Ante el secuestro de más de 48 horas que mantiene la Policía Nacional a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, la comunidad internacional ha empezado a elevar la voz de manera contundente contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para que la libere, así como a sus extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, detenidos desde hace una semana en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ). La tarde de este viernes cuatro de junio el Departamento de Estado de Estados Unidos pidió que los “liberaran de inmediato”, al igual que otros países como España.
“Su detención por cargos falsos es un abuso de sus derechos y representa un asalto a los valores democráticos, así como un claro intento de frustrar unas elecciones libres y justas”, señaló el Departamento de Estado. La tarde de este viernes se conoció que en Washington, el gobierno de Joe Biden valora aplicar más sanciones al régimen sandinista por el secuestro de la precandidata mejor valorada en las encuestas.
La vicepresidenta Rosario Murillo respondió a la comunidad internacional: “respeto a nuestros procesos soberanos y decisiones soberanas. Se lo decimos a quienes pretenden violentar esa norma: el respeto al derecho ajeno es la paz”.
Juan González, director de Asuntos Hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo a la Voz de América este viernes que “definitivamente” Estados Unidos prepara sanciones contra el régimen de Daniel Ortega. González dijo que Estados Unidos está en “conversaciones” con gobiernos de Europa y Latinoamérica que “comparten la preocupación” por la situación en Nicaragua, para no “responder de manera unilateral”. El asesor dijo que “lo que está pasando en Nicaragua debe ser preocupante para toda la región (…) ni están fingiendo la democracia”.
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En horas de la mañana de este viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de España dijo que estas medidas contra Chamorro “deben ser revertidas, poniendo fin de manera inmediata a la retención de la Sra. Chamorro y desocupando su domicilio”.
Por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Francia también pidió la “anulación y liberación inmediata” de Chamorro. “Francia condena con firmeza esas medidas que son incompatibles con un proceso electoral transparente”, cita el comunicado.
Cristiana Chamorro se encuentra secuestrada desde el miércoles en su casa de Managua, cuando a las 11:40 de la mañana un tropel de policías ingresó a su vivienda con violencia, después de que una jueza afín al Frente Sandinista, partido del mandatario Daniel Ortega, girara una orden de captura y allanamiento en su contra por el supuesto delito de lavado de dinero por el que está siendo acusada desde hace más de dos semanas. Como parte de la arremetida contra Chamorro, dos de los extrabajadores de ella se encuentran detenidos en la DAJ desde el viernes, sin que puedan ser vistos por sus abogados ni sus familiares. Las abundantes violaciones al debido proceso y el bloqueo de la defensa legal han hecho calificar estas acciones como secuestros por sus propios abogados.
Piden suspender Acuerdo con UE y aprobar Ley Renacer
Este mismo viernes, un grupo de más de 30 eurodiputados enviaron una carta al Alto Representante Josep Borrell pidiendo activar la cláusula democrática presente en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, de la cual Nicaragua es parte. Según los economistas, la suspensión de este acuerdo implicaría pérdidas económicas para el país de más de 300 millones de dólares.
Por otro lado, los congresistas estadounidenses Albio Sires y Mark Green hicieron un llamado a la Cámara y el Senado para que aprueben inmediatamente la Ley Renacer. Los funcionarios norteamericanos exhortaron a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a convocar a una sesión especial para abordar el incumplimiento de Nicaragua con el plazo impuesto por la OEA para las reformas electorales y los pasos a implementar “para responsabilizar a Ortega por sus repetidas violaciones de la Carta Democrática Interamericana”.
Según su contenido, la Ley Renacer “requiere informes clasificados sobre corrupción en la familia Ortega y la participación rusa en Nicaragua e informes no clasificados sobre abusos a los derechos humanos y la persecución del régimen de Ortega a los medios independientes en Nicaragua”.
El senador Bob Menéndez dijo este jueves que los ataques autoritarios de Daniel Ortega contra la oposición demuestran “su nefasto desprecio” por el estado de derecho y temor palpable a elecciones democráticas. “La comunidad internacional debe coordinar presión para que el régimen deje realizar elecciones libres y transparentes”, dijo Menéndez.
Sanciones económicas “es lo que más les duele”
El exembajador de Nicaragua en la OEA, Edgard Parrales, dijo que la comunidad internacional “está harta de tanta podredumbre de este gobierno por tantas injusticias y caprichos”.
Para Parrales, la nota del Departamento de Estado es “enérgica”, y lo que le quiere decir al régimen es “o actuás conforme a derecho y las normas de tu país, o te vamos a aplicar la legislación internacional”. Según el experto, el gobierno de Nicaragua está quebrando todos los tratados y convenciones de derechos humanos que ha suscrito. “El régimen está ignorando la legislación interna e internacional, de la cual es parte y está obligado a cumplirla”.
Parrales dijo que las sanciones que puede tomar la comunidad internacional son definitivamente económicas, “que es lo que más les duele a este gobierno”. El exdiplomático dijo que las medidas pueden cerrar las puertas del financiamiento internacional y esto le puede crear una situación difícil con el pueblo.
Ortega Murillo ponen a prueba a la OEA
Ante el incumplimiento del plazo que impuso la OEA para que el régimen Ortega Murillo otorgara condiciones para que se realizara un proceso electoral confiable antes de finalizar el mes de mayo, en Washington afirman que existe una resolución para aprobarse en la próxima Asamblea ordinaria de OEA pero todavía no existe fecha.
Para el exdiplomático Julio Icaza Gallard la dictadura “se ha convertido en un verdadero desafío para la comunidad democrática internacional, y para la OEA en particular”. Gallard dice que tomando en cuenta que todavía faltan varios meses para el día de las elecciones, “las decisiones que se tomen tenderán a ser graduales, dejando siempre un espacio para la negociación de mejores condiciones”.
Por su parte, Mauricio Díaz, exembajador de Nicaragua ante la OEA, el organismo que preside el secretario general Luis Almagro “tendrá que desperezarse” ante la nueva escalada represiva del gobierno. El exdiplomático valora que la persecución contra Chamorro ha puesto nuevamente al país en el radar mundial.
“Lo que veo venir son más sanciones bi y multilaterales. La OEA va a tener que buscar qué hacer. Me llama la atención que Almagro no haya convocado a un Consejo Permanente Extraordinario”, aseguró Díaz.
En junio, la OEA tiene agendado la relación de una sesión del Consejo Permanente, donde analistas consideran que se tocará el tema de Nicaragua en la agenda. No obstante, se desconoce si el organismo está valorando la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, cuya aplicación suspendería al país de dicho organismo internacional. Centros de pensamiento como Crisis Group han asegurado que desde Washington y con la nueva administración Biden se está pensando en otra estrategia más dialogada y menos sancionatorias.
“Aquí tenemos casi 30 de funcionarios sancionados y la realidad es que a los ojos de mucha gente los pone como víctimas de una conspiración internacional y de un intento de golpe de Estado donde está la CIA y los gringos detrás. Lo que vamos a ver es más tensiones internas, porque el gobierno no está cediendo nada, está apretando las tuercas”, opinó Díaz.
Sin embargo, el exdiplomático no duda que tras el arresto domiciliar de Chamorro se ponga en funcionamiento los recientes mecanismos de sanciones de la Unión Europea y Canadá, que al igual que los Estados Unidos han establecido sus propios procesos de sanciones para “combatir” el crimen organizado, la corrupción y los gobiernos violadores de derechos humanos.
“Cuando un régimen se cierra y niega los derechos básicos, se está generando una reacción en cadena. Veo que ahora hay más presiones para que la Unión Europea busque aplicar los pilares del Acuerdo de Asociación, que podrían significar la pérdida de privilegios en comercio y productos importados”, reiteró.
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