La reciente aprobación de la Ley de Inversiones Extranjeras en Nicaragua, que otorga poderes absolutos a Laureano Ortega Murillo para decidir qué inversiones pueden ingresar al país, no es una simple reforma económica. En un contexto donde más de 1,4 millones de nicaragüenses padecen hambre, según informes internacionales, esta medida profundiza la corrupción, la discrecionalidad y el aislamiento internacional, alejando a inversionistas legítimos y atrayendo únicamente a capitales oscuros vinculados a regímenes totalitarios como China y Rusia. 

Mientras la población enfrenta carencias básicas, el régimen se empeña en ocultar la realidad, como lo demuestra la reciente expulsión de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), tras la publicación de un informe que evidenciaba el aumento del hambre en el país. Este acto refleja una intención deliberada de silenciar las voces que exponen la verdad, consolidando así una dictadura bicéfala y dinástica que controla los recursos de la nación a expensas del bienestar de su gente.

Esta ley no responde a una necesidad económica real, sino a una estrategia de centralización total del poder y blindaje financiero del régimen. En un país donde no existe seguridad jurídica ni respeto por la propiedad privada, esta medida profundiza la corrupción, la discrecionalidad y el aislamiento internacional, espantando a inversionistas legítimos y atrayendo únicamente a capitales oscuros vinculados a regímenes totalitarios como China y Rusia.

La intención dinástica de los Ortega-Murillo los coloca en un club exclusivo de las peores dictaduras de la historia. Las dictaduras más violentas y menos propensas a una transición política han sido aquellas que han buscado la sucesión familiar. Basta con mirar la historia reciente para encontrar ejemplos de cómo este modelo ha sido sinónimo de represión, corrupción y hundimiento nacional. Desde los Castro en Cuba hasta los Duvalier en Haití, pasando por el depuesto Bashar al-Assad en Siria, la dinastía Somoza en Nicaragua y la brutal continuidad de poder en Corea del Norte con Kim Jong-il y Kim Jong-un, todas estas dictaduras han compartido un mismo patrón: el uso de la represión sistemática, el culto a la personalidad y la perpetuación del poder como un derecho hereditario. Hoy, los Ortega-Murillo forman parte de este ominoso grupo, resucitando un modelo de poder que parecía superado en América Latina. Sin embargo, han demostrado que los regímenes dinásticos siguen siendo un peligro real en la región, con estructuras de represión y corrupción diseñadas para sostener el poder a cualquier costo.

Pero Laureano no es el único miembro de la familia con privilegios políticos y acceso ilimitado al poder. El modelo dinástico de los Ortega-Murillo no solo consiste en consolidar a Laureano como el próximo dictador, sino en mantener un estado familiar, donde cada hijo tiene un rol clave en la maquinaria del régimen:

• Rafael Ortega Murillo es asesor presidencial con rango de ministro, consolidando la toma de decisiones estratégicas de la dictadura.
• Daniel Edmundo Ortega Murillo controla la maquinaria propagandística como coordinador del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, asegurando que ningún mensaje del régimen sea cuestionado.
• Camila Ortega Murillo, con una fachada de modernidad y desarrollo económico, dirige “Nicaragua Diseña” y coordina la Comisión Nacional de Economía Creativa, utilizada como tapadera para blanquear dinero y atraer inversiones solo para el círculo de poder.
• Luciana Ortega Murillo es asesora presidencial, sin experiencia alguna más allá de llevar el apellido correcto.
• Maurice Ortega Murillo es director del Canal 13, mientras que Juan Carlos Ortega Murillo dirige Canal 8 y Carlos Enrique Ortega Murillo Canal 4, asegurando que todos los medios televisivos del país estén bajo control familiar, sin permitir ninguna voz disidente.

La designación de Laureano Ortega al frente de esta nueva entidad estatal responde a una lógica de sucesión política disfrazada de administración económica. Daniel Ortega no sólo le está dando control a su hijo predilecto sobre la inversión extranjera, sino que también está asegurando su continuidad en el poder a través de tres estrategias clave. 

Primero, consolidarlo como el heredero del trono dentro del aparato del régimen, otorgándole un rol que lo proyecta como el futuro dictador de Nicaragua, después de finalizado el “turno” de la co-dictadora Rosario Murillo. Segundo, blindar el financiamiento del régimen, garantizando que solo las inversiones extranjeras que favorezcan a la familia Ortega-Murillo puedan operar en el país. Y tercero, utilizar esta ley como un mecanismo para la corrupción y el lavado de dinero, permitiendo que capitales oscuros circulen sin ningún tipo de supervisión o transparencia.

Más que atraer inversión legítima, esta ley convierte a Nicaragua en un mercado cautivo de la corrupción familiar, donde hacer negocios dependerá exclusivamente de la lealtad al clan cleptocrático Ortega-Murillo.

El modelo dinástico de los Ortega-Murillo no es solo una amenaza para Nicaragua, sino para toda la región. La historia ha demostrado que los regímenes familiares son los más brutales, represivos y resistentes a cualquier cambio democrático.

En las dictaduras dinásticas, el talento no se hereda, pero el poder se impone. Y cuando el heredero gasta más en fiestas con vodka que en ideas para el país, colecciona relojes en lugar de logros y apoya megaproyectos imaginarios que solo existen en discursos y despilfarros, el destino de la nación no se decide en gabinetes de Estado, sino entre copas, promesas vacías y la ostentación de quien jamás ha trabajado un día en su vida.