La persecución ejercida por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra las activistas estudiantiles desde 2018, sumado al cierre de las universidades privadas, ha impedido que muchas finalicen sus carreras universitarias. Son varios años de lucha para obtener sus logros académicos por los que se han esforzado tanto
Una hilera de banderas moradas reciben la entrada de la casa de Katherine Ramírez. En el comedor se encuentran libros, mochilas y lapiceros. A primera vista, parecería el espacio de una universitaria normal. Solo faltan nueve meses para que Ramírez, de 24 años, finalmente culmine la meta que inició desde 2018 una que ya habría alcanzado, si la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no hubiese interrumpido en dos ocasiones sus estudios, como castigo a su activismo.
Su meta, que antes era un objetivo más en su vida, es ahora una forma de resistencia contra todos los derechos que la dictadura le ha violentado, en especial, el derecho a la educación.
Es la tercera vez que Ramírez estudia su carrera universitaria, pero esta vez lo hace desde el exilio y no con la ilusión de su primer día de clases, sino con la determinación de finalizar sus estudios y demostrar que logró hacerlo.
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Ya se sabe los temas, los conceptos y las teorías, pero no puede hacer nada más que volver a recibir por tercera ocasión las mismas clases y hacer las mismas tareas que viene realizando desde 2018, cuando estudió por primera vez Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí de la Universidad Autónoma de Nicaragua (FAREM-Estelí).
El estallido de la crisis sociopolítica y la persecución letal que ejerció la dictadura contra los activistas estudiantiles, tuvo como consecuencia su expulsión informal. “Traté de estar la mayor parte del tiempo que pude en la universidad. No podía permitir que ellos me quitaran el derecho a la educación”, expresa.
Sin embargo, en enero de 2018 ya no le era posible para ella continuar en la universidad, debido a la cantidad de amenazas que recibía, tanto dentro como fuera del recinto. Incluso, llegó al punto de abandonar su apartamento para resguardar su seguridad.
“Ya no hablábamos de simpatizantes del Gobierno, sino de paramilitares y personas de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) que me amenazaban en el campus, lo que violentaba por completo la autonomía universitaria del recinto”, cuenta.
Después de su expulsión arbitraria de la FAREM-Estelí, Ramírez recibió la oportunidad de continuar su carrera fuera de Nicaragua. No obstante, decidió culminar sus estudios en su propio país, por lo que decidió matricularse en Ciencias Políticas en la Universidad Paulo Freire (UPF).
Se encontraba a mediados de segundo año de su carrera cuando el 2 de febrero de 2022, la personería jurídica de su universidad fue cancelada por la Asamblea Nacional controlada por la dictadura.
La justificación fue el supuesto incumplimiento de la Ley General Sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro y la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
La cancelación incluyó la confiscación del recinto y el inicio de una persecución contra el rector de la universidad, Adrián Meza, y contra los estudiantes que hacían activismo, como Ramírez.
“Tras la cancelación, aparte del riesgo que implicaba estar en la universidad, también estaba mi información personal y correos que había intercambiado con el rector, informando incluso sobre mi situación de seguridad”, dice Ramírez.
Por segunda vez, sus estudios fueron truncados, pero esta vez con la amenaza segura de sufrir una detención. “Ya no era sostenible para mí, por mi seguridad, por mi integridad física, mi salud, porque no tenía oportunidad de estudio dentro de Nicaragua”, expresa.
“Sabía que tenía que irme, que no podía seguir arriesgándome más y que no podía postergar mi formación profesional y por eso decidí emprender ese camino por tercera vez”, continúa. De esa forma, se exilió a Costa Rica en marzo de 2022.
Las mujeres jóvenes que intentan continuar sus estudios universitarios en Costa Rica enfrentan múltiples obstáculos, pero el grado de dificultad varía en dependencia del nivel de persecución política que vivieron en Nicaragua.
Otros factores que complican este panorama es la situación socioeconómica que atraviesan en Costa Rica, y el estado de su regularización migratoria, indica la activista estudiantil, Alejandra Padilla, miembro de la junta directiva de la Iniciativa Puentes.
“Uno de los principales factores es la persecución política, ya que eso va a determinar qué tanto acceso tienen a sus expedientes académicos, y a sus documentos personales y migratorios para poder hacer el proceso de reinserción en Costa Rica”, explica Padilla.
En el caso de Ramírez, a pesar que consiguió una beca universitaria gracias a la Red Internacional de Derechos Humanos de Europa en 2023, fue forzada a estudiar su carrera nuevamente desde el inicio, ya que ni en la FAREM-Estelí, ni en la confiscada UPF, le brindaron su certificado de notas.
“Fue difícil conseguir la beca porque necesitaba documentación apostillada, que era casi imposible de conseguir. Luego, estaba el tema de las convalidaciones. Aunque yo ya había estudiado por seis años en Nicaragua, si la universidad no me entregaba los programas de clases firmados y sellados, la universidad de acá no iba a poder convalidar”, señala Ramírez.
“¿Cómo iba a pedirle a mi profesor exparamilitar que me sellara y me firmara un programa de clases de una materia que recibí con él?”, añade.
Las personas que atendían su solicitud en la universidad a la que aplicó, tampoco comprendían el contexto político de Nicaragua, ni las razones por las cuales Ramírez no podía brindarles un certificado de notas que en cualquier otro país habría sido fácil de conseguir.
“Una de las personas de atención al cliente me dijo: ‘pero yo no entiendo por qué vas a tener problema en conseguir estos papeles en Nicaragua, si es tu certificado de notas’. En ese momento me sentí muy indignada y molesta. Es decir, si estoy aquí, es porque sí hay problema”, asevera.
Aunque ha habido una mayor concientización en las instituciones de educación superior en Costa Rica sobre la situación del estudiantado nicaragüense, no es posible que las universidades flexibilicen sus requisitos académicos en términos de documentación para brindarles mayor apertura, especialmente en las universidades estatales costarricenses. De acuerdo con Padilla, esto se debe a que implicaría reformas las leyes que regulan la educación superior en dicho país.
Y en el caso de las universidades privadas, que en muy raras ocasiones pueden hacer excepciones, no todas las personas nicaragüenses pueden costear los aranceles y otros gastos que surgen en el camino. “Es muy difícil que se flexibilicen en temas de notas y otros documentos. Por otro lado, hay una mayor sensibilización para el tema de las becas”, aclara.
Padilla señala que sin una documentación oficial de las universidades en las que estuvieron en Nicaragua, las jóvenes deben emprender sus carreras universitarias desde cero; pero además, sin la documentación oficial de sus estudios de educación secundaria, muchas mujeres nicaragüenses siquiera pueden entrar a las universidades costarricenses.
Tal fue la situación de Helen Méndez, quien se exilió a Costa Rica en julio de 2018 porque la dictadura Ortega-Murillo impidió que estudiara en Nicaragua. Sin embargo, no pudo iniciar su carrera universitaria durante cuatro años, porque no podía apostillar su certificado de notas de secundaria.
El sueño de Méndez era estudiar medicina, por lo que durante toda la secundaria se esforzó para alcanzarlo. “Yo siempre fui destacada en mi colegio por ser buena estudiante, iba a concursos y siempre fui muy esforzada”, relata.
Méndez era proveniente de Matagalpa y al finalizar el bachillerato, planeaba estudiar en la FAREM de su departamento. No obstante, mucho antes de la crisis sociopolítica de 2018, ya se enfrentaba con obstáculos impuestos por la dictadura.
“Vengo de una familia opositora al Gobierno, así que cuando nos iban a dar el bono estudiantil por terminar la secundaria, los profesores y estudiantes decían: ‘a ella no se lo den, ella no se lo merece’. La gente piensa que todo esto inició en 2018, pero en realidad esto viene de mucho más atrás”, expresa.
“Era 2016 y había elecciones presidenciales. Por petición del Gobierno. Nos ordenaron a los estudiantes ir a votar. Yo no fui, y los comentarios se intensificaron, Era incómodo y no me sentía bien yendo al colegio, pero mi motivación era que ya iba a salir”, cuenta.
Pese a los malos comentarios provenientes de las autoridades de su colegio, Méndez logró bachillerarse en 2016, conseguir las mejores calificaciones y obtener el bono estudiantil.
Al siguiente año, hizo el examen de admisión para aplicar a la carrera de medicina en la FAREM-Matagalpa, pero una persona que trabaja en dicha institución le dijo que los cupos para esa carrera ya estaban reservados para los estudiantes simpatizantes del partido de Gobierno.
“Me dieron los resultados y no quedé en la carrera. No sé si era cierto o no lo que me dijo esa maestra, pero eso fue lo que me dijo. La situación se volvió peor. Yo ya estaba ‘marcada’ por el Gobierno y las posibilidades de salir adelante eran muy cerradas y escasas. Después, todo explotó en 2018”, señala.
Si su familia ya vivía hostigamiento por parte de la dictadura antes de la crisis sociopolítica, luego de su estallido en 2018, la persecución se volvió peor. Amenazas, acosos y visitas constantes de policías y paramilitares a la casa de Méndez la convencieron de migrar a Costa Rica en julio de ese año.
En medio del apuro por salir del país, apenas logró obtener su certificado de notas de secundaria, otorgado por el Ministerio de Educación (MINED), pero no pudo apostillarlo en el Ministerio de Gobernación (MIGOB). “Cuando vine acá, busqué posibilidades para estudiar, pero no tenía la documentación necesaria, así que no pude”, expresa Méndez de ahora 24 años.
“Si ya tenía las puertas cerradas, se cerraron aún más. Vine porque quería estudiar. Siempre fue mi principal sueño, pero no es tan fácil. Hay que tener una documentación, hay que trabajar, hay que tener ingresos económicos para tener dónde vivir y qué comer”, manifiesta.
No tener todos los documentos necesarios le impedían avanzar. Ante esto, buscó un trabajo para cubrir sus necesidades económicas y encontró inmediatamente una ocupación informal. “Al ver que las puertas estaban cerradas para mí y que no podía estudiar, me fui quedando ahí. Se me pasaron los años y el sueño de estudiar iban quedando a un lado por seguir trabajando”, señala.
Durante casi cuatro años laboró en una tienda. Aunque el trabajo no era mal remunerado, señala la joven, sus primeros años trabajó casi 12 horas diarias y sus empleadores nunca la registraron en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), un derecho de toda persona trabajadora en Costa Rica.
Finalmente, se embarazó en 2021 y el no tener un seguro en la CCSS fue el motivo de su salida de dicho lugar. “A los cuatro meses de embarazo, me dijeron que era de alto riesgo y que debía de reposar. Cuando le informé a mis jefes me dijeron ‘o tu bebé o el trabajo’. Son cosas que siempre pasan cuando tenés un trabajo informal. Como no tenía seguro en la Caja, el tiempo de reposo me lo debían de pagar ellos y no querían eso”, dice.
Ser mujer, migrante y exiliada son elementos que se entremezclan en la violencia estructural que enfrentan las mujeres, lo que reduce sus oportunidades de acceso a la educación superior en Costa Rica, señala Alejandra Padilla.
Esto afecta directamente sus posibilidades para continuar estudiando. “Muchas de las jóvenes no pudieron culminar sus carreras, así que les cuesta conseguir un trabajo. Y si consiguen un trabajo, son precarios, consumen mucho tiempo y no les permiten ingresar a la universidad”, explica.
“Otras no cuentan con sus permisos de trabajo por no estar regularizadas y consiguen empleos informales que las lleva a exponer sus derechos laborales. Están en la disyuntiva de: o trabajo o estudio; o estudio, pero ¿con qué dinero?”, manifiesta.
Esta dificultad se encuentra presente tanto en las universidades estatales de Costa Rica, como en las privadas. Pues, las universidades estatales, si bien tienen aranceles más bajos, sus horarios de clases no son flexibles y no permiten a sus estudiantes tener trabajos de tiempo completo. Y las universidades privadas, que cuentan con una diversidad de horarios sabatinos, dominicales y nocturnos, tienen costos mucho más difíciles de pagar.
“Costa Rica es un país muchísimo más caro y hay una gran dificultad en términos económicos. Incluso, los aranceles de las universidades públicas son caros, si no tenés un buen trabajo. También debes de pagar transporte, libros y todos tus gastos del día a día”, afirma.
Si las mujeres nicaragüenses no cuentan con un estatus migratorio regularizado, su situación se complejiza. Esto se debe a que para aplicar a las universidades costarricenses se necesita por lo menos un Documento de Identidad Migratoria para Extranjeros (DIMEX).
Por otro lado, las universidades e instituciones estatales tienen precios más elevados para las personas extranjeras. Sin embargo, esto no aplica para las personas solicitantes de refugio o que ya son refugiadas.
“Es mejor tener un estatus migratorio regular, porque si alguien no tiene su carnet de refugio o de solicitante de refugio, y solo tiene su pasaporte, te cobran como extranjero”, aclara Padilla.
“El estatus de refugiado también te permite aplicar a becas. No significa que te la van a dar, pero tenés un documento que te valida como una persona refugiada. Eso hace que tengas una identidad y un estatus de protección por parte del Estado de Costa Rica, por lo que las instituciones deberían de respetar por un tema de derechos humanos. Lamentablemente no todas las instituciones lo hacen”, indica.
Las mujeres nicaragüenses que son madres tienen una doble dificultad, ya que no solo deben de velar por la posibilidad de sus estudios, sino también con el cumplimiento de su trabajo y el cuidado de sus hijos e hijas.
“Las madres tienen muchísimos más obstáculos para ingresar a las universidades porque la responsabilidad económica es mayor, al igual que la carga emocional y física. Además, tienen el tema de los cuidados. Ellas piensan ¿quién va a cuidar a las niñas mientras estoy estudiando? Y esto pesa más en el caso de las madres que crían solas a sus hijos, porque hay padres irresponsables que no cumplen con sus obligaciones”, señala Padilla.
Luego de su embarazo, Méndez reflexionó sobre el sueño con el que llegó a Costa Rica y que poco a poco se fue difuminando con las largas jornadas laborales. Cada año, miraba que las universidades ofrecían becas para diferentes planes de estudio, y aunque ella tenía el perfil y todas las capacidades para aplicar, la documentación la seguía deteniendo.
Tras una convocatoria de becas de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit), decidió solicitar ayuda a la familia que le quedaba en Nicaragua para que gestionaran el apostillado y otros documentos que necesitaba. Finalmente, consiguió la beca a inicios de 2023 para la carrera de Ingeniería Informática.
Su mamá y sus hermanos también la alentaron a que siguiera su sueño, y a que no se preocupara por los cuidados de su hija y los ingresos económicos.
“Con mi hija ha sido la parte más difícil y la más motivadora. A veces tengo que dejarla días completos y estoy en la universidad desde la seis de la mañana hasta las nueve de la noche. Tengo el apoyo de mi mamá que la cuida, así que me quedo un poco más tranquila”, expresa.
“No trabajar también ha sido difícil, porque desde que vine siempre trabajé y fui independiente económicamente, pero tengo la ayuda de mi familia. Ahora creo que estoy en la parte más fácil. Todos los años que estuve acá sin estudiar fue lo más difícil. Hubo un punto donde pensé que no iba a estudiar y ahora voy a medio camino”, agrega.
Rápidamente, Méndez destacó de nuevo en sus clases como la mejor estudiante, pero esta vez acompañado de su activismo estudiantil y su liderazgo cívico.
Un pequeño escritorio descansa en el cuarto de Katherine Ramírez y arriba de él reposa todo su armazón de estudio: computadora, tablet, cuadernos, lápices y marcadores. Este es el espacio por el que ha luchado durante todos estos años.
Espera culminar su plan de estudios en diciembre de este 2024, después de una labor titánica que consistió en estudiar tantas clases pudo, adelantar materias y finalizar su investigación de grado que ya había adelantado en sus otros períodos de estudio en Nicaragua.
Aunque la emoción de terminar su carrera de una vez por todas se asoma a su mente, también el miedo a que ocurra algo que detenga su carrera otra vez. “Nadie quiere estudiar su carrera tres veces”, dice.
De hecho, cuando vino a Costa Rica no se dirigió a las instituciones académicas por varios meses, por el trauma de ser constantemente perseguida y truncada en Nicaragua.
“Cuando decidí retomar mis estudios por tercera vez no fue de inmediato. Me di algunos meses porque tenía muchas cosas que procesar y sentí que no estaba lista para enfocarme académicamente. Ya estaba muy cansada de estudiar en un contexto en el que yo estoy en riesgo, estaba inestable emocionalmente y decidí darme unos meses”, explica.
Ahora al final de su carrera, ve las cosas en retrospectiva. Sus compañeros de clases son más jóvenes que ella y se encuentran en etapas de la vida totalmente distintas. El trato diferente que tienen algunos maestros con ella, es algo que tampoco le pasa desapercibido. La xenofobia y el machismo son dos elementos que se entrecruzan en su experiencia como migrante y mujer nicaragüense.
Aún con todo eso, Ramírez asegura que se ha adaptado muy bien y pronto tendrá su licenciatura en Relaciones Internacionales, la carrera que lleva en curso.
“¿Por qué seguir estudiando después de todo lo ocurrido?”, escucha. “No solamente es por la formación profesional, es algo político para mí”, responde inmediatamente.
“Algo que nos intentó quitar el gobierno de Daniel Ortega fueron los estudios, eso fue lo superficial. Lo que ellos nos quisieron quitar fueron nuestras aspiraciones, nuestros sueños y todo lo que viene con tu formación”, continúa. Y ella, como lo testaruda que es, no iba a permitir que algo así sucediera.
El derecho a la educación se convirtió en su bandera de lucha y ahora forma parte de su activismo político y feminista. Con toda su experiencia y lo que ha aprendido, espera contribuir para el futuro de Nicaragua. “Fue la razón inicial por la cual empecé a estudiar Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, comenta.
Helen Méndez estudia segundo año de su carrera y es integrante de un partido político de la Ulacit, Civic House. En este organiza voluntariados, capacitaciones para el estudiantado y orienta a otras personas que estuvieron en su situación. “Queremos cambios en pro del bienestar tanto estudiantil como para la sociedad en general”, manifiesta.
Ramírez y Méndez han peleado arduamente un derecho que en cualquier otro país de la región se da por sentado, menos en la Nicaragua sometida por la dictadura Ortega-Murillo. Pese a los impedimentos, ellas han continuado y no se detendrán que sus títulos universitarios estén en sus manos.
