El golpe constitucional que el presidente Nayib Bukele asestó a la democracia de El Salvador a través de su mayoría parlamentaria —electa en febrero pasado— ha generado una avalancha de críticas de la comunidad internacional por la gravedad que implica la concentración de poder en una sola persona, tras la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general. Sin embargo, para justificarse ante la región, el mandatario hizo lo que mejor sabe hacer: tocar la fibra sensible de las emociones a través de Twitter con una comparación jactanciosa: “Si la oposición gana en Nicaragua, dejarían a la Corte y la Fiscal Sandinista (…) Digo, por aquello de balances de fuerzas”.
El trino de Bukele tuvo eco inmediato en ciudadanos opositores de Venezuela y Nicaragua. Los nicas de inmediato celebraron la comparación, extrapolando la crisis sociopolítica y de derechos humanos que viven en el país gobernado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. “¿No haríamos lo mismo nosotros con los magistrados sandinistas? ¿No quisiéramos limpiar la casa también?”, se preguntaron los nicas. El debate se encendió, sobre todo a favor de Bukele.
Otra parte de la opinión nicaragüense intentó explicar por qué la comparación simplista de Bukele no tiene cabida. Sobre todo si la oposición a Ortega se convirtiera en mayoría en las inciertas elecciones programadas para noviembre de 2021, ya que sería un contexto muy distinto marcado por la comisión de crímenes de lesa humanidad y una profunda crisis sociopolítica. En cambio, alertaron que la destitución de los magistrados y del fiscal general cometida por la bancada del líder de Nuevas Ideas es similar a la voracidad con la que el régimen Ortega-Murillo concentró el poder y desmanteló la institucionalidad nacional.
“Las comparaciones de Bukele no tienen cabida”, insistió también Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “Más bien habría que comparar exactamente lo que Bukele está haciendo con otros gobiernos autoritarios, que han desmantelado la institucionalidad como mecanismo de control del poder y para menoscabar los derechos humanos. Tal como en Venezuela, el poder ejecutivo ha cooptado al poder judicial, y más recientemente al poder legislativo, desapareciendo con ello un mecanismo de contrapesos, que previene la rendición de cuentas y genera una impunidad extrema, la misma que ha generado un contexto permisible para la comisión de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua”.
“Bukele ha manipulado la situación”
Yader Morazán, un exfuncionario del sistema judicial de Nicaragua y especialista en la administración de la justicia, fue uno de los primeros en ponderar sobre la acción de Bukele. El jurista sostiene que el popular presidente salvadoreño ha manipulado la situación al justificar que su cruzada contra “los mismos de siempre” es similar a la lucha contra los regímenes de Nicaragua, Honduras y Venezuela.
Morazán es tajante al enumerar las razones que diferencian a la justicia salvadoreña con la nicaragüense. “Nosotros estamos sumergidos en un régimen criminal que ha cometido crímenes de lesa humanidad. El poder judicial se ha instrumentalizado para ser parte de ese engranaje de represión”, asegura a DIVERGENTES.
La Corte Suprema de Justicia, los magistrados y los jueces son considerados como otros actores represivos en Nicaragua. Desde el inicio de las protestas, el poder judicial ha judicializado a manifestantes que en muchos de los casos eran inocentes, o no se podía mostrar su culpabilidad en los juicios políticos. Incluso, Rafael Solís, exmagistrado de la Corte hasta 2019, dijo que Daniel Ortega y Rosario Murillo lo llamaban por teléfono para dictar los casos de estudiantes que protestaban contra el gobierno e “instruyera” la sentencia. En ese aparataje, también se suma la Fiscalía, el Ministerio Público y la Policía Nacional, que encabeza el engranaje mediante detenciones arbitrarias.
Sumado a todo ello, Nicaragua tiene una Sala de lo Constitucional inoperativa. Se supone que su principal objetivo es interpretar la Constitución Política, pero lleva años sin criterio alguno. Mientras tanto, Ortega ha moldeado la Carta Magna a su antojo para fortalecer su proyecto político a través de múltiples reformas. Un ejemplo reciente es cuando se anexó la cadena perpetua contra opositores en el artículo 37 de la Constitución. La Sala Constitucional no dijo nada. Mucho menos cuando Ortega modificó la constitución para reelegirse de forma indefinida en la presidencia.
“En El Salvador no se está desmontando una dictadura”, insiste Morazán al enunciar las razones sobre por qué las acciones encabezadas por Bukele son inconstitucionales.
Aunque no era una democracia perfecta, la justicia salvadoreña logró investigar y procesar a tres expresidentes por corrupción: Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes.
De hecho, la Sala de lo Constitucional salvadoreña tuvo varios encontronazos con las disposiciones dictadas por Bukele en medio de la pandemia de la Covid-19 en 2020, durante su primer año de gobierno, cuando también el mandatario de Nuevas Ideas irrumpió en la Asamblea Legislativa rodeado de militares armados.
Uno de esos encontronazos de Bukele con la Sala fue la detención de personas por saltarse las medidas que decretó el presidente y encerrarlas en centros de detenciones para prevenir los contagios. Ante eso, la Sala dictaminó que esas acciones eran inconstitucionales y arbitrarias, pues no contaban con ninguna orden judicial a pesar de ser ejecutadas por la policía. Los diputados de Bukele se valieron de eso el 1 de mayo para destituir a los magistrados ya que, según ellos, las resoluciones emitidas “atentaban contra la vida y la salud de las personas”.
“No es comparable con Nicaragua, porque en El Salvador había un Estado de Derecho al menos, hasta la noche del 1 de mayo; con separación de poderes”, dijo a DIVERGENTES la periodista y socióloga Sofía Montenegro. “Los partidos opositores con representantes en la Asamblea salvadoreña, más allá de que no te guste el FMLN o Arena, son oposición legal y legítima, salida de procesos electorales con un Poder Electoral que cuenta bien los votos”.
Según Montenegro, la probidad del sistema electoral salvadoreño —a diferencia del nicaragüense— es que Bukele le ganó al bipartidismo del FMLN y ARENA y existió traspaso de poderes. “Nada de esto hay en Nicaragua, que tiene una dictadura surgida de procesos fraudulentos, un estado policial, un régimen que ha cometido crímenes de lesa humanidad y donde la oposición está prácticamente ilegalizada y perseguida. A Bukele lo eligieron presidente, no rey o dictador y debe observar la constitución, las leyes y el debido proceso”, instó la socióloga.
Los diputados de Bukele se saltaron el proceso constitucional que manda la Carta Magna para destituir magistrados. El artículo 185 de la Constitución salvadoreña establece que la lista de candidatos a magistrados debe escogerse a través del Consejo Nacional de la Judicatura, que levantará de diferentes sectores representativos los nombramientos. Pero ninguna de estas atribuciones cumplió la nueva Asamblea. La destitución fue promovida por los diputados Suecy Callejas, primera vicepresidenta de la Asamblea, Ana Figueroa, Christian Guevara, Jorge Castro y Caleb Navarro, todos de Nuevas Ideas. Luego, los nuevos candidatos fueron leídos por otro diputado oficialista, sin mayores debates en el hemiciclo.
“El presidente empezó también a fortalecer una narrativa contra las organizaciones de la sociedad civil, el gremio periodístico y las personas defensoras de derechos humanos por cuestionar sus medidas”, explica a DIVERGENTES Alejandra Burgos, una activista y defensora de derechos humanos salvadoreña. Burgos cuenta que es la primera vez en 30 años que una sola persona acumula tanto poder en El Salvador, he ahí “lo peligroso”.
Los escandalosos casos de corrupción marcaban la norma de la política salvadoreña en todo ese periodo, pero la Fiscalía logró investigar a tres expresidentes: Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes. Dos de ellos, Flores y Saca, fueron detenidos y encarcelados. Funes tiene una serie de acusaciones en su contra, pero huyó de su país para evadir la justicia y permanece asilado en Nicaragua bajo la protección del régimen de Daniel Ortega. En Nicaragua, una Fiscalía dominada por funcionarios afines al partido de gobierno no abren procesos contra funcionarios o “pesos pesados” del sandinismo no solo por los numerosos casos de corrupción, sino que la masacre de 2018 continúa en total impunidad.
“Ortega está feliz con Bukele”
El ex diputado nicaragüense Enrique Sáenz tiene un análisis diferente en torno a las acciones de corte autoritario encabezadas por Bukele. “Me pregunto si estas acciones de Bukele favorecen al pueblo nicaragüense en su afán de restablecer la democracia… si alguien está feliz con Bukele es Ortega. ¿Por qué? Porque le ha regalado en bandeja a Ortega argumentos para seguir atropellando a la oposición. Y en segundo lugar porque distrae a la comunidad internacional, cuando a nosotros nos interesa que estuviera enfocada en este régimen”.
“Si Bukele compara su contexto con el de Nicaragua o el de Venezuela, está sacándonos la lengua. Se burla de nosotros”
Enrique Sáenz, exdiputado nicaragüense.
Sáenz catalogó la comparación de Bukele con Venezuela y Nicaragua como poco seria, casi “cursi”. “Cualquier persona sensata, medianamente informada, sabe que nosotros estamos frente a dictaduras. En el Salvador, aunque era una democracia con defectos, había un marco constitucional. Si Bukele compara su contexto con el de Nicaragua o el de Venezuela, está sacándonos la lengua. Se burla de nosotros, porque aquí los magistrados y los fiscales son producto de fraudes electorales montados por Ortega. En el caso de El Salvador yo no he escuchado que esos magistrados destituidos fueron electos tras un fraude, remarcó el ex legislador nicaragüense exiliado en Costa Rica.
Ricardo Vaquerano, un periodista salvadoreño de larga trayectoria en la cobertura política, desmonta fácilmente el discurso de Bukele. “Él dice que está luchando contra la miseria de los mismos de siempre. Si esto fuera así, por qué su gobierno se dedicó a hacer actos de corrupción durante la pandemia. Si estuviera luchando contra los mismos de siempre, no se reuniera con los grandes empresarios de este país, es decir, con los mismos de siempre”, dijo a DIVERGENTES.
Bukele desarma instituciones
Desde El Salvador, Vaquerano cuenta las instituciones que Bukele ha desarmado: “Fiscalía, tomada por el presidente; Asamblea Legislativa, tomada por el presidente; Corte Suprema de Justicia, o Sala de lo Constitucional que es una de las instancias más importantes, tomada por el presidente; Instituto de Acceso a la Información Pública, se lo tomó el presidente con irregularidades de por medio y violando la ley. Así que queda casi nada”, explica.
El último recurso de la institucionalidad queda en la judicatura salvadoreña, es decir, en el cuerpo de jueces. La Constitución de la República otorga a los jueces de todo nivel la posibilidad de interpretar decretos legislativos, leyes y decisiones de cualquier institución del Estado, no aceptando las disposiciones de un fiscal que fue electo de manera inconstitucional.
Bukele ha esgrimido una lucha contra la corrupción para justificar sus acciones. Sin embargo, la socióloga nicaragüense exiliada en Costa Rica, Elvira Cuadra, asegura que la corrupción no puede combatirse con “métodos autoritarios”. Cuadra reconoce que, como en El Salvador, las sociedades centroamericanos demandan desde la década del noventa un cambio de fondo de los regímenes políticos, sobre todo en temas de transparencia.
“Sin embargo, la democracia se construye con métodos democráticos, aunque a veces eso no nos guste. Las aplanadoras o las grandes mayorías políticas no necesariamente implican democracia. En el caso de Bukele tampoco lo es. Es precisamente en el manejo de la disidencia y de las minorías donde se reconoce la esencia de la democracia como forma o mecanismo político de resolver los conflictos”, sostuvo Cuadra.
Pero el manejo de las disidencias o los contrapesos democráticos no parecen ser el fuerte de Bukele quien, desde Twitter, sigue dando visos preocupantes que ha elegido el camino del matonismo político transitado por Daniel Ortega. Este cuatro de mayo lanzó su primera amenaza a quienes critican a sus fieles diputados. “Amenazar es un delito. Artículo 125 de la Constitución”, citó el mandatario.
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