Los contrastes de padecer COVID-19 en Nicaragua, El Salvador y Costa Rica

Tres personas viajan sobre una camioneta que traslada un ataúd hacia un cementerio en Managua. Jorge Torres | EFE

Desde el ocho de marzo, cuando el primer caso de COVID-19 se detectó en la región, específicamente en Costa Rica, los países centroamericanos han ejecutado una serie de medidas para frenar el impacto (con excepción de Nicaragua cuyo Gobierno no ha aplicado medidas) de la pandemia. Al hacerlo, ha quedado de manifiesto las grandes diferencias que hay entre cada país. Es como si Centroamérica solamente tuviera en común un territorio y una lengua.

Con más de 418 mil contagios y casi 10,500 fallecidos, la región centroamericana vuelve a abrir poco a poco sus fronteras terrestres y a reanudar su tráfico aéreo comercial asomándose a la “nueva normalidad”, a pesar del riesgo permanente de un posible rebrote en cualquiera de los países que la conforman.

DIVERGENTES conversó con tres personas que padecieron coronavirus en El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Dos de ellos, no tuvieron ningún problema en que su nombre y fotografía apareciera en este trabajo, pero el caso de Nicaragua pidió que su identidad se protegiera pues no solo le teme al estigma social, sino también a posibles represalias del gobierno sandinista, un miedo que se ha hecho más palpable desde el estallido social de abril 2018 en el país.

I. «Los nicas se curan solos” ante la indolencia del Gobierno de Ortega

Un hombre camina con su mascarilla frente al hospital Sermesa, en Masaya, uno de los focos más críticos de coronavirus en esa ciudad. Carlos Herrera | DIVERGENTES

Adrián tiene 34 años, vive en Masaya y está desempleado. Desde que inició la pandemia en el país, cada vez que le tocaba salir a realizar alguna diligencia utilizaba mascarilla y guantes, pero la mañana del cinco de agosto fue al banco sin protección en sus manos y utilizó una computadora disponible para los clientes de la entidad para registrarse. Él cree que fue a través de esa máquina que se contagió de coronavirus. 

“Me comenzó una picazón en los ojos. Luego los dolores de cabeza fuertes que no se me quitaban con nada, a los dos, tres días me dio dolor en el pecho, fiebre y el cansancio fue lo último, eso me hizo ir a un internista privado. Él me examinó, me hizo la prueba del hisopo y esa misma noche me dijo que tenía COVID-19 y me dio un tratamiento”, relata Adrián.

El tratamiento que Adrián recibió el 10 de agosto y le fue orientado para un mes consta de Zamen (antiinflamatorio e inmunosupresor), Troferit (para la tos), ibuprofeno, esomeprazol, azitromicina, Nodik (antiparasitario) y Colchicina (se usa para prevenir el dolor repentino e intenso en las articulaciones). Él manifiesta que estas medicinas fueron “muy fuertes” y que tomarlas “le desbarató totalmente el estómago” , aunque lo importante fue que no perdió el apetito.

Adrián manifestó que no acudió a un hospital debido a su desconfianza en el sistema de salud. Aunque en las calles de su Masaya natal en mayo y junio principalmente se sabía de una alta cantidad muertes por coronavirus y entierros exprés, el Minsa no presentaba esa realidad en sus reportes semanales y el Gobierno actuaba como si no hubiera una grave emergencia sanitaria en el país. En Masaya, según el Observatorio COVID-19 Nicaragua Masaya registra 271 muertes por coronavirus, el diez por ciento del total nacional.

“La noche que me dieron el diagnóstico sentí que el mundo se me venía encima, pensé lo peor. Llamé a unas dos, tres personas y sus palabras de aliento me ayudaron, pero al día siguiente amanecí acabado”, cuenta el joven quien además es diabético e hipertenso.

En Nicaragua, con un sistema de salud precario que se ha visto colapsado por la pandemia, las personas como Adrián temen al diagnóstico de coronavirus, pero temen todavía más a la probabilidad de asistir a un hospital público. Por eso él señala que no era una posibilidad trasladarse a un hospital. Prefería pedir ayuda a sus seres queridos para poder asistir donde un médico particular, tomar las medicinas sugeridas y guardar un estricto aislamiento y reposo.

Después de su primera visita al médico privado, Adrián regresó a los quince días para una revisión de sus pulmones. En la primera consulta el doctor le dijo que uno de ellos no funcionaba bien. La siguiente semana después de la segunda visita volvió al consultorio y el internista le comunicó que ya estaba restablecido, pero que tenía las defensas bajas y debía cuidarse. Él decidió salir de la habitación donde se había aislado hasta finales de agosto, siempre con su mascarilla puesta.

Irresponsabilidad estatal en Nicaragua

En Nicaragua el Gobierno reportó el primer caso el 18 de marzo. A partir de esa fecha, toda la información respecto a la pandemia ha permanecido en la oscuridad al punto de que, a casi siete meses de ese primer contagio, el Ministerio de Salud (Minsa) únicamente reporta 5,170 casos y 151 muertes… mientras que el Observatorio COVID-19 eleva la cifra a 10,513 casos sospechosos y 2,751 muertes hasta el 30 de septiembre.

La ciudadanía del departamento de Carazo se ha relajado ante el avance de la epidemia. DIVERGENTES.

Pero la irresponsabilidad estatal no solo ha tenido que ver con las cifras, sino que desde el 14 de marzo, cuando todavía no se había hecho oficial ningún caso de coronavirus en el país, el Ministerio de Salud (Minsa) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), designaron al Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, ubicado en el Complejo Doctora Concepción Palacios, de Managua, como el lugar donde se realizarían las pruebas de coronavirus. Y es el único. Ningún otro laboratorio del país está autorizado a realizarlas.

Otra polémica respecto a los test fue cuando el 17 de julio un comunicado publicado por el Minsa indicó que las personas que desearan viajar fuera del país deberían dirigirse al “Conchita” Palacios y pagar 150 dólares por el costo de la prueba. Por otra parte, al Gobierno orteguista no le ha bastado con no actuar, sino que hasta ahora tampoco ha frenado las actividades políticas y culturales en todo el territorio nacional y más bien ha promovido y organizado cientos de estas sin importar las advertencias de los expertos de un posible rebrote en el país. Esto motivó al Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua a llevar su preocupación hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante un informe denominado “Falta de Información, Prevención y Atención Médica Sobre la Crisis” presentado en conjunto con la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) en septiembre pasado.

Durante el mes de septiembre cada semana el Minsa ha contabilizado menos fallecidos a causa de coronavirus: cuatro (del 25 de agosto al 1 de septiembre), tres (del primero al ocho y del 8 al 15) y dos (del 15 al 22 y del 23 al 29), no obstante en su reporte del 19 de septiembre el Observatorio COVID-19 Nicaragua manifestó que, si bien es cierto los contagios y muertes han disminuido, “la existencia de un único caso o una muerte, significa que el virus sigue circulando y por ello el riesgo sigue estando presente”

II. Costa Rica: Un ejemplo en la región

José Vargas Solano se contagió de COVID-19 en Costa Rica. Cortesía.

José Vargas Solano tiene 37 años, vive en Vázquez de Coronado, un cantón de Costa Rica situado en el norte de la provincia de San José, donde trabaja como mensajero. A pesar de cuidarse mucho para realizar su trabajo y utilizar careta, mascarilla, alcohol gel y spray desinfectante, se contagió de COVID-19. Él piensa que se infectó a través de un elemento que ha estado en la mira desde que la pandemia inició: el dinero.

Su contagio ocurrió en junio, un lunes. “Fue como un resfriado, como una quiebrahuesos, luego empezó el dolor de cuerpo y articulaciones y al segundo día, que era martes, la fiebre pasó de 39 a 39.5 y entonces decidí hacerme el chequeo y me diagnosticaron”, recuerda Vargas.

Dos días después llamó al centro de salud más cercano. Al día siguiente recibió la visita de un médico en su domicilio quien le hizo la prueba PCR conocida también como hisopado y le indicó que debía estar en cuarentena al menos hasta tener el resultado del test, una semana después. El resultado confirmó sus sospechas, fue positivo.

El tratamiento que José recibió se basó en acetominofén e ibuprofeno, medicina facilitada por el Ministerio de Salud de Costa Rica. José pasó nueve días con molestias, pero a los seis días perdió el olfato y el gusto. Vargas, quien vive solo, cuenta que a la par del tratamiento también tomó limonada, té de jengibre con cúrcuma y consumió GEX, que es un antigripal en polvo que se disuelve en agua caliente. 

El frío de Coronado, el lugar donde habita Vargas, nunca le había molestado. Sin embargo, afirma que ahora “de vez en cuando” por las noches le da una tos “que nunca había tenido, como una alergia al frío”.  Tres semanas después de que empezaron sus síntomas y cuando ya se sentía “al cien por ciento”, José volvió a sus labores. En su cantón hasta el cuatro de octubre habían 1,203 casos confirmados, 388 casos activos, 802 recuperados y 15 fallecidos, según el Observatorio Geográfico en Salud de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

El martillo y la danza en tierras ticas

A pesar de que en Costa Rica el primer caso de coronavirus se detectó el seis de marzo, las autoridades de salud empezaron a trabajar desde enero 2020 para enfrentar la alerta epidemiológica de COVID-19 y, hasta la actualidad, todos los días realizan una conferencia de prensa en la cual se informa el estado de la emergencia en el país, el reporte de casos, las recomendaciones y lineamientos y las medidas que se implementan. La información se encuentra disponible en el sitio web del Ministerio de Salud y también en https://covid19.go.cr/.

La visita que recibió José fue de parte de uno de los Equipos Básicos de Atención Integral de la Salud (EBAIS), es decir, la primera línea de respuesta a la pandemia en Costa Rica y una de las claves que ha permitido al país tener la más baja tasa de letalidad por COVID-19 de América Latina, con un 0.9 por ciento.

La tasa de letalidad promedio fue de 3.4 por ciento, según un estudio presentado por la Revista Panamericana de Salud Pública, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Por otra parte, el 24 de junio el presidente Carlos Alvarado Quesada anunció la implementación de la estrategia conocida como “El martillo y la danza”, planteada por el ingeniero francoespañol Tomás Pueyo y basada en una cuarentena estricta, pero breve (martillo) y luego medidas de distanciamiento social más leves (danza), como un mecanismo de convivencia con el virus.

La tasa de letalidad promedio fue de 3.4 por ciento en Costa Rica. EFE/Jeffrey Arguedas

La periodista Noelia Esquivel de La Voz de Guanacaste de Costa Rica afirma que el país ha tenido un manejo adecuado de la pandemia y señala un punto que ha sido beneficioso respecto a eso y es el hecho de que Daniel Salas Peraza, actual Ministro de Salud de Costa Rica es médico y tiene dos maestrías, una en salud pública con énfasis en gerencia y otra en epidemiología, además resalta el buen funcionamiento del “engranaje del aparato estatal”.

No obstante también percibe dos errores que han repercutido en el aumento de casos y muertes. Uno fue cuando la atención se desvió hacia la frontera con Nicaragua para ver cómo se controlaba el cruce de inmigrantes trabajadores de los campos agrícolas hacia Costa Rica. “Las instituciones respondieron a una presión social altamente xenofóbica, se enfocaron demasiado en esa área, hubo un descuido en el centro del país y el virus llegó a las comunidades más empobrecidas y con menos recursos y más hacinamiento y fue cuando todo se disparó”, apunta Esquivel.

El otro error ha sido el uso de la mascarilla que en palabras de la periodista llegó “tarde” a Costa Rica: su uso fue obligatorio en algunos lugares hasta junio.

En relación a posibles maneras de combatir el virus, el 28 de julio se anunció que investigadores del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica (ICP-UCR) usaron varias proteínas del virus SARS-CoV-2 para inmunizar seis caballos y así inducir al sistema inmune de estos animales a producir anticuerpos específicos. Este plasma neutraliza al virus y es 100 veces más potente que el plasma convaleciente que se obtiene de seres humanos, según informó el gobierno tico. 

Respecto al manejo de las cifras brindadas por el Ministerio de Salud, en Costa Rica las universidades públicas desarrollaron plataformas que permiten ver la evolución de los casos COVID-19, por ejemplo el Observatorio Geográfico en Salud de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), el Observatorio del Desarrollo (OdD) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la herramienta de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional (ECG-UNA) para conocer los casos cantón por cantón. Al cinco de octubre Costa Rica reporta 81,129 casos de COVID-19 y un total de 987 decesos relacionados.

III. Entre la buena atención y el autoritarismo de Bukele

Julio César Portocarrero Arancibia tiene 29 años, es nicaragüense, reside desde hace dos años en Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, El Salvador, y se dedica a la Comunicación Digital. Estuvo “guardado” desde el 21 de marzo hasta el mes julio para evitar contagiarse de COVID-19. Luego empezó a salir un poco más, pero “con todas las medidas”. No obstante, en agosto, un amigo nicaragüense cumplía años y él, junto a la amiga con quien comparte vivienda, decidieron ir a la celebración. El resultado del desliz fue un contagio doble de coronavirus.

“El acuerdo era que nos íbamos a juntar porque íbamos a ir personas que nos habíamos cuidado. Aquí Nayib (Bukele, presidente de El Salvador) vendió la idea de que hicieras tu grupo de diez personas, que te podías reunir con ellos, pero no podías estar en contacto con más de esas diez personas. Entonces nos fuimos con confianza. Sin embargo, a la fiesta llegaron otras personas que no conocíamos y nosotros deducimos que ellos nos contagiaron”, confiesa Portocarrero. 

El viernes cuatro de septiembre Julio César tuvo una migraña “espantosa” que le duró más de cinco horas, tomó pastillas, pero no se le quitaba y al final del día tuvo fiebre. “Era una fiebre interna, muy fuerte y me llamó la atención que sentí un malestar en la espalda, casi a la mitad, como si tuviera la palma de una mano apretándome y un hormigueo en todo el cuerpo”. Su amiga sentía el paladar amargo. 

En El Salvador el gobierno habilitó la línea 132 para personas con síntomas de COVID-19. Julio César y su amiga llamaron la misma noche del cuatro de septiembre. Al otro lado del teléfono les atendió un médico quien levantó un expediente a él y su amiga. Les preguntó con quién habían salido, dónde habían estado “y nos dijeron que éramos casos sospechosos, nos recomendaron aislamiento domiciliar de catorce días, distanciamiento entre nosotros y nos dijeron que nos iban a enviar un kit al día siguiente”.

El kit contenía un tratamiento para siete días de vitamina C, vitamina D, zinc, ivermectina, acetaminofén y aspirina. Ese mismo sábado Julio César también notó irritación ocular, “tal como si fuera conjuntivitis”. Los síntomas permanecieron fuertes durante cinco días. También tuvo diarrea. Su compañera de domicilio perdió el olfato y el gusto. Durante las madrugadas a él también se le inflamaron las glándulas.

“De parte del Ministerio de Salud (Minsal) me estuvieron monitoreando durante catorce días, me llamaban todos los días viendo cómo iban con los síntomas, con el tratamiento y yo como extranjero me sentí muy acompañado, fueron muy atentos, la respuesta fue muy buena. El Ministerio de Salud también me ofreció una constancia para que la presentara en el trabajo, pero lo negativo fue que no nos hicieron la prueba del COVID, a pesar de que consulté y puse razones muchas veces”, cuenta Portocarrero.

Las opciones que le dio el Minsal fue que podía hacerse la prueba en las cabinas móviles habilitadas que circulaban en diferentes partes del país por lo que iba a tener que esperar que llegaran a su zona o bien, hacérsela por su cuenta. Él y su compañera optaron por esto último. Luego de haber terminado el tratamiento, fueron a uno de los dos laboratorios privados autorizados para hacer los tests, pagaron 160 dólares cada uno y dos días después recibieron los resultados: negativo para los dos. No obstante, Julio César no duda en afirmar que ambos “están conscientes” de que tuvieron COVID-19.

El 18 de septiembre el Ministerio de Salud les dio de alta, pero los dos se quejan de secuelas. La amiga de Julio César permanecía con un pulmón inflamado y él tiene un malestar en la espalda y un decaimiento muy intenso.

Cuarentena “eterna” y “mano dura” en El Salvador

La situación de El Salvador ha sido particular. El 18 de marzo se confirmó el primer caso de COVID-19 y la noche del 21 del mismo mes el presidente Nayib Bukele instauró una estricta cuarentena domiciliar obligatoria de un mes, prometió un bono de ayudas sociales de 300 dólares para 1.5 millones de hogares desfavorecidos y además, como parte del Plan de Respuesta y Alivio Económico ante la Emergencia Nacional contra la COVID-19, suspendió el pago de los recibos de electricidad, agua, teléfono, cable e internet por tres meses.

El kit de medicamento entregado por el gobierno de Bukele. Cortesía

Sin embargo, también ordenó a los cuerpos de seguridad la detención, hasta por treinta días, de quienes violaran el confinamiento. Desde entonces cientos de personas fueron llevadas a “centros de contención” donde corrían más riesgo de contagio que estando fuera debido a las condiciones de hacinamiento.

Pese a las denuncias de organizaciones de Derechos Humanos, el seis de abril el mandatario salvadoreño declaró que había orientado a la policía y el Ejército «ser más duros» con las detenciones, recibiendo dos días después una prohibición de la Corte Suprema de Justicia que determinó que ni la presidencia ni las fuerzas de seguridad podían realizar detenciones arbitrarias o decomisos a personas que violen la cuarentena establecida.

El tema se volvió tan crítico que el 12 de abril la Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos presentó un informe ante la Asamblea Legislativa donde denunció “detenciones ilegales” y “tratos crueles, inhumanos y degradantes” y registró que, hasta esa fecha, había 778 denuncias contra funcionarios de la fuerza pública. En la actualidad la cifra es de más de dos mil salvadoreños detenidos por irrespetar la cuarentena, según datos de la organización promotora de Derechos Humanos Cristosal.

Respecto a la cuarentena, Bukele primero la extendió hasta el 28 de abril, luego hasta el 16 de mayo y, por último, el 17 de mayo amplió por 30 días más la cuarentena absoluta y la Ley Nacional de Emergencia con un decreto ejecutivo. Durante todo ese tiempo Bukele y el Congreso llevaron una relación accidentada que mantuvo en vilo al país debido a que no se concretaba una fecha exacta para la reactivación de la economía.

Finalmente, tras 85 días de cuarentena, el 16 de junio El Salvador inició el proceso de reactivación de su economía el cual estaba previsto a desarrollarse en cinco fases. La primera tendría una duración de 21 días, los siguientes 15 días, y la quinta sería la reapertura total a partir del 21 de agosto. No obstante, el país continúa en la primera fase debido al aumento de casos de COVID-19. Al cinco de octubre El Salvador reporta 29,634 casos de COVID-19 y un total de 869 decesos relacionados.

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