El 2023 podría (y debería) ser el año en el que los gobiernos de Estados Unidos y los países de Latinoamérica logren acordar una agenda más horizontal y coordinada con la sociedad civil, que permita abordar de manera integral las causas estructurales del deterioro de la democracia, la corrupción, la migración forzada, el racismo, la desigualdad de género, la crisis climática y el paradigma actual de la fracasada guerra contra las drogas, los principales factores de riesgo para los derechos humanos y el estado de derecho en el continente.

A casi 50 años de la creación de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), que nació en reacción al golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile para denunciar las violaciones de derechos humanos en el contexto de las dictaduras de América del Sur que Estados Unidos apoyaba, preocupa ver el retorno del virus del autoritarismo en varios países de la región. Sin embargo, los resultados presidenciales en Brasil y Colombia y los legislativos en Estados Unidos, demostraron que eso también derivó en el fortalecimiento de la sociedad civil y la ciudadanía, la gente joven, las mujeres y las personas LGBTIQ+, destacando la importancia de empoderar la participación y agencia política de los actores diversos con intereses alineados a los ideales de la democracia, la defensa de la justicia y los derechos humanos.

Como hemos señalado, el avance del autoritarismo ya no es solo un tema latinoamericano, sino uno hemisférico, y así hay que abordarlo. Si Estados Unidos es un país que está luchando por la sobrevivencia de su propia democracia es lógico que tenga más desafíos a la hora de fomentarla en otros lugares. El autoritarismo es patriarcal y antiderechos. Las prácticas de este sistema y de la masculinidad tóxica se promueven y fortalecen desde el poder para atacar directamente los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las personas LGBTIQ+, entre otros.

Si bien las causas y manifestaciones de la discriminación son diferentes en los países de Latinoamérica, la necesidad de tener en cuenta el racismo estructural y sus efectos sobre todos los derechos fundamentales, tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales de los grupos racializados, personas afrodescendientes, pueblos indígenas, entre otros, no lo son. Los obstáculos y la discriminación histórica contra estas poblaciones comparten raíces y desafíos, que también deben ser abordados y priorizados en comunión con estos liderazgos a lo largo de la región. Muchas de estas comunidades viven en zonas rurales, cuya conservación juega un papel clave en el abordaje de la crisis climática global.

Para aliviar estas y otras problemáticas, es importante ver a la región en todas sus facetas y entender las tendencias regionales. En el caso de la migración, los cambios han sido abruptos y no se pueden seguir tratando nuevas problemáticas con políticas anticuadas que han demostrado repetidamente que no funcionan, y que por el contrario empeoran las condiciones de vida de millones de personas. En los últimos 10 años la relación migratoria entre Colombia y Venezuela experimentó un cambio drástico: Venezuela pasó de ser un país receptor de personas migrantes y refugiadas de Colombia a uno que expulsa a sus propios ciudadanos como personas en necesidad de protección internacional. El hecho que la selva del Darién entre Colombia y Panamá se haya convertido en una zona masiva de paso (con más de 228.000 personas cruzándolo en lo que va del 2022 frente a unas 10.000 en 2020), y que continúe siendo un lugar de tránsito aún con los peligros que representa, muestra el grado de desesperación de quienes se ven forzados a transitar esta ruta. 

Eso ilustra que la que era considerada “una crisis sudamericana” es ahora una crisis de movilidad humana forzada a nivel hemisférico. En este sentido es importante que se desarrollen políticas migratorias apoyadas en la sociedad civil y las agencias internacionales que operan sobre el terreno, hacia un enfoque basado en la protección y no en la contención. El posible fin de Título 42 —pendiente de las decisiones judiciales que se tomen durante las próximas semanas en Estados Unidos— que da a las autoridades migratorias de ese país la potestad de expulsar personas migrantes por supuestas razones de salud pública y sin el derecho de solicitar asilo (y que ha sido entendido por muchos agentes como una carta blanca para violar aun más derechos humanos) puede representar un muy buen primer paso en esa dirección, si bien hace falta redefinir algunos marcos de protección para nuevos factores de migración como lo es el cambio climático e invertir más en países de recepción que tienen grandes necesidades.

Mientras tanto, con los nuevos diálogos entre la Plataforma Unitaria que representa a la oposición de Venezuela y delegados del Gobierno de Nicolás Maduro, y las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia —y la propuesta de Paz Total con otros grupos al margen de la ley—, el 2023 verá dos procesos de negociación claves para los derechos humanos y la estabilidad democrática en Latinoamérica, y hay que apostar para que los derechos de las víctimas y la participación de la sociedad civil estén en el centro de la mesa. 

Si bien está en el mejor interés del Gobierno de Biden para su país y la región apoyar y avanzar en ambos procesos, sobre todo en lo referente a asegurar la participación de la sociedad civil, el Gobierno de Gustavo Petro también tiene un papel importante que jugar. Para lograr la paz con el ELN, Petro necesita el apoyo de Venezuela, donde la guerrilla ha fortalecido su presencia y ejercido diversas formas de violencia contra la población civil. Así mismo, para el Gobierno de Venezuela es tremendamente importante mejorar la relación económica con Colombia y tener el reconocimiento del país vecino al Gobierno de Maduro. Hay que recordar que el país está sumergido en una crisis humanitaria compleja y que el Gobierno de Nicolás Maduro tiene actualmente una investigación abierta en la Corte Penal Internacional (CPI) por posibles delitos de lesa humanidad. 

Estos escenarios regionales deberían servir como espacios de encuentro, cooperación y diálogo para los intereses comunes de Estados Unidos y Latinoamérica en los factores mencionados, lo cual supone continuar apoyando el fortalecimiento del sistema judicial y la lucha contra la corrupción y la impunidad, así como priorizar elecciones y un gobierno democrático y respetuoso del estado de derecho en Guatemala en 2023, pero también sentar las bases para que los procesos electorales de los años venideros en Venezuela, El Salvador, México y otros países tengan una participación real y democrática. Esto requerirá de un compromiso entre los gobiernos de la región para apoyar a la sociedad civil y a las víctimas, que necesitan y merecen justicia y reparación.