El dictador Daniel Ortega ordenó a sus diputados y sus aliados colaboracionistas “zancudos” en la Asamblea Nacional extender los períodos en sus cargos —de cinco a seis años— a los jefes del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, sus dos principales órganos represivos.
Ortega envió a sus operadores políticos del Poder Legislativo dos iniciativas de reforma tanto a la Ley 181, “Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar” y la Ley 872, “Ley de Organización , Funciones , Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional”.
En el caso de la reforma a los militares, la misma establece que el “Comandante en Jefe del Ejército será nombrado por el Presidente de la República a propuesta del Consejo Militar por un período de seis años. El nombramiento se efectuará el veintiuno de diciembre y tomará posesión el veintiuno de febrero del siguiente año a su nombramiento. La propuesta del Consejo Militar deberá enviarse al Presidente de la República por lo menos un mes antes de la fecha de su nombramiento. El Comandante en Jefe del Ejército saliente, continuará en el ejercicio del mismo hasta que su sucesor tomare posesión del cargo”.
Con el director de la Policía, se establece que el “Presidente de la República en su carácter de Jefe Supremo de la Policía Nacional nombrará Director o Directora General de la Policía Nacional por un periodo de seis años, entre los miembros de la Jefatura Nacional, que tengan el grado de Comisionado o Comisionada General. El nombramiento se efectuará los días siete de enero del año en que corresponda y tomará posesión siete de marzo del mismo año”, dicta la reforma propuesta por el dictador nicaragüense.
Recibe nuestro boletín semanal
Adicionalmente, la reforma añade que el “Presidente de la República podrá prorrogar en el cargo al Director o Directora General de la Policía Nacional de acuerdo a intereses de la nación”, dando pie a que el jefe del principal órgano represivo de la dictadura puede estar en el cargo las veces que el tirano así lo requiera.
El actual director de la Policía, Francisco Díaz, es consuegro del dictador y ha sido el principal operador de las operaciones de represión y violación a los derechos humanos de los nicaragüenses, por lo que ha conllevado a ser objeto de sanciones internacionales.
En el caso de los militares, estos sí se cuidaron muy bien de que el Ejército de Nicaragua no fuese manejado directamente por un miembro de la familia en el poder, ya que la iniciativa enviada por el dictador establece que: “Ningún pariente del Presidente y del Vicepresidente de la República dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad podrá ser nombrado Comandante en Jefe del Ejército”.
El jefe de Ejército, Julio César Avilés, también está sometido a las sanciones internacionales debido a su rol de orquestador de operaciones de espionaje, vigilancia y captura de ciudadanos nicaragüenses con fines políticos, además de permitir el establecimientos de cuerpos armados irregulares, como las unidades paramilitares al servicio del régimen sandinista.