“Este día (…) he enviado la reforma de pensiones a la Asamblea Legislativa”, para su estudio y eventual aprobación, indicó el mandatario en su cuenta de Twitter. La reforma finalmente fue presentada luego de dos anuncios fallidos. Bukele prometió presentar la reforma el 15 de octubre de 2021 y luego, el 11 de marzo de este año.
Actualmente, la edad de jubilación en El Salvador es de 55 años para las mujeres y para los hombres es de 60 años, las cuales no se incrementarán con la reforma, aseguró el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
De acuerdo con datos oficiales, la pensión por vejez mínima vigente es de 304.10 dólares por mes, la cual aumentará a 400 dólares según contempla la reforma propuesta por el gobierno.
La reforma también establece un incremento del 1% en el porcentaje que un empleador debe aportar a la cuenta de pensiones de un trabajador. Actualmente, el porcentaje que aporta el patrono a las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) es del 7.75% sobre el valor del salario, mientras que el empleado aporta el 7.25% sobre su salario.
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El sistema de pensiones en El Salvador fue privatizado en 1996. De cinco AFP privadas que llegaron a funcionar hasta 1998, actualmente solo funcionan dos.
Según el Gobierno de Bukele, luego de ser privatizado el sistema de pensiones en 1996, el fondo de pensiones contaba con 12 mil millones de dólares en ahorros de los trabajadores, pero actualmente ese monto se ha reducido a una sexta parte: “2 mil millones de dólares en fondos reales”.
De acuerdo al Gobierno de Bukele, anteriores gobiernos de derecha e izquierda “usaron el sistema de pensiones como su propio banco, ocuparon el dinero de las pensiones para financiar deuda”, de ahí la reducción de esos fondos.
A pesar de esta afirmación de Bukele, quien asegura que su Gobierno no ha utilizado el dinero de cotizantes como lo hicieron gobiernos anteriores, los datos oficiales muestran que la deuda del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) ha aumentado mil millones de dólares entre junio de 2019 y abril de 2022.
¿Qué hay detrás de esta propuesta de reforma?
La propuesta consta de tres leyes:
1. Ley Especial para Emisión de Certificados Previsionales y Disolución del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP).
2. Ley Integral del Sistema de Pensiones.
3. Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).
La primera ley tiene como fin disolver el actual fideicomiso de pensiones. Esto para reestructurar la deuda actual de ese fondo y estipular las nuevas condiciones para su uso. Las deudas serán transferidas a la nueva institución: el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP). Actualmente la deuda del Gobierno es de casi 8 mil millones de dólares.
A pesar de la creación del ISP, los expertos aseguran que la ley no especifica cómo se realizará la transferencia de esta deuda. Otro aspecto que no cambiaron es que seguirán usando los fondos de las personas que cotizan en las AFP. En la Ley Especial para Emisión de Certificados en su artículo 6 establecen los “nuevos” Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) de deuda que emitirán para que los compren las AFP. En relación a lo actual hay un cambio de tasa de 6% a 7% anual, esto podría no ser sostenible con el tiempo según los especialistas.
En este nuevo proyecto de ley, el gobierno no pone límite a esas colocaciones, ya que el artículo 82 de la propuesta señala que el Instituto Salvadoreño de Pensiones podrá emitir esos COP sin límites, cuando la ley aún vigente, tras una reforma en 2012, establece que el Ejecutivo solo puede tomar prestado hasta un 45% del total de los ahorros de los trabajadores.
Esos fondos el gobierno los utiliza para obtener liquidez y pagar, con los ahorros de los aún cotizantes, las pensiones de las personas que se jubilaron bajo los anteriores sistemas (INPEP e ISSS) a través de la figura del Fideicomiso de Inversiones Previsionales (FOP), el cual según los ministros de Trabajo y Hacienda, Rolando Castro y Alejandro Zelaya, respectivamente, desaparecerá para que “ningún gobierno actual o futuro tome ese dinero”.
El abogado constitucionalista Enrique Anaya aseguró a El Diario Hoy que la propuesta de la nueva Ley Integral de Sistema de Pensiones permitirá la emisión de COP ilimitada, por lo que el gobierno “se llevará todos los ahorros”.
Pese a las críticas de funcionarios a la privatización del sistema previsional, el Gobierno no tiene previsto eliminar a las AFP, creadas en la Ley de Sistema de Ahorro para Pensiones para administrar las cuentas de ahorro individual de los trabajadores. En su lugar, las “Administradoras” seguirán siendo reguladas, y administrarán el Fondo de Pensiones; uno o más Fondos de Ahorro Previsional Voluntario, compuestos por varias cuentas voluntarias; y el patrimonio propio que generen con la comisión.
Sin embargo, la comisión que recibirán ya no será del 1.9%, sino del 1%. Actualmente, de este 1.9 %, un 1% se destina al seguro de sobrevivencia e invalidez del pensionado. No obstante, con las reformas desaparece esta responsabilidad para las AFP, es decir, el 1% será completamente destinado para la administración de estas.
De acuerdo al artículo 98 de la Ley Integral, todas las pensiones del sistema subirán un 30%. La pensión por vejez, tal como en el sistema actual, será calculada para que el saldo de la Cuenta Individual de Ahorro se divida en 240 mensualidades y veinte pensiones de Navidad; es decir, para recibir pensión por 20 años.
Sin embargo, si la persona asegurada realizó el retiro del anticipo del 25% de su saldo, el aumento de su pensión se calculará según el porcentaje que adeuda a su cuenta de ahorro individual. La ley no especifica más.
Por otro lado, este anticipo ya no está regulado en la nueva ley. El artículo 110-A creado en la última reforma de pensiones del 2017, que permitía acceder anticipadamente al 25 % del saldo de su cuenta, ya no está incluido en la nueva ley. Esto significa que el beneficio ya no estará disponible. En su lugar, el Gobierno plantea un Beneficio Económico Temporal para los cotizantes al sistema que no logran reunir suficientes años de cotizaciones para pensionarse, pero sí desean retirar el saldo. Se regula que, de la misma forma que una pensión, el pago será mensual.
Los economistas advierten que la reforma promueve el impago y afecta a los fondos de pensiones de manera irremediable. “El problema será si el número de beneficiarios sigue aumentando y el reintegro es bajo”. “La reforma en estudio establece que el reintegro del saldo ya no será obligación para pensionarse, lo que sí podría afectar dramáticamente los fondos de pensiones”, advirtió un economista de forma anónima a La Prensa Gráfica.
El rechazo de los sindicatos magisteriales
Tres sindicatos de docentes se sumaron al rechazo que la reforma de pensiones propuesta por el gobierno ha generado en el magisterio nacional. Coinciden en señalar que, a su criterio, no garantiza acceso a una pensión digna y genera “incertidumbre” al sector de maestros.
Representantes de la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES 21 de Junio), el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Administrativos y Docentes del Ministerio de Educación del Salvador (SITADMES 21 de Junio) y el Movimiento Pedagógico Salvadoreño (MPS) manifestaron el 10 de diciembre en conferencia de prensa que no apoyan el contenido del anteproyecto, tras un análisis que realizaron a la propuesta del gobierno.
“Los funcionarios han dicho hasta el cansancio que la pensión mínima será de 400 dólares, eso no es cierto”, afirmó el secretario general de Bases Magisteriales, Jorge Villegas. Agregó que el artículo 114 del anteproyecto establece que la pensión mínima será de 304.17 dólares para vejez, invalidez total y sobrevivencia. Este monto es el mismo que se estableció desde 2021.
“El proyecto de ley no resuelve la situación precaria que viven nuestros pensionados ni los próximos a retirarse. Se hace un llamado a la Asamblea Legislativa a que legisle a favor del magisterio y de la clase trabajadora en general. Tenemos casi 13 mil docentes que ya cumplen los requisitos de edad y tiempos de servicio”, indicó Israel Montano, secretario general de ANDES 21 de Junio.
Las tres gremiales docentes recomendaron a los diputados de la Comisión Ad Hoc de la Asamblea Legislativa modificar el artículo 114 del documento, que actualmente estipula que las pensiones mínimas del sistema será de 304.17 dólares por vejez, invalidez total y sobrevivencia. En su lugar, piden aumentar el monto a 400 dólares.
Las tres gremiales docentes también proponen añadir al anteproyecto de ley un artículo que modifique la fórmula del cálculo para determinar el monto de la pensión y crear una clasificación de según el salario asignado del trabajador.