Solos y sin reconocimiento. Son dos palabras que pueden definir el inicio de un nuevo periodo presidencial que Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, impusieron a fuerza tras las pasadas elecciones sin competencia del siete de noviembre. Los analistas auguran uno de los periodos más difíciles para Nicaragua, la pequeña nación centroamericana que este año cumple cuatro años de crisis sociopolítica con el régimen sandinista al mando. Las muestras de repudio se hicieron evidentes el mismo día de las elecciones controladas por la maquinaria gubernamental. Dos días después de los resultados, 39 naciones desconocieron la victoria de Ortega y Murillo.
El nuevo mandato del régimen es, desde ya, considerado como ilegítimo, una palabra que en el actuar de la comunidad internacional puede conllevar diferentes enfoques. Un especialista en el tema, que por motivos de seguridad pidió no ser citado ante los encarcelamientos de voces críticas, explicó a DIVERGENTES que los sistemas internacionales cuentan únicamente con herramientas capaces de producir aislamiento, como la aplicación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), herramienta que implica suspender temporalmente a un país del sistema interamericano “por alteración al orden democrático”.
El no reconocimiento al Gobierno de Ortega y Murillo es algo que está en marcha. Después de las elecciones, países como Costa Rica, Estados Unidos, y sistemas como la Unión Europea y la OEA rechazaron los resultados de un proceso que, de acuerdo con los estándares internacionales, no cumplió con las garantías de credibilidad. Lo que serían las elecciones más esperadas de las últimas dos décadas, terminaron en la consolidación de un régimen de partido único. Siete aspirantes a la presidencia fueron detenidos por la dictadura junto a decenas de líderes opositores, activistas y civiles en una cacería con el fin de acallar la disidencia. De esta forma, el régimen sepultó la salida democrática a la crisis sociopolítica que inició con las protestas antigubernamentales de 2018, en la que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fallecieron 355 personas.
El camino hacia la ilegitimidad
El desconocimiento del régimen trae consigo una serie de acciones diplomáticas que para algunos analistas consultados no significan el rompimiento de las relaciones bilaterales entre los países. En realidad responde a una orden centrada en lo político, con la cual se puede hacer uso de instrumentos como las sanciones o suspensiones temporales en algunos foros. “Mientras los países tengan intereses, van a seguir teniendo relaciones diplomáticas formales a pesar de todo lo negativo que pueda haber en el panorama. Por eso es que es un poco complicado entender por qué pasa esto. Estados Unidos continúa con su embajada en Nicaragua (a pesar de las tensiones), o la Unión Europea continúa con relaciones”, explicó el politólogo Pedro Fonseca.
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Mientras el régimen tiene una “ilegitimidad de origen”, la comunidad internacional no tiene a nadie que pueda solventar el vacío de poder, y tampoco la Constitución de Nicaragua lo delega en otras instancias, como sí lo contempla Venezuela con el caso del presidente interino Juan Guaidó.
“Las relaciones se tienen, sobre todo, con tu detractor, es decir, contra tu principal oponente político, sino las tensiones pueden incrementar. Esto puede explicar muchas cosas que están sucediendo en este momento en el mapa nicaragüense”, agregó Fonseca.
La ilegitimidad, para los analistas, debe ser entendida como “una figura política” con diversas herramientas que no implica el rompimiento de relaciones diplomáticas. Por ejemplo, un gobierno “ilegítimo” para alguna nación como Estados Unidos lo convierte en foco de mayor sanciones u otras medidas restrictivas. Sin embargo, los expertos también acuerdan que fenómenos como la dictadura de Ortega y Murillo en Nicaragua representan verdaderos retos en el campo diplomático. Las principales consecuencias del reconocimiento reducido al mandato sandinista se hacen notar, sobre todo en la reciente medida realizada por Luxemburgo, que suspenderá su cooperación a partir de febrero de este año.
Uno de ellos radica en la OEA, foro que el 13 de noviembre alertó la falta de “legitimidad democrática” del proceso electoral durante la Asamblea General realizada en Guatemala. La resolución fue aprobada por 25 países, y concluye que las instituciones democráticas “han sido seriamente socavadas por el gobierno”. Tras ello, el régimen denunció la Carta Constitutiva del organismo, y con ello se inició la salida del país del sistema interamericano. En la práctica, es un proceso que demoraría dos años y sería casi imposible de lograr. Según divulgaron los expertos, es más fácil la aplicación de la Carta Democrática que dicha renuncia.
No obstante, las gestiones desde la OEA no han tenido frutos. El régimen ha decidido guardar silencio ante las gestiones que se realizan desde dicha instancia.
La postura de la oposición
Los grupos opositores al régimen exigen desde el exilio y la clandestinidad que se “declare ilegítimo” a Ortega y Murillo. El llamado tuvo lugar el seis de enero, cuando varias organizaciones se unieron para firmar una proclama en la que rechazan la reelección del régimen. El comunicado fue respaldado por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACDJ), Nicaragua Freedom Coalition, Movimiento Campesino en el exilio, la Articulación de Movimientos Sociales (AMS), entre otras organizaciones que también rechazan la posible realización de un nuevo diálogo.
Los opositores solicitaron “el establecimiento inmediato de un cuerpo de garantes internacionales compuesto por representantes de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea”, con el fin de hacer cumplir al régimen las condiciones que se le impongan.
Para Juan Diego Barberena, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la ilegitimidad del régimen “se va a profundizar más” después del 10 de enero, cuando la pareja gobernante tome posesión. “Consideramos que el gobierno de Ortega, además de un régimen ilegítimo, es incapaz de resolver los problemas de los nicaragüenses y de captar organismos financieros multilaterales”, detalló el opositor a DIVERGENTES.
Sin embargo, los efectos de la ilegitimidad de la dictadura son insondables en este momento. Los opositores esperan incidir ya no solo en los espacios diplomáticos, sino en los organismos financieros que sostienen al régimen a través de fondos y préstamos. “Hay que golpear los pilotes que sostienen a la dictadura en el poder y ya sabemos cuales: las fuerzas armadas y los grupos económicos del Frente Sandinista”, detalló Barberena.