No hay hombres ni mujeres indispensables. Para Daniel Ortega, los operadores políticos —llámense Rafel Solís o  Alba Luz Ramos—  no son más que fichas que mueve a su gusto cómo, cuándo y dónde quiere. El día que dejen de ser útiles, sencillamente, pasan a descarte.

Si los altos mandos del Ejército de Nicaragua quieren librarse a sí mismos del destino final que les espera, deberían actuar antes de que sea demasiado tarde. 

Cuando Ortega crea que Julio César Avilés, actual jefe del Ejército de Nicaragua, es una amenaza para el régimen, por muy paranoica que sea la razón, se deshará de él, le quitará el pasaporte y lo encerrará en su casa. Esa secuencia es más que evidente.

Ocurrió con otros funcionarios que le juraron lealtad y con su propio hermano Humberto, de cuya muerte el dictador es el único responsable.

Desde 2010, Ortega ha comprado la lealtad del Ejército regalándole, a la institución claro, tierras por toda la geografía nacional, asignándole ingentes sumas de dinero en medio de crisis y permitiéndole a los generales mayor participación en la vida económica y civil. Es decir, en el esquema de poder de Ortega, como cualquier dictadura, estaba contemplado el control de las Fuerzas Armadas.

Ni Julio César Avilés ni los generales del Ejército están exentos de ser una víctima de Ortega. Lo que Ortega le hizo a su hermano, privarlo de la libertad hasta conducirlo a la muerte, demuestra que no le temblará el pulso para quitarle el poder que Avilés cree tener.

Avilés podría ser el próximo en la lista de caídos en desgracia. Bien podría recurrir a la Constitución, usando el poder militar del que goza, para salvarse a sí mismo, y de paso a los nicaragüenses.

De Avilés se dice que es un servil, también se dice que es una persona hábil, despiadada y calculadora. Si lo es, debería calcular su suerte.