Este ocho de mayo se cumple un año de Gobierno de Rodrigo Chaves Robles en Costa Rica. Esto es un cuarto de tiempo de lo establecido por mandato constitucional de cuatro años. El estilo de gobierno gerencial y directo, distinto a la costumbre de presidentes previos. 

La centralidad en la toma de decisiones y del protagonismo en la figura del presidente ha venido acompañado con narrativas de confrontación y discursos con acusaciones a diversas instituciones como el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa. También ha dado declaraciones no exentas de polémica, como fue indicar que su gobierno hará lo posible por evitar recurrir al Estado de excepción, debido a la alza de homicidios y la ola de violencia e inseguridad que azota a Costa Rica, un país considerado uno de los más seguros de Centroamérica. Junto a esto, desde la campaña electoral el ahora presidente ha realizado ataques directos contra la prensa en general y periodistas particulares, tildándolos de “canallas”, entre  otros calificativos. Esto ha traído como consecuencia que, según la clasificación de la organización Reporteros Sin Fronteras, Costa Rica cayó 15 puestos en libertad de prensa. El informe indica que “a lo largo de 2022, el Gobierno profirió ataques verbales hacia determinados medios y periodistas, y ciertas instituciones se negaron a facilitar información de interés público a los medios”. 

 Ahora bien, ante este escenario presidencial, la oposición política, establecida en especial en varios partidos políticos con curules en la Asamblea Legislativa, presenta importantes desafíos. Este es el punto que me interesa abordar.

Las democracias representativas están amenazadas en el mundo: una contraola autocrática está extendiéndose. Los datos de V-Dem (2023) nos muestran y dan cuenta de este hecho. En particular en la región de América Latina, a inicios de este siglo, la mayoría de los países eran considerados, al menos, como democracias electorales. En contraposición, hoy los regímenes clasificados como autocracias han aumentado. El sospechoso usual de provocar este estado de cosas es un actor político, un líder autoritario por lo general con alto apoyo popular, que gana una elección, coopta las instituciones de control vertical, acumula y concentra el poder y eventualmente busca perpetuarse. Se generan así procesos de retroceso democrático.

Ante este escenario de declive democrático, es importante resaltar otro factor de la erosión de las democracias: el fallo de las élites políticas y en particular de las que están en la oposición política, tal como ha planteado la politóloga Laura Gamboa.  

Las credenciales democráticas de la oposición política son claves para hacer que la democracia funcione. Con esto hago referencia a la capacidad organizativa y legitimidad para llegar a acuerdos intra-élites y tratarse como adversarios con los que se debate, delibera y negocia, lo que los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt denominan reglas informales de contención y tolerancia. Esto es evitar tratarse como enemigos. No obstante, la vigencia de estas reglas es insuficiente para preservar la democracia si esas mismas élites no logran mediar con la sociedad, o sea, escuchar y responder a las diversas demandas de la ciudadanía.

En Costa Rica este rol de la oposición –capacidad organizativa y legitimidad– está seriamente cuestionado. En efecto, dos de las instituciones definitorias de una democracia representativa, como son los partidos políticos y la Asamblea Legislativa, padecen de una desafección por una parte importante de la ciudadanía. Los datos de la encuesta más reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) así lo revelan: son dos instituciones menos valoradas por las y los costarricenses. Esto evidencia la dificultad de los partidos políticos de conectar con las aspiraciones y demandas sociales y canalizarlas.

El asunto no es menor. En un modelo constitucional democrático, los partidos políticos son uno de los principales vehículos que articulan y canalizan diferentes intereses y preferencias ciudadanas en un sistema político. También han de tener la capacidad de gestión suficiente para elaborar e implementar políticas públicas adecuadas a dichas demandas. En otras palabras, se trata de instituciones que conectan la representación y la participación: dos elementos claves en un sistema político democrático. 

Ahora bien, en Costa Rica ante el escenario de desafección, se está frente a una encrucijada: dada la configuración del sistema político, estas organizaciones políticas son las que ostentan el monopolio de la representación y a su vez son en las que la ciudadanía menos confía. 

La oposición política en democracia tiene un reto clave que es sostener la institucionalidad democrática, frente a indicios de erosión democrática por parte de otros actores políticos. Esto no solo implica el respeto al pluralismo político intra-élite, mediante el planteamiento de acuerdos y el ejercicio efectivo y eficiente del poder, sino también a otro elemento democrático: deben de tener la capacidad y legitimidad para representar a la ciudadanía.

El principal desafío de la oposición en Costa Rica es superar ese sentimiento negativo de rechazo o distancia que experimentan las y los costarricenses sobre los partidos políticos y el Congreso. Para esto un aspecto clave ya fue señalado: han de escuchar los reclamos de diversos sectores de la sociedad y actuar en consecuencia.