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La recién electa presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró en una entrevista con la periodista Claudia Gurisatti, de NTN24, que su Gobierno tiene y mantendrá una “relación armoniosa dentro de lo que cabe” con Nicaragua, debido a que ambas naciones comparten frontera y mantienen vínculos comerciales.

Sin embargo, Fernández llamó la atención al referirse a Nicaragua como un país con una “forma de Gobierno que han elegido tener”. Esta afirmación es falsa, y no corresponde a la realidad de un país sometido a la peor dictadura del hemisferio.

En este Fact-Checking explicamos por qué las declaraciones de Fernández no pueden sostenerse. Para ello, es necesario revisar cómo el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desmontó progresivamente las condiciones democráticas que permiten a una ciudadanía elegir libremente a sus gobernantes. 

Uno de los antecedentes más importantes en la historia de Nicaragua es el pacto que hubo entre FSLN y Arnoldo Alemán, líder del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en 2006. 

El pacto que le abrió la puerta al régimen Ortega-Murillo

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este pacto propició que se instaura un “sistema bipartidista con el objeto de facilitar la cooptación de los más altos cargos de la administración pública, y que a la fecha continúa vigente”.

De acuerdo con Civicus, este proceso derivó en una profunda reestructuración del sistema político, incluyendo reformas constitucionales y cambios en las reglas electorales que favorecieron el retorno del FSLN al poder en las elecciones de 2006, cuando Daniel Ortega obtuvo la Presidencia con el 38% de los votos.

Estas transformaciones pudieron materializarse gracias al control progresivo de instituciones clave del Estado, entre ellas la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral, esto sumado a la falta de órganos de control independientes e imparciales que permitió la aprobación de sucesivas reformas electorales que restringieron la competencia política y limitaron el ejercicio de los derechos ciudadanos en 2021. 

Esto habilitó la reelección presidencial indefinida. En su Opinión Consultiva OC-28/21, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) concluyó que esta figura es contraria a los principios de la democracia representativa y a las obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Ya en el poder, el régimen sandinista impulsó nuevas reformas constitucionales y electorales que consolidaron el control del FSLN sobre los poderes del Estado, con el fin de poder reelegirse  y perpetuarse en el poder. Según Civicus, estos cambios facilitaron la permanencia de Ortega en el poder y redujeron aún más las posibilidades de una competencia electoral efectiva. Entre otras medidas, se otorgaron facultades a la Policía Nacional para autorizar o impedir actividades políticas de la oposición.

El desmantelamiento de la competencia electoral

Las últimas elecciones en Nicaragua se realizaron en 2021. Desde antes, el FSLN continuó preparando el terreno para su tercer fraude electoral. En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Presentada como una herramienta para proteger al país de la injerencia extranjera, la norma fue utilizada para excluir y neutralizar a potenciales candidatos opositores.

Esto permitió inhibir las candidaturas de personas vinculadas a las protestas de 2018, calificadas por el régimen como un intento de golpe de Estado financiado por potencias extranjeras, lo que redujo aún más la competencia electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2021. El resultado fue un proceso electoral sin condiciones mínimas de pluralidad política.

La CIDH documentó en su informe “Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua” que durante el año electoral de 2021 fueron detenidas y criminalizadas siete personas precandidatas a la Presidencia. Además, se cancelaron las personerías jurídicas de tres partidos políticos.

Para la CIDH, estas acciones evidencian que el régimen buscaba “perpetuarse en el poder mediante la realización de elecciones que no dan las garantías mínimas de libertad, acceso a la información, transparencia y pluralidad, en un contexto de cierre de todos los espacios democráticos y de impunidad estructural”. 

En octubre de 2021, semanas antes de las elecciones presidenciales, la CIDH señaló en su informe, que el país atravesaba una grave crisis política, social y de derechos humanos derivada del debilitamiento completo del Estado de derecho.

El organismo describió a Nicaragua como un Estado policial donde las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo y no existe un sistema efectivo de pesos y contrapesos. Asimismo, concluyó que el país vivía bajo un “Estado de excepción de facto”, una caracterización que coincide con los hallazgos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la represión iniciada en 2018.

La condena internacional al régimen de Ortega

Las conclusiones de la CIDH también fueron respaldadas por el Parlamento Europeo. Tras las elecciones del 7 de noviembre de 2021, los eurodiputados calificaron el proceso como una “farsa electoral” y rechazaron la legitimidad de los resultados.

“El régimen procedió al encarcelamiento arbitrario, el acoso y la intimidación sistemáticos de siete precandidatos presidenciales…”, señaló el Parlamento Europeo al cuestionar la integridad de los comicios.

Más recientemente, esta visión también ha quedado reflejada en otros espacios diplomáticos. La elección de la embajadora costarricense Lina Ajoy Rojas como secretaria general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) fue acompañada por un mensaje de felicitación de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, que expresó su expectativa de trabajar con la diplomática para promover la prosperidad regional y para “hacer que la dictadura represiva de Nicaragua rinda cuentas”.

La declaración evidencia que actores internacionales continúan refiriéndose al Gobierno de Daniel Ortega como una dictadura, una valoración que coincide con lo dicho en los últimos años por organismos internacionales y distintos actores políticos sobre la situación democrática de Nicaragua.

Asimismo, la documentación de organismos internacionales muestra que en Nicaragua fueron eliminadas progresivamente las garantías necesarias para una competencia electoral libre y auténtica. La concentración de poder, las reformas legales restrictivas, la persecución de opositores y el encarcelamiento de precandidatos presidenciales impidieron que la ciudadanía pudiera elegir en condiciones democráticas. 

Por ello, la afirmación de Laura Fernández de que Nicaragua tiene una “forma de Gobierno que han elegido tener” es falsa.