La iniciativa de Ley 6076, o Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala, regula el uso de la fuerza pública de “forma proporcional” y además concede medidas sustitutivas a los elementos de las fuerzas públicas que resulten involucrados en el legítimo uso de sus funciones.
El martes nueve de agosto el Congreso de la República dio el primer paso para aprobar la iniciativa de Ley 6076. La propuesta fue tramitada en su primer debate y le restan dos lecturas más para que sea aprobada. La alianza oficialista aprobó con más de 150 votos la iniciativa de Ley 6076.
El diputado Bernardo Arévalo, de la bancada Semilla, calificó la iniciativa aprobada en su primera lectura, como un ‘lobo disfrazado de oveja’ porque toman una serie de elementos que sí responden a normas internacionales de uso de fuerza, pero que en el lenguaje y modificaciones a artículos del Código Penal la convierte en una ley que será utilizada con intenciones represivas.
“Por ejemplo, usan el término de legítima defensa, diciendo que los policías o los funcionarios que tengan a su cargo ejercer la fuerza pública tienen el derecho a la legítima defensa, eso no solo es un equívoco, sino es inclusive ilegal, por que el concepto de legítima defensa ampara al ciudadano que se ve amenazado por cualquier circunstancia en su integridad física, la de su familia o la de su morada, en el caso de los funcionarios que ejercen seguridad pública deben tener sus propias normas”, opinó el diputado.
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Las fallas jurídicas
Expertos jurídicos aseguran que el problema de la iniciativa es que no hace una diferenciación entre el uso de la fuerza de la Policía y el Ejército e incluye a otros actores en una misma figura. Además, “la propuesta contiene un tema serio y peligroso que otorga poderes coercitivos a otras instituciones”, afirmó el analista Francisco Jiménez al periódico Prensa Libre.
Jiménez asegura que no es necesario normar algo que ya lo está. También detectó que la iniciativa 6076 carece de un principio de legalidad importante: el de responsabilidad que establecen los estándares internacionales y que sí tienen la Orden General de la Policía Nacional Civil (PNC), cuyo fin es brindar información sobre situaciones del uso de la fuerza a la autoridad superior inmediata.
La iniciativa 6076 además de permitir el uso de la fuerza policial en manifestaciones sin ser claros en su justificación, agrega que los agentes que sean enjuiciados por ejercer violencia en sus funciones policiales tendrán asesoría legal gratuita del Ministerio de Gobernación, incluso se norma que obtendrán medidas sustitutivas para que no sean llevados a prisión.
El rechazo rotundo
La junta directiva del Concejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán publicó este miércoles 17 de agosto un comunicado en el que exige que la iniciativa de Ley 6076 no vaya a la Corte de Constitucionalidad (CC) y que en la sesión plenaria el Congreso de la República los diputados voten para que se desconozca inmediatamente, se elimine y no se apruebe de una vez por todas.
En el comunicado, se menciona que con fecha 11 de agosto del 2022, la junta directiva del 48 Cantones y las Cinco Juntas, en representación del pueblo de Totonicapán, presentaron un oficio a la presidente del Congreso de la República de Guatemala, diputada Shirley Rivera, en el que manifestaron su “repudio y rechazo total” a la iniciativa de Ley 6076, Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala.
Agregan que en el documento se argumentó que desde un inicio dicha iniciativa viola preceptos constitucionales, donde se consagran derechos fundamentales de los guatemaltecos, como derecho de reunión y manifestación, libertad de emisión del pensamiento, derecho a la vida, libertad de acción, entre otros, establecidos en los artículos 33 y 35 párrafos 1,2,3 y 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
El miércoles por la tarde la junta directiva de los 48 cantones de Totonicapán acudieron al Congreso para que se cumpliera con el acuerdo con la presidenta del Legislativo, Shirley Rivera, de suspender la discusión del proyecto que ha avanzado en una lectura (de las tres que necesita para ser decreto).
Sin embargo, la iniciativa de Ley 6076 se encontraba en agenda y los representantes de los 48 cantones decidieron quedarse dentro del Congreso hasta medianoche luego de que fueron atendidos por la comisión y les comunicaran que el próximo martes 23 de agosto se tendrá la información de la petición de la anulación de la iniciativa de Ley 6076.
En cambio, la Presidenta del Congreso de Guatemala, Shirley Rivera, informó este miércoles 24 de agosto que tras revisiones efectuadas, la iniciativa 6076, la “Ley Antiprotestas”, sí fue tramitada en segundo debate. Ahora está pendiente la aprobación en tercer debate y su redacción final.