La tendencia predominante al que se enfrentó el ejercicio del periodismo en 2022 fue la violencia. A esta conclusión llegó un reporte regional de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), en el que se subrayó el éxodo masivo que sufrieron los periodistas independientes de casi toda la región. No existen buenas noticias para los profesionales del periodismo, que incluso en países relativamente seguros “se han unido al macabro recuento de violencia” que asola ya a otros como México y Haití.
“Para silenciar la verdad, los actores nefastos recurren cada vez más al hostigamiento judicial a través de juicios y acusaciones falsas de lavado de dinero o activos. Sistemas de justicia al servicio de gobiernos represores han avalado la detención y, en varios casos, el encarcelamiento, por hasta 15 años, de periodistas en Nicaragua, Cuba, Venezuela y Guatemala”, recalca la publicación, que también alerta sobre las detenciones de periodistas en condiciones “inhumanas”, y el sometimiento a “tortura física y psicólogica, privados del contacto con sus familias, sin alimentos y sin acceso a materiales de lectura”.
El informe enfatiza en el uso represivo de herramientas más sutiles, como programas informáticos de espionaje en El Salvador y México. Los tentáculos se han extendido a hijos y familiares de periodistas que son espiados por gobiernos y grupos de poder. El caso más representativo de ello lo encarnan los miembros de la redacción de El Faro, quienes sufrieron un masivo contagio de Pegasus en sus dispositivos móviles. El programa, vendido al mundo por la empresa israelí NSO GROUP ha sido empleado para monitorear a activistas, políticos de oposición y reporteros en todo el mundo.
Y en medio de ello, Fundamedios señala que el 2022 fue el año de exilio para los y las profesionales de la comunicación. “A muchos periodistas venezolanos, que habían emigrado en años anteriores, se sumaron colegas nicaragüenses, salvadoreños y guatemaltecos que no pueden seguir ejerciendo el periodismo en su lugar de origen”, prosigue el informe.
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El caso de Nicaragua es uno de los más cruentos de la región por la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en todo el país. Hasta marzo de 2022, la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) presentó un registro de 120 periodistas que se vieron obligados a huir del país, debido a la persecución contra medios de comunicación críticos e independientes. En paralelo al descabezamiento de la oposición en junio de 2021, decenas de periodistas fueron interrogados en el Ministerio Público y amenazados por las autoridades del régimen.
¿Quiénes son los principales responsables e instigadores de esta violencia contra el derecho a la libertad de expresión? El informe asegura que “los Estados son, en muchos casos, los propios perpetradores de la violencia; en otros casos, actúan pasivamente, no impidiendo las atrocidades cometidas por el crimen organizado”.
Bajo este panorama, la impunidad se ha convertido en una de las principales amenazas hacia el periodismo: “La impunidad imperante y la falta de justicia están silenciando paulatinamente las voces valientes, obligando al cierre de medios de comunicación, y dejando cada vez menos espacios al periodismo independiente para denunciar la corrupción y dar voz a las demandas ciudadanas”, agrega la publicación.
39 asesinados y 24 entre rejas por ser periodistas en América
El informe da cuenta de 39 periodistas asesinados en 2022 en América, siendo México el país más letal para ejercer la profesión con 15 muertes en todo el año.
También se registraron decenas de detenciones arbitrarias. “Las cárceles de la región se han transformado en mecanismos de amordazamiento para encarcelar la libertad de expresión. Nicaragua, Cuba, Guatemala y Venezuela se destacan por su cruel represión y el irrespeto a los derechos humanos. En la región, 24 trabajadores de la prensa están recluidos injustamente en calabozos”, dice el informe.
En Nicaragua, el cronista deportivo, Miguel Mendoza, y el exdirector de 100%Noticias, Miguel Mora, permanecen sentenciados a más de diez años de prisión por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” (que es la interpretación que el régimen Ortega-Murillo hace de la labor de informar y opinar de estos periodistas). Por ese mismo delito, se detuvo y acusó a Juan Lorenzo Holmann, gerente de La Prensa –diario que confiscó la Policía Nacional y en cuyas instalaciones hay hoy un “centro de capacitaciones” del régimen–. El informe incluye también a trabajadores de medios de comunicación y organizaciones de libertad de prensa que fueron arrestados en el marco de dichas detenciones.
“El creciente autoritarismo ha expulsado este año a decenas de periodistas de sus países. Víctimas de persecución, comunicadores han optado por el exilio como alternativa a la censura y autocensura, el decomiso o cierre permanente de sus medios”, remarca la publicación.