Entre 2010 y 2023, 16 de las familias más ricas de Centroamérica crearon en España al menos 52 sociedades valoradas en 3 mil 588 millones de euros, según información disponible en el registro mercantil de Madrid. Una investigación de Redacción Regional y No-Ficción revela que desde la mayoría de estas sociedades, que siguen vigentes, los empresarios centroamericanos pueden controlar las acciones de las empresas establecidas en la región y, en algunos casos, pueden pagar legalmente impuestos mucho más reducidos sobre las ganancias que reciben de lo que harían en sus países, inmersos en una de las zonas más pobres y desiguales del mundo.
Solo en 2022, seis de los 16 grupos reportaron dividendos por un total cercano a los 341 millones de euros, según documentos públicos oficiales.
Estos son los grupos guatemaltecos: CBC (47.8 millones), CMI (45.8 millones) y Cementos Progreso (151 millones); el grupo Poma de El Salvador (52.6 millones); los Motta de Panamá (41.8 millones) y Wilhelm Steinvorth de Costa Rica (2 millones).
De estos 341 millones de euros canalizados hacia España, al menos 55.9 millones fueron gravados con una tributación especialmente reducida, con frecuencia de solo el 1,25%. En contraste, los dividendos en Centroamérica tributan tasas que oscilan entre el 5% en El Salvador y Guatemala y el 15% en Costa Rica.
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Los dividendos son la compensación que los accionistas de una empresa reciben cuando esta decide repartir beneficios. Son una de las formas de ingreso más importantes que reciben las personas más ricas.
Estos 55.9 millones de euros que se beneficiaron de una tributación especialmente reducida procedieron de únicamente de tres de los grupos más pujantes de la región: los guatemaltecos CMI (2.9 millones) y CBC (33.5 millones) y los salvadoreños Poma (19.4 millones).
Las dueñas de estos 16 grupos que se han establecido en España son familias con patrimonios multimillonarios, banqueros, cementeras, inmobiliarias, importadoras de vehículos, servicios, hoteles, restaurantes, centros comerciales y hasta la representación de marcas transnacionales como las bebidas del grupo Pepsi, los autos Toyota o los videojuegos de Nintendo.
Entre estas familias están los Gutiérrez de Guatemala, que poseen un conglomerado de negocios alimentarios y de generación de energía llamado CMI presente en toda Centroamérica; los Poma de El Salvador, una gran fortuna centrada en la venta de vehículos y el desarrollo inmobiliario y hotelero; los Motta de Panamá, que representan decenas de marcas internacionales de productos electrónicos y de lujo; y los Castillo, también de Guatemala, que a través de su empresa CBC, distribuyen bebidas y snacks por la región.Hay también industriales como los Novella, que dominan la producción de cemento en Guatemala; agroindustriales como los Herrera, los mayores productores de azúcar en Guatemala; banqueros hondureños como los Bueso y los Atala; e inversores costarricenses como Wilhelm Steinvorth, que preside el conglomerado de la alimentación Florida Ice and Farm Company (FIFCO) o los Durman Esquivel, accionistas de la transnacional de fabricación de tuberías Aliaxis.
La presencia en Madrid de estos grupos no es casual y se explica por una serie de políticas promovidas por España orientadas a convertirse en un lugar atractivo desde el que gestionar inversiones en países Latinoamericanos, principalmente.
España cuenta con un régimen fiscal específico para las sociedades holding (una empresa dedicada a poseer acciones de otras empresas) que permite un extranjero tributar solo un 1,25% sobre sus dividendos si estos se canalizan a través de España.
Además, el país ha suscrito Convenios contra la Doble Imposición (CDI) con la mayoría de países de Latinoamérica. Estos tratados permiten a cualquier inversor que se establezca en España sacar los dividendos que sus empresas repartan en países como El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia o la República Dominicana, entre otros, pagando impuestos reducidos o, bajo algunas condiciones, beneficiándose de una exención tributaria total.
Esto estimula a alguien con inversiones en empresas en Latinoamérica a crear un holding en España desde el que gestionar las acciones de esas empresas y así tributar menos de lo que harían si estuvieran situados en otro lugar.
Los holdings propiedad de las familias centroamericanas son gestionados por bufetes de abogados o asesorías de empresas situadas en su mayoría en el centro de Madrid, especializados en ofrecer este tipo de servicio a inversores de todo el mundo por honorarios que pueden ir desde los 4,000 dólares anuales por administrar una sociedad a cifras cercanas a los $400 mil, en el caso de grupos empresariales grandes y con mayor actividad.
Para este reportaje, Redacción Regional y No-Ficción intentaron obtener respuestas de los grupos empresariales que crearon sociedades en España, pero solo fue posible recibirlas de cuatro de los 16 grupos identificados.
CMI se limitó a explicar que sus prácticas fiscales son legítimas y se apegan a las leyes de los países donde operan. No quisieron responder preguntas más detalladas, asegurando que este reportaje “parte de prejuicios” y busca “sembrar dudas”.
Grupo Cadelga respondió que tributan en Honduras “de la misma forma en que siempre lo hemos hecho”, que la operativa societaria e industrial del grupo sigue en Centroamérica y que establecer una estructura holding en España u otros países europeos “tiene ventajas desde el punto de vista del gobierno empresarial, el acceso a la financiación y también en relación con la protección de las inversiones”.
El grupo Ficohsa también respondió que establecer un holding en España fue parte de una “estrategia de crecimiento y de protección de inversiones” y que esto “no afecta el cumplimiento riguroso de todas las obligaciones legales, regulatorias, laborales y tributarias” en cada país en el que tienen presencia.
Wilhelm Steinvorth, presidente de FIFCO, respondió a través de la agencia de comunicaciones CCK Centroamérica que el establecimiento de este tipo de figuras jurídicas constituye “una práctica regular, que cuenta con un marco jurídico y legal que las ampara” en Costa Rica y España, pero que “si bien este tipo de estructura de tenencia de inversiones y operaciones internacionales podría ofrecer posibilidades de eficiencia tributaria, nosotros no hacemos uso de ellas”. El empresario, además, aseguró que “este tema (el holding en España) no tiene ninguna vinculación con las operaciones de Florida Ice and Farm Company (FIFCO), sino que se refiere al ámbito personal de este servidor”.
En el caso de CBC, se intentó durante semanas contactar con alguna persona responsable de la comunicación del grupo a la que enviarle un cuestionario, pero no fue posible, pese a reiteradas llamadas, correos y mensajes.
A la familia Poma se le envió un cuestionario con preguntas detalladas a través de la Fundación Poma, sin embargo, al momento de la publicación no se contaba aún con una respuesta.
La Fundación Kriete de El Salvador, representantes de los grupos Atlántida y Motta se comprometieron a trasladar consultas para buscar las reacciones, pero estas no llegaron.
Al resto de grupos se les enviaron peticiones a través de los correos oficiales y teléfonos de las sociedades que presentaron estos datos al registro mercantil español, o por los correos oficiales y teléfonos de sus empresas en Centroamérica o representantes legales, pero tampoco se obtuvieron respuestas.
Millonarios y desigualdad
Los ingresos de estos grupos centroamericanos que se establecieron en España pueden ser considerables. Solo la familia guatemalteca Novella, que posee desde hace más de un siglo, prácticamente, un monopolio sobre el mercado del cemento con Cementos Progreso, reportó dividendos en España cercanos a los 151 millones de euros en 2022.
La cifra no parece extraordinaria si se compara con lo que reportaron en 2021. Un año antes, los dividendos de este grupo fueron aún más altos: ascendieron a 172 millones de euros.
Es decir, solo en dos años, los Novella ganaron 323 millones de euros. Esto representa unos 2 mil 700 millones de quetzales al cambio actual, el equivalente al presupuesto vigente de 2024 de todo el Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala, que concentra varios de los programas de subsidios a la pobreza más importantes que ejecuta el gobierno del país.
Los Novella compraron entre 2022 y 2024, y por unos 1,280 millones de dólares, las operaciones de su rival, Cemex, en El Salvador, Costa Rica y República Dominicana. En los últimos años también han invertido en negocios como la construcción de una carretera privada en Guatemala.
El siguiente grupo que más dividendos reportó en España fueron los Poma de El Salvador: 52.6 millones de euros. Y tras ellos, las familias guatemaltecas Castillo (47.8 millones) y Gutiérrez (45.8 millones), los Motta de Panamá (41.8 millones) y Wilhelm Steinvorth de Costa Rica (2 millones).
Estas cifras corresponden a los dividendos enviados a los holdings españoles, según información del registro mercantil español.
Que estos conglomerados reporten sus ganancias en el país europeo tiene implicaciones profundas para la región, ya que estos casos ponen de relieve cómo España se ha convertido en un eslabón más en los circuitos que permiten a los más ricos pagar legalmente impuestos mínimos.
El problema es mundial, pero sus efectos son especialmente dramáticos para países como los centroamericanos. Algunos países del istmo, sobre todo Guatemala y Honduras, se encuentran entre los que menos ingresos tributarios tienen en toda Latinoamérica.
Además, la mayoría de los países centroamericanos cuentan con estructuras tributarias regresivas, según explicó la economista salvadoreña Tatiana Marroquín, que ha realizado investigaciones sobre desigualdades en la región.
Esto significa que las personas más pobres destinan una parte mayor de sus ingresos para pagar impuestos que las personas más ricas. Esto ocurre porque las finanzas públicas se sostienen, en gran parte, gracias a tributos sobre el consumo y el trabajo.
Alguien que hace la compra y paga un 12 % de IVA en Guatemala o un 13 % en El Salvador. Los asalariados o profesionales a quienes su pagador les retienen un impuesto sobre la renta de entre el 5% o el 10%, según el país que se analice.
Los accionistas de las grandes empresas, en cambio, pueden conseguir que al menos una parte de sus dividendos sean sometidos a una tributación más reducida. Si cobran sus dividendos a través de holdings en España, los millonarios centroamericanos o cualquier otro inversor extranjero, pueden, bajo algunas circunstancias, tributar sobre este tipo de ingresos solo un 1,25% a nivel global.
Esto es menos de lo que pagarían si controlasen las ganancias de sus empresas desde los países en los que operan, o solo desde Panamá, como habían hecho tradicionalmente.
“Los impuestos sobre la renta no alcanzan tanto a los multimillonarios, como a los asalariados. Los multimillonarios siempre pueden mover su capital hacia donde no se tasa”, señala Marroquín.
Los primeros en establecerse en España fueron algunos de los grupos más globalizados, como los Motta de Panamá. Esta familia, desde hace décadas, representa a grandes transnacionales en varios países de la región, como los videojuegos Nintendo o los licores Diageo. También poseen una cadena de tiendas de productos Apple que está presente en el istmo y Colombia.
En 2010, los Motta trasladaron a España las acciones de la empresa a través de la que representan a Nintendo en la mayoría de Latinoamérica. Este negocio, en 2022, estaba valorado en 43.9 millones de euros, según información del registro mercantil español.
Los otros pioneros fueron los costarricenses que gestionan el fondo de inversión Mesoamérica. Este grupo, dirigido por Luis Castro Lachner, se ha dedicado a comprar y vender acciones de empresas por toda la región desde hace décadas. En la actualidad, son, por ejemplo, accionistas de una marca de leche en Colombia y cadenas de restaurantes en Colombia y Chile.
Estas participaciones las gestionan a través de holdings en Madrid con un patrimonio de más de 104 millones de euros, en 2022. Tras los pioneros, llegaron a España otras familias con importante presencia transnacional, sobre todo guatemaltecas, salvadoreñas y costarricenses.
El estratégico viaje a España
Hasta 2008, las grandes fortunas de Centroamérica no habían considerado Madrid como un destino para crear un holding. Sin embargo, a medida que España firmaba tratados fiscales con países en los que las familias más ricas de la región ya poseían negocios o en los que planificaban invertir, el atractivo se multiplicó.
Estos acuerdos se llaman Convenios contra la Doble Imposición (CDI). En 2008 España suscribió un CDI con Colombia y le siguieron El Salvador (2009), Costa Rica, Panamá y Uruguay (2011) y Dominicana (2014). Todos estos países comenzaron a otorgar un trato fiscal preferente a los inversores españoles.
Por ejemplo, les permiten cobrar sus dividendos sin someterlos a retención o cobrándoles un impuesto reducido. España es el país del mundo que más de estos tratados ha suscrito con países latinoamericanos. En total, las autoridades de Madrid tienen CDI con 92 territorios. Panamá, en cambio, solo tiene 17.
“Es nuestra aportación al mundo de los holdings. Hemos querido entrar en la competencia por atraer dinero internacional”, dijo en una entrevista para este reportaje Carlos Cruzado, presidente del sindicato español de técnicos de Hacienda.
Fue en este periodo cuando comenzó la migración hacia Madrid, coincidiendo con una serie de reformas en los tres países del triángulo norte de Centroamérica que trataron de fortalecer la recaudación de impuestos sobre los dividendos. Esto sucedió entre 2011 y 2013 en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Grupo Motta: Los primeros en establecerse en España
Los primeros en establecerse en España fueron algunos de los grupos más globalizados, como los Motta de Panamá. Esta familia, desde hace décadas, representa a grandes transnacionales en varios países de la región, como los videojuegos Nintendo o los licores Diageo. También poseen una cadena de tiendas de productos Apple que está presente en el istmo y Colombia.
En 2010, los Motta trasladaron a España las acciones de la empresa a través de la que representan a Nintendo en la mayoría de Latinoamérica. Este negocio, en 2022, estaba valorado en 43.9 millones de euros, según información del registro mercantil español.
Los otros pioneros fueron los costarricenses que gestionan el fondo de inversión Mesoamérica. Este grupo, dirigido por Luis Castro Lachner, se ha dedicado a comprar y vender acciones de empresas por toda la región desde hace décadas. En la actualidad, son, por ejemplo, accionistas de una marca de leche en Colombia y cadenas de restaurantes en Colombia y Chile.
Estas participaciones las gestionan a través de holdings en Madrid con un patrimonio de más de 104 millones de euros, en 2022.
Tras los pioneros, llegaron a España otras familias con importante presencia transnacional, sobre todo guatemaltecas, salvadoreñas y costarricenses.
2011: llegan los dueños de Pollo Campero, los Poma y Steinvorth
En 2011, en Madrid se establecieron los Gutiérrez, una de las mayores fortunas de Guatemala y Centroamérica.
Ellos son propietarios del conglomerado, CMI, conocido por su cadena de restaurantes Pollo Campero, pero que incluye un sinfín de negocios en la industria alimentaria y la generación de energía renovable por todo el istmo, República Dominicana y Ecuador.
Los Gutiérrez trasladaron a España un buen número de sus negocios, sobre todo los relacionados con alimentación: sus avícolas, harineras o fábricas de pastas. Estos tenían en 2022 un valor de más de 1,283 millones de euros, según información del registro mercantil de Madrid. Es el mayor patrimonio centroamericano detectado en España.
En el mismo periodo llegó la familia Poma. Ellos gestionan a través de holdings españoles solo una parte de sus negocios: sus ventas de carros en El Salvador y otras empresas inmobiliarias y de financiación de compra de vehículos en Costa Rica y Colombia. Estas están valoradas en 57 millones de euros en 2022.
En 2011, también se estableció en Madrid, Wilhelm Steinvorth, presidente y accionista de FIFCO, posiblemente el mayor grupo empresarial de Costa Rica. Este conglomerado, entre otras cosas, produce los frijoles Ducal y las salsas Kerns y distribuye bebidas en México o Panamá.
El holding en España, asegura el empresario, es de carácter personal y no tiene ninguna vinculación a FIFCO. Está valorado en unos 45.5 millones de euros, en 2022, según información del registro mercantil español.
Poco después, entre 2014 y 2015, aterrizaron en España los Castillo, accionistas de la embotelladora CBC, que están en prácticamente todos los países de Latinoamérica: de México a Argentina. Ellos crearon holdings con un patrimonio de unos 954 millones de euros entre 2021 y 2022.
Y por otra parte, los Novella, propietarios de Cementos Progreso. Esta familia tradicionalmente se ha concentrado en el mercado guatemalteco de los materiales de construcción, pero en los últimos años ha incursionado en la venta de cemento por todo el istmo y Colombia. Desde España gestionan holdings valorados en unos 417 millones de euros en 2022.
En 2017 llegó el grupo que apoya a Bukele
En 2017 llegaron los Kriete, dueños del 22 % de acciones de la aerolínea Avianca y cuyo líder, Roberto Kriete, es uno de los principales empresarios salvadoreños que ha dado su apoyo al régimen de Nayib Bukele. “Espero que esta Asamblea apruebe las leyes que van a sacar a este país adelante”, declaró Kriete al oficialista Diario El Salvador el 3 de mayo de 2021, dos días después de la destitución irregular de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general, realizada por la Asamblea oficialista de Bukele. En 2020, Kriete fue considerado por la Revista Forbes como uno de los principales millonarios de la región. A España, el grupo trasladó solo las acciones de sus negocios de mantenimiento de aeronaves en El Salvador y México, un patrimonio de 100 millones de euros, en 2022.
Ese mismo año, también se establecieron en España los Herrera, de Guatemala. Esta familia es la principal productora de azúcar de Centroamérica, con el Grupo Pantaleón. Además, se han diversificado hacia el sector inmobiliario y construyen residenciales, oficinas y malls. A España trasladaron solo la propiedad de sus centros comerciales en Colombia: un holding valorado en 143.5 millones de euros, en 2022.
Algo similar hicieron otros destacados azucareros guatemaltecos: los Campollo. Ellos poseen ingenios y centrales de energía en Guatemala. Y más recientemente incursionaron en el ensamblaje y venta de las motos indias Bajaj en todo el istmo y Colombia, en alianza con un grupo dominicano. Fue solo este último negocio el que trasladaron a España en 2020.
El doble beneficio del paraíso español
Junto a las ventajas que ofrecen los CDI suscritos por España, hay que añadir otro factor clave que explica el atractivo que ejerce Madrid para los millonarios centroamericanos.
Desde hace décadas, España cuenta con una nueva legislación orientada a favorecer la creación de holdings. Es el llamado régimen de Entidades Tenedoras de Valores Extranjeros (ETVE).
Durante mucho tiempo, bajo el régimen ETVE, un inversor extranjero que no residiese en España era eximido totalmente de impuestos sobre los dividendos que canalizara hacia España. Además, podía después enviar el dinero a prácticamente cualquier otro lugar del mundo sin tampoco tributar.
En 2021, el gobierno del actual presidente Pedro Sánchez cambió la legislación para que los holdings comenzaran a tributar un cobro mínimo de 1,25% sobre sus dividendos.
Sin embargo, esto no parece haber disuadido a grandes fortunas de gestionar las acciones de sus empresas desde Madrid.
Combinar los beneficios de los CDI con el régimen ETVE provoca una situación especialmente ventajosa.
Holdings beneficiosos para inversores centroamericanos
Si un inversor centroamericano crea un holding en Madrid para controlar sus empresas en la región, las autoridades consideran el dinero que canalice a España como obtenido por un extranjero en el extranjero y, en gran parte, renunciarán a cobrarle impuestos. Y, por el otro lado, los países en donde operan realmente las empresas considerarán a ese inversor como español y, por tanto, estarán amarradas para tasar los dividendos debido a los CDI.
Un empresario de Guatemala, por ejemplo, puede crear un holding en España para gestionar las acciones de un negocio en El Salvador. Cuando cobre dividendos y estos se encaminen hacia Madrid, El Salvador no le aplicará la retención del 5% que establece la ley, si no el CDI suscrito con España. Este permite una exención total de impuestos sobre dividendos, bajo ciertas condiciones.
Ya en Madrid, el dinero solo será gravado con un tributo del 1,25%. Y desde allí, podrá dirigirse libre de retenciones a otro holding en, por ejemplo, Panamá, donde los dividendos tampoco serán gravados.
Todo esto significa que un ingreso que tendría que haber tributado un 5% en El Salvador, terminó pagando un 1,25% en España.
Si el dinero se hubiese dirigido directamente a Panamá, no habría habido forma de evitar la retención del 5%.
En este caso, el ahorro puede no parecer considerable. Esto sucede porque El Salvador ya tiene un impuesto sobre dividendos bajo.
Pero el efecto de una estructura como esta resulta especialmente útil con dividendos obtenidos en países como Costa Rica, México o Colombia, que gravan estos ingresos con tasas de entre el 10% y el 20%, pero tienen CDI suscritos con España que reducen estas tasas.
En esos casos, el ahorro puede ser millonario. Y explica por qué el flujo de grandes fortunas centroamericanas hacia España no se ha detenido.
Los Durman Esquivel también viajan a España
En Madrid se establecieron, por ejemplo, los costarricenses Durman Esquivel, que controlan alrededor de un 2,6% de las acciones de la multinacional de tuberías Aliaxis.
Además, comenzaron a desembarcar los hondureños. Los primeros fueron los Bueso, del grupo Atlántida, que poseen bancos, aseguradoras o financieras en Honduras, El Salvador, Ecuador y Perú. Después llegaron los Atala Faraj, del banco Fihcosa, que operan, además de en su país, en Guatemala, Nicaragua y Panamá.
A ellos se sumaron los Yibrín Canahuati, del Grupo Cadelga, que venden agroquímicos en El Salvador y Guatemala.
Entre los últimos en llegar destaca una coalición de prominentes familias salvadoreñas: los Calleja, Zablah-Touché y Bahaia Simán. Miembros de estos tres grupos, junto a la empresa estadounidense Invenergy, están vinculados a un holding creado en 2022 y desde donde se gestiona el proyecto Energía del Pacífico, una inversión de mil millones de dólares, una de las principales centrales de producción de electricidad de El Salvador.
Este negocio es propiedad en un 65% de Invenergy, por lo que la decisión de establecerse en España es posible haya sido de esta transnacional y no de los socios salvadoreños. Gestionado bajo la mirada del último gobierno de izquierdas en El Salvador, el proyecto fue inaugurado bajo el primer gobierno de Nayib Bukele. En el acto fueron protagonistas Bukele y Carlos Calleja, heredero del Grupo Calleja en El Salvador y excandidato presidencial del partido de derechas, Arena, en las elecciones de 2019 que le dieron el primer mandato, y el único legítimo, a Bukele.
Una empresa dentro de otra
Todos los inversores centroamericanos diseñaron holdings casi idénticos.
Las acciones de sus empresas en la región son ahora propiedad de un holding español, que es a su vez propiedad de otro holding, ubicado con frecuencia, en Panamá.
Es el caso del grupo Poma, uno de los más ricos y poderosos de su país y de Centroamérica. Este clan familiar y empresarial posee empresas como Excel Automotriz, que acapara la venta de casi seis de cada diez vehículos nuevos en El Salvador. Además, representan algunas de las marcas más vendidas en toda la región, como Kia en Guatemala, Hyundai en Honduras y Nicaragua o Nissan en Panamá.
En 2022, unos de sus negocios, Carrofácil, que se dedica a financiar la compra de vehículos, repartió 4.1 millones de euros de dividendos. Este dinero lo generaron las filiales de Carrofácil en Colombia y Costa Rica.
La mayoría de los dividendos –2.9 millones de euros– los pagó Carrofácil de Costa Rica. Y los 1.2 millones euros restantes la filial colombiana.
Costa Rica grava el reparto de dividendos a inversores extranjeros con un impuesto del 15% y Colombia con un 20%.
Sin embargo, ambos países han suscrito CDI con España y dan un trato preferente a dividendos que se dirijan a un holding en Madrid.
Colombia otorga una exención total de impuestos. Mientras que Costa Rica reduce el tributo a un 5%.
Como los Poma cobraron estos dividendos a través de un holding en España, no pagaron los impuestos que, en teoría, hubiese tenido que pagar cualquier otro inversor salvadoreño en Costa Rica y Colombia: un aproximado de 692 mil euros, según un cálculo propio.
Los Poma tributaron solamente algo más de 145 mil euros en esos países, como exponen en las cuentas de su holding español.
En Madrid, el grupo también declaró los ingresos y a estos dividendos se les aplicó el régimen ETVE. Tributaron un 1,25%.
Luego, los 3.9 millones de euros restantes se distribuyeron como dividendos hacia otro holding ubicado en Panamá.
Las ventajas de esta estructura son claras. A partir de la información presentada por el grupo y, según un cálculo propio que tiene en cuenta los costos y los impuestos pagados en España, se produce un ahorro de unos 457 mil euros, sobre unos dividendos de 4.1 millones de euros.
En total, gracias a las exenciones de los CDI españoles y de las ventajas del régimen ETVE, los Poma recibieron 19.4 millones de dividendos de negocios ubicados en Colombia y Costa Rica, que, según la información consultada, solo tributaron o un 1,25% en España o un 6,25%, sumando lo pagado entre España y Costa Rica.
Siete holdings controlan las acciones de Mata Castillo
Piensen en otro millonario ilustre: el guatemalteco Carlos Enrique Mata Castillo. Su familia, una de las ramas de los Castillo, son propietarios de decenas de empresas en toda la región.
Embotellan y distribuyen las bebidas Pepsi en casi todo Centroamérica, Ecuador, Perú, Puerto Rico y Jamaica. Tienen además su propia línea de bebidas, como los jugos Petite. Compraron plantaciones de cítricos en Argentina. Y controlan marcas de café instantáneo, salsas, snacks o chocolates en lugares como México, Ecuador u Honduras.
Mata Castillo y sus parientes son dueños de todo esto y mucho más. Pero las acciones de las empresas no están directamente a su nombre.
Estas son propiedad de al menos nueve holdings, que operan en Madrid desde alrededor de 2015. Como una muñeca rusa, estos holdings son propiedad de otros holdings, situados en Panamá o Uruguay, que a su vez son propiedad de otros holdings.
Al final de esta cadena, aparece Mata Castillo y otros miembros de su familia, como beneficiarios finales de los dividendos que en 2022 sumaron 47.8 millones de euros.
Tener una estructura de este tipo no es ilegal. Al contrario, es una necesidad para empresarios que reciben dinero de múltiples empresas y países. Pero en el diseño de un holding nada es casual. Y, con frecuencia, una de las consideraciones que se tienen en cuenta para estructurarlos –aunque no la única– es el pago de bajos tributos.
La clave reside en dónde crear el holding; que los lugares elegidos permitan el pago de dividendos con los menores impuestos posibles.
Rutas especiales de baja tributación
Para Abelardo Medina, un economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) que ocupó altos cargos en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Guatemala, la institución que recauda impuestos y persigue la elusión y la evasión fiscal en ese país, este tipo de estructuras que buscan reducir la tributación sobre dividendos no son especialmente dañinas.
“No es que no sea importante, pero es un problema relativamente menor”, dijo Medina.
Según explica, lo más grave es que, en países como Guatemala, es común que muchas empresas apenas declaran beneficios ante los recaudadores de impuestos o los reduzcan significativamente. Así, logran un objetivo doble. Por una parte, en el nivel de la empresa, esta declara pocos beneficios y así pagan pocos impuestos sobre esos beneficios. Y por otra, precisamente porque se declaran pocos beneficios, también se distribuyen pocos dividendos a los accionistas de la empresa. De esta forma, también se reduce la tributación, a la que son sometidos los propietarios de un negocio.
Hay diversas formas de lograr esto. Pero básicamente todas consisten en lo mismo: trasladar ingresos que se generan en un país hacia otro en el que tributen menos.
Por ejemplo, hay conglomerados económicos que pagan por productos y servicios entre empresas del mismo grupo.
“El problema no es lo que las empresas distribuyen (los dividendos) si no todo lo que no distribuyen porque consiguen transferirlo fuera y distribuirlo allí”, dijo Medina.
Estas técnicas existen desde hace décadas. Pero España se ha convertido también en un buen lugar donde practicarlas. Y al trasladarse allí, la exigencia de la transparencia de la ley española brinda más información sobre cómo lo hacen algunos millonarios centroamericanos.
El negocio está en Barbados
Juan José Gutiérrez o en Juan Luis Bosch Gutiérrez son dos primos que comparten una característica en común: su rostro es poco conocido, pero una de sus principales compañías, Pollo Campero, es una de las marcas guatemaltecas más universales, que tiene cientos de restaurantes y un especial arraigo en Guatemala, El Salvador y en la diáspora de ambos países diseminada Estados Unidos.
Ellos encabezan el conglomerado CMI. La lista de sus empresas es interminable. Solo por mencionar algunas: poseen la mayor central hidroeléctrica privada de Guatemala; controlan partes importantes del mercado del pollo, la harina o las pastas en Centroamérica, Dominicana y Ecuador.
Los Gutiérrez tienen varios holdings en Madrid desde hace años. Pero las cuentas de 2022 de uno de ellos muestran algo curioso, que los diferencia de la mayoría de grupos empresariales identificados que reportaron dividendos, según el registro mercantil español.
En este holding, la familia concentra las acciones de la mayoría de su división de alimentos. Y, en 2022, a él canalizaron dividendos por 41.9 millones de euros.
Sin embargo, casi la mitad de este dinero, 21.3 millones de euros, procedió de una única empresa: una filial del grupo en la isla caribeña de Barbados.
Los beneficios
CMI no tiene restaurantes, molinos o fábricas de pastas en este país que tiene menos de 300 mil habitantes. Lo que sí tienen es una sociedad dedicada a comprar o vender harina. Y esta, aparentemente, es la actividad más lucrativa de la división alimentaria del grupo, la que más dividendos repartió.
Los incentivos para hacer esto son obvios. En Barbados el impuesto sobre la renta que pagan las empresas locales es de poco más del 1%. Por ello, siempre será más ventajoso declarar beneficios allí que en cualquier país de Centroamérica.
Pero, además, Barbados tiene otra condición fundamental. Desde 2011 cuenta con un CDI suscrito con España. Y este permite distribuir dividendos a un holding español con un impuesto del 0%.
La ventaja es doble. Esos 21.3 millones de euros son ingresos que se dejaron de declarar, posiblemente en Centroamérica y se trasladaron a Barbados, con lo cual hay un ahorro en el nivel de las empresas.
Después, ese dinero se convierte en dividendos para los accionistas en un país que no los grava, si se dirigen a España. Aquí hay un segundo ahorro.
Y finalmente, los 21.3 millones llegan a Madrid, donde se someten a un impuesto mínimo del 1,25%. El dinero termina en una fundación privada en New Hampshire, Estados Unidos, donde los extranjeros tampoco pagan impuestos.
Las cuentas presentadas por uno de los holdings de los Castillo muestran algo muy similar. Esta familia guatemalteca, en 2022, también concentró el 60% de los dividendos que les reportó el holding desde el que controlan sus embotelladoras de todo el continente en un único país: Uruguay.
Según muestran las cuentas de su holding español CBC Bottling Holdco, que comenzó a operar en 2015, los Castillo generaron en Uruguay 22.5 millones de euros en dividendos en 2022.
En este país, esta familia guatemalteca cuenta con una filial dedicada a comprar materias primas para hacer bebidas y botellas.
De nuevo, la elección de Uruguay no es casual. El país cuenta con un régimen especial para negocios de “trading”, precisamente lo que hace allí los Castillo, que permite pagar un impuesto del 0,75%. Y Uruguay también tiene un CDI con España que exime de retenciones a los dividendos.
En total, las sociedades de estas familias guatemaltecas, en 2022, repartieron a sus accionistas 43.9 millones de euros que, no solo se dejaron de declarar en Centroamérica, si no que, además, solo tributaron un 1,25%.
Investigación y datos: Asier Andrés.
Edición y reportes: Redacción Regional.