada grande todas las estructuras, la presidencia y la primera membrecía de los organismos electorales”.

La Organización de Estados Americanos (OEA) dio plazo hasta mayo del 2021 para que se realicen reformas electorales y garantizar a los nicaragüenses un proceso creíble, como demandan los nicaragüenses y la comunidad internacional. 

Rechazo a la reforma electoral

La precandidata presidencial Cristiana Chamorro dijo este jueves que el gobierno no está implementando “reformas electorales, sino restricciones”. Además, que está “cancelando las elecciones”, ya que no habrá observación internacional y en cambio primará la inhibición de candidatos y el control de los votos.

El exembajador en Estados Unidos y precandidato presidencial independiente, Arturo Cruz, también rechazó las pretensiones del gobierno con esta reforma. “El régimen está tratando de convertir al Consejo Supremo Electoral (CSE) en un pelotón de fusilamiento para nuestros derechos a elegir y a ser electos”, dijo.

Los precandidatos coincidieron que esta reforma unilateral se trata de un intento de acorralar a los nicaragüenses y de desafiar a la comunidad internacional.

Juan Sebastián Chamorro, otro precandidato presidencial, manifestó que la reciente reforma electoral será aprobada. “Porque todo lo que manda Ortega lo aprueba la Asamblea Nacional. Trata a los nicaragüenses en el exterior como ciudadanos de segunda y tercera categoría. La reforma les prohíbe, por el solo hecho de estar fuera de Nicaragua, de donar un centavo a la campaña de su preferencia. Esto viola la constitución y los derechos ciudadanos y demuestra más el desprecio de la dictadura a los hermanos en el exterior”, lamentó Chamorro.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), emitió este miércoles un comunicado donde urge de condiciones democráticas para celebrar elecciones transparentes en Nicaragua.

«Es urgente y necesaria la aprobación de una reforma electoral sustantiva que incorpore las propuestas que han presentado los partidos políticos extraparlamentarios, los movimientos políticos de oposición, el Grupo Promotor de Reformas Electorales, así como las recomendaciones de la OEA, y UE (Unión Europea), para garantizar la modernización y restructuración efectiva del Poder Electoral», reza el pronunciamiento del sector privado nicaragüense.

¿Contraargumentar reforma electoral? 

Daniel Ortega no permite la observación electoral, una demanda nacional e internacional. EFE | Roberto Escobar.

El experto en derecho constitucional Gabriel Álvarez, y miembro del Grupo Promotor de Reformas Electorales (GPRE), aunque no minimizó los rechazos de opositores a la reforma de la Ley Electoral, dijo que las iniciativas de leyes no se rechazan, se contra argumentan, se hacen contra propuestas, se introducen mociones.

 “Ortega va a decir, ‘yo introduje esto y nadie introdujo una propuesta contraria’. En el procedimiento de la formación de la ley hay mociones, se aprueba lo general, se discute lo particular, los partidos tienen que hacer mociones, todo eso consta en acta. Y luego se impugna la ley si no se logra convencer”, dijo el constitucionalista. “Por eso es importante la unidad de la oposición. Debe unirse para hacer un bloque, ser más responsables, más generosos, ponerse a la altura de la disidencia política y elaborar una estrategia común que llegue a la Asamblea Nacional, a todo el país, a la comunidad internacional, que se argumente y ponga en evidencia los aspectos negativos de esta iniciativa de ley”, exhortó Álvarez.

El polémico diputado Wilfredo Navarro, ahora convertido en sandinista, dijo a un medio oficialista que “de parte del gobierno y lo que estamos en este proyecto, estamos siempre abiertos a la negociación. No vamos a negar la búsqueda de los consensos y de los acuerdos”.

El exdiputado y máster en ciencias políticas, Enrique Sáenz, calificó de “zarpazo” las pretensiones del régimen con la iniciativa presentada ante el parlamento nicaragüense con la reforma electoral.

“Más bien muestra su temor a exponerse en las urnas electorales, a pesar de la debilidad de las organizaciones opositoras, y procura construirse todos los escudos y resguardos posibles para cerrar cualquier resquicio”, afirmó Sáenz.

También preguntó a los opositores: “¿Sería mucho pedir a organizaciones y liderazgos opositores que suscriban un posicionamiento conjunto de rechazo al zarpazo dictatorial, o un consenso sobre las condiciones indispensables para elecciones democráticas y puntos concretos de reforma electoral?”.

La Asamblea Nacional tiene que emitir su dictamen sobre la reforma a esta iniciativa a la Ley Electoral en un plazo no mayor de 60 días, aunque a juicio de expertos, esto pueden hacerlo rápido.

El panorama actual del país es visto con preocupación por la Conferencia Episcopal de Nicaragua que, este 15 de abril, emitió un pronunciamiento sobre la situación de desempleo, pobreza y profundización de la pobreza que aqueja a los nicaragüenses.

Además, externó su preocupación por el aumento de la delincuencia común y la violencia institucionalizada “acompañada de leyes punitivas que no solucionan estos problemas y más bien conducen a condenas selectivas”, finaliza el documento.

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