Los autores intelectuales
de la masacre de abril

A Daniel Ortega y Rosario Murillo se les identifica como los principales autores intelectuales de la masacre de Abril de 2018. Sin embargo, no son los únicos. Detrás de ellos están una serie de funcionarios que planificaron y ejecutaron las órdenes más tenebrosas de la represión estatal, que derivaron en crímenes de lesa humanidad. Son jefes policiales, ministros, directores de instituciones y militares, cuya responsabilidad está claramente establecida de cara a un proceso de justicia en el futuro.



18/06/2021

La represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo fue planificada. Sus acciones de violencia no fueron simples hechos aislados que se salieron de control. Los informes de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales --en especial el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes-- señalan que detrás de los asesinatos, de las operaciones limpieza, de los encarcelamientos y de toda la represión estatal, están una serie de funcionarios públicos que ejecutaron, “de forma organizada en diferentes momentos y lugares”, las órdenes más tenebrosas de la represión sandinista.

Ellos son los otros autores intelectuales de la masacre de abril. Se trata de jefes policiales, ministros, directores de instituciones, militares y personas de confianza del régimen Ortega-Murillo, cuya responsabilidad está claramente establecida, pero que continúan bajo las sombras porque hasta ahora todos los reflectores han apuntado a la cabeza de la pareja dictatorial que centraliza las órdenes.

“Son operadores y son menos visibles públicamente por esa centralización de decisiones que toman Daniel Ortega y Rosario Murillo. Son personajes a los que nadie ve. Y si no podés visualizar claramente a ninguno, es bastante difícil que los responsabilicés. Pero el hecho de que la gente no los señalen, no quiere decir que no tengan responsabilidades, quizá tienen más responsabilidad”, afirmó Elvira Cuadra, experta en seguridad.

En la cúspide de la línea de represión está Daniel Ortega,

presidente de Nicaragua. Es el jefe supremo del Ejército y la Policía de Nicaragua. En 2018 ordenó a los diputados de la Asamblea Nacional aprobar una reforma al Seguro Social que desembocó en protestas ciudadanas. Aunque días después revocó la propuesta de ley, no evitó la rebelión de abril en las calles, embravecidas por la orden fulminante del “vamos con todo” que desató una brutal e inusitada violencia estatal contra ciudadanos.

Ortega es el principal responsable de las actuaciones de la Policía, no solo porque lo dice la Ley, sino porque no ha hecho nada para detener las agresiones policiales a manifestantes. En cambio, según organismos de derechos humanos, ha alentado la persecución de los otros poderes del Estado, como la Corte Suprema de Justicia. En Nicaragua una hoja no se mueve sin que Ortega esté de acuerdo. Hace dúo con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, quien también tiene una voz de mando directa, misma que es calificada como más “visceral” por sus detractores.

Murillo es la vicepresidenta de Nicaragua. Es quien dirige el poder desde lo operativo de las instituciones más importantes de gobierno como Policía, alcaldías, Ministerio de Salud, Asamblea Nacional y en especial estructuras partidarias como la Juventud Sandinista. Está encargada de la comunicación del régimen y mantiene un férreo control de la política del partido. Para tener semejante control, la pareja presidencial demolió la institucionalidad nacional, un trabajo sistemático ejecutado desde que retornaron al poder en 2006.

En abril de 2018 Murillo ordenó a los secretarios políticos de las instituciones públicas tomarse puntos emblemáticos de Managua para ganar espacios que manifestantes estaban tomando para protestar por las reformas al seguro social. Después del “vamos con todo...no vamos a dejar que nos roben la revolución”, aparecieron los primeros muertos de abril.

Para identificar a los otros autores intelectuales, DIVERGENTES

habló con expertos en seguridad, analizó informes de derechos humanos nacionales e internacionales, y recopiló información de reportajes publicados por medios de comunicación independientes para consolidar el organigrama de los que ordenaron y ejecutaron la masacre de abril.

#1
Fidel Moreno:

Es el secretario general de la Alcaldía de Managua. Hombre de confianza de Daniel Ortega, sobre todo de Rosario Murillo. Fue el encargado de transmitir la orden del “vamos con todo” de Rosario Murillo a los operadores políticos del partido sandinista en el parque japonés en abril de 2018.

Dirigió los actos de violencia cometidos por la Juventud Sandinista y grupos armados gubernamentales que estuvieron implicados en numerosos abusos contra los derechos humanos relacionados con las protestas en contra del gobierno.

Moreno ha estado personalmente implicado en ataques contra manifestantes desde 2013. Ha sido acusado de apropiarse de grandes sumas de dinero de los proyectos municipales de Managua, así como de utilizar fondos municipales para pagar las actividades del partido del Frente Sandinista.

#2
Francisco Díaz:

Es el jefe de la Policía Nacional, también es consuegro de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Fue el responsable de dirigir la represión policial contra los manifestantes de la rebelión cívica, así como las ejecuciones extrajudiciales informadas por organismos de derechos humanos. Díaz justificó la represión perpetrada contra los manifestantes nicaragüenses y afirmó a un medio noruego que los oficiales de la institución operaron en conjunto con policías voluntarios. “Estaban debidamente legalizados. Participaron como lo establecen nuestras normas jurídicas, no como lo dice la derecha nicaragüense. Eran policías nuestros, profesionales”, justificó.

Adolfo Joel Marenco Corea:

Subdirector de la Policía Nacional, jefe de Investigación Policial y de Inteligencia Política en la cuestionada institución. Hombre de confianza de Rosario Murillo y de Néstor Moncada Lau, quien es el asesor principal del régimen y cuya operación la ejecuta con un bajo perfil. Tiene acceso a toda la información de las instituciones públicas. Durante la crisis política hizo inteligencia a los liderazgos que surgieron en las manifestaciones y protestas. Sus hombres se dedicaron a infiltrar a agentes de su confianza y subordinación, y toda esa información fue clave para ejecutar las operaciones limpieza de los tranques, en julio de 2018.

Las capturas secretas y los secuestros en 2018 y 2019, fueron ejecutados por personal de la especialidad de inteligencia que dirige Marenco. Las tareas de los subordinados era “sembrar droga o armas” a las personas que deseaban capturar, según testimonios de presos políticos.

Ramón Avellán:

Subdirector General de la Policía

Nacional. Fue uno de los operadores del régimen más importantes durante las protestas de 2018. Aplicó medidas represivas en contra de la población, realizó detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de manifestantes. Avellán lideró en el terreno la “Operación Limpieza” para desmantelar las barricadas levantadas por los manifestantes en Masaya y Monimbó. Estuvo a cargo de oficiales de la Policía y paramilitares.

Jaime Vanegas:

Es Inspector General de la Policía Nacional. Durante 2018 y 2019, fue el encargado del área legal de la Policía. Su papel era brindar a los medios de comunicación oficiales los “argumentos” que requirió la Policía para prohibir marchas o capturar a manifestantes que se oponían al Gobierno.

Justo Pastor Urbina

Comisionado general encargado de la División de Operaciones Especiales de la Policía que desempeñó un papel central en la represión en todo el país. Fue quien dio la orden a los antimotines para recrudecer la brutalidad policial en 2018. Aparte de disparar fusiles de guerra, los antimotines actuaron de forma coordinada con los grupos paramilitares. Estas fuerzas especiales coordinadas por Pastor Urbina entraron a la ciudad de Masaya con rifles de asalto.

Luis Alberto Pérez Olivas:

Jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía y encargado de “El Chipote”, una prisión conocida por prácticas abusivas donde se registraron graves abusos contra los derechos humanos, según los organismos de DDHH. Los manifestantes que fueron detenidos en esta cárcel han denunciado tortura, violación, electrocución, laceraciones con alambre de púas, estrangulamiento y golpes con tubos de acero.

Fue el encargado de presentar a los manifestantes que detuvo la Policía y a quienes se les imputó de terroristas por conspirar contra el régimen orteguista. Durante sus conferencias de prensa enumeraba las evidencias y explicaba a medios oficialistas los delitos que supuestamente habían cometido los opositores. En la actualidad, es el encargado de la cacería de opositores y precandidatos presidenciales.

Juan Valle Valle

Es el Jefe del Departamento de Vigilancia y Patrullaje de la Policía. Es el responsable de restringir sistemáticamente la libertad de movimiento y expresión de los nicaragüenses residentes en Managua.

Fidel Domínguez:

Jefe departamental de la Policía de León. Dirigió numerosas agresiones contra ciudadanos y periodistas. Según los informes de derechos humanos nacionales e internacionales (Cenidh y CIDH), Domínguez también estuvo involucrado en la tortura y palizas del exdiputado de la oposición, José Pallais, y tres miembros de la familia Alonso, conocidos opositores al régimen de Ortega en esa ciudad.

#3
Néstor Moncada Lau

Es asesor de seguridad nacional de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es un experimentado exfuncionario de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, con fuertes lazos de lealtad con la pareja presidencial. Moncada desembolsó pagos para contrarrestar a los manifestantes en nombre de la pareja presidencial. A través de sus diversas funciones de inteligencia trabajó para sobornar y chantajear a las personas para obtener su apoyo o evitar que se opusieran al régimen.

#4
Orlando Castillo:

Fue director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), falleció en 2019 por COVID-19. Según el Departamento del Tesoro, la institución fue utilizada por Castillo para silenciar a los medios independientes durante la rebelión de abril. Censuró al canal 100% Noticias y coaccionó a Canal 12 para sacar del aire los programas Esta Semana y Esta Noche, dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro.

#5
Gustavo Porras

Es el presidente de la Asamblea Nacional. Desde el hemiciclo promulgó acciones o políticas significativas que atentaron contra procesos o instituciones democráticas en Nicaragua. Porras es uno de los operadores políticos de mayor rango del presidente Ortega y ejerce un control significativo sobre el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y el Ministerio de Salud (Minsa), con la aprobación de Murillo. Fue visto en abril de 2018 junto a Roberto López en Estelí coordinando a efectivos militares.

#6
Sonia Castro:

Asesora en temas de salud de la pareja gobernante. Fue la ministra de salud durante 2018. Dio la orden de no brindar atención médica a las víctimas de la represión que agravó las lesiones e incluso provocó la muerte de muchos manifestantes. El personal del Minsa, dirigido por Castro, tenía la orden de denunciar a los manifestantes admitidos para que los paramilitares los sacaran de los hospitales. Esto dio paso a desapariciones forzadas. Castro amenazó a los trabajadores de la salud, despidiendo a cientos del personal médico que atendía a los manifestantes.

#7
Óscar Mojica Obregón

Es un Mayor General retirado del Ejército y ministro de Transporte e Infraestructura (MTI). En la televisión nacional, Mojica promovió la estrategia de exilio, cárcel o muerte del régimen de Ortega para silenciar a la oposición, una política que dejó más de 325 muertos, miles de heridos y decenas de miles encarcelados, exiliados o desplazados internos. Además, Mojica administra una parte importante de las finanzas oficiales y personales del presidente Ortega y de la vicepresidenta Murillo, incluidas las inversiones en cafetales y establecimientos hoteleros.

#8
Roberto López:

Director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, ha estado a cargo de las transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción en nombre del Gobierno de Nicaragua, como la apropiación indebida de activos públicos o la expropiación de activos privados para beneficio personal o fines políticos, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o soborno. Fue visto en abril de 2018 junto a Gustavo Porras en Estelí coordinando a efectivos militares.

#9
Julio César Avilés

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua. El departamento del Tesoro lo señala estar alineado políticamente con el presidente Ortega. Avilés se negó a ordenar el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares durante y después de los levantamientos políticos que comenzaron el 18 de abril de 2018. Los militares comandados por Avilés proporcionaron armas a los paramilitares que realizaron actos de violencia contra el pueblo nicaragüense, según Estados Unidos y organismos de derechos humanos.

#10
Iván Acosta

Ministro de Hacienda y Crédito Público. Es quien ha organizado el importante apoyo financiero del régimen orteguista. Acosta amenazó personalmente a los bancos para que no participaran en una huelga organizada por los líderes de la oposición en marzo de 2019, cuyo objetivo era impulsar la liberación de los presos políticos.

#11
Wálmaro Gutiérrez Mercado

Es diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto. Apoyó públicamente la controvertida Ley de Agentes Extranjeros, que especifica que las personas y entidades en Nicaragua que reciben fondos extranjeros generalmente deben registrarse y presentar informes mensuales detallados ante el Ministerio del Interior. Esta ley, que contempla multas y otras sanciones legales por incumplimiento, probablemente se invocará para atacar a personas u organizaciones clave que el gobierno considere una amenaza. La ley también afecta a los ejecutores de programas humanitarios y democráticos en el país.

#12
Ana Julia Guido

Es la Fiscal General de la República. Ayudó a formar un grupo de fiscales que trabajaron con la Policía Nacional para fabricar casos contra prisioneros políticos. Además, Guido creó una unidad especializada que se dedicó en los últimos dos años a presentar acusaciones contra manifestantes pacíficos. El sistema judicial fue diligente al abrir procesos judiciales contra 802 presos políticos, en su mayoría acusados por “terrorismo”. De las 802 personas procesadas, 354 fueron condenadas. Mientras a 448 les abrieron causas judiciales que no concluyeron en condenas. En Nicaragua hubo, al menos, 341 muertos entre el 19 de abril de 2018 y julio de 2019. La mayoría de muertes se registró en el contexto de las protestas sociales del 2018 debido a la violencia estatal. Y solamente se abrieron procesos investigativos para hacer justicia a 22 personas. Todos simpatizantes sandinistas. Actualmente el régimen tiene a más de 120 presos políticos.

#13
Rafael Solís

Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Renunció a su cargo en 2019. Confesó en 2021 que vio casos judiciales de manifestantes que fueron acusados por crímenes que no habían cometido. Explicó que Ortega y Murillo le pidieron que viera los casos específicamente para condenarlos. “Yo les decía que iba a llamar por teléfono al juez y citarlos en mi oficina”, aseguró. Solís renunció a su puesto en el Poder Judicial y se exilió en Costa Rica desde ese año.

#14
Paul Oquist Kelley

Falleció en 2021. Era secretario de la Presidencia. Jugó un rol central en el encubrimiento y justificación de los crímenes y violaciones de derechos humanos del régimen en grandes foros internacionales.

#15
Milton Ruiz

Es coordinador nacional de la Juventud Sandinista. Fue el encargado de organizar y convocar el 28 de mayo de 2018 al Consejo Nacional de la Juventud para salir a las calles el 30 de mayo. La orden fue activar a las turbas para acompañar también una marcha oficialista y contrarrestar la “madre de todas las marchas”, que madres de las primeras víctimas de la dictadura habían organizado el Día de las Madres.

#16
Secretarios políticos departamentales

Fueron convocados por la dirigencia del partido para trasladar órdenes a simpatizantes sandinistas agrupados en los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS), fuerzas de choques y grupos paramilitares.

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