Introducción por Javier Sancho Mas
La región centroamericana no consigue inmunizarse satisfactoriamente, tras más de un año de pandemia. Dependiente de las donaciones y de las negociaciones bilaterales, los países de la región se desgastan en acuerdos que suponen costes millonarios y, una vez más, cada uno va por su cuenta.
Las deficiencias no sólo están a la hora de las negociaciones y gestiones para conseguir más vacunas, sino también a la hora de distribuirlas y lograr inmunizar a las poblaciones más vulnerables.
Hacemos un recorrido por la región y por las entrañas de un proceso plagado de desafíos y de irregularidades. Los medios que participan en este especial de la alianza de periodismo colaborativo Otras Miradas reportan desde sus zonas de cobertura (Chiapas, Guatemala, El Salvador) las causas de esta respuesta tardía a la necesidad de inmunización equitativa. Desde las opacas negociaciones que Guatemala entabló con Rusia para conseguir la Sputnik V, y la incapacidad de producción y entrega de este último, hasta la falta de comunicación con las poblaciones indígenas de Chiapas, que rechazan la vacuna, o el incomprensible olvido de las personas con cáncer o VIH que no fueron priorizadas en El Salvador.
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Nuevamente, como ha sido común en la historia de la región, un enfoque excesivamente nacionalista, ha desgastado a los países en la búsqueda individual de vacunas.
La mayor dificultad para hacer este especial ha sido el acceso a la información. A veces, se trata del bloqueo por parte de las autoridades gubernamentales. Y otras veces, como en el caso de Chiapas, la información sobre las vacunas elaborada por las autoridades de salud no ha estado a la altura de las necesidades y la realidad de la población en zonas indígenas. Pero, sobre todo, hay que destacar que, nuevamente, muchas fuentes consultadas entre el personal de salud están sometidas a gran presión y miedo por las posibles represalias, lo que es ya peligrosamente habitual a la hora de contrastar cualquier información oficial en países como El Salvador, Guatemala, o Nicaragua.
En un informe del consultor en salud global e investigador de la Escuela T.H. Chan de Salud Pública, de la universidad de Harvard, Johnattan García Ruiz, elaborada para Oxfam, en marzo del presente año, se analizó la ruta de las vacunas en varios países de América Latina, dividiéndolas en tres etapas: Adquisición y negociación; distribución y priorización de la población a vacunar; acceso a información sobre vacunas.
La única alternativa que se le ha ofrecido a los países de la región mediante la negociación multilateral ha sido a través del mecanismo COVAX, liderado por la OMS. Pero COVAX, como señala el consultor de Oxfam, apenas cubre una parte muy pequeña de la población de Centroamérica, insuficiente para las metas de vacunación universal, esto es, al menos un 70% de la población con el esquema completo (2 dosis o 1 en el caso de las monodosis). A través de COVAX los países pueden llegar a inmunizar al 20% de su población.
Todo depende de las negociaciones bilaterales y de las donaciones. Estas últimas también representan una porción muy pequeña de lo que se necesita, con lo que el grueso de las vacunas depende de la capacidad negociadora de los países, de la capacidad de producción efectiva de las empresas en los países que las desarrollan, así como de su buena distribución local.
Para que las vacunas lleguen a todos se debe contar con un plan claro y eficaz que priorice a los sectores más vulnerables. Hay países en la región que han tomado decisiones priorizando el uso partidario de las vacunas, como en el caso de Nicaragua, donde, por ejemplo, se relegó incomprensiblemente al personal sanitario, que era uno de los más expuestos al virus. En El Salvador, algunos pacientes crónicos con VIH o cáncer no estuvieron entre los grupos prioritarios para una primera dosis, al contrario, por ejemplo, de los militares.
En relación a otros sectores, como las poblaciones indígenas o las poblaciones migrantes, hay países que no han explicado bien sus planes y no han podido dar la cobertura necesaria, dejando a millones de personas atrás.
Tres propuestas sencillas:
Tanto en la adquisición, como en la distribución e información, la región presenta fuertes inequidades. Es algo que se puede observar igualmente en la evolución de los datos de afectados y mortalidad de la pandemia. En Costa Rica y Panamá, contamos con información que en el resto de la región. En otros países, como el triángulo norte d de la región, no se observan tantos casos como en esos dos países del sur. Por su parte, en Nicaragua, a pesar de contar con muy poca información fiable, la tasa de mortalidad estimada supera con creces al resto, según se muestra en la publicación elaborada por investigadores de INCAE y la universidad de Nueva York para Journal of Global Health.
La situación en cuanto al proceso de vacunación podría ser diferente. Johnattan García Ruiz, quien es además profesor de Derecho y Salud Global en la universidad colombiana de Los Andes, señala algunas propuestas para subsanar los inconvenientes que aquí se muestran: fomentar las negociaciones en bloque como región, y no individuales como países, para conseguir mejores precios, como ya han hecho en otras zonas del mundo; incluir entre las prioridades a la población migrante y en ruta, especialmente si cumple con los criterios de edad o condición establecidos para la población local; y por último, mejorar la información de las campañas de vacunación, pues no basta saber cuántas vacunas se han distribuido, sino también saber si han llegado a todos por igual, o aún quedan poblaciones relegadas como veremos en estos reportajes. Centroamérica carece de inmunidad y de información.
El Salvador: los que no son prioritarios
Desde el inicio de la vacunación contra la Covid-19, en febrero de 2021, el gobierno salvadoreño ha centrado sus esfuerzos en alimentar la percepción positiva de la opinión pública con la difusión de muchas imágenes de los vacunatorios. Sin embargo, no existe un registro detallado de la administración de vacunas a escala nacional en el que se pueda observar tanto el avance como los criterios adoptados. Aún no se sabe, por ejemplo, por qué, durante los primeros dos meses de inmunización, los pacientes con enfermedades crónicas, como el cáncer y el VIH, no fueron prioridad a pesar de estar en riesgo de padecer coronavirus grave.
Loida Martínez Avelar | Revista Factum
Las personas con cáncer y con VIH quedaron relegados por el gobierno de El Salvador, durante los primeros dos meses de la vacunación contra la Covid-19. Aunque el aparato de publicidad estatal saturó las redes sociales con fotos y videos de los centros de vacunación, el país que más vacunas ha administrado en Centroamérica no tuvo una estrategia para inmunizar con celeridad a sus enfermos crónicos.
Desde que inició la vacunación, el 17 de febrero de 2021, hasta el 7 de julio pasado han ingresado al territorio salvadoreño 6.8 millones de dosis de vacunas, según los registros oficiales, y con ellas se ha vacunado al 20.4 % de la población. Sin embargo, las asociaciones que ayudan a las personas con cáncer y con VIH no tienen registros de cuántos pacientes están protegidos contra el coronavirus.
Estos pacientes suelen tener un sistema de defensas debilitado, lo que puede aumentar considerablemente la probabilidad de enfermarse gravemente a causa del COVID-19.
A diario, según el gobierno, son administradas más de 50 mil vacunas; sin embargo, no existe un registro público que fundamente ese dato con detalles del número de personas vacunadas por municipios, su edad y la marca de vacuna administrada. El gobierno oculta esa información por medio de la figura legal de reserva; una herramienta que le proporciona la Ley de Acceso a la Información Pública.
Por esa reserva, los ciudadanos no podrán conocer durante los próximos cinco años los procesos de adquisición de vacunas y tampoco tendrán información documentada, durante tres años, del plan de despliegue de vacunación.
La vacunación fue dividida en grupos de edad, empezando por los mayores de noventa y, aunque se añadieron algunas otras personas con enfermedades recurrentes en el país, como la diabetes y la hipertensión, el gobierno tardó en agregar a los pacientes crónicos.
La segunda versión de los Lineamientos Técnicos para la Vacunación contra el Sars-Cov2 colocó en quinto lugar de prioridad para la vacuna a las personas mayores de 18 años con enfermedades no transmisibles, como el cáncer. La ambigüedad del protocolo de atención ha generado confusiones entre el personal de salud, pues el documento establece que las personas con VIH pueden iniciar su inmunización si están en tratamiento antirretroviral controlado y “forman parte de un grupo recomendado para la vacunación”. Sin embargo, el Ministerio de Salud no aclara quién debe hacer la recomendación en caso de que sea médico de referencia del paciente o alguna asociación que proporcione la información.
El primer lote de vacunas contra el coronavirus, 20 mil dosis de Covishield, fabricada por el Serum Institute de la India, en colaboración con el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford, llegó a El Salvador el pasado 17 de febrero de 2021. Ese día, no hubo detalles del cronograma de vacunación, ni fechas de la llegada del próximo lote, tampoco se revelaron los criterios que llevaron a El Salvador a comprar vacunas fabricadas en uno de los principales proveedores de medicamentos y vacunas en el mundo.
Hubo un gran despliegue de fotografías, videos, aplausos, tuits, militares, camiones rotulados con el logo gubernamental y abrazos entre el ministro de Salud, Francisco Alabí, el ministro de la Defensa, Francis Merino Monrroy y el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, tres funcionarios promovidos en el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Fue hasta 4 meses y 17 días después del inicio de la vacunación en el territorio que el ministro de Salud en una conferencia de prensa hizo un llamado a las personas de grupos de riesgo a vacunarse.
La declaración del funcionario ocurrió el pasado 4 de julio de 2021, día que llegó a El Salvador un lote de 1.5 millones de vacunas de la marca Moderna, donados por el gobierno de Estados Unidos. Horas antes del lote, la encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos en el país, Jean Manes, enfatizó que las vacunas fueron regaladas para ser administradas a los salvadoreños.
Para las personas que viven con cáncer y con VIH existe un hecho importante que marcó su situación antes de la vacunación: durante 89 días de encierro obligatorio para reducir la circulación del virus, entre los meses de marzo y junio de 2020, el gobierno salvadoreño cerró las consultas y las farmacias de los hospitales nacionales para concentrar toda su energía en la atención de la pandemia. No hubo distinción a pesar de que para estos pacientes el hecho de no tener su tratamiento puede ser una condena de muerte.
“El ministerio de Salud debió tener equipos que estuvieran planeando la liberación de algunos servicios para garantizar que personas con otras enfermedades no murieran. Muchos murieron por el abandono del sistema, en especial aquellas personas con enfermedades crónicas que requerían de servicios profesionales médicos, que su vida depende de un procedimiento o una pastilla”, dice William Hernández, director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña Entre Amigos.
El reconocido activista, con una trayectoria de 25 años en defensa de los derechos humanos, destaca los esfuerzos que hicieron médicos y enfermeras del sistema público, quienes por iniciativa propia administraron tratamientos e hicieron gestiones para que fueran despachadas recetas, casi en la clandestinidad, para frenar complicaciones.
Él hizo su parte. Junto a sus amigas y activistas, Dorys Acosta e Irma Hernández, llevaron 90 tratamientos antirretrovirales a los enfermos con VIH confinados, y que no podían desplazarse hasta los hospitales, a falta de transporte público. Ellos, con su propio dinero, pagaron la gasolina y sus gastos de alimentación. “Era un momento de solidaridad, los médicos nos ayudaron a gestionar las recetas y a liberar las medicinas. Estábamos en riesgo de contagiarnos, pero lo hicimos, hay personas que la pasaron muy mal”, relata Hernández, quien concedió esta entrevista en la sala de espera de un hotel de San Salvador, después de escuchar un conversatorio sobre la importancia del trabajo de la sociedad civil para cuidar el Estado de derecho en el país. El activista sigue trabajando en red con las organizaciones y confiesa que es la primera vez que habla con una periodista sobre lo que vivieron las personas con VIH durante el confinamiento.
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En la memoria de Carolina Aguilar, de 59 años, quedó grabado el momento de la pandemia que dio un giro en su tratamiento contra el cáncer, que padece desde 2016. Ella recuerda que en septiembre de 2020, una empleada del Seguro Social, institución que forma parte del sistema de salud nacional y donde son atendidos empleados y sus familiares, le dijo que ya no podían seguir aplicándole quimioterapia, pues la empresa donde trabajaba su esposo como agente de seguridad lo despidió y dejó de hacer el pago de las cotizaciones que le permitían recibir atención médica en esa institución.
La seguridad social la remitió a un centro público, el centenario Hospital Nacional Rosales, el más importante en atención de especialidades médicas. Pese a su relevancia, según el relato de varios pacientes y médicos junto a información de la farmacia del hospital recabados en marzo de 2021 por la Asociación Salvadoreña de Pacientes Oncológicos y la Fundación Edificando Vidas, desde diciembre del pandémico 2020, ese centro de atención carece de 10 medicamentos esenciales para administrar quimioterapias.
Carolina se siente impotente porque no tiene dinero para comprar las medicinas y el deterioro en su salud se percibe desde su tono de voz pausado. Además, camina despacio, tiene ojeras marcadas y padece muchos dolores. Narra que lleva la enfermedad sola, pues se separó de su esposo y su hijo vive lejos. Su madre, a quien mencionó varias veces durante esta conversación, murió en 2017. Sus dos hermanos menores también murieron. No puede trabajar porque se siente muy mal y subsiste con el dinero que le deja la renta de una casa pequeña que le heredó su madre. Sus inquilinos le pagan $175 dólares mensuales y con ese dinero cubre los gastos de los servicios fijos de su vivienda y su alimentación.
Una mañana de julio de 2021, Carolina salió de su casa para comprar un frasco de solución salina para hacerse sus terapias respiratorias y accedió a concedernos una entrevista. Ese día se delineó sus cejas y se puso polvos compacto en el rostro; también pudo ponerse de pie y animarse para seguir con su filosofía de vivir un día a la vez.
“Dios nos da enfermedades de ricos…a los pobres. La libré con el cáncer de seno en 2016, pero esta vez no se quiere ir”, dice al resumir el sufrimiento que atraviesa por el cáncer en las glándulas salivales que padece. Ella también tiene un linfoma que varias veces la ha llevado al quirófano.
Carolina ha recibido una dosis de la vacuna contra el coronavirus, marca Sinovac, de procedencia China. Se la aplicaron en junio pasado, cuatro meses después de iniciado el proceso de vacunación en El Salvador. Sus complicaciones para respirar y movilizarse sola en el transporte público, no le permitieron vacunarse en mayo. Un ataque de asma la postró en su casa en Mejicanos, un municipio al norte de San Salvador, donde vive sola y ha librado varias batallas por la vida.
Cuando se recuperó fue al megavacunatorio instalado en el Hospital El Salvador, ubicado a siete kilómetros de su lugar de residencia. Fue al lugar donde el presidente Bukele ofreció mil camas de UCI en el que era el hospital Covid más grande de Latinoamérica, pero que, un año después de la promesa, solo disponía de módulos de vacunación y un número indeterminado de camas, pues el dato es modificado con frecuencia por los funcionarios.
Carolina no tiene quejas ni denuncias a pesar de no contar con su tratamiento contra el cáncer en el sistema público, un derecho que según el artículo uno de la Constitución de la República debe ser proporcionado por el Estado a los salvadoreños. “Amo la vida y estoy agradecida por cada día, no vine para quedarme eternamente, pero he hecho un trato con la muerte. Le he dicho que no le voy a huir, pero que no venga a buscarme”, recalca.
Carolina es disciplinada y a eso le atribuye no haberse contagiado de coronavirus hasta este momento. Usa mascarilla todo el tiempo, evita salir a hacer sus compras de alimentos en horas de aglomeraciones y, en su cartera, lleva un frasco pequeño de alcohol de 70 grados para rociarse en las manos constantemente.
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“Llevar la vacuna a la gente y no la gente a las vacunas, como está ocurriendo”, así lo resume el médico salubrista y catedrático universitario, Guillermo Argueta. El Salvador cuenta con una red de más de 700 unidades de salud disponibles donde pudo haber sido administrada las vacunas y así facilitar el acceso a la población, según Argueta. En sus análisis, durante toda la pandemia, el médico ha enfatizado que las vacunas tuvieron que haberse acercado a las infraestructuras ya instaladas para que los más vulnerables, como ancianos, enfermos crónicos y personas que no tienen dinero para pagar el transporte pudieran ser vacunados rápidamente.
Argueta, que se ha especializado en epidemiología y en servicios comunitarios, también lamenta que se haya desbaratado el sistema de atención que acercaba los servicios médicos a los salvadoreños, incluidos los de vacunación, y que los esfuerzos se concentren únicamente en la atención en hospitales y en la publicidad del Gobierno.
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Para frenar la expansión de la epidemia de Covid-19, a escala nacional, El Salvador debería vacunar a 4,780,028 de sus habitantes, equivalentes al 70 por ciento de la población. Esa es la proyección en la que coinciden cuatro médicos salvadoreños de gran trayectoria que han analizado las vacunas contra el coronavirus que están siendo producidas en la actualidad.
Hasta el 16 de julio del año en curso, un total de 1,323,958 de salvadoreños han recibido las dos dosis prescritas, situación que ha sido posible por las vacunas adquiridas con el laboratorio Sinovac de China. Es decir, a la fecha, el 20.4 % de la población está protegida contra el virus.
El Salvador ha adquirido vacunas fabricadas en China tras el fortalecimiento de los lazos diplomáticos. Además, también se administran las vacunas Covishield, AstraZeneca y Moderna. La de Pfizer llegó al país por medio del mecanismo COVAX, el plan liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que busca el acceso mundial y equitativo a las vacunas del coronavirus y a un donativo de Estados Unidos.
Bajo ese plan, la OMS negocia precios con las farmacéuticas para adquirir las vacunas y luego donarlas a los países beneficiados con el subsidio del AMC (Compromiso Anticipado de Mercado). Los países que las reciben no pagan nada. Tomando en cuenta el fenómeno global de escasez de vacunas, a criterio de varios expertos, lo ideal es que los gobiernos diseñen una política de priorización que defina cuál es el orden en el que deben ser aplicadas las vacunas.
Un estudio sobre la vacunación contra el COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe, publicado por Oxfam en marzo pasado, reveló que no existía información sobre planes de vacunación contra el coronavirus en Venezuela, Cuba, El Salvador, Haití, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas, o de existir, no se encuentra disponible para ser consultada en internet.
Entre febrero y junio de 2021, este equipo periodístico recorrió cinco vacunatorios, dos hospitales y tres unidades de salud para conocer de primera mano la modalidad de vacunación. Hablamos con siete médicos, diez enfermeras y más de una docena de pacientes. Todos apuntan a que no existió una estrategia para priorizar la inmunización de los pacientes con enfermedades crónicas. “La verdad es que como pacientes o sobrevivientes no hemos sido incluidos en ningún grupo (de vacunación), porque yo soy sobreviviente de cáncer y no aparecí en ningún listado hasta que le correspondió a mi edad”, dijo una beneficiaria de la Fundación Edificando Vidas, quien prefiere que no se publique su nombre para evitar problemas con “tinte político” que podrían surgir al ser malinterpretadas sus declaraciones. Como en otras ocasiones, muchas fuentes prefieren mantenerse en el anonimato por miedo a las represalias en el interior de sus centros o del ministerio.
Quienes sí se priorizaron fueron los trabajadores de la salud y a los militares, quienes en su mayoría fueron vacunados tras las llegadas de los primeros lotes al territorio salvadoreño. El sondeo hecho durante este reporteo estableció que, entre febrero y marzo, las vacunas Pfizer fueron administradas a policías y soldados. Por su parte, las vacunas Covishield y AstraZeneca fueron distribuidas al personal de salud del sistema público y del Seguro Social.
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Danilo Árevalo Sandoval, ginecólogo oncólogo privado, quien por medio de una asociación atiende a pacientes con escasos recursos, lamenta que los salvadoreños con enfermedades crónicas hayan sido abandonados durante su tratamiento y en la primera etapa de la vacunación. “Nunca pensaron en los más vulnerables, en cómo iban a darles sus tratamientos y para vacunarlos la situación no cambió. La estrategia es establecer pasos bien meditados para llegar a un fin, que era protegerlos. No existió nunca”, dijo en la entrevista realizada en su clínica particular.
El médico asegura que la desidia gubernamental hacia los pacientes crónicos inicia con la falta de datos y tardanza en la atención. En la actualidad no existe un registro de cuántas personas con cáncer viven en El Salvador y por la burocracia del sistema de salud, las citas y operaciones tienen un retraso de, al menos, seis meses.
A esas situaciones se suma el subregistro de muertes por enfermedades en el sistema público que parte de la redacción de las partidas de defunción: “a los pacientes les colocan, en las actas de deceso, que murieron por paro cardiorespiratorio, cuando todos mueren por esa causa porque siempre se deja de respirar”, lamenta. Sostiene que los enfermos con cáncer, enfermedad crónica y VIH tuvieron que haber sido el segundo grupo en la lista de vacunados.
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El Colegio Médico de El Salvador, calificado por el gobierno como opositor, sigue exigiendo una campaña de educación para la población con el fin de evitar un rebrote del virus. A criterio de muchos médicos se ha malinterpretado en la opinión pública que, tras la inmunización, las personas ya no se enferman de coronavirus.
El Foro Nacional de Salud también lamenta que las cifras oficiales del virus no sean exactas y que los subregistros de muertes por coronavirus sigan sin resolverse.
“Los datos sobre COVID-19 en la región no son confiables. Los problemas se derivan de la falta de pruebas, un pronunciado cisma urbano-rural, creencias culturales y prejuicios, e intereses políticos”, es una de las conclusiones de la investigación “El rompecabezas del COVID-19 en Centroamérica y Panamá”. El estudio, que fue hecho por INCAE Business School de Costa Rica y la Universidad de Nueva York y que fue publicado el 5 de junio en el Journal of Global Health, recopila las estadísticas de muertes registradas en los países de la región entre 2015 y 2020.
El Salvador tiene presionado el botón de alerta roja, según los resultados de la investigación. Existe la posibilidad que el país tenga un subregistro del 90.2 % de muertes no reportadas como Covid-19 entre enero y agosto de 2020, período donde se observó el colapso del sistema de salud salvadoreño por la gran cantidad de pacientes graves. A ojo de los expertos, una gran cantidad de personas pudieron haber muerto por coronavirus y no fueron reportadas.
Entre 2015 y 2019, el promedio de muertes en el país fue de 28,064 personas. En 2020, el año que la humanidad estuvo en vilo por el nuevo virus, el promedio subió a 35,368 fallecimientos en total. El esquema matemático de los expertos señala que ocurrieron 7,304 muertes más que el promedio reportado los cinco años anteriores, y ante la posibilidad que hayan muerto por coronavirus significaría que el gobierno de Bukele no habría reportado 6,587 muertes. La valoración se refuerza con la cifra oficial registrada de personas fallecidas por el virus en ese período: sólo 717.
“En El Salvador, en época de pandemia, cuando los casos en Centroamérica tienen una tendencia al alza, solamente se han presentado 10 reportes epidemiológicos en 30 días. El aparato de propaganda del gobierno reporta camas, bitcoins, y otros. ¿Pero información para proteger a la población?”, se preguntó el médico epidemiólogo, Alfonso Rosales, especialista en medicina tropical y miembro de la American Public Health Association (APHA, por sus siglas en inglés), el 26 de junio de 2021, en su reporte diario sobre el estado de la pandemia a nivel mundial.
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Carolina recibirá en los próximos días su segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, Sinovac. En este momento, lo que más le preocupa es tener acceso a su quimioterapia de mantenimiento para que el cáncer no avance, y que, según los sondeos que ha hecho con los médicos, tiene un costo de $500 por sesión. Aún no sabe si llegarán los medicamentos al hospital donde la atienden. Ella no es prioritaria.
Guatemala: negociaciones detrás de la compra de vacunas
Guatemala es el segundo país de Centroamérica con la tasa más baja de vacunación durante la pandemia, con apenas el 2.3% de la población adulta inmunizada y el 1.5% de la población total. Detrás de este dato hay negociaciones para compra de vacunas opacas, débiles y tardías.
Jody García | Agencia Ocote
“Desde el momento en que nos sentamos en una mesa, todo es confidencial”. La ministra de Salud de Guatemala, Amelia Flores, pronunció esta frase el 29 de junio de 2021, en una citación de la Comisión de Previsión Social del Congreso, cuando fue cuestionada por el diputado Orlando Blanco por la opacidad alrededor de las negociaciones para la adquisición de vacunas contra la COVID-19.
Ese día, en la misma citación en el Congreso, Pedro Brolo, ministro de Relaciones Exteriores, reconocía que, en un viaje a Rusia realizado días antes, había intentado renegociar el contrato de adquisición de 16 millones de dosis de Sputnik V por 1,200 millones de quetzales (160 millones de dólares), sin haber leído ni tenido en sus manos una copia del contrato de compra.
En enero de 2021, Guatemala se propuso vacunar a 10.7 millones de personas adultas (el 64% de la población total) para finales de 2021. Sin embargo, el Ministerio de Salud está lejos de alcanzar esta meta. Desde marzo, cuando inició el proceso de inmunización, hasta el 15 de julio, solo 960,345 personas habían recibido una dosis (apenas el 8.9% de la población mayor de 18 años) y 241,819 el esquema completo (un 2.3%).
El país enfrenta una crisis, porque hasta el 22 de junio solo ha logrado concretar la adquisición de 724,800 dosis a través del mecanismo Covax. Paralelamente, se firmó un único contrato bilateral con el Gobierno de Rusia por 160 millones de dólares para recibir 16 millones de dosis, del que ya se pagó un anticipo del 50%. Sin embargo, a inicios de julio, solo se habían recibido 860 mil dosis (el 5.4% del total).
Las negociaciones de la compra más cara de vacunas en Guatemala son ahora uno de los mayores secretos del Gobierno. Tanto, que funcionarios públicos que estuvieron involucrados en las discusiones aseguran desconocer las interioridades.
Aunque la información de quiénes participaron en las negociaciones es escasa, en medio del escándalo de la compra de vacunas Sputnik V a Rusia, han empezado a surgir algunos detalles.
Las primeras reuniones
A finales de 2020, el Ministerio de Salud empezaba a preparar el presupuesto para las futuras adquisiciones e iniciaba las reuniones de trabajo para analizar cuál podría ser la mejor opción para el país.
Después de unas primeras donaciones de Israel y de India, el Gobierno vio dos opciones: la incorporación al mecanismo Covax y la negociación bilateral con los países que estaban produciendo vacunas.
El mecanismo Covax es una alianza coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que busca facilitar a los países un acceso equitativo a los inmunizadores. El mecanismo ofreció a Guatemala dosis de vacunas para el 20% de su población, lo que supuso 6.6 millones de dosis para 3.2 millones de personas. Desde entonces, Guatemala ha recibido 724,800 dosis de AstraZeneca en tres entregas (el 10.9% del monto total) por las que ha pagado 97 millones de quetzales (12 millones de dólares).
La entrega para Guatemala ha sido lenta porque, según el Ministerio de Salud, el país no está entre los grupos priorizados del mecanismo Covax, que toma en cuenta la tasa de mortalidad y la cantidad de contagios en los países.
En una citación de la Bancada Semilla, realizada el 22 de junio, la ministra Amelia Flores dijo que el país recibiría menos dosis de AstraZeneca de parte de Covax porque estaban siendo producidas en India, un país que estaba en crisis de contagios y que tenía que suplir primero las necesidades de su población.
Con las vacunas aseguradas para el 20% de la población mediante el mecanismo de Covax, Guatemala buscó alternativas de negociación bilateral para acceder a más dosis.
La información sobre quiénes fueron las personas e instituciones que integraron las reuniones en donde se decidió con qué laboratorios negociar, es escasa.
El Acuerdo Ministerial 50-2021, que es el que establece el procedimiento para la compra directa con los fabricantes, está dividido en cuatro fases: la contractual, de pago, de recepción de vacunas y de transparencia. En la etapa contractual, señala que es el Ministerio de Salud quien lidera las negociaciones: hace el contacto con el fabricante, establece el monto a cancelar, la forma de pago y de entrega.
El acuerdo detalla además que el contrato final deberá ser enviado por correo para que lo revise el Departamento de Adquisiciones y Mantenimiento, Asesoría Jurídica y Secretaría Ejecutiva del ministerio. La fase de pago está a cargo de la Sección de Compras, la Sección de Contabilidad y la Gerencia Administrativa. Según el acuerdo, en estos procedimientos, la institución debería “observar parámetros de transparencia y de publicidad de las acciones realizadas”. En la fase de recepción de las vacunas están involucrados tres miembros del Centro Nacional de Biológicos y se detallan los trámites en aduanas y de transporte de las vacunas.
Agencia Ocote solicitó al Ministerio de Salud una copia de los expedientes de las negociaciones para la adquisición de dosis, para conocer quiénes estuvieron a cargo de las mismas y cómo fue el procedimiento. El ministerio no entregó la información. Únicamente respondió que todos los documentos de respaldo de las negociaciones que no afecten los acuerdos de confidencialidad se publicarán en Guatecompras (el portal de compras y contrataciones del Estado) 30 días después de que termine el proceso.
Sin embargo, a la fecha, el Ministerio de Salud no ha publicado ningún documento en Guatecompras, bajo el argumento de que ninguna de las transacciones ha terminado.
Julio Valdés, presidente del consejo técnico para la atención a la pandemia por COVID-19 del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), fue parte de las primeras reuniones realizadas a finales del 2020. Accedió a una entrevista aclarando que sus palabras no son declaraciones oficiales de la entidad.
“No había un panorama favorable porque Estados Unidos acaparó (vacunas) para su mercado local. Con China no estamos vinculados políticamente y aunque los países pequeños firmaron con el mecanismo Covax, para Guatemala sólo se garantizaban vacunas para el 20% de la población”, explicó.
De acuerdo con Valdés, en esas primeras reuniones participaron representantes del sector salud y del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que la cancillería es la encargada de hacer los enlaces con otros Gobiernos. Las instituciones del Estado se citaron con las embajadas de Reino Unido, Cuba, Francia y Rusia para discutir las opciones del país para adquirir las vacunas.
“Hasta ahí había un accionar fuerte del Ministerio de Salud con acompañamiento del IGSS, ya que esos acercamientos eran con el sector salud, independiente de que la negociación fuera directa con el ministerio”, dijo Valdés. Sin embargo, esas reuniones iniciales no fueron productivas para el Seguro Social, que estuvo relegado en el acceso a la vacuna por diferencias políticas con el Ejecutivo.
“Por el antagonismo que había entre el presidente Alejandro Giammattei y el entonces presidente del Seguro Social, Carlos Contreras, existió mucho bloqueo para el IGSS. Aquí es donde uno empieza a ver que los elementos políticos inciden terriblemente y desdibujan cualquier sana intención de hacer prevalecer el derecho a la salud”, señaló.
A mediados de marzo, el Seguro Social aseguró que no desistiría en obtener vacunas de forma directa. Según recoge el sitio web de la institución, en una citación ante la Comisión de Salud del Congreso, Ana Marilyn Ortíz Ruíz, gerente del IGSS, aseguró que “el IGSS ha buscado incansablemente y de forma proactiva la adquisición directa de la vacuna contra la COVID-19 por medio de comunicaciones con embajadas, entes internacionales y fabricantes, pero no ha sido posible la compra porque actualmente los Gobiernos de cada país son los únicos que pueden negociar y adquirir las vacunas debido a las políticas de comercialización de los fabricantes”.
La vacuna rusa
En agosto de 2020, Rusia fue noticia al anunciar la primera vacuna registrada contra la COVID-19 en el mundo: Sputnik V, fabricada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. Meses después, en enero de 2021 el país anunció que la vacuna estaría disponible para una población más amplia.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), sin embargo, todavía no ha incluido a Sputnik V en la lista de vacunas para uso de emergencia. Los últimos reportes indican que especialistas de la entidad están evaluando los métodos para la fabricación del inmunizador.
“Decidimos irnos por Sputnik. Esa era la única alternativa para el país, estábamos fuera de cualquier otra”, dijo la ministra Amelia Flores en una entrevista de radio el 30 de junio. “No había muchas vacunas. Solo dos donaciones (de Israel e India) y la oferta (de Rusia) era muy buena. Nos dijeron: ‘Ya tenemos la vacuna, podemos proveerles’. En un momento nos angustiamos porque no sabíamos dónde íbamos a poner tantas vacunas”.
El Gobierno ruso delegó al Fondo Ruso de Inversión Directa (FIDR por sus siglas en inglés) la captación de clientes. Según su página web, este centro fue el que financió el testeo para la creación de Sputnik y su producción. Hasta julio de 2021, 67 Gobiernos habían autorizado su uso, entre ellos, Guatemala.
El Ministerio de Salud no hizo públicos los detalles del contrato con Rusia hasta que el medio de comunicación elPeriódico lo publicó a inicios de mayo. El documento fue firmado con la intermediaria Human Vaccine, una compañía de responsabilidad limitada, a quién Guatemala pagó 614.5 millones de quetzales (79.6 millones de dólares) como un anticipo del 50% de 16 millones de dosis.
Según el Ministerio de Salud, antes de hacer las transacciones, el fabricante solicitó acuerdos de confidencialidad, lo que blindó la opacidad de toda la compra. Debido a esto, no se tiene mayor información de quienes fueron parte de las negociaciones. Pero en el Congreso han ido surgiendo detalles.
Orlando Blanco, diputado de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) e integrante de la Comisión de Previsión Social del Congreso, ha fiscalizado la adquisición de las vacunas y cuestionado acerca de la misma a las autoridades de los ministerios de Salud y de Relaciones Exteriores.
“Lo que descubrimos cuando indagamos es que la negociación fue encabezada y direccionada desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Quien hizo el contacto con el Gobierno ruso y logró concretar el tema es la Cancillería, que ahora se está haciendo para atrás. La ministra de Salud se fue de bruces”, dice Blanco.
Pedro Brolo, ministro de Relaciones Exteriores, viajó a Rusia la tercera semana de junio. Aunque el objetivo del viaje, según él mismo dijo después, en una citación del 29 de junio en la Comisión de Previsión Social del Congreso, era hablar de la posibilidad de renegociar el contrato con el Fondo Ruso de Inversión Directa, el funcionario reconoció que no había leído ni tenido acceso a una copia del mismo.
“¿Entonces a qué fue?”, cuestionó el diputado Orlando Blanco a Brolo, quien insistía en asegurar que él no había estado a cargo de la negociación, sino que la responsable era la ministra Amelia Flores.
Pese a sus declaraciones y a que el mismo Acuerdo Gubernativo 50-2021 establece que es el Ministerio de Salud quien encabeza las negociaciones, el canciller reconoció que ningún representante de la cartera de Salud viajó con él a Rusia. Brolo tampoco hizo público quiénes más viajaron con él.
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A la opacidad en las negociaciones del Gobierno, se suma la desconfianza de los contratos. Además de Guatemala, Rusia firmó grandes contratos con otros países de la región: Argentina, con 30 millones de dosis; México, con 24 millones; Bolivia, con 5.2 millones y Guayana, Venezuela y Honduras con menos de 1 millón.
Según el diputado Orlando Blanco, Rusia sobrevendió su capacidad real de producción de vacunas, y ahora tiene un compromiso con 67 estados. “Esto va a terminar mal”, advierte.
La periodista rusa Liubov Glazunova, de News.ru, colaboró para este reportaje y entrevistó al demógrafo, también ruso, Alexey Raksha, quien realiza una investigación independiente sobre la campaña de vacunación de ese país. Uno de los primeros hallazgos de Raksha es que las capacidades de producción de Rusia no corresponden con sus ambiciones globales.
Según el demógrafo, esta podría ser la razón por la que el Gobierno ruso no hizo mucho para acelerar su propia campaña de vacunación. Las autoridades temían que el aumento de la demanda dentro del país expondría las débiles capacidades de producción y afectaría a las exportaciones.
A la fecha, Raksha estima que sólo 15 millones de los 144 millones de habitantes de Rusia recibieron al menos una dosis de la vacuna Sputnik V. Esto ha dejado más vulnerable a su población, que ahora se enfrenta a una tercera ola de contagios. Por otro lado, el Gobierno ruso atraviesa otra crisis en la producción del segundo componente del inmunizador. “Parece que nuestro Gobierno ha mordido más de lo que podía masticar”, resume Raksha.
El Ministerio de Salud ruso afirma que, desde enero de 2021, Gamaleya ha producido 36.5 millones de dosis de Sputnik V (tanto para surtir a su población como para vender al extranjero). Es una cifra mínima comparada con la cantidad de vacunas ya vendidas en América Latina, que supera los 70 millones.
Guatemala parece resignarse. En la citación del Congreso del pasado 29 de junio, el canciller Pedro Brolo aseguró que existe la posibilidad de renegociar el contrato para que ya no sea por 16 millones de dosis, sino por los 8 millones que ya fueron pagadas. Sin embargo, no hay certeza de que Rusia pueda cumplir.
El 30 de junio, el Fondo Ruso de Inversión Directa desestimó las acusaciones de incumplimiento del contrato y confirmó que ya había enviado a Guatemala otras 400 mil dosis de Sputnik V. Estas llegaron en dos cargamentos, el 3 y el 7 de julio. El 15 de julio llegó un último cargamento con 310 mil dosis (60 mil de ellas corresponden al segundo componente de la vacuna).
Aunque la ministra Flores aseguró que existía la posibilidad de cancelar el contrato y de que Rusia devolviera el dinero, el Fondo negó que esto fuera parte de los acuerdos.
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La opacidad de las negociaciones bilaterales del Gobierno de Guatemala no sólo se ha visto con la compra de la vacuna Sputnik V. El 8 de julio, elPeriódico publicó un documento que reveló que en enero de 2021 el Ministerio de Salud también había negociado con Janssen, el laboratorio que fabrica la vacuna Johnson & Johnson y que incluso firmó un acuerdo de compra anticipada, por el que debía pagar un adelanto de 2.24 millones de dólares.
La vacuna Janssen es la única hasta ahora que únicamente requiere una dosis y el precio de cada una (10 dólares) es menor que el de las Sputnik, (19.95 dólares por los dos componentes de cada vacuna).
Sin embargo, el Gobierno de Guatemala dejó de lado la negociación sin que hasta la fecha se conozca el motivo.
El país que llega tarde a todo
Lucrecia Hernández Mack, diputada de la Bancada Semilla, que también ha fiscalizado el trabajo del Ministerio de Salud en la atención de la pandemia, dijo que al tener los contratos con Covax y Rusia, el Gobierno de Guatemala “se confió” y dejó de hacer negociaciones bilaterales con otros fabricantes.
“Pusieron los huevos en una misma canasta y no les funcionó porque Sputnik V (el Gobierno ruso) empezó a incumplir y con eso nos hemos dado cuenta de que es necesario continuar las negociaciones bilaterales con otros. El problema es que ya van tarde”, dijo Hernández Mack a Agencia Ocote.
Uno de los grandes reclamos de las bancadas UNE y Semilla es que el Ministerio de Salud sabía desde octubre de 2020 que, entre los requisitos establecidos a nivel mundial para hacer negociaciones directas con los laboratorios, estaba que el país debía crear un andamiaje para blindar a las compañías fabricantes de las vacunas de futuras denuncias.
Sin embargo, el Ejecutivo no envió hasta el 24 de junio de 2021 una propuesta de ley que exime a las empresas de responsabilidades y obliga al Gobierno de Guatemala a crear un fondo de compensación para personas que aseguren haber sido afectadas después de recibir la vacuna. Esta iniciativa fue aprobada la madrugada del 1 de julio.
La nueva ley también permite que Guatemala reciba donaciones de vacunas fabricadas por Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Entre el 24 de junio y el 8 de julio, Guatemala recibió otros dos cargamentos con donaciones de vacunas: 150 mil de AstraZeneca, donadas por México, y 1.5 millones de dosis de Moderna, enviadas por el Gobierno de Estados Unidos. Esta será la primera vez que el país tendrá una gran cantidad de inmunizadores y se comprobará si tiene la capacidad para administrarlos.
¿Dónde están las vacunas?
Julio Valdés, del IGSS, quien participó en las primeras reuniones para negociar la adquisición de vacunas, aseguró que Guatemala falló en el proceso por dos motivos. Por la falta de capacidad de las autoridades para negociar y por las deficiencias estructurales del sistema de salud, que lo hacen vulnerable a influencias de todo tipo.
“Históricamente, el sistema de salud ha sido influenciado enormemente, por no decir dirigido, por el mercado, es decir, el sector privado. A veces uno sospecha que la decisión de nombrar a un ministro está influenciada por el sector privado, por una o dos comercializadoras o empresas farmacéuticas. Eso significa marginar totalmente al Ministerio de Salud”, señaló Valdés.
Se le preguntó cómo se puede verificar la influencia del sector privado en la adquisición de las vacunas. “Es difícil porque todavía no hay un manejo en el mercado privado, pero tarde o temprano lo va a haber. Esto nos abre los ojos a pensar: ¿no será que lo que están esperando es la apertura del mercado? Al vacunar a su población, Europa y Estados Unidos, si tienen excedentes de vacunas, van a lanzarlas al mercado privado y con eso se rompe la restricción sana de que solo se negocia a través de Gobiernos. ¿No será esa la expectativa que está en el ambiente?”, augura.
Agencia Ocote solicitó una entrevista con Hermann Girón, actual presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), para consultarle si el sector privado tuvo algún papel en las negociaciones de la compra de vacunas del Gobierno de Guatemala y si contemplan la viabilidad de venderlas a nivel privado, en caso de que se abra esa posibilidad.
El personal de comunicación del CACIF indicó que Girón se encontraba de viaje, y que respondería las inquietudes a su regreso, el 8 de julio. Sin embargo, esto no sucedió.
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“Yo quisiera especular y decir que las vacunas están en distribución mundial y que nuestros países, por ser muy pequeños, pasan a un segundo plano. Esto es crítico, (el Gobierno de Guatemala) ha manejado todo con mucho hermetismo y secretismo y lo que tenemos es especulación”, cuestiona Julio Valdés.
Ante la crisis por falta de vacunas, la ministra de Salud, Amelia Flores, dijo el 22 de junio, en una citación de la Bancada Semilla, que Guatemala está en negociaciones bilaterales con nuevos fabricantes, aunque no detalló quiénes eran, bajo el argumento, de nuevo, de que trabajan bajo condiciones de confidencialidad.
Aunque las opciones para el país son limitadas, se sabe que, por ahora, el Gobierno no ha hecho acercamientos con fabricantes de China. “Hay tanta necesidad de vacunas, que las autoridades están dispuestas a firmar lo que sea, pero nos llama la atención esa resistencia a negociar con fabricantes chinos. Ya la OMS aprobó dos vacunas: Sinopharm y Sinovac”, señala la diputada Hernández Mack.
“Yo no sé si es porque Guatemala tiene relaciones diplomáticas con Taiwán y temen que ellos y Estados Unidos se enojen si negociamos con China, pero de alguna manera son de los fabricantes que han logrado producir en gran cantidad”, reclama.
La última semana, mientras Guatemala atravesaba un nuevo pico de contagios y para el 15 de julio reportaba 9,871 personas fallecidas, las negociaciones para la adquisición de vacunas fueron denunciadas cinco veces.
La Contraloría General de Cuentas, la ONG Acción Ciudadana y las bancadas del Congreso Winaq y Unidad Nacional de la Esperanza, presentaron por separado denuncias para que el Ministerio Público investigue las acciones y omisiones del Ministerio de Salud y del Ministerio de Relaciones Exteriores en las compras de inmunizadores. Consultamos en la fiscalía si ya había iniciado alguna investigación después de las denuncias, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.
México: “Mejor que me recoja Dios, y no el kaxlan (el que viene de fuera)”
En 9 de cada 17 pueblos tsotsiles de Chiapas, sus habitantes se han negado a aplicarse la vacuna anticovid; un año antes habían dudado de la existencia del virus SARS-Cov2. Ahora temen que el biológico que se aplica para combatirlo, pueda matarlos. No hay, en las zonas indígenas de esta región al sur de México, campañas de información en lenguas maternas que hablen sobre la pandemia; lo que saben de ella proviene en su mayoría de mensajes de origen desconocido que se replican en redes sociales. Hasta el momento, con medicina tradicional, han sobrevivido al virus, y con medicina tradicional piensan seguir enfrentándolo.
Ángeles Mariscal | Chiapas Paralelo
“Nos acorralaron, iban con palos, armas y garrafas de gasolina. Nos rodearon, nos abrieron la puerta (de la ambulancia). Nos gritaron que con qué permiso estábamos en su comunidad. Que ellos ya habían dicho que no querían las vacunas. Les explicamos que las que llevábamos eran las vacunas de los niños, no las de la COVID, pero nos dijeron que si no entregábamos el termo (en el que llevaban los biológicos), iban a quemar la ambulancia con nosotros adentro”, explica Carmelo, enfermero y promotor de salud de la jurisdicción sanitaria de San Cristóbal de Las Casas, que abarca la zona indígena tsotsil de Chiapas, provincia de México.
El 18 de junio pasado, cuatro trabajadores de la Secretaría de Salud de la jurisdicción sanitaria que atiende a la zona indígena tsotsil de Chiapas -con alrededor de un millón de habitantes de esa etnia-, estuvieron a punto de ser linchados por pobladores de Yabteclum, ubicado en el municipio Chenalhó, a unos 60 kilómetros de San Cristóbal de Las Casas.
Carmelo y sus colegas, unos 20 trabajadores, explican lo que a su ver, es el origen de la agresión: “las personas están muy mal informadas sobre las vacunas, sobre la pandemia. No hay información en sus lenguas, no les dicen nada y entonces ellos creen todos los rumores de que con las vacunas los van a matar. La única información que ocasionalmente les entregan algunas instituciones, es un folleto donde dice, en español, que si tienen síntomas de COVID, llamen a tal número; esto es absurdo porque en las comunidades indígenas muchas personas no hablan español, no saben leer, y a veces ni teléfono hay”, explica en entrevista.
Los trabajadores sanitarios itinerantes, asignados a las comunidades rurales e indígenas de Chiapas, cumplen múltiples funciones, entre ellas, ofrecer las vacunas del cuadro básico de salud que se aplica a niñas y niños, para prevenir enfermedades como tuberculosis, difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis y sarampión. “Uno del comité de salud pudo explicarles en su idioma que nosotros no llevábamos las vacunas anticovid, pero ellos nos gritaban y nos pedían que bajáramos de la ambulancia, nos amenazaban con quemarnos. Luego de una hora, se comunicaron por radio y nos dejaron ir. Nosotros regresamos al centro de salud y ahí el director nos dijo que no era la primera vez que pasaba eso”, explica Carmelo.
A falta de información, desinformación
La presencia del virus SARS-Cov2, su origen, su comportamiento y la forma de enfrentarlo, ha sido un proceso de constante aprendizaje, en una carrera contra reloj. Pero, mientras en la capital de México autoridades sanitarias implementan una estrategia de comunicación basada en conferencias de prensa y comunicados diarios, en las comunidades rurales e indígenas la única instrucción que llegó a la población fue que no deberían salir de sus comunidades.
En estos lugares hasta las clínicas se cerraron durante los meses más álgidos de la pandemia. Lo que se vivió desde el primer momento en que empezaron los impactos, fue el miedo y la desinformación.
El 13 de abril de 2020, el señor Samuel C. Hernández, indígena zoque, de la comunidad Francisco León, municipio de Ocosingo, se suicidó. Días antes había acudido al hospital del municipio de Palenque, ubicado a cinco horas de su poblado; ahí le diagnosticaron que estaba enfermo de COVID. Al regresar a Francisco León, pobladores se inconformaron, le acusaron de haber llevado el virus, de provocar otros contagios, explicó su familia.
Samuel se dirigió entonces a la rivera del río que atraviesa el poblado y se colgó de un árbol. El personal de salud que trabaja en la clínica rural de la localidad, se negó a recoger su cuerpo, por miedo al contagio. Autoridades judiciales tardaron más de un día en entrar al lugar, argumentando que no tenían equipo para protegerse.
Desde el Centro de Formación y Capacitación K’inal Antsetik al que están integradas las hijas de Samuel, señalaron que lo que lo mató, fue el acoso derivado de la desinformación. Llamaron a las autoridades a implementar campañas de información en las lenguas maternas, para que no volviera a repetirse una situación como que la que orilló a Samuel al suicidio.
No fue sino hasta julio de 2020 cuando la secretaría de Salud del gobierno de México realizó algunas cápsulas en video y radiales, así como carteles informativos traducidos a lenguas indígenas, donde lo que se le pedía a la población era permanecer en las comunidades, no salir, no reunirse. Estas producciones se quedaron en las páginas web institucionales; sólo algunos mensajes fueron difundidos esporádicamente en las estaciones de radio.
Para tratar de suplir la ausencia de información por parte del Estado mexicano, organizaciones no gubernamentales de médicos que trabajan con comunidades indígenas, y medios de comunicación independientes o comunitarios, iniciaron campañas de difusión e información sobre la pandemia.
Sin embargo, no fue suficiente, y se impusieron las versiones de las noticias falsas reproducidas a través de mensajes en redes sociales, donde señalaban que el virus era parte de un plan para reducir la población mundial, y acusaban al personal médico de inyectar el virus para entregar “una cuota mensual de muertes”. Esto trajo como consecuencia un rechazo al personal de salud y provocó ataques a hospitales y clínicas.
Último lugar en la cobertura de vacunación
En mayo de 2020, una ambulancia del hospital básico comunitario de San Andrés Larráinzar fue quemada. Pobladores de este lugar ubicado en la zona indígena de Los Altos de Chiapas, también destruyeron parte de las instalaciones. Temían que en este lugar personal de salud estuviera “inyectando el virus de la COVID”.
Un año después, el 28 de junio de 2021, a este mismo hospital acudieron Luisa Ruiz Ruíz, su cuñada y su esposo, para aplicarse la vacuna anticovid. Llegaron desde la comunidad Talonhuitz, ubicada a una hora de la cabecera municipal. Fueron una de las tres familias que ese día decidieron vacunarse.
En San Andrés Larráinzar viven 31 mil 259 habitantes; en las cuatro campañas de vacunación que ha habido desde abril pasado, sólo han acudido a aplicarse el biológico 129 personas, según cifras reportadas por la Secretaría del Bienestar, la institución encargada promover y organizar el proceso de aplicación de las vacunas anticovid. Es decir, en este municipio tsotsil, solo el 0.4 por ciento de la población mayor de 40 años se ha vacunado.
Sin embargo, en la página oficial donde el gobierno de México reporta el avance de la vacunación, el municipio aparece como “concluido”.
Lo mismo se reporta de Aldama, municipio colindante, donde solo el presidente municipal, Adolfo Victorio López Gómez, y sus dos padres, acudieron a vacunarse “para dar el ejemplo”. Ese día, el personal de salud regresó con su kit de vacunas prácticamente intacto, sólo se ocuparon tres dosis en esta localidad de 8 mil 480 habitantes.
Las cifras oficiales del avance de la vacunación, de la aceptación o rechazo del biológico, se dan a cuenta gotas. El gobierno de Chiapas rechaza hablar a detalle de ello. Para este reportaje se solicitó en varias ocasiones una entrevista con el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos. “En cuanto tenga tiempo con gusto”, fue la respuesta que envió por mensaje de whatsapp, el pasado 29 de junio.
La Secretaría de Salud federal reconoce que la información le llega según el ritmo y la voluntad de los gobiernos estatales, quienes son los que aplican las vacunas, y los principales encargados de promover su aplicación.
En la página web donde se reporta el avance del proceso, se indica que, en Chiapas, en 9 de los 17 municipios de población tsotsil de la Jurisdicción Sanitaria de San Cristóbal de Las Casas, la población se ha negado a que se lleve a cabo la vacunación.
A los municipios de Chenalhó, Amatenango del Valle, Huixtán, Oxchuc, Pantelhó, San Juan Cancúc, Santiago El Pinar, Tenejapa y Zinacantán, se les asigna la leyenda “No aplica”.
En Aldama, San Andrés Larrainzar, Chalchiuitán, Chamula, Chanal, Mitontic, Teopisca y San Cristóbal de Las Casas se han instalado puestos de vacunación, aunque la cifra de personas que acuden a vacunarse no llega al 15 por ciento.
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, en Chiapas habitan 5.5 millones de personas. A esta provincia han llegado poco menos de un millón de dosis de las vacunas Pfizer/BioNtech, Sinovac, AstraZeneca y CanSino; en el reporte del 22 de junio que dio a conocer el gobierno federal en conferencia de prensa, indica que se ha inmunizado a 517 mil pobladores, entre personal de salud, educación, mujeres embarazadas mayores de 18 años y personas mayores de 40 años.
No detalla el avance de vacunación en zonas indígenas -donde habita el 29% de la población total de Chiapas-, pero sí indica el informe que Chiapas ocupa el último lugar de la cobertura de vacunación a nivel nacional, y la zona indígena, se encuentra aún más abajo.
Sin campañas de promoción
Luisa Ruiz Ruíz, nerviosa, se levanta la blusa bordada que ella misma fabricó, y que la identifica como originaria del pueblo de San Andrés Larráinzar. El enfermero le explica que la vacuna puede generar fiebre, cansancio o dolor de cuerpo; que debe reposar. Las pupilas de ella se agrandan cuando lo ve acercarse con la jeringa cargada con el biológico. Confiesa que está nerviosa.
“Es que se ha dicho mucho de la vacuna, que si nos van a matar, que si los que ya se vacunaron ya están muriendo, que van a morir más, que a los hombres los vuelve impotentes…”, dice esto, y su cuñada y su esposo, que esperan sentados el momento de pasar a vacunarse, sueltan una carcajada.
Neftalí Díaz, su esposo, explica que, en su comunidad, Talonhuitz, “el año pasado muchos se enfermaron, pasamos fiebre, pero no hubo pruebas que confirmaran que estaban contagiados de COVID”. Cifras oficiales indican que, en Larráinzar, sólo 6 personas contrajeron el virus.
Díaz comenta que en su comunidad no avisaron de la vacunación, “nosotros venimos a ver a mi hermana que vive en la cabecera municipal, y ahí fue que ella nos dijo que viniéramos, porque hoy vacunaban, y aquí estamos”.
Fuera del hospital, un joven trabajador de la Secretaría del Bienestar toma el reporte de cuántas personas llegan a vacunarse; en este día sólo van ocho, ya es la una de la tarde.
¿Dónde puedo encontrar un cartel o un folleto donde se explique el proceso de vacunación en tsotsil?, le pregunto. “No hay, pocos saben leer el tsotsil; lo único que se hace es que un día antes se avisa (por perifoneo en las bocinas que hay instaladas en algunos poblados) que va a estar disponible la vacuna… pero casi nadie viene”, dice mientras sigue mirando su celular.
Julia Gómez Gómez y su esposo Antonio, trabajador de la clínica rural de Larráinzar, también acudieron a vacunarse. Antonio dice que cinco de sus familiares enfermaron de gravedad, y por eso ellos decidieron acudir a aplicársela. “Nos estamos arriesgando, porque se dicen muchas cosas de la vacuna, pero ya vimos que la enfermedad si es de seriedad”.
El enfermero que aplica el biológico reconoce que, aún personas que ya están sentadas y listas para vacunarse, cuando él saca la jeringa y les explica el proceso, “se han levantado y se han ido sin vacunarse”.
“Acá nos curamos con nuestra medicina tradicional”
Manuel Santiz saca de su morral un trozo de jengibre. Mastica ese tubérculo de sabor picante que, dice, le ayudó a sobrevivir a la COVID. Sin hacer mueca, escupe la fibra que queda en su boca, luego de sacarle el jugo, toma un poco de agua que lleva en una botella, y continúa la plática que tiene entre varios hombres de la comunidad Aldama.
Manuel tiene 67 años, relata que en junio de 2020, cuando en México se vivió el mayor número de contagios y muertes asociadas al virus SARS-Cov2 -alrededor de 229 mil según cifras oficiales– “yo sentía que no podía jalar el aire, que mi pecho me iba a reventar, tenía mucho frío y calentura, pero mi mujer me curó con esto (el jengibre) y un poco de miel que recolectamos. Acá nosotros nos curamos solos, porque acá el gobierno no se apareció, y hasta las clínicas cerraron”.
Autoridades de salud sólo reconocen 4 contagios y ninguna persona fallecida en Aldama, en lo que va de pandemia; una cifra que está a debate, porque está basada en las pruebas que se hicieron en el laboratorio estatal de salud, y como Manuel Santiz explica, “acá ni las clínicas abrieron” durante los meses de mayor contagio.
Según ha podido constatar esta periodista, durante muchas visitas a diferentes zonas indígenas, desde agosto del año pasado, las comunidades indígenas continúan viviendo como si no hubiera pandemia. Aquí las personas saludan afectuosas sin temor al contacto corporal, los niños juegan juntos en las calles, los hombres y las mujeres se reúnen en los parques y hasta en las iglesias; nadie usa cubreboca.
Y no es que no haya contagios, y hasta muertes generadas por el virus SARS-Cov2, es que, como dice Don Manuel, “acá sobrevivimos solos, acá nos curamos con nuestra medicina tradicional, acá no tenemos miedo”.
Estela Díaz es promotora de salud comunitaria independiente; es de origen tsotsil, estudió medicina y realiza prácticas con grupos ligados a la diócesis de San Cristóbal de Las Casas. Ella explica que entre marzo y agosto de 2020, las y los promotores suspendieron las visitas a las comunidades; pero en septiembre regresaron, “y vimos que, por los síntomas que habían presentado, muchísimas personas ya se habían contagiado, pero no de gravedad. En las comunidades nos comentaban: nos dio gripa, calentura, perdimos el olfato, tuvimos dolor de huesos, diarrea, fue una gripe muy fuerte”.
“Por los síntomas vimos que era COVID, pero no reportaron que familiares suyos hayan muerto. Creemos que el impacto del virus en las zonas indígenas no fue tan fuerte como en las ciudades. Nos contaron también que se fueron curando con combinaciones de plantas que iban haciendo, buscaron los medios a su alcance para sanarse y sobrevivir al contagio”.
La especialista refiere que en las zonas rurales e indígenas de Chiapas hubo miedo, desinformación, “pero no se vivió el estrés y la psicosis que tuvimos en las ciudades, las personas siguieron haciendo su vida normal, se siguieron reuniendo, siguieron saliendo al campo a trabajar; si a eso sumamos que viven en espacios más ventilados, que su alimentación es más sana, el resultado es positivo y es, quizá por eso, que no tienen interés en vacunarse”.
Don Manuel la escucha y asiente. Dice que él, aunque se enfermó del virus, confía más en la medicina tradicional que en la de los hospitales. Añade que por ningún motivo va a vacunarse, “mejor que me recoja Dios, y no el kaxlan”, que literalmente significa “gallina blanca”, pero que las comunidades indígenas lo usan en alusión a “el que viene de fuera”, o lo que viene de fuera de sus pueblos.
El rechazo a las vacunas en pueblos indígenas, derivado, entre otras razones de la desinformación o falta de acceso a la información en sus idiomas, no es exclusivo de Chiapas. Está presente en México y en general en América.
Así lo señala el informe que en mayo pasado dio a conocer la Plataforma Indígena Regional Frente a la COVID-19 “Por la Vida y los Pueblos”, donde estan integrados la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de México, la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, y el Enlace continental de Mujeres Indígenas de México.
El documento destaca que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a las naciones que implemente una difusión activa de información adecuada y suficiente sobre las vacunas y contrarrestar la desinformación, y que estas se apliquen previo al consentimiento previo, libre e informado.
“Con toda claridad, la CIDH detecta y manda corregir dos de los principales problemas que señalan las organizaciones indígenas: la falta de información adecuada, con pertinencia cultural, como así también, las carencias en la participación de los Pueblos Indígenas a través de sus autoridades representativas en las campañas de vacunación”.
Como en otros países de América Latina, hay una evidente necesidad de mejor información para contrarrestar temores, confusiones y acelerar la inmunización de los pueblos indígenas.
Créditos:
Textos: Loida Martínez Avelar | Revista Factum, Jody García | Agencia Ocote, Ángeles Mariscal | Chiapas Paralelo y Javier Sancho | Otras Miradas.
Fotografía: Gerson Nájera, Ángeles Mariscal, Congreso de Guatemala.
Edición: Javier Sancho Más.
Coordinación: Milagros Romero Meza.
Ilustraciones: Leonel Eduardo Pacas Leiva
Estrategia de redes: Paula Álvarez.
